Hernández, que gobernó Honduras hasta el 27 de enero pasado y fue extraditado a Estados Unidos en abril, oyó los cargos en su contra y una vez terminada la audiencia abandonó la sala en medio de improperios proferidos por algunos asistentes: “Rata”, “Asesino”, “¡A arrepentirse, Juan Orlando!”.

El exmandatario permanecerá detenido y el juez Kevin Castel –el mismo que presidió el juicio que envió a su hermano Juan Antonio tras las rejas por el resto de sus días en Estados Unidos– fijó una próxima audiencia para el 28 de septiembre.

Durante la breve audiencia el magistrado dio un plazo de dos meses a la fiscalía para presentar las pruebas que demuestren la culpabilidad del acusado, que vestía pantalón y blusa azul sobre una camiseta naranja, al igual que las zapatillas, como es habitual para los reos detenidos en Estados Unidos.

“JOH”, como se le conoce en su país, fue inculpado por tráfico de cocaína a Estados Unidos, recibir “millones de dólares” de cárteles de la droga y crear un “narcoestado” durante su presidencia (2014-2022).

El abogado defensor Raymond Colon deploró las condiciones de detención de su cliente que se encuentra casi incomunicado: lo pudo ver apenas dos veces en 20 días desde que llegó a una cárcel de White Plains tras ser extraditado desde Tegucigalpa.

Su exjefe de Policía, Juan Carlos Bonilla, fue a su vez extraditado este martes hacia Estados Unidos, acusado de “supervisar” las operaciones de narcotráfico.

La extradición a Estados Unidos, del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández se inició este jueves con su traslado, esposado de manos, a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en el sur de Tegucigalpa, de donde será llevado en un avión hacia Nueva York, para ser enjuiciado por tres cargos asociados al narcotráfico.

El miércoles, la Secretaría de Seguridad informó de que el avión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) llegaría a las 7.00 horas locales a Honduras, para proceder con la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández hacia ese país, pero este jueves 21, el ministro hondureño de Seguridad, Ramón Sabillón, indicó en una rueda prensa que será hasta las 13.00 horas.

Agregó que en toda la operación para la extradición de Hernández están participando entre 800 y 1 mil efectivos de la Policía Nacional.

El traslado del exgobernante a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en el extremo sur de Tegucigalpa,  fue a las 11.30 hora local.

El helicóptero que trasladó a Hernández a la Base Aérea despegó hacia las 11.30 hora local desde una unidad especial de la Policía Nacional, donde Hernández permanecía detenido en una unidad especial de la Policía Nacional desde el 15 de febrero, cuando fue capturado en su residencia, un día después de que Estados Unidos le solicitó al Gobierno de Honduras su detención preventiva con fines de extradición.

Trasladan a Juan Orlando Hernández a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía#Honduras #EstadosUnidos #JOH #JuanOrlandoHernandez pic.twitter.com/BRWgdpZjTy

— Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) April 21, 2022

A sus 53 años, Juan Orlando Hernández ya muestra su cabello teñido de blanco.#ExtradicionJOH pic.twitter.com/NOeRWsvblX

— Kenia Chinchilla (@KeniaChinchill_) April 21, 2022

Cinco minutos después, el helicóptero de la FAH llegó a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, donde Hernández fue llevado al interior de esa instalación militar.

El exmandatario, quien el 27 de enero concluyó su segundo mandato de cuatro años en el poder, será traslado en un helicóptero a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, donde será entregado por Sabillón a oficiales de la DEA que lo llevarán hacia Estados Unidos.

Antes de su extradición, Hernández, quien padece de hipertensión, fue sometido a exámenes físicos, entre ellos una prueba de covid-19 y, según las autoridades hondureñas, goza de buena salud y ha estado “tranquilo y haciendo ejercicio”.

Hernández, de 53 años, quien fue titular del Parlamento hondureño (2010-2014) y presidente de su país (2014-2022), es el primer exgobernante de su país en ser requerido en extradición por Estados Unidos para juzgarlo por narcotráfico.

El exmandatario ha reiterado que es inocente de los cargos que le imputan, y según informó el miércoles su familia, un equipo de abogados llevará su defensa en Estados Unidos.

Este fue el último mensaje que envió Hernández previo a su extradición en el que reitera su inocencia.

"Soy inocente": El último mensaje de Juan Orlando Hernánez previo a ser extraditado a Estados Unidos #Honduras #EstadosUnidos #JOH #JuanOrlandoHernandez pic.twitter.com/s245Uv2ROE

— Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) April 21, 2022

El primer cargo contra Hernández que le imputa Estados Unidos es por “conspiración para importar una sustancia controlada” a ese país, con el “conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente” a territorio estadounidense, “a aguas a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos”.

Además, se le acusa de “fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos”.

El segundo cargo, es por “usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión” de “ametralladoras y dispositivos destructivos”.

El cargo tres se refiere a una “conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos”, según la acusación de Estados Unidos.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras autorizó este lunes 28 de marzo la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), donde será procesado por narcotráfico, delito que en ese país puede ser castigado hasta con cadena perpetua.

Luego de analizar todos los elementos, la Corte “ha resuelto no ha lugar el recurso de apelación planteado [por la defensa del expresidente]”, lo que significa “que se confirma la decisión del juez de primera instancia, de conceder la extradición del ciudadano Juan Orlando Hernández”, dijo el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte. Esta decisión es inapelable.

Hernández será juzgado por tres delitos. El primero, referido a “conspiración para importar y distribuir una sustancia controlada a Estados Unidos”. En este caso, los 15 magistrados de la CSJ votaron unánimemente para conceder la extradición.

En el caso de los delitos de “uso y porte de armas de fuego” durante la importación de narcóticos, y de “conspiración para usar armas de fuego”, el voto fue de 13 a 2. En caso de extradición, el imputado solo puede ser juzgado por los delitos que autoriza la justicia del país de origen.

Estados Unidos solicitó el 14 de febrero la extradición de JOH -como se conoce por sus iniciales-, a quien acusa de conspirar para exportar unas 500 toneladas de cocaína a su territorio, desde 2004.

Un día después fue capturado y permanece en una prisión del cuartel de las fuerzas especiales de la Policía, conocido como Los Cobras.

A partir de este momento, las autoridades estadounidenses pueden enviar a sus agentes para buscar a Hernández.

“Muerto en vida”

Desde la cárcel, Hernández se defendió, reiterando que es “inocente” y “víctima de una venganza y una conspiración”.

“Estoy seguro de que Dios me hará justicia”, dijo en una carta escrita a mano que difundió este lunes.

Reconoció estar viviendo un momento “doloroso” y que es “duro estar separado” de sus seres queridos. “Tres cadenas perpetuas podrían llegar a constituirme en un muerto en vida”.

“Nunca creí que esta lucha por la paz de nosotros los hondureños nos llevaría a ser conocidos como narco-Estado. Sabía que esta lucha no sería fácil, tendría muchos riesgos”, dijo el mandatario.

Estados Unidos lo destacaba inicialmente como un aliado en la lucha contra el narcotráfico y fue uno de los primeros en reconocer su reelección en 2017, cuando la oposición reclamaba fraude, en medio de protestas que dejaron una treintena de muertos.

Hernández volvió a calificar las acusaciones en su contra como “una venganza de los carteles” que su gobierno ayudó a extraditar y que ahora buscan rebajar sus penas: “Una trama orquestada para que ningún gobierno vuelva a hacerles frente”.

Droga y armas

La esposa del exgobernante, Ana García, consideró que “si hay un ciudadano juzgado, debe ser juzgado en nuestro país”.

García llegó junto a una decena de simpatizantes del expresidente hasta el edificio de la Corte en Tegucigalpa, reclamando su inocencia y orando por él.

Hernández, que dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras ocho años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York de tener lazos con el narcotráfico. Los acusadores consideran que la actividad de Hernández y sus colaboradores convirtió a Honduras en un “narco-Estado”.

Como él, un exjefe de la Policía acusado de ser su cómplice también espera que se resuelva un pedido de extradición de Estados Unidos.

Un hermano del exmandatario, el exdiputado “Tony” Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por ese mismo delito.

En la petición, Estados Unidos señaló al expresidente por “conspiración (…) para importar sustancia controlada” y “poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos”.

Según la solicitud, entre 2004 y 2022 “Hernández participó en la conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares”, por mar y aire.

El narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez fue condenado este martes 8 de febrero en Nueva York a cadena perpetua y una multa de US$151.7 millones por enviar a Estados Unidos “toneladas” de cocaína en connivencia con altos cargos políticos, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández.

“El camino de destrucción emprendido por Fuentes Ramírez tanto con la violencia como con inundar Estados Unidos con cocaína, ha llegado a su fin, y pasará su vida en una cárcel federal”, asegura el fiscal Damian Williams, en un comunicado en el que se anunció la condena impuesta por el juez instructor Kevin Castel.

“Geovanny Fuentes Ramírez fue hallado culpable de importar toneladas de cocaína a Estados Unidos y proteger sus negocios ilícitos con ametralladoras”, asegura el fallo.

Fuentes Ramírez, de 52 años, “sobornó a altos funcionarios hondureños y fue responsable de actos brutales de violencia y asesinatos”, agrega. Un jurado le había hallado culpable en marzo de 2021, tras dos semanas de juicio.

El exdiputado “Tony” Hernández, hermano del exmandatario, había sido condenado por Estados Unidos a cadena perpetua por el mismo caso en marzo de 2021

Tras esta condena se va cerrando el cerco sobre el expresidente, quien es conocido por sus iniciales JOH. Hernández dejó su cargo el pasado 27 de enero tras ocho años en el poder.

Estados Unidos reveló el lunes que ya el 1 de julio había incluido a JOH en la lista de “actores corruptos y antidemocráticos”, lo que le hace inelegible para obtener un visado y poder entrar en territorio estadounidense.

Durante su juicio, Geovanny Fuentes confesó que JOH le dijo que iban a “meter la droga a los gringos en sus propias narices” sin que lo notaran.

Según el fallo del jurado, hecho público el 22 de marzo de 2021, Fuentes pagó “hacia 2013”, al menos US$25 mil a JOH cuando era presidente del Congreso hondureño, y le permitió acceder a cocaína, valorada en millones de dólares, que se producía en su laboratorio.

A partir de ahí, JOH prometió al narcotraficante que las fuerzas armadas hondureñas le brindarían seguridad y que el fiscal general de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla Banegas, protegería sus actividades de narcotráfico.

“Disparos piadosos”

Según la justicia estadounidense, JOH instruyó a Fuentes a que reportara directamente a su hermano “Tony” Hernández.

En el fallo del jurado, la fiscal del tribunal de Manhattan donde se instruyó el caso Audrey Strauss, describió a Fuentes Ramírez de “despiadado, poderoso y asesino”.

El narcotraficante estableció y operó, junto con otras personas, un laboratorio de cocaína en el departamento de Cortés en Honduras, donde producían “cientos de kilos” mensualmente, que enviaban a Estados Unidos protegidos por personal militar y policial hondureño, según la justicia estadounidense.

En varias ocasiones, entre 2010 y 2013, Fuentes ayudó a organizar, o participó directamente, en violencia relacionada con la droga.

Tras el allanamiento del laboratorio por la policía, el condenado, según la sentencia, golpeó y torturó a un oficial del que sospechaba que había trabajado en la investigación del laboratorio.

“Fuentes mató al oficial de un tiro en la cabeza”, dice la sentencia, en lo que el verdugo definía como “disparos piadosos”.

JOH rechaza los cargos. “[Es] por venganza. A muchos de ellos [narcos] los capturamos nosotros y los entregamos allá [en Estados Unidos] o están en cárceles de Honduras y otros se fueron a entregar por la presión que les hicimos”, aseguró Hernández a la AFP días antes de la sentencia de su hermano.

Hernández, que actualmente es diputado del Parlamento Centroamericano, afirma que logró reducir en 95% el paso de la cocaína por Honduras desde 2014 y que eso le valió felicitaciones de Washington.

Durante el juicio de Fuentes, los fiscales estadounidenses aseguraron que todos los presidentes de Honduras desde 2006 han recibido sobornos de narcotraficantes a cambio de protección y de la promesa de no ser extraditados.

Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014) -del Partido Nacional, el mismo que los Hernández- fue condenado a 24 años de cárcel en Nueva York en 2017 por ayudar a traficar 1.4 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Estados Unidos reveló este lunes 7 de febrero que incluyó en su lista de “actores corruptos y antidemocráticos” del Triángulo Norte centroamericano al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, antes incluso de que dejara el cargo a fines de enero.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo que Hernández fue incluido el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras, que por ley el Departamento de Estado debe reportar al Congreso y generalmente los vuelve no elegibles para visa o admisión a Estados Unidos.

“Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a actos corruptos”, tuiteó Blinken, al revelar la información.

“Nadie está por encima de la ley”, afirmó.

Hernández, que dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras ocho años en el poder, ha sido señalado por fiscales de Nueva York de mantener nexos con el narcotráfico. Su hermano, el exdiputado “Tony” Hernández, cumple cadena perpetua en Estados Unidos por ese delito. Ambos niegan los cargos.

En un comunicado, Blinken dijo que “según múltiples informes creíbles de los medios”, Hernández “se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas”.

“Además, Hernández fue identificado por su nombre en el testimonio de un testigo bajo declaración jurada en un proceso penal federal de Estados Unidos por haber recibido ganancias del narcotráfico como parte de la financiación de su campaña”, agregó.

El gobierno de Joe Biden está determinado a luchar contra la corrupción y promover el estado de derecho en el Triángulo del Norte, que considera contribuyen al éxodo de migrantes indocumentados de esos tres países a la frontera sur estadounidense.

“Continuaremos asociándonos con funcionarios del gobierno hondureño y miembros de la sociedad civil y del sector privado que muestren dedicación para combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática, incluso como parte de una política general para abordar las causas profundas de la migración irregular de la región”, aseguró Blinken.

Gobernó dos períodos, el segundo de ellos cuestionado por un posible fraude en las urnas. Juan Orlando Hernández dejó la presidencia de Honduras en medio de acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos, aunque él asegura que combatió al crimen de las drogas.

En enero de 2021 dijo la AFP que al terminar su mandato se “apartará de la vida pública” a escribir sus memorias. “Como ciudadano seguiré siempre sirviendo a la patria”, anunció el miércoles en su mensaje de despedida.

Pero algunos temas pendientes pueden complicar el descanso de quien fuera un sólido aliado de Washington en la región. A continuación, algunos aspectos para entender su situación.

Acusaciones de narcotráfico:

Su hermano Antonio “Tony” Hernández cumple cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico, y fiscales de Nueva York se refieren al exgobernante como CC-4 o “co-conspirador” del delito.

Geovanny Fuentes, otro condenado en Estados Unidos, aseguró durante su juicio que Juan Orlando Hernández le dijo que iban a “meter la droga a los gringos en sus propias narices” sin que lo notaran.

JOH, como se le conoce en Honduras por sus iniciales, rechaza los cargos. “[Es] por venganza. A muchos de ellos [narcos] los capturamos nosotros y los entregamos allá [en Estados Unidos] o están en cárceles de Honduras y otros se fueron a entregar por la presión que les hicimos”, aseguró Hernández a la AFP días antes de la sentencia de su hermano.

Hernández afirma que logró reducir en 95% el paso de la cocaína por Honduras desde 2014 y que eso le valió felicitaciones de Washington.

Aunque el gobierno de Estados Unidos no ha tomado posición pública sobre los posibles nexos del exgobernante con el narco, el miércoles, un alto cargo de la administración estadounidense dijo que “toman seriamente las acusaciones que se han hecho contra él”.

Huida, refugio o inmunidad:

Si las acusaciones contra Hernández se formalizan, “un camino es huir de la justicia, convertirse en fugitivo en países que le puedan dar protección, que no tengan extradición con Estados Unidos y puedan darle protección, como Nicaragua”, consideró Elvin Hernández, analista del jesuita Equipo de Reflexión e Investigación y Comunicación (ERIC).

Recordó que el expresidente tuvo acercamientos con el mandatario nicaragüense Daniel Ortega cuando este estaba arrinconado y cuestionado por la comunidad internacional por su permanencia en el poder, y mencionó que “Nicaragua no tiene extradición y tiene experiencia protegiendo presidentes que son perseguidos por la justicia”, como los exgobernantes salvadoreños Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes.

“Uno cuando lee esos textos [de los fiscales de Nueva York] queda convencido de que [Hernández] es actor de fondo en la investigación (…). Lo ubican como un líder ambicioso del poder de su partido y desde allí avanzó a tener control del gobierno y desde allí avanzó a convertirnos en un narco-Estado”, comentó Elvin Hernández.

Hernández fue juramentado el jueves como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo, lo que le concede derecho a inmunidad y antejuicio.

Extradición:

“Lo que le espera a JOH es pagar las consecuencias y los castigos por haber estado involucrado en actos reñidos con la justicia estadounidense”, consideró el sociólogo y exprofesor universitario Pablo Carías.

Al perder el control del gobierno, “rápidamente se encontrará en soledad, con la ausencia de toda la estructura que él formó, orientada al desmantelamiento de la institucionalidad jurídica del país y a sustituirla por un sistema de impunidad”, agregó.

“Hay importantes sospechas de que él puede ser extraditado a las cortes de Estados Unidos”, precisó Carías.

“Recién escribí una carta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos aconsejándole acusar y extraditar de forma inmediata al expresidente Hernández para ser enjuiciado por cargos de tráfico de drogas”, escribió recientemente en un artículo la legisladora estadounidense de raíces centroamericanas Norma Torres.

Colaborador:

Otra posibilidad, según Carías, es que JOH se convierta o que ya esté colaborando con la agencia antidrogas estadounidense (DEA), para no solamente reducir penas sino convertirse en un colaborador, “y que partir de allí su vida quede en manos de la DEA”.

Su detención ocurre a menos de un mes de los comicios presidenciales con los competidores favoritos salpicados por señalamientos de corrupción y narcotráfico. También lo está el actual presidente, Juan Orlando Hernández, quien dejará el cargo en 2022 después de ocho años en el poder.

Rodríguez, del Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE), no figura entre los preferidos para los comicios del 28 de noviembre.

Según el Ministerio Público (MP, Fiscalía), es requerido por “lavado de activos”. Además, un testigo protegido contó que Rodríguez, en sus funciones como capitán de las Fuerzas Armadas, “realizaba operativos (…) y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad, quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo denominado ZIPE”.

“Según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas, incluido un informante” de la DEA, indicó la institución.

La Fiscalía precisó que también se le acusa de negociar entregas de drogas que habían sido robadas a otras organizaciones criminales y de dar el dinero por estas operaciones a su esposa y a su suegra, detenidas junto con Rodríguez.

Tras hacer una revisión de las cuentas bancarias de los detenidos, se evidenció que “la actividad mercantil realizada y registrada ante la administración de rentas no es coherente con lo declarado” ante el fisco, precisó el MP.

Es una venganza”

En momentos de ser aprehendido, Rodríguez llevaba a una niña en brazos. Consideró su detención como “ilegal”, y rechazó todos los cargos que se le imputan.

“¿Estoy en lavado de activos y narcotráfico? Es venganza del presidente porque su hermano está preso en Estados Unidos. A mí me pueden buscar lo que quieran, yo no tengo nada que esconder”, dijo en un video grabado por sus colaboradores.

En los últimos meses, Rodríguez había asegurado que fue uno de los que acusó de narcotráfico a Tony Hernández, exdiputado y hermano del presidente, actualmente condenado a cadena perpetua por ese delito en Estados Unidos.

Según había señalado en los últimos días, era perseguido para presuntamente dar con el paradero de un supuesto dinero del exparlamentario.

“Es una persecución que no es nueva (…) Está siendo perseguida la democracia, una figura a la presidencia de la República”, dijo a la AFP el candidato a la vicepresidencia y jefe de campaña de MIDE, Israel Zelaya.

El dirigente no cree en las acusaciones contra su candidato y espera que pueda enfrentar en libertad los cargos que se le imputan.

En octubre de 2016, la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa había advertido que Santos Rodríguez se encontraba “bajo investigación debido a sus presuntos vínculos en actividades de narcotráfico y corrupción”.

El presidente Hernández asegura que los señalamientos contra él y su hermano son “falsos” y forman parte de una represalia de capos de la droga que su gobierno ayudó a extraditar a Estados Unidos.

Los favoritos para las presidenciales de Honduras son el oficialista y actual alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura (Partido Nacional, derecha), y Xiomara Castro, del izquierdista Libre.

Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, fue condenado este martes por un juez de un tribunal federal de Nueva York a cadena perpetua por narcotráfico.

“Basado en la libre elección de Juan Antonio de involucrarse en una vida de tráfico de drogas durante un período de 12 años, que afectó la vida de personas en los Estados Unidos y en Honduras, una sentencia de cadena perpetua es muy merecida”, dijo el juez Kevin Castel.

“Tony” Hernández, diputado en el Congreso hondureño entre 2014 y 2018, fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami y declarado culpable en un tribunal de Nueva York el 18 de octubre de 2019 de traficar cocaína con destino a EE. UU., posesión de armas y mentir a las autoridades estadounidenses.

Además, el juez dictaminó el embargo de bienes y propiedades por valor de US$138.5 millones, que coincide con la cantidad que supuestamente obtuvo Tony Hernández con la venta de la cocaína entre 2004 y 2015, y lo condenó a otros 30 años por el resto de los cargos, entre los que estaba el uso de armamento.

Castel insistió durante la lectura de su sentencia que el acusado y sus coconspiradores, entre los que citó al presidente Juan Orlando Hernández, “fueron indiferentes a las consecuencias de sus actos en las vidas de las personas de su propio país y de este país (EE. UU.)”, por lo que subrayó que “una sentencia larga promoverá el respeto por la ley y servirá como un disuasivo para otros que puedan implicarse en una conducta similar”.

Durante la vista, el abogado de Hernández, Peter Brill, solicitó en primer lugar un aplazamiento de la sentencia, que fue denegada por el juez y anunció que presentará una apelación.

“Tony” Hernández tomó la palabra antes de escuchar la sentencia para insistir en dicho aplazamiento y recriminar a su abogado por lo que consideró una mala representación.

Para argumentar dicha postergación el acusado aseguró que la Fiscalía había ocultado pruebas que podrían favorecerlo, algo que el juez rechazó insistiendo que había llegado el momento de dictar sentencia después de un año y cinco meses de que un jurado lo hubiera declarado culpable.

En su comparecencia, la Fiscalía recriminó a Tony Hernández y lo calificó de “arrogante” por su intervención, asegurando que en lugar de mostrar remordimiento por sus actos “se queja de los abogados”.

Poco antes de conocerse el veredicto, el presidente de Honduras aseguraba a través de su cuenta de Twitter que la noticia que se esperaba de Nueva York sería dolorosa.

“Para toda la familia, la noticia que se espera de Nueva York será dolorosa. ¿Y qué más se puede decir de un juicio en el que el testimonio del principal “cooperador” de los fiscales ahora queda expuesto por las grabaciones secretas de la propia DEA (la Administración para el control de drogas de EE. UU.) como una mentira?”, escribió el mandatario hondureño que ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones de narcotráfico vertidas contra él durante el proceso.

Asimismo, y como ya ha hecho en varias ocasiones ha subrayado que según el Departamento de Estado de Estados Unidos el tráfico de drogas en Honduras se redujo en un 95 % desde su llegada a la presidencia.

“Antes, las narcoavionetas aterrizaban como moscas en territorio hondureño a vista y paciencia de las autoridades. Hoy, el tráfico de drogas se redujo en un 95 % en Honduras. Lo dice el Depto. de Estado de EE. UU. NO lo digo yo”, declaró en un mensaje.

El presidente de Honduras fue socio en un laboratorio de cocaína que fabricó toneladas de droga para enviarla a Estados Unidos, aseguró este viernes un fiscal de Nueva York en un juicio por narcotráfico que aborda la corrupción arraigada al más alto nivel político en el país centroamericano.

Los fiscales de la corte federal de Manhattan aseguran que Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, fue socio en el tráfico de drogas del acusado Geovanny Fuentes Ramírez y de su hermano Tony Hernández, declarado culpable de narcotráfico a gran escala en Nueva York en 2019.

Y aunque no lo han inculpado, a lo largo del proceso de dos semanas insistieron en su participación en la conspiración.

“Juan Orlando Hernández no solo quería el efectivo del acusado (en sobornos), quería acceso a la cocaína del acusado (…) para poder exportarla” a Estados Unidos a través de Puerto Cortés, el mayor puerto hondureño, cercano al laboratorio de cocaína instalado en Cerro Negro, dijo el fiscal Michael Lockard en su alegato de clausura del juicio de Fuentes.

El fiscal dijo que el intermediario entre el presidente y Fuentes era su hermano Tony.

“Tony Hernández, como Juan Orlando Hernández, era uno de los socios del acusado en el tráfico de droga. Es el hombre que dirigía el narcotráfico para Juan Orlando, que aceptó sobornos del dinero de la droga de Los Cachiros, es el hombre que envió kilos de cocaína con sus iniciales”, dijo Lockard.

Afirmó que “Los Cachiros pagaron enormes sumas de dinero a presidentes y candidatos presidenciales: a Juan Orlando Hernández, a su predecesor Pepe Lobo, a su predecesor Manuel Zelaya, a Ricardo Álvarez que se convirtió en vicepresidente y a muchos otros”.

El presidente de Honduras niega todas las acusaciones y asegura que combatió con gran éxito el narcotráfico desde que asumió el cargo en 2014.

“Demasiado dinero en juego”

El fiscal Lockard afirmó que el laboratorio de cocaína, ubicado cerca de la ciudad de Choloma, en el norte de Honduras, no fue cerrado tras su allanamiento en 2011, como se presumió en la época, sino que siguió operando después de 2013.

Recordó que en la operación policial realizada en 2011 no se hallaron drogas, pues el acusado fue alertado del allanamiento, y que luego Fuentes secuestró, torturó y asesinó junto con su socio Melvin “Metro” Sandres al policía que dirigió el operativo.

“El laboratorio no cerró porque el acusado llegó a un acuerdo con Juan Orlando Hernández y su hermano (…) para que siguiera funcionando”, dijo Lockard. “Había demasiado dinero en juego”.

En su alegato final, el abogado de la defensa Avi Moskowitz atacó duramente la credibilidad de los testigos cooperantes del gobierno, sobre todo del exjefe del cartel Los Cachiros, Leonel Rivera, que confiesa haber matado u ordenado el asesinato de 78 personas y enfrenta una pena de cadena perpetua más 30 años de cárcel.

Desalmado

“Ese hombre tiene que ser la persona más vil y despreciable que cualquiera de nosotros haya conocido en cualquier ámbito de la vida. Y esa es la persona que el gobierno puso en el banquillo de los testigos, y a quien pidió creer más allá de toda duda razonable. Un hombre que no tiene moral, no tiene escrúpulos y probablemente no tiene alma”, dijo Moskowitz.

También dijo que el gobierno no ha mostrado videos, fotos, informes policiales o forenses u otras pruebas que garanticen la culpabilidad del acusado.

“La conclusión es que no hay pruebas de ningún trato corrupto con todos esos policías y políticos”, aseveró.

Los fiscales aseguran que el acusado eliminó pruebas como mensajes de texto y WhatsApp, pero destacan que tenía el contacto de Hernández y de muchos otros políticos y policías en su teléfono celular, y que en dos oportunidades buscó cómo conducir a la casa presidencial en la aplicación Waze, justo después de que fiscales estadounidenses presentaran ante la justicia documentos claves en el caso contra Tony Hernández.

“Las pruebas en el juicio han mostrado que el acusado es exactamente quien dijimos que era, un narco violento que distribuyó montos masivos de cocaína y cometió actos de corrupción y asesinatos”, sostuvo por su lado el fiscal Jacob Gutwillig.

Fuentes, detenido hace un año en Miami, es acusado de tres delitos de narcotráfico y posesión de armas. El jurado comenzó a deliberar su veredicto el viernes y seguirá haciéndolo el lunes próximo.

La sentencia de Tony Hernández, acusado de traficar 185 toneladas de cocaína a Estados Unidos, está prevista para el 30 de marzo.

Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014), fue sentenciado en 2017 en Nueva York a 24 años de cárcel por el tráfico de 1.4 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Todos los presidentes de Honduras desde 2006, incluido el actual, recibieron sobornos del cartel Los Cachiros a cambio de protección y de contratos gubernamentales para lavar dinero de la droga, aseguró este jueves su exjefe, Leonel Rivera, en un juicio en Nueva York.

En un impactante testimonio en la Corte Federal de Manhattan, Rivera contó que Los Cachiros entregaron a Hilda Hernández, hermana del presidente Juan Orlando Hernández, 250 mil dólares en efectivo en 2012, cuando éste era congresista y candidato a la Presidencia, a cambio de “protección” para que “no nos fueran a capturar en Honduras” ni la policía militar ni la preventiva.

La coima buscaba asimismo “que no fuéramos a ser extraditados yo y mi hermano (Javier) a Estados Unidos”, y que el gobierno diera al cartel “contratos para lavar dinero del narcotráfico”, dijo Rivera.

Fiscales del distrito sur de Nueva York consideran al actual presidente de Honduras como un “co-conspirador” del presunto narcotraficante Geovanny Fuentes en el tráfico de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Hernández niega tajantemente las acusaciones y no ha sido inculpado.

“Cómo creer testimonios falsos que yo hacía tratos con los narcos, cuando es hecho comprobado que Los Cachiros buscaron un trato con USA por lo imposible de los criminales de hacer un trato conmigo”, tuiteó el presidente el miércoles.

Sobornos en efectivo

Rivera también dijo que, en 2014, cuando Hernández ya era presidente, entregó 50 mil dólares en efectivo en un restaurante de Tegucigalpa a su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández porque éste “prometió contratos para Inrimar”, una empresa fachada de Los Cachiros para lavar dinero.

Tony Hernández fue hallado culpable de narcotráfico en Nueva York en 2019 y su sentencia está prevista para el 23 de marzo.

No es la primera vez que el presidente de Honduras es implicado en el tráfico de drogas: durante el juicio de su hermano Tony, el exalcalde hondureño Alexander Ardón contó que asistió en 2013 a una reunión donde el exjefe del cartel de Sinaloa Joaquín “Chapo” Guzmán entregó a Tony un millón de dólares para la campaña a la presidencia de Juan Orlando Hernández.

Rivera, un testigo cooperante en el juicio de Fuentes que se inició el lunes en Nueva York, relató asimismo que pagó medio millón de dólares al vicepresidente Ricardo Alvarez en 2012, cuando éste era candidato a la presidencia de Honduras, a cambio de “darnos protección”.

Alvarez “prometió anular la ley de extradición” a Estados Unidos y nuevos contratos gubernamentales para las empresas fachada de Los Cachiros, dijo Rivera, un legendario jefe de la droga que confiesa 78 asesinatos y trabajó para la agencia antidrogas estadounidense DEA en Honduras dos años, hasta que se entregó a las autoridades estadounidenses en 2015.

El vicepresidente negó “cualquier vínculo o recepción de dinero de procedencia ilícita” en su cuenta de Twitter. “No tengo nada que ocultar”, afirmó.

Los Cachiros sobornaron asimismo en 2006 con medio millón de dólares del narcotráfico al expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), a cambio de “poner como ministro de Seguridad a un primo mío”, dijo Rivera al jurado. Pero finalmente eso no sucedió, aclaró en su segundo día de testimonio este hombre calvo y de bigote fino, vestido con un traje de presidiario amarillo y con los tobillos encadenados.

Zelaya también rechazó las acusaciones. “Prueba irrefutable que nunca recibí un soborno es que jamás nombré un ministro, ni del crimen organizado, ni por presiones de la embajada americana”, escribió en Twitter.

El líder de Los Cachiros reveló asimismo que el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014) “nos dio varios contratos de carreteras (…) así se lavaba el dinero del narcotráfico”.

Durante el juicio de Tony Hernández, la fiscalía estadounidense dijo que Lobo y el actual presidente recibieron millones del narcotráfico en sobornos y financiación electoral.

El hijo de “Pepe” Lobo, Fabio, fue condenado a 24 años de cárcel por narcotráfico en 2017 en Nueva York.

“Lo disfrutaba”

Rivera contó que su hermano y él se entregaron a Estados Unidos cuando Washington comenzó a investigarles y sintieron que su vida corría peligro en Honduras.

El “Cachiro”, como se le conoce, enfrenta una pena de cadena perpetua más 30 años de cárcel, pero espera obtener una reducción de su sentencia a cambio de su testimonio en este juicio y otros pasados, como los de Tony Hernández y Fabio Lobo.

En su contrainterrogatorio, el abogado de la defensa Abraham Moskowitz intentó mostrarlo como un asesino despiadado que solo recuerda con lujosos detalles lo que le conviene y que ha mentido a los fiscales.

Respondiendo a las preguntas de Moskowitz, Rivera dijo que mataba, torturaba, miraba cuando otros torturaban y “lo disfrutaba”. “¿Se sentía poderoso (mirando las torturas)?”, preguntó Moskowitz. “Sí señor”, respondió el Cachiro.