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En 2017 había 39,3 millones de personas subalimentadas y otras 3,6 millones se incorporaron a la epidemia de la obesidad, alertó este miércoles Naciones Unidas.

“Por tercer año consecutivo tenemos que darles malas noticias: han aumentado las cifras del hambre en América Latina y el Caribe”, elevando a 39,3 millones en América Latina, dijo el director regional de la FAO, Julio Berdegué, en la presentación del Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018, elaborado por cuatro agencias de la ONU.

El 7,9% de la población de la región y del Caribe se encuentra en inseguridad alimentaria grave, lo que significa 47,1 millones de personas, casi cinco millones más que en el trienio anterior, alerta el informe, de las que 29 millones están en Sudamérica.

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Mientras tanto, la “epidemia” de la obesidad sigue imparable: 104,7 millones de adultos en la región son obesos, casi un cuarto de la población.

“No hay razones técnicas ni materiales” para este aumento del hambre y la malnutrición, recordó Berdegué.

Los más pobres son las principales víctimas tanto de la malnutrición como de la obesidad, en particular las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes y las poblaciones rurales.

En diez países, el 20% de los niños y niñas más pobres sufren tres veces más la desnutrición crónica que el 20% más rico. “Los estamos condenando a un futuro tremendamente difícil”, sostuvo Berdegué.

Por ejemplo en Bolivia, el 25% de los niños quechua y el 23% aymara padece subalimentación crónica.

Venezuela lidera

Con 600.000 personas más desde 2014 a 2015, Venezuela lidera el crecimiento de las personas subalimentadas, con 3,7 millones (11,7% de la población), seguido por Argentina y Bolivia, donde el incremento fue de 0,1% en ambos países.

Solo Haití, México, Colombia y República Dominicana redujeron el hambre desde 2014.

Otros once países siguen sin cambios, entre ellos Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras o Perú. Solo Brasil, Cuba y Uruguay tienen porcentajes de hambre inferiores al 2,5% de su población.

Elaborado por la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y Agricultura (FAO), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el informe apunta a los cambios que han sufrido los sistemas alimentarios de la región.

“Alimentación saludable, un privilegio”

En una región que es la despensa agrícola del mundo, muchas personas no tienen acceso a frutas y verduras frescas o son caras, por lo que las personas con menos recursos optan a menudo por productos con alto contenido en grasas, azúcar y sal, que son más baratos.

A título de ejemplo, el 27% de la población de Chile no tiene dinero para comprar una canasta saludable, recordó el funcionario de la FAO.

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La consecuencia es que las mujeres chilenas encabezan la lista de la obesidad de Sudamérica y los hombres chilenos ocupan el segundo lugar, por detrás de los argentinos, en la clasificación por género.

“La alimentación saludable sigue siendo un privilegio y debe ser un derecho humano”, alertó desde Panamá la directora regional de Unicef, María Cristina Perceval.

Se gana más pero se come peor

Revertir el problema combina políticas públicas, compromiso de las empresas alimentarias y educación de la población, reconocen los especialistas.

“Los gobiernos tienen una responsabilidad principal: erradicar el hambre o controlar una epidemia como la obesidad no se puede dejar solo a la sociedad civil o a las empresas. El liderazgo tiene que venir de los gobiernos”, aseguró Berdegué.

Y este liderazgo pasa por gravar la comida chatarra, regular el contenido de ingredientes nocivos en la comida procesada y emprender campañas de educación en los centros de enseñanza para integrar en las dietas la comida saludable. 

Las empresas “tienen que hacerse cargo de su responsabilidad” por los alimentos que colocan en los anaqueles de los supermercados, principales causantes de la obesidad, recuerda Berdegué.

Y todos coinciden en que la sociedad civil tiene que poner algo de su parte: “La gente gana más pero come peor, por lo que el problema pasa por un cambio de comportamiento”, concluyó el representante del PAM, Miguel Barreto, desde Panamá.

El remolque cubierto de plásticos en medio del desierto estaba bajo la mira del FBI, pero fue un llamado de auxilio lo que hizo que las autoridades actuaran.

“Estamos hambrientos y necesitamos comida y agua”, decía el mensaje que llegó el pasado jueves a la oficina del alguacil del condado de Taos, Nuevo México (suroeste de Estados Unidos).

• “Nunca vi algo como esto”: el hallazgo de 11 niños hambrientos y en cautiverio en un desierto de EE.UU.

Los investigadores llevaban meses buscando a un niño de 4 años, Abdul Ghani Wahhaj, que había sido supuestamente raptado por su padre el pasado diciembre.

El pedido de ayuda les llevó a creer que el niño podía estar en esa improvisada vivienda en el norte del estado de Nuevo México, por lo que la allanaron al día siguiente.

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El pequeño no estaba allí, pero las autoridades se encontraron con una sorpresa: 11 niños desnutridos con edades entre 1 y 15 años.

“No tenían zapatos ni higiene personal y vestían harapos”, informó el alguacil Jerry Hogrefe, quien describió las condiciones en que vivían como “inmundas”.

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En el sitio también encontraron a tres mujeres y dos hombres, uno de ellos el padre de Abdul Wahhaj, Siraj Wahhaj, de 39 años.

Wahhaj estaba “fuertemente armado con un rifle AR15, cinco cargadores de 30 cartuchos y cuatro pistolas cargadas”, detalló la policía.

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Los niños están ahora bajo protección del gobierno y el alguacil emitió órdenes de arresto contra los cinco adultos por 11 cargos de abuso infantil.

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Wahhaj y el otro hombre, Lucas Morton, permanecen bajo arresto tras haber sido acusados también de secuestro de un menor de edad y albergue de un fugitivo, respectivamente.

Las autoridades declararon que creen que las tres mujeres, todas menores de 40 años, son las madres de los 11 niños. Estas quedaron en libertad temporal luego de ser interrogadas.

Sus nombres son Jany Leveille (35), Hujrah Wahhaj (38) y Subhannah Wahhaj (35).

¿Cómo llegó el mensaje de auxilio?

Un detective del estado de Georgia (sur de EE.UU.) reenvió el mensaje de auxilio al alguacil Jerry Hogrefe en Nuevo México.

Tanto agentes del FBI como de los estados de Georgia y Nuevo México llevaban dos meses investigando la desaparición del pequeño Abdul Wahhaj en Georgia.

Las autoridades no han aclarado cómo el detective de Georgia tuvo acceso al mensaje en primer lugar.

Según Hogrefe, el FBI había suministrado información y vigilancia del sitio donde estaba el remolque, pero no consideraron que hubiese una causa probable para allanar la propiedad.

“Todo esto cambió cuando llegó el mensaje (…) que creemos provino de alguien dentro del campamento”, declaró el alguacil Hogrefe el pasado sábado.

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El agente dijo que el acercamiento al remolque “debía ser táctico porque sabíamos que era muy probable que los ocupantes estuviesen fuertemente armados y eran considerados extremistas de la creencia musulmana”.

Según su reporte, Wahhaj llevaba una pistola en su bolsillo cuando fue sometido por las autoridades.

¿Por qué vivían en ese lugar?

Se desconocen detalles de por qué los dos hombres, las mujeres y los niños acabaron viviendo en ese lugar.

Sin embargo, una pareja de propietarios de un terreno adyacente declaró a medios locales que Wahhaj y los demás se instalaron allí en diciembre del año pasado.

De acuerdo a Tanya y Jason Badger, los nuevos inquilinos invadieron parte de su terreno, lo que les llevó a emprender una demanda judicial para desalojarlos.

Según declaraciones de la pareja al medio local KOB4 en Albuquerque, la orden de evacuación fue desestimada por un juez el pasado junio.

La pareja dijo también que creen haber visto al niño reportado como desaparecido en febrero, por lo que alertaron a la policía del condado de Taos.

Las autoridades no han confirmado hasta el momento las declaraciones de los Badger.

¿Qué se sabe del niño desaparecido?

De acuerdo a la oficina del alguacil, ninguno de los adultos arrestados informó sobre el paradero de Abdul Ghani Wahhaj.

“Pero creemos que el niño estaba en el sitio hace unas semanas“, adelantó.

La búsqueda del menor de edad empezó hace nueve meses en Jonesboro, Georgia, cuando su madre reportó a la policía que su esposo se llevó al niño de paseo al parque y nunca volvieron.

“Mi hijo está enfermo, necesita sus medicinas”, dijo el pasado enero Hakima Ramzi en una transmisión de Facebook Live desde el perfil de una persona identificada como Naeemah Rashid.

La mujer habla de otras personas y asegura que le dicen que su hijo está bien.

“Pero necesito ayuda para encontrar a mi esposo y a mi hijo, porque he estado casado con él por 15 años”, dijo.

La policía declaró a medios locales haber visto por última vez al niño junto a su padre viajando por el estado de Alabama junto a otros menores y adultos.

Sin novedades de Abdul Ghani Wahhaj, las autoridades aseguran que siguen trabajando para encontrarlo.

“He sido policía durante 30 años y nunca vi algo como esto. Es increíble”.

Es lo que dijo el jefe de policía Jerry Hogrefe, del condado Taos, Nuevo México (suroeste de EE.UU.) luego de que fueron encontrados 11 niños en condiciones de miseria y desnutrición el viernes pasado.

Los menores, cuyas edades van desde 1 a 15 años, tenían apenas unas papas y arroz para comer, no tenían agua, ni zapatos y vestían ropa vieja y sucia.

Estaban viviendo en un remolque en medio del desierto de Nuevo México, cerca de la localidad de Amalia.

“Parecían refugiados del tercer mundo”, dijo Hogrefe.

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Cinco adultos fueron encontrados en el lugar, incluidos dos hombres fuertemente armados con un rifle AR15, cinco cargadores de 30 cartuchos y cuatro pistolas cargadas, informó la oficina del alguacil.

La policía registró como parte de una investigación de varias semanas por el secuestro de un hijo de uno de los detenidos identificado como Siraj Wahhaj.

Las autoridades recibieron un mensaje de auxilio vía un tercero que decía: “Estamos hambrientos. Necesitamos comida y agua”.

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Entonces un equipo especial de investigadores entró en acción y allanaron el remolque, que era un punto sospechoso en sus investigaciones.

Sin embargo hasta ahora no es claro cómo terminaron en ese lugar los 11 niños y las tres mujeres adultas, quienes podrían ser madres de algunos de los menores hallados.

“Se les veían las costillas”

La policía describió el sitio del cautiverio de los niños como un pequeño remolque semienterrado y cubierto con plástico, rodeado por neumáticos, sin agua corriente ni electricidad.

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Hogrefe dijo a ABC News que los niños “estaban tan delgados que se les veían las costillas. Tenían muy poca higiene y estaban muy asustados”.

“Les dimos a los niños nuestra agua y los refrigerios que teníamos. Estaban en las condiciones de vida y de pobreza más tristes que haya visto”.

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Los dos hombres armados fueron identificados como Lucas Morten y Siraj Wahhaj, los cuales fueron arrestados en el lugar.

“Sabíamos que era probable que los ocupantes estuvieran fuertemente armados y eran considerados extremistas de la creencia musulmana”, dijo la oficina del alguacil en un comunicado.

Pese a la posible peligrosidad de los hombres armados, durante el allanamiento nadie resultó herido.

Morten fue acusado de albergar a un fugitivo, Wahhaj, mientras que éste último fue puesto bajo arresto sin fianza por secuestro de niños.

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Entre los 11 niños encontrados no estaba el hijo de Wahhaj, identificado como AG Wahhaj, de 3 años de edad.

Se cree que pudo haber estado ahí en las semanas anteriores.

Las tres mujeres que estaban viviendo en el remolque también fueron detenidas, pero quedaron en libertad temporal luego de ser interrogadas.

Hogrefe dijo a ABC News que parecía que a las mujeres y a los niños “les lavaron el cerebro y sentían una gran intimidación por parte de los hombres que tenían el control de este lugar”.

Los 11 niños fueron atendidos médicamente y enviados a resguardo de los servicios sociales locales.

Por Andrea Orozco

Hasta el 26 de mayo último, el Ministerio de Salud había registrado la muerte de 25 niños menores de 5 años por desnutrición aguda, un 79 por ciento más de casos en relación con el mismo período del 2017, cuando la cantidad fue de 14.

Los registros, además, indican que casi la mitad de las muertes ocurrieron en Alta Verapaz, departamento que, si bien figuró en años anteriores por el registro de niños fallecidos, ahora concentra casi la mitad de las víctimas (11).

Los municipios de Alta Verapaz que registran muertes de menores con desnutrición aguda son Panzós, con cuatro casos; Tucurú, con dos; y San Pedro Carchá, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, San Cristóbal Verapaz y Santa Catalina La Tinta, con un caso cada uno.

Otros departamentos afectados con este tipo de muertes son San Marcos y Huehuetenango, con cinco casos cada uno; y Chiquimula, Sacatepéquez, Jalapa e Izabal, con un caso cada uno.

De los niños fallecidos, el 84 por ciento (21) tenían menos de 2 años de edad, y son parte del grupo que debe ser atendido por el programa Ventana de los Mil Días. De ellos, 15 murieron entre enero y febrero últimos.

Un choque séptico, es decir, una infección generalizada, fue la causa de muerte de 14 de los menores con desnutrición aguda, y cuatro de las 25 víctimas fallecieron en su casa.

Prensa Libre consultó a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) sobre las razones del incremento en las muertes y el factor que hace que Alta Verapaz tenga más decesos por desnutrición aguda, pero el Departamento de Comunicación Social informó que la consulta debía hacerse al Ministerio de Salud, que recolecta los datos.

El jefe de la Sesán, Juan Carlos Carías, no respondió a las llamadas efectuadas a su teléfono celular.

Por su parte, el ministro de Salud, Carlos Soto, respondió que se hacen los análisis y que será el próximo lunes cuando tengan un panorama sobre lo que ocurre.

Los datos del Siinsan también indican que hasta el 16 de junio se habían detectado cinco mil 966 menores de 5 años con desnutrición aguda.

Problemas de registro

Andrea Aldana, defensora del Derecho a la Alimentación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, afirma que los datos reportados por Salud solo reflejan a los niños que llegan a los servicios, como centros y puestos de salud y hospitales, pero no a quienes no reciben asistencia, por lo que es necesario hacer barridos nutricionales.

“Salud debe fortalecer su estrategia de primer nivel de atención. Toda esa población no se registra”, indicó la defensora.

La profesional advirtió de que esta falta de información afecta los registros de la cartera, los cuales deberían ser lo más exactos posible, para que otras entidades, coordinadas por la Sesán, puedan trabajar para que disminuyan los casos.

Noemí Racancoj, quien representó a las entidades sociales en el Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional y es activista en asuntos de seguridad alimentaria, afirmó que el problema tiene que ver también con el cambio, en algunos departamentos, de los delegados de la Secretaría.

La activista señaló las diferencias entre Totonicapán, San Marcos y Quetzaltenango, de donde tiene información de primera mano y cuyo tratamiento de la desnutrición aguda es distinto.

En Totonicapán, refirió, no hubo cambio de delegado y el trabajo con la comunidad es muy activo, se hacen visitas al domicilio para peso y talla y se da consejería en el idioma materno, contrario a lo que ocurre en los departamentos del occidente, donde no hay acciones que den resultados.

Baja dudosa

Los datos del Siinsan demuestran, al comparar las cifras con la misma fecha de años anteriores, que entre el 2015 y 2016 hubo un repunte en los registros de niños con desnutrición aguda, sobrepasando los seis mil casos.

En el 2016, año en que comenzó la administración de Jimmy Morales, el dato fue de seis mil 275  menores de 5 años con desnutrición aguda, pero para el 2017 la cantidad se redujo a cinco mil 675, y este año van cinco mil 283; sin embargo, según Aldana y Racancoj, no hay acciones gubernamentales que hagan suponer que la baja obedece a una estrategia.

Muestra de esto, dijo Aldana, es la debilidad en el registro de Salud, las dificultades para que el Ministerio de Agricultura entregue raciones de alimentos a familias con riesgo de inseguridad alimentaria y que el Ministerio de Desarrollo Social tuvo la más baja ejecución el año pasado y  ha mostrado problemas en la entrega de los programas sociales.

Racancoj señaló que, además, en los servicios de salud no hay abastecimiento de alimento terapéutico listo para el consumo (ATLC), con el cual se recupera a los niños con desnutrición aguda, y dijo que tampoco se da acompañamiento a las familias de los menores en  riesgo.

Datos de Hambre Cero fueron cuestionados

Durante el gobierno del Partido Patriota se impulsó el Pacto Hambre Cero, con el cual se pretendía reducir la desnutrición crónica en 10 por ciento durante toda la administración.

En el 2013, el Gobierno anunció una reducción del 1.7 por ciento en la desnutrición crónica y lo atribuyó al trabajo del Pacto Hambre Cero; sin embargo, al analizar las encuestas que servían de base para ese logro se encontró que la reducción ocurrió en niños mayores de 2 años y que no habían sido atendidos por el programa.

Por el contrario, se incrementó el porcentaje de niños con desnutrición crónica cubiertos por la Ventana de los Mil Días, bajo el Pacto Hambre Cero. En su informe de tercer año de gobierno, el entonces presidente Otto Pérez Molina destacó esa reducción en la desnutrición crónica, así como la baja de 26 por ciento en la mortalidad infantil y que la desnutrición aguda se redujo en 15%; no obstante, sectores indican que no hubo acciones que justificaran esas bajas.