No solo cayó el precio del bitcoin un 21% la semana pasada. En el último año el valor de la mayor criptomoneda del mundo se desplomó más de 70% en medio del “criptocrash” que ha marcado un rápido descenso de todo el mercado de las divisas digitales este año.

¿Qué hace el presidente Bukele? Compra más.

Apoyado en el argumento de los criptoevangelistas que aseguran que este es el mejor momento para invertir en la divisa digital, precisamente porque está desvalorada, el presidente sigue adelante con la promesa de convertir a su país en el paraíso del bitcoin, cuando ha pasado poco más de un año desde que la pequeña nación centroamericana adoptó la criptodivisa como una moneda de “curso legal” el 7 de septiembre del año pasado.

We are buying one #Bitcoin every day starting tomorrow.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 17, 2022

El misterio de los fondos públicos

Aunque es casi imposible saber cuántos bitcoin ha comprado el gobierno salvadoreño utilizando fondos públicos de todos los contribuyentes, expertos estiman que las pérdidas fiscales podrían ser de unos US$70 millones, basándose exclusivamente en los mensajes que Bukele ha publicado en su cuenta de Twitter cada vez que anuncia una compra.

Fuentes consultadas por BBC Mundo estiman que la pérdida es mucho mayor, si se suman los recursos fiscales utilizados en la implementación de la Ley Bitcoin, cuyo monto bordea los US$200 millones, gastados en la creación de una billetera digital que almacena la criptomoneda, un fideicomiso, o los cajeros automáticos dedicados a las transacciones con la divisa digital.

“Esto es un experimento en el cual se ha combinado una alta dosis de improvisación y una alta dosis de opacidad”, le dice a BBC Mundo Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI.

“En cualquier sociedad medianamente democrática sería inconcebible que la ciudadanía no sepa cómo se están utilizando los recursos públicos o que los funcionarios no rindan cuentas”, agrega el analista.

El Salvador permanece bajo un estado de excepción que restringe las libertades individuales desde el 27 de marzo. BBC Mundo se puso en contacto con el gobierno para incluir su visión sobre las inversiones en bitcoin, pero no recibió respuesta.

El escándalo de FTX

La última estocada a la industria de las criptomonedas llegó de la mano del reciente colapso de FTX, empresa que se había convertido en la segunda mayor plataforma de compra y venta de criptomonedas del mundo. Su brutal caída se suma a otras bancarrotas que siguen minando la reputación de un mercado considerado por muchos expertos como una burbuja.

En el centro de la crisis está el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, quien renunció a su cargo tras declarar la quiebra de la firma. Hoy existe una investigación judicial sobre las operaciones financieras de la empresa y la desaparición de al menos US$3.000 millones.

Tras la debacle de FTX y la caída en picada del precio del bitcoin, Bukele salió en defensa de la criptomoneda en su cuenta de Twitter: “el protocolo de bitcoin fue creado precisamente para prevenir esquemas Ponzi, corridas bancarias, rescates y reasignaciones de riqueza de Enron, WorldCom, Bernie Madoff, Sam Bankman-Fried”.

“Algunos lo entienden, otros aún no”.

FTX is the opposite of #Bitcoin #Bitcoin ’s protocol was created precisely to prevent Ponzi schemes, bank runs, Enron’s, WorldCom’s, Bernie Madoff’s, Sam Bankman-Fried’s…

…bailouts and wealth reassignments.

Some understand it, some not yet.

We’re still early.

/21m

— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 14, 2022

El mandatario, que tiene un 87% de aprobación según la encuestadora CIDGALLUP, argumenta que el país no ha perdido fondos públicos porque mientras no venda los bitcoin, no hay una pérdida real de dinero.

La lógica detrás de la explicación es que, tal como funciona el mercado de valores, si el precio de una acción cae, el inversor no pierde su dinero mientras no venda.

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En El Salvador, donde una de cada cuatro personas vive en la pobreza, la mitad de la población padece inseguridad alimentaria, tres de cada 10 niños están fuera del sistema escolar y en las zonas rurales hay una limitada conexión a internet, difícilmente están siguiendo la discusión por Twitter sobre este tema, más aún cuando los mensajes del presidente en relación al bitcoin son publicados en inglés.

Revive el “bono volcán”

En el último año el gobierno ha anunciado dos veces su intención de aumentar la deuda externa del país a través de la emisión de bonos.

Pero no se trata de los típicos bonos que emiten los países con el objetivo de financiarse. Se trata del llamado “bono volcán” para endeudarse en bitcoin.

Primero el gobierno anunció que contraería la deuda en bitcoin en marzo de este año, pero nunca ocurrió. Luego dijo que la emisión sería en septiembre, pero nunca se llevó a cabo.

Este jueves anunció por tercera vez que se endeudaría en bitcoin enviando un proyecto de ley al Congreso -de mayoría oficialista- para emitir el (o los) postergados bonos.

Estos bonos teóricamente recaudarían US$500 millones para financiar la creación de una ciudad “futurista” y libre de impuestos llamada “Bitcoin City” a los pies del volcán Conchagua, y otros US$500 millones para comprar más bitcoin.

De ahí viene el nombre “bono volcán”.

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Si finalmente esta vez el país emite el bono y si los inversores internacionales se lo compran, entonces El Salvador se convertiría en el primer país que se endeuda en bitcoin, aumentando su gigantesca deuda pública que actualmente bordea el 85% del Producto Interno Bruto (PIB).

El experimento bitcoin

En una economía dolarizada desde hace dos décadas, el gobierno ha intentado persuadir a los salvadoreños de que hagan todas sus transacciones en bitcoin, desde la compra de la leche en el almacén de la esquina, hasta el envío de remesas desde Estados Unidos.

Incluso fue creado un hospital para perros en San Salvador, ChivoPets, con grandes descuentos para quienes pagaran con bitcoin en vez de dólares.

También el gobierno regaló un bono de US$30 a cada salvadoreño para que bajara una aplicación que le permitiera hacer transacciones en bitcoin.

Muchos cobraron los US$30 y nunca más volvieron a usarla.

En el extranjero, Bukele sigue promoviendo la “Bitcoin Beach” en el El Zonte, un pequeño pueblo pesquero con dos caras: los hoteles para turistas y las precarias casas emplazadas en caminos de tierra que se vuelven intransitables por el barro cuando llueve, como lo comprobó BBC Mundo en un viaje a la zona.

• El Zonte, el pueblo de El Salvador pionero en el uso de bitcoin

Pasado poco más de un año, analistas estiman que solo el 2% de las remesas desde EE.UU. son enviadas en bitcoin y que la gran mayoría de la población no utiliza la divisa digital.

Una encuesta hecha por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas que fue publicada en octubre, arrojó que el 65,5% de la población considera que la adopción del bitcoin ha sido un fracaso y el 77,1% manifestó que el gobierno no debería seguir gastando el dinero público en la criptomoneda.

“El sistema no ha funcionado”, dice la economista y consultora salvadoreña, Tatiana Marroquino, en diálogo con BBC Mundo desde San Salvador.

“Hay muy poca transparencia. Una cosa es que haya bajado el precio del bitcoin, pero lo más preocupante es el desorden y la irresponsabilidad con que se manejan los fondos públicos”, apunta.

“Y una de las consecuencias que trae la falta de transparencia es que es más difícil conseguir financiamiento para el país”, agrega.

Las agencias calificadoras Fitch Ratings, Moody’s y Standard and Poor’s, le han rebajado este año la calificación de riesgo al país, haciendo que el El Salvador solo tenga acceso a créditos con tasas extremadamente altas.

El factor China

Con un vencimiento de deuda en enero cercano a los US$667 millones que el país debe pagar a inversores internacionales, ahora ha entrado un nuevo jugador en la cancha: China.

Los gobiernos de El Salvador y China acaban de anunciar el inicio de las negociaciones para alcanzar un Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones.

Mientras esas conversaciones siguen su curso, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, dijo que el gigante asiático ofreció comprarle la deuda al país, pero advirtió que no la van a vender “al primer postor”.

Se concrete o no algún tipo de acuerdo con China, la deuda pública es uno de los temas que pesa sobre el país y aunque el presidente argumenta que los fondos invertidos en bitcoin no tienen un mayor impacto en las cuentas públicas, la oposición reclama que los escasos recursos fiscales deberían estar destinados a financiar programas sociales en vez de apostarlos en activos de alto riesgo.

Desde una perspectiva más amplia, algunos analistas consideran que los asuntos económicos no son la única razón que está afectando la imagen del país en el extranjero y, en consecuencia, sus posibilidades de financiarse.

Según Castaneda, también influye en la ecuación el “debilitamiento democrático”, la búsqueda del presidente de ser reelecto en 2024 -pese a lo que la Constitución no lo permite- y la falta de información sobre las transacciones financieras.

“En El Salvador el presidente tiene control prácticamente de toda la institucionalidad, desde la Asamblea Legislativa hasta los órganos de justicia, entonces si él decide que esta información es reservada, no hay forma de apelar”, sostiene.

“El presidente es como una persona que va a un casino virtual a apostar”, argumenta. “La diferencia es que no está apostando con su dinero, sino que está apostando con el dinero de toda la población“.

Por lo pronto, es imposible saber si el “criptocrash” ya tocó fondo, si el bitcoin seguirá hundiéndose, o si en algún momento su precio volverá a subir, como lo creen sus seguidores.

¿Hasta cuándo seguirá Bukele comprando bitcoin? La respuesta quizá podrá encontrarse en los mensajes que publica en inglés en su cuenta de Twitter.

Foto principal: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha invertido fondos de los contribuyentes en bitcoin.
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“Muchas de esas sillas (puestos de mando) que están pendientes (de capturas), sabemos que están en México, y que desde allá están girando instrucciones de manera cobarde”, declaró el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al canal privado 21 de la TV local.

El funcionario no explicó cuándo huyeron del país ni entregó identidades. La banda es liderada por 15 miembros, que equivale al número de letras conque se escribe Mara Salvatrucha.

“De esas 15 sillas que gobernaban la estructura, los 31 programas (divisiones) que tiene la MS a nivel nacional, siete de esas sillas ya están tras las rejas”, enfatizó.

Al directorio de 15 miembros de la pandilla se le conoce como “Ranfla Nacional”. Según explicó Villatoro, esta tiene 31 subjefaturas en todo el país, que tienen bajo su mando a 434 “clicas” (células), cada una con un cabecilla llamado “palabrero”.

Este martes Villatoro presentó una petición al Congreso para extender por tercera ocasión el régimen de excepción vigente desde marzo, y que permite detenciones sin órdenes judiciales.

“Un pandillero en una comunidad es como una célula cancerígena, y tenemos que aplicar quimioterapia. No vamos a descansar hasta que el último pandillero en nuestro territorio haya sido capturado”, dijo Villatoro luego ante el Parlamento.

Desde fines de marzo han sido detenidos 41 mil 846 presuntos pandilleros, según la Fiscalía.

El asesinato de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo, en crímenes atribuidos a pandillas, llevó al Congreso a declarar un régimen de excepción a pedido de Bukele, y cuya última prórroga concluye el 25 de junio.

El Parlamento, controlado por aliados del presidente, también ha elevado las penas por crímenes vinculados a pandillas.

En El Salvador operan principalmente las pandillas MS-13 y Barrio 18. Hasta antes de la arremetida del gobierno, estaban encarcelados unos 16 mil de sus miembros.

Pero con las detenciones de los últimos tres meses, estarían tras las rejas 57 mil 846 miembros, un 83% de los 70 mil miembros que oficialmente se considera existen en el país.

El pasado viernes 13 de mayo las fuerzas de seguridad de El Salvador incautaron 810 kilogramos de presunta cocaína en las costas del país, que estaba siendo trasladada en un semisumergible, apuntan las autoridades.

La acción policial también dejó la captura de quienes se presume son los responsables del traslado ilegal de la presunta droga.

En total, son tres los hombres detenidos, dos ecuatorianos y un colombiano, según un boletín de prensa emitido por la presidencia de El Salvador, que también apunta que la presunta droga está valorada en aproximadamente US$20 millones 250 mil.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, utilizó sus redes sociales para informar de lo que inicialmente calificó como “otro golpe al narcotráfico”. Asimismo, el mandatario usó sus redes para mandar una advertencia a los grupos dedicados al trasiego de drogas.

El mensaje del presidente fue breve: “No vengan a buscar problemas acá”. Se estima que la presunta droga sea trasladada próximamente a los laboratorios para los análisis correspondientes, al mismo tiempo que los detenidos serán puestos a disposición de la justicia.

El pasado 3 y 14 de febrero las fuerzas de seguridad de El Salvador consiguieron el decomiso de 300 y mil 900 kilogramos de drogas, mientras que el 4 de mayo hubo otra incautación por 800 kilos, en esta última acción también fueron capturados seis mexicanos.

En 2020 el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) señaló que el narcotráfico en Centroamérica ha venido a agravar los ya altos índices de violencia y criminalidad.

Nuestra Fuerza Naval dio otro golpe al narcotráfico, a 488 MN (903.7 kilómetros) al suroeste de nuestras costas.

Un LPV con tres personas abordo, dos ecuatorianos y un colombiano, que transportaba 810 kilos de cocaina, valorada en $20,250,000.00.#PlanControlTerritorial pic.twitter.com/MYTyA30Zta

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 13, 2022

El país centroamericano, uno de los más violentos del mundo, vuelve al centro de atención por el conflicto entre las pandillas, las llamadas maras, y el gobierno del controvertido presidente Nayib Bukele.

El gobierno negó que detrás de la casi desaparición de los homicidios hubiera una tregua con las pandillas y ahora está decidido a mostrarse fuerte con un estado de excepción que ha supuesto el encarcelamiento de miles de jóvenes y reformas del código penal.

El salvadoreño Juan Carlos Torres, director de la Maestría en Políticas para la Prevención de Violencia Juvenil y Cultura de Paz de la Universidad Don Bosco de San Salvador, habla con BBC Mundo y analiza la evolución de las pandillas en el país desde la perspectiva del conflicto de esos grupos con el gobierno salvadoreño.

Dice que los pactos, como el de 2012, que fortaleció a las principales pandillas, han sido la clave para entender la influencia que ahora tienen.

Expertos y publicaciones de prensa concuerdan en la hipótesis de que el gobierno de Bukele estaba negociando o al menos manteniendo un diálogo con las pandillas y que la ruptura de ese canal de comunicación, como en las anteriores ocasiones, desembocó en un brutal aumento de asesinatos: sólo 62 el sábado 26 de marzo, la jornada más sanguinaria de los últimos 20 años.

El año 2018, previo a la llegada de Bukele a la presidencia, cerró con un promedio de nueve muertes diarias, según cifras de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. En 2021, el promedio fue tres veces menor: tres muertes violentas al día.

Pero ahora regresa ese azote.

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Torres explica en esta entrevista que nadie está pensando desde el gobierno en las repercusiones que estas políticas, para combatir a las pandillas, tendrán a futuro.

¿Qué pasó el 26 de marzo en El Salvador, cuando se alcanzaron 62 homicidios en un solo día?

Se rompió, de alguna manera, la comunicación: el diálogo entre la estructura del Estado y la pandilla. Pero también el diálogo en la estructura interna de la pandilla se ha roto. Entonces, ese fue el caos que surgió ese fin de semana. Ahí se perdió el control de todo. .

Yo espero que el conflicto ya haya alcanzado su máximo y que el presidente busque la cooperación internacional: programas de reinserción.

Recuerdo su primer discurso sobre las pandillas, les dijo: “Muchachos, dejen de matar, regresen a sus casas”. Pero mandarlos a la casa sin una ley, sin un programa de reinserción, no tiene sentido.

¿Por qué ahora vemos este repunte de homicidios?

Históricamente, el alza de homicidios ha sido un indicador de violencia. Las pandillas lo usan para llamar la atención de la clase política, del gobierno de turno.

El mensaje fue claro: se aumentaron los homicidios para mostrar el descontento de la pandilla sobre alguna relación con el gobierno y también para presionar. Es un método de presión.

¿Entonces, coincide con la teoría que defienden investigadores y periodistas especializados en pandillas de que el gobierno de Bukele estaba negociando o al menos manteniendo un diálogo con estos grupos? ¿Qué respaldo tiene esa hipótesis?

Me voy por mantener un diálogo, una tensa calma, llamémosle una paz negativa. Es decir, el gobierno no se iba contra las pandillas y las pandillas también regulaban el nivel de criminalidad.

Algo sucedió. Está claro.

Puede ser por los decomisos de droga continuos, operativos que le restaron mucha capacidad económica a las pandillas, más la captura de algunos líderes importantes para la estructura.

Pero ¿qué influencia tienen realmente la MS13 —la más grande—, Barrio 18 y Barrio 18 Sureños, las principales, en El Salvador?

Las pandillas son una estructura de violencia y de acciones criminales. Su influencia radica en el nivel de letalidad de la violencia que pueden ejercer, tal como quedó demostrado: consumaron 62 homicidios en un solo día.

Tienen la capacidad de elevar los indicadores de violencia relacionados a los homicidios. Una influencia para poder confrontar con otra estructura de poder como el Estado.

¿Cómo llegamos a este punto?

He podido ver la evolución. La gente hablaba de las pandillas como jóvenes descarrilados, jóvenes sin identidad. Y a la pandilla la veían como una especie de tribu, adonde los jóvenes llegaban y encontraban su identificación.

Eso decían los teóricos de estos pequeños grupos que estaban en la calle y a quienes el sistema no había absorbido.

Hubo una mezcla de violencia y se consolidó en las pandillas actuales. En las primeras épocas del gobierno de Francisco Flores (1999-2004) se hacían grandes redadas.

Les hacían fotografías, rostro y tatuaje, para llevar un registro. Eso sucedió durante la política de mano dura. Con la súper mano dura fue mayor la restricción y comenzaron a responder: violencia genera más violencia.

Antes eran jóvenes descarrilados y ahora ya los llaman economía del crimen. La tregua (de 2012) marcó el antes y el después.

Antes, estos grupos tenían poder e influencia para generar actividades criminales. ¿Qué los llevó a la tregua? El interés de los políticos. Entonces, el interés de los políticos les dio un valor que no tenían: la influencia que tienen ahora.

Rompieron todo el tejido social. Los líderes comunitarios fueron mermando, también el uso de los espacios públicos o el equipamiento social, como casas comunales, canchas, parques.

¿Pero qué base tiene esa influencia de las pandillas de las que habla? ¿De dónde les viene? ¿Y cómo la ejercen?

El origen está en el mal manejo que se le ha dado a la seguridad pública y al manejo de los programas de reinserción.

Y el primer factor es el político: esa ansiedad de poder de los políticos, de no limitar con quién hacen los tratos y de no mediar las consecuencias con tal de ganar una elección política, ya sea en los territorios o a nivel presidencial.

Eso fue lo que comenzó a consolidar a estos grupos. Es decir, el reconocimiento político que se les dio a las pandillas.

Y, aparte de eso, es por el abandono que el Estado hizo en las comunidades. El Estado se retrajo, se centralizó y dejó un vacío.

¿Y qué responsabilidad han tenido los distintos gobiernos en esto?

Todos los gobiernos quieren decir que tienen el control de la seguridad. Y sacan a los soldados y todo. Un soldado o un policía patrullando va a agarrar a los que tenga enfrente.

Pero la violencia de las pandillas se entremezcla con una violencia social, que es mucho más compleja.

Viéndolo desde la teoría de conflictos, el conflicto es la confrontación entre dos estructuras de poder. Y esta estructura de poder, llámese Estado, llámese pandilla, están confrontados.

La pandilla elimina sus problemas asesinando y el Estado los encierra, pero eso no quiere decir que el conflicto esté gestionado.

Entonces, con las detenciones masivas, ¿llevar los homicidios a cero no significa seguridad?

No. Aquí viene un error: hemos estado contando muertos y así determinamos la percepción de si estamos seguros o no.

Violencia es el uso o el abuso de la fuerza, con la intención de hacer daño psicológico, físico y algún otro estado. Entonces, esa violencia siempre ha existido, en los territorios no bajó. El país sigue siendo violento. Pero las estadísticas de homicidios sí fluctúan, aprendimos a verlo así.

Pero debajo de esa violencia, hay una violencia estructural de exclusión, de falta de acceso a la educación, a la salud y una violencia cultural que se va trasladando de generación en generación.

Entonces, nosotros, quiérase o no, aprendimos a ver la violencia como sinónimo de homicidio y nada más. No deja de ser válida porque las tasas de homicidio son medidas así a nivel regional, incluso en Latinoamérica.

¿Las medidas actuales que ha tomado el gobierno pueden catalogarse como seguridad?

Cuando hay un conflicto y no hay mediadores o desescaladores de ese conflicto, eso puede ir subiendo. Entonces, cuando se usa la fuerza, se corre el riesgo de que también la amenaza se vuelva más compleja.

No es lo mismo tener un arma como método disuasivo a usarla.

El presidente tenía todas las facultades: el ejército, la policía, los juzgados, la fiscalía, todo el aparato. Y cuando echa mano de eso, va golpeando y atropellando cualquier tipo de derecho.

Cuando estás en presencia de esa violencia, lo que querés es paz, que la gente aprenda a vivir sin violencia. Pero hemos dejado al gobierno y las pandillas enfrentarse, sin nadie que vaya a amortiguar.

Después vendrá el resentimiento, la frustración. Violencia genera más violencia. Estos jóvenes que han sido golpeados y que están siendo golpeados por el ejército o la policía están creando un resentimiento.

¿Qué opinión le merece la reforma al Código Penal aprobada por la Asamblea y que pena con hasta 15 años de cárcel el mero hecho de hablar de las maras o con sus miembros? ¿Es como si se quisiera ocultar el problema?

Esto trae antecedentes.

Cuando fue la tregua de 2012, se comenzaron a identificar a algunos líderes, los que tenían la palabra en la pandilla y, al hacer eso, se comenzaron a transmitir algunos de esos mensajes positivos o negativos, con buena intención o sin intención, de alguna manera para trasladar la noticia.

Entonces, debe haber una reunión con el presidente o el ministro de seguridad, poner acuerdos y pedir que la ley sea más específica, porque la tentación de cualquiera que ostenta el poder va a ser acallar las críticas.

Usted trabajó en temas de seguridad con otros gobiernos. ¿Por qué no hay forma de acabar con este problema?

Todos los programas de prevención, los programas de seguridad que se han estado trabajando con las pandillas, no han servido para reinsertar.

Es importante aclarar que las redadas y meter a la cárcel a muchos pandilleros no soluciona el problema, porque quedan muchos afuera, gente que simpatiza y que colabora con las pandillas y que asume las mismas actividades que hacía el pandillero que está en la cárcel.

Y ese ha sido uno de mis señalamientos desde la seguridad ciudadana. Si solo van a hacer redadas y a meter a los pandilleros en la cárcel, sin instalar programas de prevención, no van a tener el control del territorio.

¿Y cuál es la mejor estrategia, según usted, para acabar con esta violencia? ¿Hay ejemplos que hayan funcionado?

No se previene el delito. No se ha trabajado en los temas de educación para la paz, de gestión del conflicto y de educar a la ciudadanía en sus derechos.

No lo ha hecho ni el gobierno, ni las municipalidades, ni la sociedad organizada porque, aunque duela decirlo, hay mucha gente que vive también y consigue recursos por la violencia. No hay programas de desarrollo integral.

Como sociedad, necesitamos tener una política de prevención de violencia que incluya los componentes de educación para la paz o cultura de paz.

¿Qué escenario prevé ahora: un regreso a cero homicidios o la continuidad de estas cifras altas?

Vendrá la respuesta de los grupos criminales que han quedado resentidos y que no van a ser llevados todos a prisión. Puede ser que haya una represalia y, entonces, lo que deben hacer los municipios es reforzar la seguridad en los corredores de violencia.

Es por eso que la mediación tiene que ser una mediación institucionalizada. Organismos probos, instituciones que tienen esa naturaleza: la intervención y la mediación. Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, Comité Internacional de la Cruz Roja. Creo que estos organismos internacionales, incluso tomando en cuenta a las Naciones Unidas, podrían pedir una reunión con el presidente y valorar alternativas para mediar.

Pero si no hay un aval del gobierno, si no hay una intermediación institucionalizada, cualquier otra organización civil que intervenga podría salir afectada.

Foto principal: GETTY IMAGES

Un pandillero de la MS-13 intentó eludir de una forma muy peculiar la búsqueda de las autoridades en El Salvador.

El país centroamericano cumple 7 días de haberles declarado a la guerra a las pandillas y miles de mareros han sido capturados.

La Policía salvadoreña publicó en sus cuentas de las redes sociales fotografías de Edgar Antonio Sigüenza, supuesto pandillero tras haberlo capturado.

Sigüenza cavó una cuevas en la que se refugiaba y la cubría con una lámina, en la localidad de el Valle Las Delicias, San Martín, San Salvador.

Este lunes también fueron capturados decenas de pandilleros, entre ellos Noé López, uno de los negociadores de la tregua pactada con el expresidente Mauricio Funes.

Los salvadoreños tienen suspendidos —hasta el 27 de abril— los derechos de reunión, asociación, defensa en un proceso penal e inviolabilidad de las telecomunicaciones.

Esta medida extraordinaria se tomó después de que se perpetraron 62 homicidios el sábado 26 de marzo, que se convirtió en el día más mortífero en la historia reciente de El Salvador.

La cifra de asesinatos —atribuidos a las pandillas— se comenzó a estabilizar el 29 de marzo al no registrarse homicidios, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PCN).

El sábado se reportaron dos asesinatos, uno de ellos a un pandillero que atacó a un agente de la PNC, informó la corporación oficial.

A una semana de instaurado el estado de excepción se reportan más de 4.000 capturas de supuestos miembros de pandillas, mientras que organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW) han manifestado su preocupación por la posible violación a derechos humanos durante dicho periodo.

*Con información de EFE

Por el miedo a ser capturado, Edgar Antonio Sigüenza, alias soldado, hizo una cueva para esconderse, en Valle Las Delicias, San Martín.

Fue localizado y capturado por nuestros agentes y en las próximas horas será enviado a un penal, donde pasará los próximos 20 años. pic.twitter.com/bj5aBTLdu2

— PNC El Salvador (@PNCSV) April 4, 2022