Este martes 9 de agosto el Congreso de la República dio el primer paso para aprobar la iniciativa de ley 6076, denominada Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército, la cual regula el uso de la fuerza pública. La propuestas fue tramitada en su primer debate y le restan dos lecturas más para que sea aprobada.

La iniciativa que recibió dictamen la semana pasada por la Comisión de Gobernación, que dirige el diputado Boris España, fue agendada para este martes por la Instancia de Jefes de Bloque.

Hoy el diputado Bernardo Arévalo, de la bancada Semilla, propuso una moción verbal para que la iniciativa regresara a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, sin embargo, 93 diputados votaron en contra, 33 a favor y 34 estaban ausentes.

Arévalo expuso que la propuesta tiene errores de “concepción” que confunden en la interpretación en cuanto a las funciones de las fuerzas de seguridad, por lo cual era necesario que se hiciera una nueva revisión.

“Lo que busca es callar a la población que con mucho derecho legítimo hoy está actuando. Diputados, no seamos los enemigos del pueblo”, dijo la jefa de la bancada Winaq, Sonia Gutiérrez, durante el pleno.

Mientras tanto, otros diputados cuestionaron la viabilidad legal si se aprueba, y aseguran que la intención de la propuesta es contrarrestar las manifestaciones.

“Es inconstitucional. Está dedicada a las manifestaciones, le quieren atar las manos”, dijo el diputado Julio Ixcamey.

Por su parte, el diputado Edwin Lux señaló que a su criterio la propuesta lo que contempla es una “licencia para matar” y para reprimir.

“Aquí están dando carta blanca para la represión y atenta contra dos derechos constitucionales básicos (artículos 3 y 45 de la Constitución) , quieren amordazar, quieren reprimir”, dijo el parlamentario, quien cuestionó las razones por las cuales también se incluye a la SAAS dentro de la ley.

La propuesta de ley regula el uso de la fuerza pública de “forma proporcional” y además concede medidas sustitutivas a los elementos de las fuerzas públicas que resulten involucrados en el legítimo uso de sus funciones.

El Pentágono necesitará luz verde del Congreso de EE. UU. para toda transferencia de vehículos estadounidenses a Guatemala, según una ley de defensa aprobada esta semana en Estados Unidos que busca garantizar que la ayuda militar a Centroamérica sea transparente.

La Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) de 2022, un paquete de US$768 mil millones para financiar programas de defensa estadounidenses, debe ser promulgada en los próximos días por el presidente Joe Biden. Fue aprobada el miércoles en el Senado con amplio apoyo, luego de ser adoptada la semana pasada por la Cámara de Representantes.

La iniciativa incluye medidas promovidas por la legisladora Norma Torres, nacida en Guatemala y única centroamericana en el Congreso estadounidense, para asegurar la supervisión de la ayuda militar de Washington a la región, origen de la mayoría de los migrantes irregulares que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.

“Desafortunadamente, hemos visto a líderes corruptos y antidemocráticos usar las fuerzas policiales contra su gente y nuestros propios intereses en la región”, dijo Torres en un comunicado.

“Estas medidas ayudarán a abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica y apoyar nuestra seguridad nacional”, afirmó.

El texto dispone que el Departamento de Defensa debe recibir una aprobación del Congreso antes de transferir cualquier vehículo estadounidense a Guatemala.

En marzo de 2019, Estados Unidos suspendió parte de la cooperación militar con Guatemala al considerar que el país había hecho un uso “incorrecto” de vehículos donados para combatir al narcotráfico.

El 31 de agosto de 2018, varios Jeep J8 enviados por el Pentágono se apostaron frente a la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU. Esto fue horas antes de que el entonces presidente Jimmy Morales anunciara que no renovaría el mandato de la Cicig, que había pedido investigarlo por sospechas de corrupción en su campaña.

Torres denunció lo que consideró una intimidación a la Cicig y enmendó la NDAA de 2020 para requerir que la ayuda militar enviada a Guatemala sólo podía usarse para el propósito original.

Y recientemente denunció que esos mismos jeeps pudieron haberse usado este año contra líderes comunitarios en el municipio guatemalteco de El Estor, en medio de protestas contra la actividad de una minera en la zona.

La NDAA de 2022 también requiere una serie de informes del Pentágono relacionados con la asistencia de seguridad a los países del Triángulo Norte, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras.

Además, pide una evaluación del Comando Sur, que está a cargo de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, Centro y Sudamérica, sobre cómo los programas en el Triángulo Norte promueven el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, así como la estrategia de defensa de Estados Unidos.