Anahí Keller, exsubsecretaria de Bienestar Social de la Presidencia, ha sido separada del proceso penal por la muerte de 41 niñas en el incendio del Hogar Seguro por resolución de una Sala de Apelaciones.

La Sala Cuarta declaró improcedentes los recursos que contra una resolución de agosto de 2017, cuando el entonces juez Cuarto, Carlos Guerra, dictó el sobreseimiento de todos los delitos contra Keller.

El Ministerio Público y los querellantes adhesivos se opusieron a la resolución, pero este nuevo fallo confirma que Keller sería separada del caso.

A partir de esta resolución, se tendrán 15 días hábiles para plantear una acción legal contra la resolución emitida, a través de un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal.

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Diversas acciones judiciales

El caso de Keller estuvo entrampado por una serie de acciones legales hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad, que concluyó que debía ser ligada a proceso, pero la defensa de la acusada apeló.

Luego, meses previo a que iniciara el juicio, previsto para julio 2022, se ordenó a la Sala de Apelaciones que emitiera una nueva resolución. Misma que, ahora la aparta del proceso.

El pasado 8 de marzo de 2023, decenas de personas exigieron justicia para los 41 niñas que murieron y otras 15 que resultaron con lesiones graves a causa del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que estaba bajo la tutela del Estado.

El siniestro ocurrió un 8 de marzo de 2017, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Mujer, razón por la que en esa fecha se acostumbra ahora a recordar a las víctimas.

Diversas organizaciones de Mujeres y los abogados de las madres de las niñas, reclaman que existe un retardo en los proceso judiciales habiéndose suspendido en once ocasiones el inicio del juicio contra los presuntos responsables.

Una de las audiencias se suspendió por un problema técnico, debido a que no funcionaba una bocina en la sala.

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Además, se notificó la ausencia de dos abogados defensores de los acusados y la jueza a cargo del Tribunal Séptimo Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, dispuso separarlos del caso.

Ante esta última acción, el acusado Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil, recusó a la jueza y señaló que le negaba su derecho de defensa.

Ante el señalamiento contra la jueza Cifuentes, se suspendió entonces la última audiencia el pasado 7 de febrero de 2023.

Una vez más se aplazó el comienzo del juicio por el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, esta vez por una recusación contra la jueza a cargo del Tribunal.

La audiencia programada para este 7 de febrero se suspendió debido a que el acusado Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC), recusó a la jueza Ingrid Cifuentes a cargo del Tribunal Séptimo Penal.

En la audiencia anterior del 26 de enero pasado, los abogados de Pérez Borja se ausentaron y la jueza decidió separarlos del proceso. Los dos defensores optaron por excusarse porque debían atender una audiencia de otro caso a la misma hora.

De la misma manera, el abogado defensor de Lucinda Marroquín Carillo, exsubinspectora de la PNC, se excusó por padecimientos de salud.

Tanto Marroquín Carrillo, señalada de haber tenido en su poder la llave del salón que se incendió y no actuar de inmediato, junto a Pérez Borja, pidieron una “última oportunidad” para sus abogados, pero la jueza no accedió.

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Recusan a jueza que analiza caso Hogar Seguro

Ante la decisión de Cifuentes, Pérez Borja la recusó este 7 de febrero y la señaló de negarle su derecho de defensa.

Al presentarse este recurso legal, se suspendió por onceava ocasión la audiencia para iniciar el juicio por el caso Hogar Seguro.

Ahora, la recusación deberá ser conocida por la Sala Segunda de Apelaciones, sin que haya una fecha definida para que emita un dictamen y establezca si la jueza seguirá conociendo el expediente judicial.

En una audiencia previa fue una falla técnica en el sistema de audio que llevó a que se aplazara.

Las familias han esperado ya casi seis años por justicia desde que ocurrió el incendio el 8 de marzo de 2017, que cobró la vida de 41 niñas y dejó 15 sobrevivientes.

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Sindicados

• Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social
• Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo (Tribunal Séptimo deberá definir si la excluye)
• Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar
• Harold Augusto Flores Valenzuela, exprocurador de Niñez
• Brenda Jullissa Chaman Pacay, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato
• Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, ex subinspectora de la PNC
• Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC
• Gloria Castro, exdefensora de la Niñez

Debido a la inasistencia de tres abogados defensores de acusados en el caso Hogar Seguro se suspendió por décima vez el comienzo del juicio este jueves 26 de enero.

La jueza del Tribunal Séptimo Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, advirtió que el pasado miércoles 25 de enero por la tarde los dos abogados de Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC), se excusaron para no asistir a la audiencia.

Cifuentes explicó que Julio Guillermo Rendón Valenzuela y Edwin Abel Gómez Pastor, los defensores de Pérez Borja, notificaron que asistirían a otra audiencia que estaba programada a la misma hora que el debate de  Hogar Seguro.

De la misma manera, el abogado Héctor Paul Pineda, defensor de la acusada Lucinda Marroquín Carrillo, exsubinspectora de la PNC, presentó una excusa por un tratamiento médico.

“Todos estamos claros que se actúa de buena fe y debe haber lealtad procesal, pero llama la atención que un día antes se excusan”, crítico Édgar Pérez, abogado que representa a familias de las niñas fallecidas en el Hogar Seguro.

Los abogados de las familias víctimas pidieron nombrar a sustitutos o sancionar a los asesores legales que no asistieron.

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Separa a los abogados del caso

Luego de analizar los memoriales que presentaron los abogados, la jueza Cifuentes decidió declarar el abandono de la representación a Pérez Borja y Marroquín Carrillo.

“Es mi decisión porque los memoriales no están justificados y no dieron tiempo de analizar, tampoco de notificar. La decisión ya ha sido tomada y pueden asignar sustituto y para que no vuelva a pasar se asignara abogados de la Defensa Pública”, aseveró la jueza Cifuentes.

Pérez Borja pidió a la jueza reconsiderar su decisión, pero Cifuentes le contestó: “es mi decisión”.

En espera de justicia

Casi seis años del incendio en la casa hogar a cargo del Estado, las familias de las 41 niñas fallecidas y de otras 15 sobrevivientes aún esperan por un veredicto sobre quienes son señalados como responsables del hecho.

El caso se envió a juicio desde febrero de 2019 y desde entonces se ha suspendido en 10 ocasiones el comienzo de ese debate.

En cada una de las audiencia, los familiares de las niñas han asistido. En cada ocasión acuden a un sala de audiencias abogados, fiscales y jueces, pero se repite la suspensión.

En la sesión anterior se trató de una falla en el sistema de audio, un defecto técnico que volvió a retrasar el inicio del debate.

Las cifras de muertes violentas y el deterioro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes durante 2022 reflejan la vulnerabilidad en la que se encuentra ese sector de la población, de acuerdo con la percepción de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), que señala que en Guatemala a cada dos días se atenta contra la vida de un menor.

Otto Rivera, secretario ejecutivo de Ciprodeni, calificó de preocupante la situación a la que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes en Guatemala, donde hasta septiembre del año pasado se habían reportado 453 asesinatos de menores.

“Lamentablemente no es con el cambio de calendario que la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes cambie positivamente, comentó Rivera.

Además, detalló que “cerramos el 2022 con un nuevo boletín de análisis sobre los indicadores de sus derechos y nos atrevemos a decir que la deuda del Estado con las niñas, niños y adolescentes en relación con sus derechos sigue siendo total, cuales quiera de los derechos que se quiera abordar la deuda sigue siendo completa”.

También dijo que “hasta septiembre del año pasado y principios de octubre eran 453 asesinatos de niñas, niños y adolescentes”.

Destacó que “en este país cada dos días se asesina a una niña, un niño o un adolescente” y reiteró que “las principales vías por las cuales se les quita la vida son con arma de fuego, que afecta primordialmente a los adolescentes hombres, estrangulamiento, ahorcadura y arma blanca”.

Rivera señaló que también hay lesiones compatibles con el tema de maltrato como “violencia intrafamiliar y violencia comunitaria”.

También enfatizó que “el 60 por ciento de los casos del año pasado se ejercieron en contra de niñas y adolescentes”.

El activista también dio que de acuerdo con el análisis del sistema de Alerta Alba Keneth, hasta principios de octubre se había registrado seis mil cinco activaciones, lo que “nos preocupa porque antes de la pandemia la alerta se activaba 15 veces al días, durante la pandemia 17 veces diarias, pero en 2022 fueron 20 veces diarias.

“De cada 10 casos de desapariciones siete eran adolescentes mujeres y niñas”, refirió Rivera.

Agregó que, en 2022, el 65 % de las activaciones de desaparición las niñas, niños y adolescentes aparecieron con vida, “pero hay un porcentaje importante que siguen sin aparecer y otros aparecieron sin vida”.

Embarazos

Otro aspecto que le causa preocupación a Rivera es la alta incidencia de embarazos en menores.

“En 2022 hubo seis embarazados infantiles (de 10 a 14 años) al día y 12 embarazos adolescentes (de 15 a menos de 18 años) cada hora.

“La preocupación es que no es que de un año a otro vaya a cambiar la situación si no hay una acción políticamente intencionada para que esto mejore”, dijo Rivera, quien hace las siguientes propuestas para proteger los derechos de la niñez y adolescencia.

• El país necesita urgente un verdadero sistema nacional de protección y garantía de derechos
• Necesitamos sistemas municipales de prevención de la violencia
• Verdaderos entornos protectores
• Abrir espacios de participación para niños con voz y voto

El juez Reyes Eleazar Ochoa Solís falleció el martes último durante una audiencia en Huehuetenango, confirmó el Ministerio Público este miércoles.

Ochoa Solís era juez titular del Juzgado de la Niñez y Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal, de Huehuetenango.

De acuerdo con los reportes, el togado se encontraba celebrando una audiencia de un menor de edad en esa localidad cuando comenzó a sentirse mal.

Alarmados, sus compañeros llamaron a personal médico para que le efectuaran una revisión, tras haberse desvanecido.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los paramédicos, falleció dentro de la sala. 

El Ministerio Público informó este miércoles a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que se certificó que la muerte del juez fue por un paro cardíaco. 

El Organismo Judicial publicó una esquela en la que le da el pésame a la familia del juez, originario de San Marcos y que llevaba más de una década de laborar en ese juzgado. 

Ochoa Solís, con gran experiencia en el tema, brindó en enero de 2016 una entrevista a Prensa Libre en la que expresaba que los jóvenes y adolescentes delinquían por falta de atención.

“Es necesario que reciban orientación en el hogar, la  escuela y  en la iglesia”, expresó.

Ante los hechos recientes que se han conocido de niñas víctimas de la violencia y agresiones sexuales, Mirtala Mayen, psicóloga de la clínica de atención a las víctimas sobrevivientes de agresiones sexuales y maltrato infantil, del Hospital Regional de Occidente, explicó que es necesario informar a los menores sobre las agresiones sexuales y el acoso.

“Lo aconsejable es que los padres de familia nos eduquemos sobre las conductas a seguir para que nuestros niños creen en ellos seguridad e identifiquen los momentos en que puedan ser agredidos, cuando son víctimas o posibles víctimas. A la hora que hagan preguntas sobre la violencia o abusos sexuales se debe tener una escucha asertiva, permitir que pregunten todo lo que quieran y responderles con calma”, explicó Mayen.

La profesional recomienda empoderar a los niños y niñas para que puedan decir cuando sufran alguna agresión y demostrarles apoyo, creerles y ayudarlos para que el ataque no ocurra de nuevo.

La psicóloga también invitó a padres de familia a informarse sobre las agresiones sexuales para poder responder a las preguntas de sus hijos o para informarlos. “Es necesario saber la respuesta adecuada. Hay revistas, libros, apoyo con profesionales de salud, y psicólogos. A veces los padres no tienen las palabras idóneas”, resaltó.

Otro consejo es que los niños sepan a dónde y a quién acudir cuando sufren alguna agresión.

“Desde pequeños debemos inculcarles a nuestros hijos que nadie tiene derecho a tocar su cuerpo, a hablarles de forma incorrecta, y solo nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo. Cualquier persona que me diga palabras inadecuadas o me muestre partes indebidas de su cuerpo, es acoso, es abuso, es maltrato, todo lo que nos agrede como niños o adolescentes debemos decirlo”, explicó la psicóloga.

Recomendó evitar que los niños vean imágenes o noticias de hechos violentos porque provoca un trauma. “Como padres nos asusta y nos crea desconfianza que estén sin nuestra supervisión, pero debemos mantener la calma y el estado afectivo con nuestros hijos para que puedan confiar en nosotros y decir cuando algo pase”, subrayó.

En el 2020 en el departamento de Quetzaltenango 932 víctimas de violaciones sexuales presentaron denuncias ante el Ministerio Público, además de 248 de agresiones sexuales. En el 2021 ya se conocen seis hechos de agresiones sexuales y 24 violaciones en el departamento.