Amanda María Lemus Gonzáles, hermana de la diputada Patricia Sandoval González, este jueves 5 de agosto fue citada a una audiencia en el Juzgado de Extinción de Dominio debido a que el Ministerio Público (MP) la vinculó a dinero y vehículos relacionados a una estructura del narcotráfico que habría dirigido su conviviente José Ramón Reyes Villagrán.

En la audiencia, los fiscales explicaron al juez Marco Antonio Villeda que durante un allanamiento en un inmueble vinculado a Reyes Villagrán se decomisaron US$8 mil -unos Q60 mil-, una camioneta y tres picops de modelo reciente; asimismo una pistola y una máquina contadora de billetes.

No era de su propiedad

Lemus González reiteró que lo confiscado por el MP no era de su propiedad y no se oponía a que pasaran a ser propiedad del Estado.

Los fiscales implicaron a la hermana de la diputada en el proceso de extinción debido a que lograron determinar con las pesquisas que los servicios mecánicos de tres vehículos fueron pagados con cheques de Lemus González.

Ese hallazgo permitió vincularla a la estructura y en la investigación determinaron que fue conviviente de Reyes Villagrán.

La desvinculan del caso

En la audiencia el juez Villeda le aclaró a Lemus González que al no probarse tener por propiedad de los bienes en proceso de extinción de dominio quedaba desvinculada del caso.

Lemus González al finalizar la audiencia salió de la sala apresurada junto a su abogado.

Condenado

Reyes Villagrán, conviviente de Amanda María Lemus González, el 7 de junio último fue condenado a 24 años de prisión federal por tráfico de drogas en el Distrito Este de Texas, por el juez Sean D. Jordan.

Villagrán se declaró culpable el 1 de septiembre de 2020 de conspiración para importar cocaína, fabricar y distribuir e importar cocaína a los Estados Unidos.

Según información presentada en el tribunal, Villagrán era miembro de una organización de narcotráfico responsable de cargamentos de cocaína de varias toneladas con origen en Colombia.

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Las drogas se enviaron a Costa Rica, Guatemala y México para su posterior distribución a los Estados Unidos.

Las autoridades de estadounidenses encontraron culpable a Villagrán de “transportar la mayoría de los cargamentos de cocaína en aviones, lanchas rápidas, semirremolques y vehículos de pasajeros. Villagrán participó en la coordinación de aviones utilizados para transportar cargamentos de cocaína que partían de Colombia y Venezuela para llegar a sus pistas de aterrizaje clandestinas en Guatemala. A partir de entonces, distribuyó la cocaína a granel a sus clientes en Guatemala y México”.

El fiscal federal interino Nicholas J. Ganjei, señaló: “A pesar de la sofisticada red de rutas de contrabando por tierra, mar y aire, no fue suficiente para ocultar las actividades delictivas del señor Villagrán y sus asociados a los investigadores estadounidenses y nuestros aliados de las fuerzas del orden en el extranjero”.