El Ministerio Público (MP) pidió este viernes 26 de mayo una pena de 24 años de prisión (con reducción en una tercera parte) para el ex secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cambara, quien el pasado miércoles se declaró culpable de haber hecho negociaciones fraudulentas en el IGSS con la compra y alteración de medicamentos, informaron fuentes judiciales.

El pasado miércoles, Alejos Cámbara aceptó los cargos que el MP le imputaba por su implicación en el caso de corrupción Negociantes de la Salud, una trama para favorecer a empresas con la compra de medicamentos por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), algunos de los cuales, según la investigación de la Fiscalía, eran sometidos a modificaciones irregulares.

Ese día, los jueces del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal no dictaron sentencia contra Alejos y otros cuatro sindicados que, al igual que él, se declararon culpables de haber hecho negociaciones fraudulentas para beneficiar a farmacéuticas en la compra de medicamentos por parte del Seguro Social.

Este viernes se informó que la sentencia se dictará el 9 de junio próximo en el mismo tribunal.

Alejos Cámbara, quien fue secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, aceptó los cargos por tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho activo de manera continuada.

También aceptaron cargos los sindicados Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, quien fue procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo, y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud, procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo.

Además, se declararon culpables José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de una empresa farmacéutica, acusado de asociación ilícita y tráfico de influencias y César Estuardo Hernández Monroy, quien fungía como médico del IGSS, quien fue procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo.

El caso

Según la investigación del MP, la organización criminal señalada en el caso Negociantes de la Salud utilizó diferentes mecanismos ilícitos, entre los cuales se destacan modificaciones irregulares de medicamentos básicos, pagos por inclusiones y exclusiones de la lista básica de medicinas, así como generación injustificada en el consumo de medicamentos.

Todo eso con el fin de promover la compra a los proveedores de la organización criminal, hasta el punto de que el Seguro Social se abasteció de medicinas para 13 años, cuando la vigencia de algunos productos era solo de dos.

Según el MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Alejos Cambara, junto a Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán, también operadores y proveedores del IGSS, se encargaban de procurar la venta de un producto o servicio e incidían en el consumo de este para favorecer a sus empresas o la de otros proveedores a cambio de comisiones.

Alejos Cambara es considerado uno de los tres operadores principales de la estructura.

El ex secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cámbara, aceptó los cargos que el Ministerio Público (MP) le imputaba por su implicación en el caso de corrupción Negociantes de la Salud, una trama para favorecer a empresas con la compra de medicamentos por parte del IGSS, algunos de los cuales, según la investigación, eran sometidos a modificaciones irregulares.

Alejos Cámbara, quien fue secretario Privado de la Presidencia durante el Gobierno de Álvaro Colom, aceptó los cargos por tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho activo de manera continuada, siete años después de haberse dado a conocer el caso.

Durante su declaración antes los jueces, Alejos Cambara dijo: “le pido disculpas por todo el daño que le hice al pueblo de Guatemala, a mi familia en especial, es una lección para todos (…).

La declaración del exsecretario privado de la presidencia fue escueta y no brindó detalles de la acusación que expuso el Ministerio Público.

De momento se desconoce si los cinco implicados en el caso que aceptaron culpas serán sentenciados, pues la audiencia se suspendió y se reprogramó para el jueves 25 de mayo a las 9 horas en la misma judicatura.

En la misma audiencia, desarrollada este miércoles 24 de mayo en el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, también aceptaron cargos los sindicados Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, quien fue procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo, y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud, procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo.

Además, aceptaron cargos José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de una empresa farmacéutica, acusado de asociación ilícita y tráfico de influencias y César Estuardo Hernández Monroy, quien fungía como médico del IGSS, quien fue procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo.

El empresario Alejandro Enrique Toledo Paz al momento de aceptar la culpa en el caso Negociantes de la Salud dijo: “Creamos necesidades para vender medicinas”.

El caso

Según la investigación del MP, la organización criminal señalada en el caso Negociantes de la Salud utilizó diferentes mecanismos ilícitos, entre los cuales se destacan modificaciones irregulares de medicamentos básicos, pagos por inclusiones y exclusiones de la lista básica de medicinas, así como generación injustificada en el consumo de medicamentos.

Todo eso con el fin de promover la compra a los proveedores de la organización criminal, hasta el punto de que el Seguro Social se abasteció de medicinas para 13 años, cuando la vigencia de algunos productos era solo de dos.

Según el MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Alejos Cambara, junto a Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán, también operadores y proveedores del IGSS, se encargaban de procurar la venta de un producto o servicio e incidían en el consumo de este para favorecer a sus empresas o la de otros proveedores a cambio de comisiones.

Alejos Cambara es considerado uno de los tres operadores principales de la estructura.

EE. UU. lo sanciona

El 8 de junio de 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Alejos Cambara por su vinculación en casos de corrupción y le prohibió ingresar en su territorio junto a algunos integrantes de su familia.

Se trató de una designación pública “dada su implicación en graves casos de corrupción”.

En la designación de ese día se lee que “en su calidad oficial de secretario privado del expresidente de la República de Guatemala Álvaro Colom, Alejos estuvo involucrado en actos de corrupción que socavaron el estado de derecho y la confianza del público guatemalteco en las instituciones democráticas, los funcionarios y los procesos públicos de su gobierno”.

Ese día se informó que esa designación se efectuó “en virtud de la Sección 7031 c) de la Ley de Asignaciones relativas al Departamento de Estado, Operaciones en el Exterior y Programas Afines, 2020 (División G, Ley pública 116-94).  Conforme a la Sección 7031 c)”.

“Una vez el Secretario de Estado designa a funcionarios de gobiernos extranjeros, junto con sus familiares inmediatos, por su implicación, directa o indirecta, en casos graves de corrupción, esas personas no están autorizadas a ingresar a los Estados Unidos”, señala el documento.

Esta solicitud se da días después de que se difundiera un audio en el que se escucha una supuesta negociación de resolución entre Gustavo Alejos, uno de los implicados, y el magistrado Edgar José López Espaillat.

En la conversación discuten respecto a una apelación y una recusación para obtener una resolución judicial favorable, así como del traslado de judicatura para el juez.

El fiscal Juan Francisco Sandoval explicó que existe la posibilidad de peligro procesal, derivado del secuestro de una lista de contactos con magistrados y fiscales.

Explicó que Alejos ha buscado los contactos al más alto nivel por lo que se advierte un riesgo procesal.

Recordó que, durante un allanamiento del 27 de octubre de 2015, para dar con la captura de Alejos, se localizó listado de contactos con magistrados de salda y de la CSJ, fiscales del MP, mandatarios de la Cicig y medidos de prensa.

Por su parte, el defensor Jorge Mario de Jesús Cajas pide que el caso continúe en un juzgado ordinario y señaló que los argumentos de la fiscalía se basan en dos momentos que son ajenos al proceso.

El abogado del empresario Juan Pablo Muralles considera que el caso no puede ser elevado a procesos de mayor riesgo y ve con suma preocupación que la Fiscalía haga referencia a medios de investigación que no forman parte de la carpeta.

El caso

A los sindicados se les vincula con una estructura criminal que operaba con personal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), para modificar el listado básico de medicamentos y con los funcionarios que intervienen en los procesos de compra con el fin de manipular los procesos para ser beneficiados.

Según la investigación, Alejos, junto a Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán, también operadores y proveedores del IGSS, se encargaban de procurar la venta de un producto o servicio e incidían en el consumo de este para favorecer a sus empresas o la de otros proveedores a cambio de comisiones.

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