Al cerrar la reunión, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen dijo que se habló sobre la necesidad de “incrementar el intercambio de información sobre los flujos migratorios para combatir el crimen organizado transnacional y el tráfico de personas”.

El subsecretario mexicano de Prevención y Participación Ciudadana, José Luis Stein, destacó los avances. “Hicimos un paso muy grande, que fue definir con toda claridad cuáles son nuestros retos. Los diagnósticos los tenemos claros y a partir de hoy tenemos un compromiso claro, que es el trabajar juntos para solucionar, para hacerle frente a estos problemas”, dijo Stein.

En el marco de la Segunda Conferencia sobre la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica, que se celebró en Washington entre el jueves y el viernes, representantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, junto con autoridades estadounidenses y mexicanas, debatieron para buscar soluciones a los temas de seguridad y migración.

“Los traficantes de personas (…) llevan a los migrantes a través de rutas peligrosas sin preocuparse de su bienestar. Los traficantes no son humanitarios”, dijo Nielsen. 

Disuadir

Nielsen indicó que los países necesitan renovar los esfuerzos para disuadir a los migrantes de que emprendan “la peligrosa ruta hacia el norte”, en alusión a familias enteras e incluso niños, que emprenden travesías a Estados Unidos huyendo de la violencia en Centroamérica.

El canciller mexicano, Luis Videgaray, ejerció como coanfitrión de la conferencia, en la que el jueves participaron el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el jefe de Estado de Guatemala, Jimmy Morales, y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz.

“El migrante no es el enemigo, es una víctima de organizaciones que abusan de ellos, particularmente quiero poner énfasis en los niños y en las niñas que son utilizados para burlar los sistemas jurídicos migratorios de nuestros países”, dijo Videgaray en el foro ministerial en el que también participaron la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel y el ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco. 

El jueves, el presidente hondureño había abogado por el destino de los niños migrantes. “Nos urge (…) que los 119 niños separados de sus padres en este país sean devueltos a sus hogares”, dijo. También el vicepresidente de El Salvador se había referido a la situación de los menores.

Entre principios de mayo y finales de junio, más de 2.300 menores fueron separados de sus padres -con quienes habían cruzado ilegalmente la frontera del país-, en el marco de la política de “tolerancia cero” frente a la inmigración clandestina de Donald Trump.

Mediante el pacto denominado “Alianza para la Prosperidad”, Washington otorga ayuda financiera para implementar programas que mejoren las condiciones de seguridad y crean oportunidades de desarrollo para frenar la migración.

Más de 500.000 personas cruzan clandestinamente la frontera sur de México cada año en un intento por llegar a Estados Unidos, según datos de Naciones Unidas. La mayoría son centroamericanos que escapan de la violencia y la pobreza de sus países.

Por Sergio Morales

En total, son 950 guatemaltecos de 13 a 17 años (de una población total de mil 600) los que se encuentran en el albergue, que en principio funcionaría hasta agosto y que tenía capacidad para mil 200 albergados, pero que debido a la cantidad de menores migrantes se amplió a tres mil 800 y funcionará al menos hasta fin de este año.

Los menores son originarios principalmente de San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá, el resto es de El Progreso, Retalhuleu, Izabal, Chiquimula y Petén.

Según el informe remitido por el consulado de Del Río, los menores están próximos a ser reunificados con sus familiares en EE. UU. y están “en buen estado de salud y ánimo” y las instalaciones, pese a ser temporales son adecuadas.

Las autoridades aseguraron que ninguno de los menores se quejó de malos tratos o de las atenciones que reciben en el lugar, incluso, “se constató que no hay hacinamiento y que los jóvenes cuentan con acceso a servicios de salud las 24 horas, orientación psicológica, espacios limpios” y que reciben alimentación adecuada.

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La visita que efectuó al albergue de Tornillo el cónsul de Del Río, Tekandi Paniagua, respondió a un requerimiento que efectuó días atrás, relacionada a una publicación del medio estadounidense The New York Times en la cal se afirma que se trasladó a ese lugar a muchos menores en horas de la noche y sin previo aviso.

La Cancillería informó que, según encargados del albergue temporal de Tornillo, algunos traslados se hacen de noche, pero que otros son por la mañana o la tarde, ya que depende de la logística de la movilización.

Los números de Tornillo reflejan una realidad innegable, que la mayoría de niños, niñas y adolescente que están arribando a EE. UU. de manera irregular y no acompañados son guatemaltecos.

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Según registros de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., de octubre del 2017 al 31 de agosto del presente año, 20 mil 701 menores que llegan solos a ese país se han entregado a las autoridades estadounidense, contra nueve mil 830 hondureños, nueve mil 300 mexicanos y cuatro mil 371 salvadoreños.

En cuanto a familias se refiere, en el mismo periodo, se han interceptado a 42 mil 757 familias originarias de Guatemala, 33 mil 123 de Honduras, 11 mil 525 de El  Salvador y dos mil 36 de México.

En el marco de la Segunda Conferencia sobre la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica, el vicepresidente estadounidense recibió en el Departamento de Estado al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, junto al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y al vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz.

“Le hago la solicitud de poder buscar la legalización del (TPS) de los hondureños que se encuentran en Estados Unidos”, dijo el presidente de Honduras, en alusión al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege a unas 400.000 personas de países como Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Nepal, Sudán del Sur, entre otros, que el gobierno estadounidense busca terminar.

“Nos urge además que los 119 niños separados de sus padres en este país sean devueltos a sus hogares. No puedo regresar sin una respuesta a Honduras”, afirmó Hernández.

También el vicepresidente de El Salvador se refirió a la situación de los menores: “Nos preocupa el tema de la reunificación familiar, el tema de los niños y niñas en Estados Unidos, el tema de TPS, necesitamos tiempo en el Triángulo del Norte para abordarlo en el corto plazo y avanzar”, dijo Ortiz.

Pence fue contundente al pedir a los líderes centroamericanos que envíen un mensaje a sus ciudadanos: “Si no pueden venir a Estados Unidos legalmente, no deberían venir”.

Morales por su parte, aprovechó la oportunidad para pedir un crédito de 15.000 millones de dólares para reforzar la seguridad en la frontera.

Lo escuchaban también el canciller mexicano, Luis Videgaray, y el secretario de gobernación (interior) de ese país, Alfonso Navarrete.

“México dejó de ser el principal origen de migrantes en Norteamérica y hoy se ha convertido en un país de tránsito. Esto implica nuevos retos que México asume con responsabilidad. El principal, es el reto de derechos humanos”, dijo el canciller mexicano. 

“No puedo sino sumarme a lo que ha dicho el Presidente Hernández con respecto a la pronta reunificación de los niños que fueron separados en la frontera de sus padres”, agregó el jefe de la diplomacia de México. 

La violencia en Centroamérica, especialmente en el llamado Triángulo del Norte, ha empujado a familias enteras, y en muchos casos a niños solos, a huir, emprendiendo un peligroso viaje hacia Estados Unidos.

Entre principios de mayo y finales de junio, más de 2.300 menores fueron separados de sus padres -con quienes habían cruzado ilegalmente la frontera del país-, en el marco de la política de “tolerancia cero” frente a la inmigración clandestina de Donald Trump.

Daniella Burgi-Palomino, experta de temas de migración en la frontera entre México y Estados Unidos de la asociación Latin America Working Group dijo a la AFP que “separar a las familias o encerrar a los niños de forma indefinida no va a hacer nada para desalentar la migración en el futuro”.

“Más de tres meses después, muchos niños siguen separados de sus padres debido a la indignante política de tolerancia cero del gobierno”, se lamentó Burgi-Palomino. 

– Pence llama la atención sobre China –

Además, en la cita, el vicepresidente estadounidense llamó la atención a los países de la región sobre su vínculo con China.

“Les digo a cada uno de los países representados aquí, en nombre de mi gobierno, en un momento en que ustedes construyen asociaciones comerciales con otras naciones como China, les pedimos que se concentren y les pedimos transparencia y que piensen en sus, y en nuestros, intereses a largo plazo”, indicó Pence.

“Hoy, en un momento en que China intenta expandir su influencia en la región, creemos que la mejor manera de resolver estos problemas es el fortalecimiento de los vínculos entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte”, agregó el vicepresidente. 

La conferencia tuvo que ser reprogramada después de que en septiembre Estados Unidos retirara sus embajadores en El Salvador, República Dominicana y a su encargada de negocios en Panamá, luego de que estos países restablecieran sus relaciones con China y rompieran con Taiwán.

Taiwán y China mantienen desde hace años un tire y afloje diplomático con países en desarrollo, prometiéndoles apoyo económico y otras ayudas a cambio de reconocimiento diplomático.

Mediante el pacto denominado “Alianza para la Prosperidad”, Washington otorga ayuda financiera para implementar programas que mejoren las condiciones de seguridad y crear oportunidades de desarrollo para frenar la migración.

Más de 500.000 personas cruzan clandestinamente la frontera sur de México cada año en su intento por llegar a Estados Unidos, según datos de Naciones Unidas. La mayoría son centroamericanos que escapan de la violencia y la pobreza de sus países.

La abogada Maite García le preguntaba a su cliente de 3 años si quería estar con mami. Él respondía “sí” pero no decía más.

Su hermana mayor, de seis años, al menos le comunicaba con claridad que “cosas malas” pasaron en su país y que no quería regresar.

Ambos niños se enfrentaron solos a un proceso judicial en una corte de inmigración de Estados Unidos.

Fueron separados de su madre en la frontera sur del país el pasado marzo tras cruzar sin documentos y desde ahí anduvieron por su cuenta.

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Su caso ilustra una situación extendida en todo el país: la de niños migrantes, a veces menores de 5 años, que deben defenderse solos ante la justicia estadounidense.

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Una consecuencia de la política migratoria de “tolerancia cero” que implementó oficialmente el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, desde el pasado mayo.

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Bajo este esquema, más de 2.300 niños fueron separados de sus padres cruzando la frontera hacia EE.UU. de manera ilegal.

Del total, 102 tienen o son menores de 5 años, según cifras oficiales.

Aunque Trump revirtió la práctica de separar a las familias de indocumentados y su administración anunció que liberará a los padres de los niños menores de 5 años obligándolos a usar una tobillera electrónica, en las últimas semanas en las cortes de EE.UU. han comparecido numerosos niños que habían sido detenidos sin sus padres.

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Estos, muchos de ellos migrantes centroamericanos, inician una travesía a Estados Unidos junto a sus familias huyendo de la violencia impuesta por las pandillas y grupos armados.

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Por tratarse de casos civiles, los niños no tienen derecho a un abogado de oficio, en una situación que activistas han denunciado como “absurda e injusta”.

Es por eso que letrados que trabajan para ONGs se hacen cargo de algunos casos.

Abogados de inmigración, además, han descrito cómo los niños se suben a los escritorios de las cortes, toman leche en biberón y lloran durante las audiencias a las que deben asistir obligatoriamente.

¿Reunificación?

Washington tenía plazo hasta este martes para reunificar los niños de 5 años y menores de esta edad con sus familias, según ordenó un juez federal hace dos semanas.

EPA

Pero este decidió darles más tiempo luego de que el gobierno argumentara que “impedimentos legítimos de logística” estaban retrasando el proceso.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) dijo este martes que unos 75 de los 102 niños son elegibles para volver con sus familiares.

Otros 27 menores de edad no califican para la reunificación con sus padres, según explicó el gobierno, ya sea porque estos fueron deportados, siguen detenidos o tienen “antecedentes penales graves”.

Informaron que ya reunificaron a cuatro niños con sus parientes y que este martes esperaban devolver a 34 más.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) es responsable de trasladar a los niños a las audiencias y de darles refugio antes de estas y hasta la resolución del juicio.

Dibujos de pandilleros

Abogados y jueces de inmigración han calificado las audiencias judiciales a estos niños como “vergonzosas“y han explicado como los pequeños a menudo son incapaces de completar una oración.

“Mi clienta de 5 años no sabe decirme ni siquiera de qué país es. Preparamos su caso dibujando imágenes de los pandilleros que esperaban fuera de su escuela”, describió en un tuit la abogada Laura Barrera, quien trabaja en Las Vegas, Nevada.

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El procesamiento judicial a migrantes menores de edad sin sus familias no es algo nuevo en Estados Unidos.

En la última década, miles de adolescentes han cruzado la frontera sin acompañante y han tenido que asistir a audiencias ante un juez.

• La desgarradora grabación que muestra el sufrimiento de los niños separados de sus padres indocumentados en EE.UU.

La diferencia esta vez es que la política de separación de familias provocó que los niños pequeños resultasen más afectados que en años anteriores.

“Los adolescentes tienen posibilidades de comunicarse en las cortes. Para los más jóvenes o con edades de un dígito, es mucho más difícil brindar algún tipo de confiabilidad”, le dijo a BBC Mundo la jueza Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Estadounidense de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés).

EPA

Es por ello, señala, que los jueces deben “encontrar otras maneras de asegurar un juicio justo para el niño”, como procurar que haya un adulto acompañando al menor de edad.

“Empezó a entender que la podían deportar”

La abogada Maite García, que trabaja para la ONG The Florence Project, pasó meses reuniéndose con los pequeños hermanos para preparar su caso.

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Dice que tuvo suerte pues la niña “es brillante” y le expuso con elocuencia sus razones para salir de su país, que García no compartió con BBC Mundo por seguridad.

EPA

“Ella, después de muchos encuentros, empezó a entender que el gobierno podía deportarla a su país de origen”, cuenta García.

Los menores de edad fueron trasladados a una corte en una sola ocasión y García los estaba esperando.

Entraron en el tribunal y el juez solo les preguntó sus nombres, detalla la abogada.

Luego fue ella quien dio un reporte al juez de la situación de la madre de los niños y de la intención de que estos fuesen entregados a su padrastro, quien vive en EE.UU.

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García dice que tuvo suerte porque la madre tiene un abogado, “con el que siempre hablé y con eso fuimos elaborando el caso de forma coherente”.

AFP

Pero advierte que esto no pasa siempre y que en situaciones menos ideales el padre no tiene representante legal y quien asesora al niño no sabe dónde está su pariente o ni siquiera conoce su nombre.

La madre de los niños que representó García atraviesa un proceso judicial en otra instancia y todavía sigue detenida.

Los niños, que ya llevan cinco meses separados de su madre, fueron entregados este lunes a su padrastro.

El pequeño, que cumplió los 4 años en el albergue, todavía responde “sí” cuando le preguntan si quiere ver a su madre.

Por Sergio Morales

Hasta el 30 de junio del 2018, según cifras de la Patrulla Fronteriza, se contabilizaban 17 mil 649 detenciones de menores en la frontera sur, lo que refleja un aumento de dos mil 822 respecto al año anterior.

El incremento de detenciones, incluso, ya superó por 592 a las efectuadas en el 2014 cuando se produjo la primera crisis migratoria en los albergues de aquel país debido a la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que viajaron desde el Triángulo Norte de Centroamérica y México y saturaron los centros de detención.

En aquel año 17 mil 57 menores sin ninguna compañía fueron interceptados en la frontera.

Según las estadísticas, Guatemala es el país desde donde mayor cantidad de menores han viajado solos hacia EE. UU. en 2018, puesto que, de los 36 mil 390 niños detenidos en la frontera en los primeros nueve meses del presente año fiscal, el 48 por ciento corresponde a niños guatemaltecos.

El año fiscal en EE. UU. comprende del 1 de octubre al 30 de septiembre.

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Para Carol Girón, directora de programas de los Misioneros Scalabrinianos, el incremento es “alarmante y preocupante” puesto que refleja que las causas estructurales que promovían la migración en el 2014 no han sido atendidas, y la respuesta del Estado solo se ha enfocado en desalentar la migración.
“Les dicen no se vayan, pero no les dan respuestas para que se queden”, indicó Girón, quien precisó que las causas van desde la necesidad de reunificación familiar, la persecución y reclutamiento de pandillas, así como violencia la familiar e incluso sexual. También la falta de oportunidades de desarrollo y bienestar para la juventud.

Aunque el incremento es “no deseable”, según la activista, no sorprende porque el Estado no ha sido capaz de dar un acompañamiento y repuestas para garantizar la reintegración de los menores cuando son deportados.

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Audiencias solos

Mientras más infantes viajan sin ninguna compañía a EE. UU., en aquel país muchos de ellos han tenido que enfrentar las audiencias en las cortes de Inmigración solos, sin el respaldo de un abogado.

• Video que representa el drama que viven los niños que se enfrentan solos a las cortes

La semana pasada se hizo viral un video donde un grupo de menores dramatiza cómo comparecen los niños solos ante un juez migratorio. Activistas en EE. UU. confirmaron que los pequeños, en efecto, así enfrentan los procesos.

“Hay niños de todas las edades”, expuso Guillermo Castillo, presidente de Cooperación Migrante, organización que se dedica a brindar asesoría legal a migrantes centroamericanos.

Análisis: Cómo combatirá Guatemala, El Salvador y Honduras la migración indocumentada a EE. UU.

Castillo añadió que cuando los niños son menores de 9 años, lo mejor es que cuenten con un abogado que los defienda debido a que el proceso administrativo migratorio es muy riguroso y exigente y “si a un adulto se le dificultan las leyes —de EE. UU.— a un niño mucho más” por lo cual tiene menos posibilidades de reunificarse con su familia o alcanzar una resolución que le permita quedarse en aquel país.

El activista expuso que, en esos casos, la familia de los menores debe pedir que un abogado represente a sus niños. Si hay algún pariente en EE. UU. lo puede hacer con organizaciones humanitarias que brindan esa asesoría, muchas de ellas de forma gratuita, y pedir el nombre y número de teléfono del abogado para seguir el caso.

Castillo indicó que, si la familia lo solicita al gobierno de Guatemala, este tiene la obligación de defender a los niños en esas cortes, de acuerdo con el artículo 36 de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares, del cual el país es parte desde 1973.

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Al respecto, se solicitó a la Cancillería guatemalteca información sobre si los consulados dan algún acompañamiento o asesoría a los menores en las cortes, pero no respondió.

Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, señaló no se necesita ser un experto para saber que “poner a un niño solo frente a un juez es una acción retrógrada” y una “vergüenza internacional”.

Añadió que la práctica se da debido a que el gobierno de Donald Trump hace una interpretación de la ley “extremadamente obtusa” y negativa para aplicarla rigurosamente, lo que hace que las autoridades consideren que toda persona, con el simple hecho de ser extranjero no tiene ningún derecho.

“Perdón por dejarte sola”

Y mientras sigue el debate sobre las políticas migratorias, las familias se reunifican poco a poco.

El pasado jueves, Angélica González García una madre guatemalteca que había sido separada de su hija de 8 años pudo reunirse con ella después de 55 días de haber sido separadas.

En contexto: El duro mensaje de Mike Pence a los centroamericanos que quieren migrar a EE. UU.

“Perdóname hija mía, Perdóname…”, le dijo entre lágrimas González a su pequeña a quien pudo abrazarla en el Aeropuerto Logan de Boston a más de dos mil 500 millas del centro de detención de Arizona donde la había visto por última vez.

“¿Sabes que te amo, verdad?”, le expresaba mientras la niña no emitía ni una palabra. González salió libre bajo fianza el 19 de junio, luego de haber solicitado asilo. Afirmó que temió que nunca volvería a ver a su hija.

Buenaventura Martín Godínez es otra madre guatemalteca que pudo reencontrarse con su pequeña de 7 años luego de que estuvieron separadas 61 días. La reunificación ocurrió el 1 de julio en el aeropuerto de Miami.

Martín contó que, con su esposo, su hija y su  bebé salieron de Guatemala porque tenían un negocio y eran extorsionados.

Más de dos mil 300 niños fueron separados de sus padres en los que días que estuvo vigente la política de separación familiar, muchos aún están pendientes de ser reunificados; algunos, incluso, fueron deportados a sus países de origen.

Por Ana Lucía Ola

El abuso que los niños migrantes están viviendo en el sistema migratorio de Estados Unidos no termina con la separación de sus padres. Los menores latinos que permanecen en centros de detención por meses y hasta años sufren tortura psicológica y física. 

En el centro de atención Shiloh los menores son inyectados contra su voluntad con medicamentos para controlar su comportamiento, según una denuncia que enciende de nuevo la alarma contra la política de “tolerancia cero” de Donald Trump.

Una investigación publicada por Reveal y el Texas Tribune descubrió una demanda que fue presentada ante un Tribunal Federal en abril pasado, la cual denuncia que personal de Shiloh, un refugio privado para menores migrantes en Texas, EE. UU.,  inyectó drogas psiquiátricas a niños que fueron alejados de sus padres con el único fin de mantenerlos sedados. Según la acusación, los niños quedaban “mareados, apáticos, obesos e incluso incapacitados”.

Testimonios

Padres hablaron con los abogados y señalaron que las drogas les impedían a los niños caminar, y los hacían dormir durante horas, lo cual consta en declaraciones juradas fechadas el 23 de abril en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en California.

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“El supervisor me dijo que iba a recibir una inyección de medicamento para calmarme”, dice una niña en la demanda. “Dos miembros del personal me agarraron y el médico me dio la inyección a pesar de mi objeción y me dejaron allí en la cama”.

Una madre relató que su hijo se cayó repetidamente, se golpeó la cabeza y terminó en una silla de ruedas, por culpa del medicamento.

Otro niño dijo que lo forzaron a tomar pastillas tres veces al día, con el engaño de que eran vitaminas porque estaba bajo de peso. Pero él asegura que ahora se siente diferente.

Mientras que a otro le suministraron 10 inyecciones y píldoras diferentes, como medicamentos antipsicóticos, entre ellos Latuda, Geodon y Olanzapina, el componente para el Parkinson Benztropine, los medicamentos anticonvulsivos,

Clonazepam y Divalproex, el fármaco para el dolor nervioso, el antidepresivo Duloxetina y el potenciador de la cognición Guanfacine.

El psiquiatra forense Mark. J. Mills evaluó la denuncia que pesa contra Shiloh, un documento de 420 páginas con registros médicos de niños y declaraciones presentadas en la Corte Federal de California.

El experto ejerce en el área de Washington, DC, y fue testigo experto de una demanda que en 2008 impidió que el Gobierno Federal administrara drogas antipsicóticas a la fuerza a indocumentados en espera de la deportación.

Mills dijo a Reveal: “No tienes que ser un científico experto, parece que están tratando de controlar la agitación y el comportamiento agresivo con medicamentos antipsicóticos. La instalación no debe usar estos medicamentos para controlarlos, para eso no se debe usar antipsicóticos. Eso es lo que solía hacer la antigua Unión Soviética”.

Los efectos secundarios de los medicamentos hacen que algunos niños se sientan aún más desesperados, lo que lleva a la prescripción de medicamentos cada vez más potentes, dijo Carlos Holguín, abogado del Centro para los Derechos Humanos y la Ley Constitucional con sede en Los Ángeles.

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El Centro de Tratamiento de Shiloh es una de los 71 instituciones que recibe fondos del Gobierno Federal para atender a niños migrantes considerados como menores no acompañados. Hasta el momento no ha respondido públicamente sobre la demanda. La Oficina de Reubicación de Refugiados del Gobierno ha guardado silencio.

Más denuncias de abusos

Shiloh no es el único centro que es señalado de abuso contra niños y adolescentes migrantes que son separados de sus padres.

El centro Juvenil Shenandoah Valley, en Virginia, es acusado de golpear, colocar bolsas en la cabeza a los menores, desnudarlos y dejarlos en celdas frías, entre otras acciones crueles, según publica la prensa internacional.

Las denuncias se detallan en documentos judiciales federales, en las cuales seis menores en declaración jurada relatan el trauma de llevar grilletes y estar encerrados en aislamiento por días, pero también la tortura que pasaron durante meses y hasta años.

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Una joven honduraña relató que guardias les quitaban la ropa, los amarraban en una silla y les cubrían la cabeza con una bolsa. Aunque tenía agujeros para que pudieran ver a través de ella, sentían que no podían respirar. 

También se describen huesos rotos y facturas causadas por los guardias de seguridad que arremetían contra los menores latinos con frases insultantes.

Varios de los niños enviados al centro fueron acusados de ser parte de la pandilla MS-13, un hecho que para el gobierno de Trump justifica la represión.   

La demanda la presentó la ONG Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs. Los abogados de la institución han negado las acusaciones.