Durante una reunión que comenzó con dos horas y media de retraso, debido a consensos que aún se buscaban de última hora, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República integraron las dos ternas de aspirantes a relatores contra la tortura, donde destaca el nombre del exjuez Mynor Moto.

La reunión estaba prevista para las 8.30 de la mañana de este martes 5 de diciembre; sin embargo, en un salón contiguo a donde se tenía prevista la votación para las ternas, varios diputados se encontraban reunidos para llegar a consensos.

“Pues efectivamente yo creo que ustedes saben que este tipo de elecciones son netamente políticas, el Congreso es un órgano político y requiere de mucho consenso para poder llegar a finalizar los procesos; sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos es representativa ya que está integrada por un miembro de cada bancada, es una comisión constitucional entonces hay que darle la importancia que se merece, a eso se debe el tiempo y gracias a Dios pudimos terminar con el proceso”, expuso el presidente de la Comisión, Herbert Figueroa.

A las 11 de la mañana los diputados comenzaron la sesión y votaron por los 19 aspirantes, quedando las ternas de la siguiente manera.

Terna 1

1.  Evelyn Morales Vidal
2. Gilma Valladares Orellana
3. Jonathan Josué Mayorga

Terna 2

1. Mynor Moto Morataya
2. Evelin Morales Chavez
3. Franck Ríos Ríos

El pleno del Congreso debe votar para elegir a dos relatores titulares y dos suplentes.

En la reunión del lunes pasado, los diputados de la Vomisión votaron para desechar una tacha en contra de Moto, a quien hace semanas la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó su reinstalación como juez tercero.

La tacha eran recortes de periódicos sobre los señalamientos que han existido en contra de Moto, así como las órdenes de captura que en su momento estuvieron vigentes en su contra.

En el 2021, Moto fue excluido del Consejo de la Carrera Judicial por no presentarse a su judicatura. El proceso en separación de su puesto inició el 23 de abril de 2021 por no haber tomado posesión del cargo en el Juzgado Tercero Penal el 14 de abril pasado.

En esa fecha, Moto tenía dos órdenes de captura en su contra. Estas eran por el supuesto delito de obstrucción a la justicia por el caso Comisiones Paralelas 2020 y por un supuesto acto de cobro de sobornos en el caso Libramiento de Chimaltenango.

Actualmente, las órdenes de captura ya fueron revocadas. La que respondía al caso Comisiones Paralelas 2020 fue anulada el 2 de diciembre de 2021 por el juez B Décimo Penal Jimi Brener.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) apeló esta resolución, pero fue confirmada por la Corte de Constitucionalidad en enero de 2022, por lo que el arraigo e incluso la alerta roja de la Interpol en su contra quedó sin efecto.

La orden de captura por el caso Libramiento de Chimaltenango fue revocada en febrero de 2023 por el Juzgado Tercero Penal.

De esta manera, Moto podrá retomar su cargo como juez al finalizar el proceso administrativo.

Después de haber permanecido prófugo de la justicia durante varios meses por estar sindicado en los casos de corrupción Libramiento de Chimaltenango y Comisiones Paralelas, el exjuez Mynor Moto reapareció este miércoles 22 de febrero, cuando acudió a las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), según confirmaron sectores projusticia.

Hace apenas seis días trascendió que la segunda orden de captura en contra de Moto había sido revocada y, aunque la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) impugnó el falló, la presencia del exjuzgador en las elecciones del CANG confirman que las órdenes de aprehensión en su contra ya no tienen efecto.

Pese a que Moto se ha mantenido prófugo de la justicia, gestionó por medio de sus abogados sus casos y también logró anular las órdenes de captura que había en su contra.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, señaló que “en el caso Comisiones Paralelas el señor Mynor Moto a través de una actividad procesal defectuosa logró que el juez décimo de Instancia Penal le revocara la orden de aprehensión, contra esa resolución la Feci presentó un recurso de reposición el cual está pendiente que se resuelva si se revoca la orden de aprehensión o se accede a otorgar nuevamente dicha orden de aprehensión”.

“Este recurso se presentó en noviembre del 2022 y el juez no ha resuelto”, agregó Curruchiche.

En el caso Libramiento de Chimaltenango el Juzgado Tercero Penal revocó la orden de aprehensión en contra de Moto; sin embargo, la Feci presentó un amparo que está pendiente de ser resuelto, por lo que dicha revocatoria no está en firme, pero a pesar de eso se presentó a las elecciones del CANG.

Moto estaba prófugo por el caso Libramiento de Chimaltenango desde el 12 de abril de 2021.

En este caso, según el MP, Moto “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020, donde Moto dictó falta de mérito contra 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, S. A. (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, S. A., constructoras implicadas en el caso.

Además, el MP asegura que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

La Fiscalía señala que Moto habría cometido los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de justicia. Este caso ha sido conocido por el juez Tercero Penal, Geisler Pérez Domínguez.

Además, por el caso Comisiones Paralelas, Moto estaba prófugo desde el 1 de febrero de 2021, cuando Erika Aifán, exjueza de Mayor Riesgo D, firmó la orden de captura, porque era señalado del delito de obstrucción a la justicia.

El juez B Décimo Penal, Jimi Bremer, titular del Juzgado Décimo de Instancia Penal, favoreció el 2 de diciembre de 2022 a Moto al haber anulado una orden de captura que pesaba en su contra por estar vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020.

Desde que se giró la orden de captura contra Moto por el caso Comisiones Paralelas 2020, el exjuzgdor, quien dejó su cargo de juez para ocupar una magistratura ante la Corte de Constitucionalidad (CC), pero que no pudo asumir, se encontraba prófugo.

Tras esa resolución, Bremer ordenó que se notificara a la Policía Internacional (Interpol) que ya no debía buscar a Moto.

Mynor Moto reaparece | El exjuez Mynor Moto se presenta a votar en la jornada de elecciones del Colegio de Abogados.

Moto ha logrado que se le anule la orden de captura en el caso Libramiento de Chimaltenango.

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— Edwin Pitán (@Epitan_PL) February 23, 2023

#𝙀𝙡𝙚𝙘𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨𝘾𝘼𝙉𝙂

El exjuez Mynor Moto participó nuevamente en las elecciones del @CangGuatemala. pic.twitter.com/Oq5vncdZm5

— Guatemala Visible (@guatevisible) February 23, 2023

En el caso Libramiento de Chimaltenango el Juzgado Tercero Penal revocó la orden de aprehensión en contra del exjuez Mynor Moto; sin embargo, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) presentó un amparo que está pendiente de ser resuelto, por lo que dicha revocatoria no está en firme.

Moto está prófugo por el caso Libramiento de Chimaltenango desde el 12 de abril de 2021 -hace 21 meses-.

En este caso, según el MP, Moto “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020, donde Moto dictó falta de mérito contra 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, S. A. (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, S. A., constructoras implicadas en el caso.

Además, el MP dice que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

La Fiscalía señala que Moto habría cometido los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de justicia. Este caso ha sido conocido por el juez Tercero Penal, Geisler Pérez Domínguez.

Beneficio

No es la primera ocasión en que Moto es beneficiado con la anulación de la orden de aprehensión. El 2 de diciembre pasado el juez B Décimo Penal, Jimi Bremer, fue quien favoreció al exjuez al haber anulado una orden de captura que pesaba en su contra por estar vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020.

Según el MP, en el este proceso se señaló la concentración de personas “para defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistraturas de altas cortes, quienes al ser descubiertos por el MP utilizaron la función jurisdiccional del juez Mynor Mauricio Moto Morataya para intentar obstaculizar la obtención de pruebas para el proceso y así proteger a quienes aparezcan involucrados en la investigación de la Fiscalía”.

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar un recurso de apelación que interpuso el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), contra la resolución de un juez que anuló la orden de captura que pesaba sobre el exjuez Mynor Mauricio Moto Morataya por el caso Comisiones Paralelas 2020.

Además, confirma el numeral IV) de la resolución apelada, en cuanto deniega el amparo provisional solicitado por la Feci, se lee en el documento fechado el 19 de diciembre de 2022, bajo el expediente 4565-2022.

En dicho documento se lee que se examinó la resolución del 5 de agosto de 2022 dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, constituida en  Tribunal de Amparo, en cuyo numeral IV) denegó la protección interina solicitada, en la acción constitucional de amparo que promovió el MP, por medio del agente fiscal Pedro Otto Hernández González, contra el Juez Décimo Pluripersonal “B” de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.

El 6 de diciembre pasado, fuentes judiciales confirmaron que el 2 de ese mes el juez B Décimo Penal, Jimi Bremer, titular del Juzgado Décimo de Instancia Penal, favoreció al exjuez Moto al haber anulado una orden de captura que pesaba en su contra por estar vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020.

Dicho juez revocó también el arraigo que se había decretado contra Moto cuando se le declaró en rebeldía y ordenó que se notificara a la Policía Internacional (Interpol) que no buscara más a Moto.

El MP había dicho que en dicha diligencia, el MP manifestó que esa no debía desarrollarse en virtud que no le habían entregado copia del escrito de petición del incidentante, no se encontraba presente en la audiencia Mynor Mauricio Moto Morataya, ni el representante de la Procuraduría General de la Nación, pero el juez dijo que sí era viable desarrollarla.

Fue por ello que el MP interpuso una actividad procesal defectuosa, argumentando que se estaban variando las formas del proceso y que para subsanar la actuación se debía dejar sin efecto la audiencia, pero el juez declaró sin lugar la actividad procesal defectuosa y ordenó la continuidad de la diligencia para que se siguiera conociendo el incidente en cuestión.

Fue por esa razón que el MP interpuso el amparo ante la CC señalando al juez por dicha resolución, pero ahora la máxima corte de Guatemala les negó dicho amparo.

Otra orden de captura vigente

Aunque Moto se libró de una orden de captura, el exjuez tiene una orden de aprehensión vigente, aunque esta es por el caso Libramiento de Chimaltenango.

El juez Tercero Penal, Geilser Pérez, de momento tiene el expediente por el cual se solicitó orden de captura en contra de Moto en abril de 2021 por el Caso Libramiento de Chimaltenango, la cual está vigente, pero en este proceso Pérez se ha excusado de conocer el caso y no se ha resuelto su intención de apartarse.

En este caso, la Fiscalía contra la Corrupción la requirió por un supuesto soborno dentro de dicho proceso, mismo que implica al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

Según el Ministerio Público (MP), Moto a quien identifica como exjuez tercero penal, “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020, cuando Moto dictó falta de mérito a favor de 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, S.A (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, S. A, constructoras implicadas en el caso.

Pero no solo fue un soborno, ya que el MP sostiene que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

El 8 de julio de 2021, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) resolvió excluir a Mynor Moto, extitular del Juzgado Tercero Penal, luego de que no se presentara a la judicatura a tomar posesión del cargo por tener vigentes dos órdenes de captura.

En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada Comisiones Paralelas 2020, “en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara con la finalidad de manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República”, señaló el MP en esa oportunidad.

El juez B Décimo Penal, Jimi Bremer, titular del Juzgado Décimo de Instancia Penal, favoreció al exjuez Mynor Mauricio Moto Morataya al haber anulado una orden de captura que pesaba en su contra por estar vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020, informaron este martes 6 de diciembre fuentes judiciales.

Desde que se giró la orden de captura contra Moto por el caso Comisiones Paralelas 2020, el exjuzgdor, quien dejó su cargo de juez para ocupar una magistratura ante la Corte de Constitucionalidad (CC), pero que no pudo asumir, se encuentra prófugo.

Se informó que fue el viernes 2 de diciembre pasado cuando Bremer favoreció a Moto con la revocatoria de la orden de captura y el arraigo que se había decretado cuando se le declaró en rebeldía.

Tras esa resolución, Bremer ordenó que se notificara a la Policía Internacional (Interpol) que ya no debía buscar a Moto.

Además, esa resolución también beneficia al abogado Dennis Billy Herrera Arita, vinculado al mismo caso.

Orden de captura vigente

Aunque Moto se libró de una orden de captura, el exjuez tiene una orden de aprehensión vigente, aunque esta es por el caso Libramiento de Chimaltenango.

El juez Tercero Penal, Geilser Pérez, de momento tiene el expediente por el cual se solicitó orden de captura en contra de Moto en abril de 2021 por el Caso Libramiento de Chimaltenango, la cual está vigente, pero en este proceso Pérez se ha excusado de conocer el caso y no se ha resuelto su intención de apartarse.

En este caso, la Fiscalía contra la Corrupción la requirió por un supuesto soborno dentro de dicho proceso, mismo que implica al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

Según el Ministerio Público (MP), Moto a quien identifica como exjuez tercero penal, “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020, cuando Moto dictó falta de mérito a favor de 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, S.A (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, S. A, constructoras implicadas en el caso.

Pero no solo fue un soborno, ya que el MP sostiene que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

El 8 de julio de 2021, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) resolvió excluir a Mynor Moto, extitular del Juzgado Tercero Penal, luego de que no se presentara a la judicatura a tomar posesión del cargo por tener vigentes dos órdenes de captura.

Conflicto de interés

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) en febrero de 2020 presentó la investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020” en la que se expuso un mecanismo en el que participaban políticos, jueces, magistrados, diputados y el operador político Gustavo Adolfo Alejos Cámbara con la finalidad de manipular las votaciones para elegir las cortes nacionales.

Entre las reuniones que logró documentar la Fiscalía está un acercamiento de Alejos Cámbara, Dennis Billy Herrera Arita y el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez (aspirante a magistrado).

Asimismo, los fiscales evidenciaron que Moto días antes del lanzamiento de su candidatura a magistrado de la Corte de Constitucionalidad -11 de diciembre de 2020-, se reunió con el juez Geisler Pérez y con el abogado Juan Carlos Borrayo Carbajal, quien fungía como abogado director de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara en el caso Negociantes de la Salud.

Antecedentes

En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada Comisiones Paralelas 2020, “en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara con la finalidad de manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República”, señaló el MP en esa oportunidad.

La defensa Mynor Moto, extitular del Juzgado Tercero Penal, logró que el expediente de su caso por el caso Comisiones Paralelas 2020 pase a un juzgado ordinario y ya no lo lleve el Juzgado de Mayor Riesgo D.

Según se informó, los abogados de Moto, quien está prófugo de la justicia, plantearon una acción legar en el Juzgado Décimo Penal B, que dirige Jimi Bremer, para que resolviera un incidente de inhibitoria.

El juez Bremer se declaró competente para conocer el proceso del exjuez Mynor Moto y ordenó que el expediente fuera retirado del Juzgado de Mayor Riesgo D.

El juez Bremer realizó la audiencia sin que el implicado estuviera presente y resolvió a su favor el incidente de inhibitoria, con lo cual ahora el caso pasa a ese juzgado.

Por su parte, el Ministerio Público (MP), señaló que la fiscalía se opuso a que se desarrollara la audiencia ya que no estaba presente Mynor Moto; sin embargo, el juez la llevó cabo y por esa razón se planteó actividad procesal defectuosa.

Agregó que dicha fiscalía va presentar las acciones como legalmente le corresponda.

El caso Moto

Moto tiene órdenes de captura por el delito de obstrucción a la justicia por el caso Comisiones Paralelas 2020 y por un supuesto acto de cobro de soborno en el caso Libramiento de Chimaltenango.

El abogado es prófugo de la justicia desde el 1 de febrero, cuando Erika Aifán, quien en ese tiempo dirigía el Juzgado de Mayor Riesgo D, firmó la orden de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020. Está señalado del delito de obstrucción a la justicia.

En febrero de 2020, la Fiscalía Especial contra La Impunidad (Feci) presentó una investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020”, en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción).

Según el MP, la finalidad de las reuniones fue manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

Esto originó la continuidad de la investigación, el otorgamiento por la Corte de Constitucionalidad (CC) de un amparo a la fiscal general Consuelo Porras, y el planteamiento de antejuicio contra 16 funcionarios judiciales involucrados en la pesquisa.

El MP explicó en su oportunidad que en el marco del proceso de investigación se ha documento distintos eventos, entre estos, reuniones del hermano de quien fungió como comisionado postulador Dennis Billy Herrera Arita, Douglas Herrera, comisionado de postulación), con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (operador externo) y el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez (aspirante a magistratura de la Sala de Apelaciones).

Señala que se demostró que Dennis Billy Herrera Arita, tenía comunicación telefónica y/o en redes de mensajería instantánea con Alejos Cámbara y también que Douglas Eduardo Herrera Arita participó en un evento de apoyo al juez Mynor Moto en sus aspiraciones por convertirse en magistrado de la CC nominado por el Colegio de Abogados y Notarios.

Ya no podrá ser juez

El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) resolvió excluir a Mynor Mauricio Moto Morataya, extitular del Juzgado Tercero Penal, de la Carrera Judicial, luego de que no se presentó a la judicatura a tomar posesión del cargo por tener vigentes dos órdenes de captura, el 8 de julio de 2021.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó este miércoles una solicitud de antejuicio que el exjuez Mynor Moto había presentado contra la jueza Erika Aifán.

Moto buscaba que la jueza de mayor riesgo “D” fuera investigada por autorizar una orden de captura en su contra en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El exjuez argumentaba que Aifán había cometido una ilegalidad al autorizar su orden de captura pues gozaba de inmunidad por haber sido juramentado como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Moto tiene orden de captura desde el 26 de enero último, firmada por Aifán. Ese mismo día el exjuez había acudido a la CC para asumir el cargo de magistrado titular designado mediante elección por el Colegio de Abogados y posteriormente juramentado por el Congreso mediante un amparo provisional porque el proceso estaba detenido ante varias impugnaciones en el tribunal electoral del colegio.

El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Aifán, que ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

Este martes, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia denegaron las tres recusaciones interpuestas por Aifán contra de los togados Vitalina Orellana y Orellana, Sergio Amadeo Pineda Castañeda y Nery Osvaldo Medina Méndez, que conocerían la solicitud de antejuicio que interpuso Moto. 

Aifán demandó recientemente al Estado de Guatemala debido a “fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en Guatemala, incluso dentro del poder judicial”, según un comunicado difundido el martes 7 de septiembre.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegaron este martes 21 de septiembre las tres recusaciones interpuestas por la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, en contra de los togados Vitalina Orellana y Orellana, Sergio Amadeo Pineda Castañeda y Nery Osvaldo Medina Méndez.

Los tres magistrados fueron confirmados para conocer la solicitud de antejuicio presentada por el exjuez Mynor Moto, quien busca que Aifán sea investigada por el Ministerio Público (MP), por considerar que incurrió en un delito al autorizar su orden de detención.

Además, la CSJ volvió a imponer una multa de Q500 a la jueza y al abogado que planteó los recursos legales contra los magistrados en mención.

El pasado 5 de agosto, la CSJ dio trámite a las recusaciones promovidas por Aifán, pero fueron resueltas por el pleno hasta este martes.

El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Erika Aifán, que ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

Aifán firmó la orden de captura a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que vincula a Moto en el caso “Comisiones paralelas 2020” y a quien consideró no idóneo para el cargo de magistrado.

El 10 de febrero 2021, Aifán también pidió a la CSJ que los magistrados Silvia Valdés y Manuel Duarte no conocieran el antejuicio promovido en su contra por Moto. La juzgadora argumentó en esa ocasión de que ambos opinaron y pidieron informe por allanamiento a Juzgado Tercero, que estuvo a cargo de Moto.

Demanda al Estado de Guatemala

Aifán demandó recientemente al Estado de Guatemala debido a “fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en Guatemala, incluso dentro del poder judicial”, según un comunicado difundido el martes 7 de septiembre.

La petición fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su equipo legal probono de King & Spalding y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional (Vance Center), quien emitió un comunicado con la información.

Recuerda que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Aifán en 2019, pero que recientemente han surgido nuevas amenazas en procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que buscan retirar su inmunidad judicial mediante antejuicios.

La petición presentada por Aifán contra el Estado de Guatemala es por denuncias de violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Juzgado Segundo de Paz Penal citó este miércoles 1 de septiembre al exjuez Mynor Moto Morataya a una audiencia de primera declaración.

La citación es por un nuevo caso en el que se le juzgará por el abandono de cargo.

La pesquisa se originó por una denuncia que interpuso Juan Francisco Sandoval antes de ser despedido de la Fiscalía Especial contra la Impunidad por Consuelo Porras.

Se informó que la diligencia fue agendada para el próximo 9 de septiembre.

El exjuez Moto tiene vigentes dos órdenes de captura y permanece prófugo de la justicia, ya que está vinculado con los casos Comisiones Paralelas 2020 y Libramiento de Chimaltenango.

El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) resolvió el 8 de julio último excluir a Moto Morataya, extitular del Juzgado Tercero Penal, de la Carrera Judicial, luego de que no se presentó a la judicatura a tomar posesión del cargo por tener vigentes dos órdenes de captura.

Con dicha resolución se confirmó que Moto, no podrá volver a ejercer como juez.

En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020”, en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción).

Según el MP, la finalidad de las reuniones fue manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

El 12 de abril de 2021 Moto sumó su segunda orden de captura, esta vez por el caso Libramiento Chimaltenango.

Según el MP, Moto, a quien identifica como exjuez tercero penal, “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

El plan para apartar a la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, en el caso Comisiones Paralelas 2020 se habría concretado en un salón privado de un restaurante el 6 de agosto de 2020, según una declaración que obtuvo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público.

Mynor Moto, cuando era juez Tercero Penal; Claudia Paola Mansilla Figueroa, asistente de un asesor de la fiscal general; el abogado Dennis Billy Herrera Arita y Marco Aurelio Alveño Hernández habrían definido la estrategia, según la declaración que leyó la jueza Aifán este martes 24 de agosto en una audiencia en la que Herrera Arita pidió modificación al delito por el que está procesado.

Estos detalles no se habían conocido debido a que la audiencia de primera declaración de Herrera Arita estaba bajo reserva.

La declaración que obtuvo la Feci es de Alveño Hernández y fue en julio pasado.

“Recuerdo que el 6 de agosto de 2020 nos reunimos con Claudia Paola Mansilla Figueroa y el juez Mynor Mauricio Moto Morataya con el objeto de abordar varios temas, entre ellos sobre apartamientos. Mynor Moto ya estaba viendo lo de su candidatura a la Corte de Constitucionalidad. En esa ocasión Mynor Moto llegó en forma apresurada, pero me pidió que nos volviéramos a reunir y salió a relucir el plan que estaba gestando entre Paola, Moto y Dennis Billy Herrera Arita a efecto de señalar que la jueza Erika Aifán era incompetente de conocer en el caso Comisiones Paralelas”, refiere la declaración.

Agrega: “El fundamento para señalar que la jueza Aifán era incompetente era que cualquier hallazgo que se diera dentro del proceso principal debería ser puesto en conocimiento de la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público y solicitar control judicial de la causa”.

El testigo detalló: “En esa reunión Paola -Claudia Paola Mansilla Figueroa- presume que a ella se le había ocurrido la estrategia de la discrepancia, pero Dennis Herrera y su hermano -Douglas Herrera Arita- con quienes son grandes amigos comentó, que no lo habían plasmado correctamente”.

En la audiencia la jueza Aifán no aceptó reformar el delito a Herrra Arita quien continúa ligado a proceso por conspiración para la obstrucción de la justicia. La defensa del abogado pidió modificar la figura delictiva a obstaculización a la acción penal.

Análisis de veracidad

El 25 de julio pasado, un medio nacional publicó una nota sobre supuestas filtraciones en del Ministerio Público de información de casos relevantes llevados por la Feci y la Fiscalía ofreció hacer un análisis para determinar la veracidad de los señalamientos.

La nota se basa en la supuesta declaración otorgada a la Feci por Alveño Hernández en calidad de sindicado, el pasado 13 de julio.

En el supuesto testimonio, en el que también se adjuntan otras pruebas como la impresión de correos electrónicos, imágenes y conversaciones, Alveño delata el papel de Claudia Paola Mansilla Figueroa dentro del Ministerio Público (MP).

Revela que Mansilla, que fue su compañera de estudios en la Universidad de San Carlos, le contó en junio del 2020 que laboraba como asesora de Héctor Aníbal de León Velasco, que a la vez era asesor de la fiscal General, María Consuelo Porras, y quien tenía a su cargo los proyectos de apartamiento de fiscales en el Despacho Superior del MP.

En la declaración testimonial, Alveño cuenta que Édgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, de quien era abogado, le dijo el 15 de mayo de 2020 que estaba preocupado porque policías se encontraban haciendo preguntas en su domicilio en la zona 16 capitalina, y que luego tuvieron información de que se trataba de una investigación sobre el caso Bancafé.

Alveño dijo que, por ese caso, Barquín había tenido “un acercamiento” con la fiscal General “por instancias del Presidente de la República” a través de Ángel Pineda.

EL abogado dijo que, entre otras acciones, se le instruyó que “se solicitara el apartamiento de los fiscales a cargo del caso”.

Barquín también le pidió que fuera con el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del caso, para obtener más información sobre la orden de aprehensión, quien le confirmó que no podía emitir una orden de aprehensión sin fundamento.

“Plan elaborado”

De acuerdo con la declaración testimonial de Alveño, en agosto de 2020 se reunió con Claudia Mansilla y el exjuez Mynor Moto, donde le revelaron un plan para señalar que la jueza Érika Aifán “era incompetente de conocer el caso Comisiones Paralelas”, pero que dicho plan, elaborado junto con Dennis Billy Herrera, iba a ser rechazado, por lo que pidieron asesoría, ampliaron la solicitud y fue así como el 29 de octubre de 2020 fue declarado con lugar el planteamiento.

Alveño asegura que, aparte de las reuniones personales, todas las comunicaciones se dieron a través de Telegram, pero con mensajes “autodestruibles”.

Relata que después de que el caso fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Transnacionales, tal y como Mansilla se los había adelantado, ella llegó a su despacho para exigirle Q50 mil por el “apartamiento del Lic. Édgar Barquín, y que, además, le pidió que se reuniera con Maynor Moto para apoyarlo en la campaña para su elección como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Casos de la Feci

Alveño asegura que el 11 de noviembre del 2020, Mansilla lo visitó en su apartamento para recibir un adelanto de Q30 mil del pago requerido, quedando pendientes 20 mil.

Asegura que ese día, Mansilla llevó un informe con todos los casos que se llevaban en la Feci y le ofreció una copia; sin embargo, él se negó a recibirla, pero anotó los números de casos y personas en un documento que le fue incautado después por las autoridades durante un allanamiento.

El abogado continúa diciendo que el 18 de noviembre de 2020 se reunió personalmente con Moto y Mansilla, en donde le volvieron a pedir su apoyo para la elección a la CC.

“Me señaló Mynor Moto que la Licda. Éricka Aifán había comenzado con sus berrinches respecto de la discrepancia planteada; Paola Mansilla agregó que el Lic. Juan Francisco Sandoval estaba necio con operativizar el caso, pero que la Fiscal General no lo había dejado, según ella había escuchado en el Despacho Superior”, relata el abogado en la supuesta declaración testimonial.

Alveño también declaró que en una ocasión Francisco García Gudiel le contó que estaba siendo investigado por la Feci y que un agente del Deic le confirmó la investigación, por lo que le pidió que se reunieran para ver si le podía ayudar.

Cuenta que en la reunión llamaron a Mansilla y esta les confirmó que el caso en el que estaba involucrado García Gudiel era del Construcción y Corrupción. Mansilla también les habría pedido US$9 mil, la mitad por adelantado, por el apartamiento del caso, de lo que pagaron US$4 mil 500 el 23 de enero de 2020.

Además, el 26 de febrero de 2021, Alveño se enteró de que la Feci estaba efectuando allanamientos por una filtración de información que se le hizo llegar al sindicado Gustavo Alejos, exsecretario presidencial.

Alveño cuenta que, preocupado llamó a Mansilla, y esta le dijo que él estaba “clean” (limpio).