Maricela contó que le daban cuatro pastillas en la mañana y cinco más por la noche, sin explicarle por qué. Y describió cómo empleados del centro de detención inmovilizaban a otra niña mientras un médico le ponía una o dos inyecciones.

Cuando Maricela se quejó sobre recibir demasiada medicación, con el doctor del centro para niños inmigrantes en Texas (EE.UU.), este le dijo no tener control sobre esas dosis.

“Cuando tomo esa medicina, no tengo ningún ánimo…me han dado dolores de cabeza, he perdido el apetito y he tenido náuseas“, dijo.

Este es el testimonio que la migrante menor de edad compartió con abogados que hicieron visitas durante casi un año a la residencia administrada por la gubernamental Oficina de Reasentamiento para Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés).

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Al menos cuatro menores más dieron testimonios similares a los de Maricela, lo que llevó a los abogados a demandar al centro de tratamiento Shiloh, ubicado a 35 kilómetros al sur de la ciudad de Houston, ante una corte federal de Los Ángeles (California).

La parte acusadora argumentó que ORR administraba a los internos “múltiples drogas psicotrópicas sin importar los deseos o necesidades del niño”, según se lee en la demanda.

Los trabajadores del centro defendieron sus prácticas al decir que administraban los fármacos “solo en casos de emergencia” cuando los “extremos síntomas psiquiátricos” del niño representaban un peligro.

Pero la jueza Dolly Gee descartó ese argumento y el lunes ordenó al gobierno de EE.UU. solicitar autorización de padres, representantes legales o una orden judicial antes de dar fármacos psicotrópicos a estos niños, excepto si es una emergencia.

HHS

Más de 10.000 migrantes menores de edad están bajo custodia del gobierno estadounidense. La mayoría llegó desde Centroamérica y entró sin acompañantes por la frontera sur del país, aunque también hay cientos que fueron separados de sus padres tras un reciente endurecimiento de las políticas migratorias del presidente, Donald Trump.

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El escándalo que causó la separación de familias de migrantes indocumentados, práctica que fue revertida, hizo surgir más cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, abogados y medios sobre las condiciones en que detienen a los migrantes, especialmente a los niños.

El gobierno, por su parte, insiste en que las instalaciones de albergue o detención temporal para menores de edad y familias cumplen con estrictos controles contra posibles abusos y son monitoreados constantemente.

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Sobre el caso de Shiloh, el Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés) le dijo a BBC Mundo que por cuestiones de política interna no comentan “asuntos relacionados con litigios en curso” y que están revisando la reciente orden de la jueza “para determinar los siguientes pasos”.

Ansiedad y depresión

Rosa, cuya edad no está especificada en el documento judicial, cuenta que le daban cuatro o cinco pastillas al día y que creía que una de ellas era para tratar la ansiedad.

“A veces me ponían inyecciones a la fuerza…uno o dos empleados me sujetaban de los brazos y la enfermera me ponía la inyección”, describe.

Entre las drogas registradas en su expediente médico, aparecen antipsicóticos como aripiprazol y clorpromazina, y antidepresivos como escitalopram y trazodona.

GOOGLE

El centro Shiloh, un conjunto de casas rodantes en una zona rural de Texas, tiene capacidad para albergar las 24 horas a poco más de 40 niños, según estimaciones del Centro de Informes de Investigación, que ha reportado sobre el lugar en años anteriores.

Este año recibió fondos por más de US$5 millones por parte del gobierno federal, según detalla un sitio web oficial que hace seguimiento de las subvenciones que otorga el HHS.

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Shiloh está dotado para recibir a niños migrantes que “representan un peligro para sí mismos o para otros” de acuerdo a la valoración de psicólogos y psiquiatras, según detalla el HHS.

Sin embargo, esta designación no es una vía libre para administrar drogas a los menores sin autorización, según lo contempla el acuerdo de Flores de 1997, un documento que fija que los inmigrantes menores de edad sean detenidos “bajo las condiciones menos restrictivas” posibles.

“Me dijeron que si no me tomaba la medicina no me podía ir de ahí”

La madre de una de las internas aparece en la demanda diciendo: “Nadie me pidió permiso para darle medicinas a mi hija, aun cuando los empleados de Shiloh siempre tuvieron mi teléfono y mi dirección”.

Otro niño llamado Julio detalló que lo amenazaron con lanzarlo al piso y obligarlo a tomarse las pastillas. “Me dijeron que si no me tomaba la medicina no me podía ir de ahí, que la única forma de salir de Shiloh era tomándome las pastillas”.

EPA

El menor de edad detalla que, después de tomar los fármacos, “estaba más cansado, me sentía triste y mis ojos estaban llorosos… empecé a engordar… en unos dos meses engordé 20 kilos”.

BBC Mundo contactó al centro Shiloh por teléfono pero en un mensaje de operadora indica que sus oficinas están cerradas.

En un comunicado en su sitio web, informa que ha sido sometido a auditorías y visitas por parte de autoridades estatales, la ORR y de representantes de consulados de Guatemala, El Salvador y México.

“Se encontró que todos los alegatos ampliamente difundidos sobre Shiloh carecían de fundamento. Se ha concluido que los niños están bien cuidados y tratados”, dice el escrito.

SHILOH TREATMENT CENTER

El fallo de la jueza Gee del lunes también incluye que todos los menores de edad inmigrantes arropados bajo el acuerdo de Flores sean transferidos del centro Shiloh, a menos que un psicólogo o psiquiatra con licencia determine que el menor de edad representa un peligro para sí mismo o los demás.

“Estaban letárgicos”

Los testimonios de los niños surgieron a partir de unas entrevistas que condujeron abogados de varios centros de inmigración, con el fin de hacer cumplir el acuerdo de Flores sobre las debidas condiciones de detención.

Neha Desai, abogada del National Center for Youth Law en California y representante de la demanda, le cuenta a BBC Mundo que la mayoría de los menores tenían entre 12 y 17 años, y hablaban en español.

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La letrada llegó a Shiloh a partir de una conversación que tuvo con un niño en otro centro de detención en mayo del año pasado.

“Él había estado detenido en Shiloh y compartió conmigo las experiencias que tuvo ahí. Me dijo que lo habían forzado a acostarse en el suelo para inyectarlo”, dice.

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Según Desai, varios de los menores de edad con los que conversó en Shiloh“estaban letárgicos“. “Al punto de que me pareció que tomaban algo que les hacía estar adormecidos”.

Ganar la confianza de los niños no fue fácil, detalla la abogada. “Algunos son huérfanos y ni siquiera tienen un abogado. No hablan de esto con nadie, teníamos que asegurarles que no éramos funcionarios y que protegeríamos sus identidades”.

Tras las entrevistas, los abogados pidieron a los niños que firmaran autorizaciones para pedir sus expedientes médicos al gobierno.

Ahí pudieron ver qué fármacos les recetaron. También notaron que funcionarios del centro firmaron documentos médicos en el apartado de “padre o representante legal” sin serlo.

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En la demanda, los abogados afirman que, aunque los abusos “más graves” en cuanto a medicación supuestamente ocurrieron en Shiloh, a jóvenes en otras instalaciones manejadas por ORR también les dan psicotrópicos.

Algo que han reportado ampliamente medios y que han denunciado activistas, especialmente desde la oleada de críticas causada por la separación de familias indocumentadas en la frontera.

El caso de Shiloh, sin embargo, cobró notoriedad por haber llegado a los tribunales.

Ahora queda la pregunta sobre qué pasará con niños como Maricela, Rosa y Julio.

Miles de niños migrantes se han despedido en días recientes de sus cuidadores en refugios de EE.UU. para volver con sus padres. Pero cientos se quedan, preguntándose cuándo saldrán de ahí.

Para algunos, el riesgo de no volver a ver a sus padres de nuevo es muy alto.

El gobierno de Donald Trump dijo el jueves haber reunido con sus familiares a más de 1.800 niños de entre 5 y 17 años que fueron separados de sus padres en la frontera sur del país entre abril y junio, cuando intentaban cruzarla sin documentos.

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Según sus estimaciones, los padres de los 711 menores de edad restantes no califican para la reunificación.

Entre los motivos, explican, están que los adultos tienen antecedentes penales o son considerados un riesgo para los niños.

Sin embargo, hay más de 430 que el gobierno no devolverá a sus padres simplemente porque estos ya fueron deportados a sus países de origen.

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Estos casos ocupan a abogados de inmigración y organizaciones de derechos humanos que argumentan que los adultos en ocasiones no estaban conscientes de que firmaban su deportación voluntaria o que los convencían de hacerlo como garantía de recuperar a sus hijos.

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Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defienden que aquellos que fueron deportados sin sus hijos tomaron “una decisión informada”.

El destino de esos 430 niños es incierto. De no poder reunirse con sus padres, podrían ser entregados a familiares dentro del país o acabar con familias adoptivas.

BBC Mundo preguntó al Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense (HHS, por sus siglas en inglés) por su plan para este grupo específico de menores de edad, pero no recibió respuesta al momento de la publicación de esta nota.

“Se sienten abandonados”

“Muchos de esos niños se sienten abandonados. En conversaciones con sus padres, preguntan: ¿por qué no vienes a buscarme?”, le dice a BBC Mundo Michelle Brané, directora de la ONG Comisión de las Mujeres Refugiadas (WRC, en inglés).

Algunos tienen la suerte de tener familiares en Estados Unidos que los reclaman como sus responsables legales. Pero otros no tienen a nadie más en el país.

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La abogada de inmigración Cynthia Felix, del Immigrant Defenders Law Center en Los Ángeles, atendió el caso de una niña de 11 años cuyo padre fue deportado y se quedó sola.

“El juez nos pidió que la pusiéramos en contacto con su padre. Ellos hablaban para decidir si era mejor que ella se quedara aquí. Al principio ella decía que sí, pero luego se arrepintió”.

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Felix cuenta que la menor de edad, que estuvo detenida por más de siete meses, manifestó ante el juez su deseo voluntario de volver a su país de origen, con el consenso de su padre, y fue enviada.

Pero en otros casos, los padres de los niños no quieren que regresen, pues hacerlo implicaría ponerlos en peligro.

Muchas de las familias que migran desde Centroamérica escapan de la violencia de pandillas que, en algunos casos, tienen el control de localidades enteras.

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En EE.UU., los menores de edad se enfrentan a procesos judiciales de solicitud de asilo que demoran meses o años.

Y sus padres, ya deportados, tienen imposible entrar en Estados Unidos por años también.

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Si los niños hubiesen entrado junto a sus padres, advierte Brané, las familias tendrían un solo caso de solicitud de asilo. Pero al ser separados, los menores de edad adelantan un proceso judicial propio y los padres otro, los primeros en cortes de inmigración y los segundos en cortes federales bajo la acusación de ingreso ilegal en el país.

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Esto es consecuencia de la política migratoria de “tolerancia cero” implementada oficialmente por el gobierno de Trump desde mediados de abril.

Pese a que el presidente revirtió la práctica de separar familias, todavía abundan los casos de niños que no se han reunido con sus padres.

“Muchos, muchos padres no tenían idea”

El gobierno de Trump tenía una orden judicial de reunir a los más de 2.500 niños con sus padres para el 26 de julio.

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En la audiencia ante el juez federal Dana Sabraw el pasado viernes, los representantes del gobierno expusieron las cifras y dijeron que las agencias federales habían invertido grandes recursos y esfuerzos para acelerar y completar las reunificaciones.

Sabraw dijo que el gobierno merecía “un gran reconocimiento” por cumplir con la orden antes del plazo límite.

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Pero la parte acusadora, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) criticó la forma “unilateral” en que el gobierno diseñó las categorías de elegibilidad.

Además, expuso más de 20 testimonios de padres migrantes que dicen haber firmado, sin entender, formularios de deportación en los que renunciaban a llevarse a sus hijos con ellos.

“Lo que hemos encontrado es que muchos, muchos padres no tenían idea de lo que estaban haciendo. Y quieren a sus hijos de vuelta”, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU, citado por el diario The New York Times.

Según datos del gobierno, 120 padres renunciaron a reunirse con sus hijos cuando firmaron los papeles de deportación.

“Quisiéramos saber exactamente qué pasó en esos casos, si los padres tenían pleno conocimiento de lo que hacían o si se violaron sus derechos“, dice Michelle Brané, que desde el WRC está apoyando a ACLU.

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Brané explica que conoce de casos donde el adulto firmaba una carta que designaba a un familiar como cuidador de su hijo.

“Pero eso no significa que no querían reunirse con sus hijos. En algunos casos, ICE consideró que esto era la renuncia de algunos padres a tenerlos de vuelta”, dice.

No saber inglés también fue otra barrera que, según denuncian estas organizaciones, hizo que los migrantes firmaran documentos que no entendían.

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Varias organizaciones, incluidas ACLU y WRC, están recabando datos sobre los padres y sus hijos para localizarlos y asignarles asesoría legal.

“Esto puede significar que el padre vuelva a Estados Unidos o que el niño sea enviado al padre”, dice Brané.

Pero el proceso no es sencillo, involucra retos legales y es difícil saber cómo acabará.

Lo que sí es una posibilidad, advierte Brané, es que haya niños que no vuelvan con sus padres.

Este viernes venció el plazo de un mes que dio el juez Dana Sabraw, de San Diego, para entregar estos menores a sus familias.

El Departamento de Justicia (DOJ) indicó el jueves que esperaba que todos los niños “considerados elegibles para reunificación” fueran entregados a sus familiares.

El balance corresponde a 2.551 niños de entre 5 y 17 años, de los cuales 1.820 salieron de los albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para ser entregados a sus padres o representantes.

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De los 1.820, 1.420 fueron reunidos con sus padres en instalaciones de la policía migratoria ICE y 378 liberados en “otras circunstancias”, como los entregados al padre u otro pariente en libertad.

El gobierno insiste en que cumplieron el plazo, pues 711 fueron considerados “no elegibles” porque los vínculos familiares no pudieron ser confirmados, los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o bien no han sido localizados, o fueron deportados.

De hecho, según el DOJ, 431 padres fueron removidos del país sin sus niños, algunos de ellos de forma voluntaria, lo que complica la reunificación.

Con estas cifras, Sabraw “podría determinar que el gobierno está en desacato, lo que no necesariamente aceleraría el proceso de reunificación”, explicó Stephen W. Yale-Loehr, profesor de leyes migratorias de la universidad de Cornell. O “podría creerle lo que dice (sobre) que está trabajando rápidamente y de buena fe para darle más tiempo”.

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La audiencia está prevista para las 13h30 locales (21h30 GMT).

Reunificar y deportar

Las polémicas separaciones comenzaron en mayo, en el marco de la política de “cero tolerancia” de Donald Trump, cuando los migrantes, la mayoría huyendo de la violencia de América Central, entraban al país por la frontera sur, ilegalmente o pidiendo asilo.

Eran detenidos y procesados en masa, mientras que los niños con los que venían eran enviados a albergues en todo el país.

Esa política levantó una ola de condenas dentro y fuera de Estados Unidos, que presionó al presidente a ponerle fin tras seis semanas y abrir un lento proceso de reunificación.

Si Sabraw considera que el gobierno no cumplió con el plazo, probablemente pida a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a la parte acusadora, que recomiende sobre alguna sanción.

Así ocurrió el 10 de julio cuando la administración incumplió el plazo para reunir a los menores de 5 años con sus familias: 45 de ellos fueron considerados “inelegibles”.

“Queremos proponer soluciones que ayuden a mover el proceso más rápidamente de lo que se está moviendo hasta ahora”, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU en una conferencia telefónica con periodistas.

Entre las peticiones de ACLU, destaca la exigencia de un plazo de siete días desde la reunificación para que las familias puedan discutir su siguiente paso: si luchan por el asilo, si el adulto sale y el niño se queda, o si ambos aceptan ser deportados.

Para los aogados del gobierno este plazo de siete días es injustificado, pues afirman que han tenido tiempo suficiente para considerar sus opciones mientras han estado detenidos.

Manipulación de cifras

En un comunicado emitido posteriormente, Gelernt afirmó que el gobierno está manipulando cifras para ofrecer una falsa impresión.

“La administración Trump está tirándolos debajo de la alfombra al elegir unilateralmente quién es elegible para la reunificación”, dijo.

“Seguiremos responsabilizando al gobierno y reuniremos a esas familias”.

Si el juez decide que el gobierno está en desacato, podría pedirle a la ACLU que recomiende sanciones.

La Asociación de abogados migratorios de Estados Unidos (AILA) exhortó por su parte al gobierno a que disponga lo necesario “para el regreso de los más de 400 padres deportados sin sus niños”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en una entrevista con Fox News que tenía “la intención de reunir a todas las familias que podamos”.

Pero ubicar a los padres que fueron deportados a México o América Central será una tarea larga y complicada. Gelernt dijo que ya comenzó un trabajo “detectivesco”.

Para el martes -antes de que las últimas cifras fueran dadas a conocer- el Departamento de Salud y Servicios Humanos tenía bajo custodia, en refugios por todo el país, a 11.500 niños clasificados como Menores Extranjeros No Acompañados (UACs, en inglés).

Unos 917 casos no son “elegibles” para ser reunidos, o bien no se sabe aún si son “elegibles”, indicó un informe judicial del gobierno divulgado el lunes. De ellos, 463 padres podrían estar fuera del país, algunos probablemente deportados sin sus hijos.

El gobierno considera “inelegibles” las reuniones familiares si no han podido confirmarse los vínculos o si los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o no han sido localizados.

El martes, los abogados del gobierno dijeron al juez federal Dana Sabraw que 1.012 padres ya fueron reunidos con sus hijos y que esperan reunir en total a más de 1.600 familias “elegibles” antes del vencimiento del plazo este jueves.

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Pero “los otros 917 casos, incluyendo los 463 que pueden no estar en Estados Unidos, no serán reunidos antes del plazo”, dijo Adam Isacson, de la ONG Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), a la AFP. “Le tocará al juez Sabraw decidir si aprueba esto o no”.

La política de “cero tolerancia” del presidente Donald Trump provocó la detención masiva de los inmigrantes que entraban al país por la frontera sur, ilegalmente o pidiendo asilo. Esto a su vez causó que miles de niños hayan sido separados de sus padres o tutores, la mayoría entre abril y junio de este año.

Los niños fueron enviados a refugios del Departamento de Salud (HHS) dispersos en todo el país, mientras los adultos iban a centros de detención en ocasiones a miles de kilómetros de distancia de sus hijos.

Esta práctica provocó tal oleada de condenas nacionales e internacionales que Trump se retractó el 20 de junio, cuando ordenó poner fin a la separación familiar.

“Estamos trabajando mano a mano con HHS y ciertamente tenemos la intención de reunir a todas las familias que podamos”, dijo el martes la secretaria del Departamento de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, al canal Fox News.

Pero ubicar a estos padres en México o Centroamérica será un trabajo largo y arduo, advirtió Isacson.

“Hay por delante una tarea monumental. Primero necesitan una lista de los nombres de los padres deportados, que ICE aparentemente no tenía ayer (martes). Luego hay que localizar de alguna manera a personas que fueron desembarcadas en aeropuertos centroamericanos sin expectativas de volverlas a ver”, explicó.

¿Dónde están los padres?

El juez Sabraw ordenó al gobierno que entregue, antes del viernes, detalles sobre los 463 padres posiblemente deportados sin sus hijos.

“La falta de transparencia de la administración de Trump se está acercando a un bloqueo”, denunció Lee Gelernt, abogado de la mayor organización de derechos humanos del país, ACLU, que entabló la demanda contra el gobierno para exigir la reunificación familiar.

“No olvidemos que la aseveración del gobierno de que cumplirá el plazo de reunificación está basada en el hecho de que está excluyendo a los padres que no puede localizar”, dijo en un comunicado.

Hace un mes, el juez Sabraw había emplazado al gobierno a reunir con sus familiares a los niños menores de cinco años antes del 10 de julio; y a los que tienen entre 5 y 17 años antes del 26 de julio.

El primer plazo se cumplió sin que el gobierno pudiera entregar a todos los niños menores de cinco años: 45 de ellos fueron considerados “inelegibles”.

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Hasta este martes, el Departamento de Salud tenía bajo su custodia, en refugios en todo el país, a 11.500 niños clasificados como “menores sin acompañante” (UAC, en inglés), confirmó un portavoz a AFP.

Esto incluye a los niños y adolescentes que en efecto viajaron sin un adulto a Estados Unidos, pero la cifra también comprende a los niños que cruzaron la frontera con sus familias, fueron separados de ellas y reclasificados como “UAC” al ser enviados a los refugios.

Para el 16 de julio, la oficina de migración ICE tenía bajo custodia a 44.210 inmigrantes adultos en todo el país.

Más allá de la furia indisimulada de los legisladores de la oposición demócrata, los propios republicanos no esconden la incomodidad con la creciente controversia y las justificaciones esgrimidas hasta ahora por el gobierno.

En ese cuadro, Trump anunció para este martes una visita al Congreso para reunirse con integrantes de la bancada republicana, con quien debe discutir las opciones que se analizan para hallar una salida a la situación.

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Trump y altos funcionarios ya dejaron claro que el gobierno no pretende retroceder en su política de separar familias arrestadas al ingresar clandestinamente al país, a pesar del ya ensordecedor coro de críticas indignadas por semejante iniciativa.

“Yo no quiero niños siendo retirados de sus padres. Pero cuando buscamos procesar a los padres por venir aquí ilegalmente, algo que se debe hacer, hay que separar a los niños”, dijo el mandatario en un discurso ante pequeños empresarios.

En tanto, varios legisladores demócratas visitaron centros de acogida de niños separados de sus familias en la frontera y expresaron su furia al encontrarse con que los menores son mantenidos en instalaciones divididas en “jaulas”.

Rechazo mayoritario

Diversos sondeos ya muestran el rechazo mayoritario de los ciudadanos estadounidenses a esta situación, en un cuadro que podría claramente tener efectos en las elecciones legislativas de medio término.

El gobierno, en tanto, se aferra con firmeza a la teoría de que la separación familiar es resultado de la ley vigente, y que los legisladores demócratas son los responsables por esta situación, al negarse a votar una ley de reforma del sistema migratorio.

Como forma de preparar el terreno para su visita al Congreso, Trump apeló a la red Twitter: “¡Los Demócratas son el problema!”, reiteró.

Según el presidente, a los demócratas “no les importa la criminalidad y quieren inmigrantes ilegales, no importa cuán malos puedan ser, para inundar e infectar nuestro país, como el MS-13”, en referencia a la Mara Salvatrucha.

Los republicanos controlan las dos Cámaras del Congreso, pero Trumpresponsabiliza a los demócratas porque en el Senado precisa de 10 de sus votos para que una ley resulte aprobada.

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En la actualidad, en el Congreso circulan dos proyectos de ley relativos a la cuestión migratoria.

El primer proyecto es claramente de ‘línea dura’, apoyado por los sectores más ultraconservadores, y el segundo es considerado de “compromiso” con los demócratas.

Este último proyecto pone fin a la separación de familias, protege de la deportación a aquellos inmigrantes llegados al país en su infancia (los llamados Dreamers), aumenta el presupuesto de defensa fronteriza y reduce las cuotas de inmigración legal.

Este martes, sin embargo, los gobiernos de Colorado, Nueva York, Maryland y Massachusetts se negaron a enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera sur.

“No seremos cómplices de esta tragedia humana”, dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Críticas de aliados

En medio de la avalancha de críticas, el Fiscal General y Secretario de Justicia, Jeff Sessions, opinó este martes que las comparaciones con acciones de los nazis en Alemania era “una real exageración”.

De acuerdo con datos oficiales, solamente entre el 5 de mayo y el 9 de junio las autoridades fronterizas separaron a 2.432 niños cuyas familias están arrestadas en espera de proceso criminal por ingresar clandestinamente al país.

En la actualidad, el departamento de Salud y Servicios Humanos tiene bajo su cuidado nada menos que 11.700 niños y menores de edad extranjeros, retenidos en unos 100 albergues distribuidos en 17 estados del país.

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En este escenario, las reacciones se tornan más duras, inclusive por parte de aliados tradicionales que suelen tener cuidado de no irritar a Washington.

En una videoconferencia, el ministro mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que la política de ‘tolerancia cero’ que permite la división de las familias es “cruel e inhumana”.

“Quiero a nombre del gobierno y del pueblo de México expresar nuestra más categórica y enérgica condena a una política cruel e inhumana”, expresó.

Sandra Jovel, canciller de Guatemala, por su parte, dijo a la prensa que la separación de familias es “un tema de preocupación para el gobierno”.

En tanto, el gobierno de El Salvador también expresó su “preocupación” por la práctica de la separación familiar, una medida que “implica violación de derechos humanos”.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) afirma que no tiene una política de separar familias, pero los casos se dispararon exponencialmente desde que el gobierno pasó a arrestar a los inmigrantes que cruzan de forma clandestina la frontera sur del país.

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Estos son algunos datos sobre la crisis.

600.000 pedidos de asilo

Entre marzo y mayo de este año, más de 50.000 personas han sido arrestadas mensualmente por ingresar clandestinamente al país mediante la frontera con México. En un 15% de los casos se trata de familias, y un 8% son menores sin compañía de adultos.

Los ciudadanos mexicanos son devueltos a su país, pero se registra un creciente número de personas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, a quienes resulta más difícil sacar del territorio estadounidense.

Prácticamente todas las familias y los menores sin compañía de adultos solicitan asilo en el país alegando un temor verosímil de sufrir violencia en caso de que retornen a su país.

Hasta ahora, los demandantes de asilo registraban sus casos y eran liberados en Estados Unidos en espera de que estos fueran analizados.

En la actualidad, existe un acumulado de 600.000 pedidos de asilo y muchas familias nunca se presentan para defender sus casos, optando por “diluirse” en la sociedad estadounidense.

Para el gobierno de Donald Trump, esta situación se convirtió en un “imán” para quien quiera ingresar a Estados Unidos.

 Separación familiar como disuasión

Entre octubre de 2017 y abril de este año unos 700 niños fueron separados de sus padres y retenidos por semanas o enviados a centros de acogida antes de poder volver a reunirse con su familias, pero la medida no tuvo impacto en el número de nuevos inmigrantes.

Trump ordenó medidas más rígidas y el 7 de mayo el fiscal general y secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció la política de “tolerancia cero”.

Según ella, toda persona que ingrese clandestinamente resulta detenida y se enfrenta a cargos criminales. Cuando se trata de familias, los niños son separados de los padres.

En apenas cinco semanas de aplicación de la “tolerancia cero”, el número de niños separados de sus padres aumentó a más de 2.300.

¿Es una ley o una política?

Trump afirma que una ley que él heredó de gobiernos demócratas lo fuerza a separar familias de inmigrantes. Pero Sessions y otros funcionarios han hecho referencia a una “política” de procesar a los adultos por ingreso clandestino al país.

En realidad, nada obliga al gobierno a procesar inmigrantes que ingresan clandestinamente al país. Pero ello fuerza la separación de las familias.

Esto es así porque cuando los padres son arrestados por cargos criminales, deben ser separados de los niños.

“Si cruzas nuestra frontera de forma ilegal, te vamos a procesar. Si contrabandeas un niño, te vamos a procesar y los niños serán separados tal como lo requiere la ley”, dijo Sessions.

¿Qué pasa con los niños?

Una vez separados de sus padres, los niños son entregados a la Oficina de Instalación de Refugiados (ORR, en inglés), del Departamento de Salud y Servicio Humanos.

Estos menores tienen edades que van desde un año a los 18 y son retenidos en centros de acogida, donde duermen en colchones sobre el concreto en unidades delineadas por cercas metálicas que ofrecen al conjunto la impresión de una enorme jaula.

En la actualidad, el ORR tiene bajo su cuidado nada menos que casi 12.000 niños y menores de edad, siendo que unos 10.000 ingresaron al país sin un adulto.

De acuerdo con el gobierno, el ORR trata de instalar a esos niños que llegaron sin la compañía de adultos junto a familiares que ya vivan en Estados Unidos, en un proceso que puede demorar varios meses.

El ORR afirma que también tratará de ubicar a esos jóvenes recientemente separados de sus padres.

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El sitio de noticias independiente ProPublica publicó una grabación en audio del interior de una instalación de la Patrulla Fronteriza en el que se escucha a niños llorar mientras un agente bromea: “Tenemos una orquesta”.

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“Faltaba el maestro”.

“Yo no quiero que paren a mi papá, no quiero que lo deporten”, susurra una niña. “Yo no me quiero separar de mi papi”, dice otra.

El agente fronterizo pregunta en español: “¿De dónde son ustedes?” El Salvador, Guatemala, respondían los niños, parte de los 2.342 menores que entre el 5 de mayo y el 9 de junio fueron separados de sus familias al ingresar clandestinamente al país, de acuerdo con datos oficiales repasados al Senado.

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La medida desató una ola de indignación generalizada en Estados Unidos.

Una de las voces que más destaca es de una angustiada niña salvadoreña de seis años que suplica que llamen a su tía.

“Me puedo ir con mi tía por lo menos”, dice la pequeña. “Tengo el número de ella”, agrega, explicando que lo había memorizado. “Y mi mami después que me venga a traer mi tía va a venir lo más pronto posible para irme con ella”.

Según Pro Publica, el audio fue grabado la semana pasada por una persona que pidió no ser identificada.

La tía de la niña, contactada por el sitio de noticias, dijo que fue el “momento más difícil” de su vida.

“Imagínese recibir una llamada de su sobrina de seis años. Está llorando y me ruega que vaya a buscarla. Ella dice: ‘prometo que me comportaré, pero por favor sácame de aquí. Estoy completamente sola'”.

La madre de la niña fue trasladada a un centro de detención en Port Isabel, Texas, y según la tía, no ha podido hablar con su hija.

]]> 193764 https://www.guatevision.com/noticias/nacional/audio-nina-guatemalteca-llora-inconsolable-ante-patrulla-fronteriza-porque-la-separan-de-sus-padres Tue, 19 Jun 2018 01:33:04 +0000 https://www.guatevision.com/?post_type=post-noticias&p=193754

Por William Oliva

La grabación ha causado indignación entre los líderes promigrantes y grupos de derechos humanos, ya que en este se escucha el llanto aterrador de una grupo de niños inmigrantes mientras gritan “papi” o “mami”.

El video revela que cuando un agente les pregunta a las niñas de dónde son una responde que de El Salvador, mientras que otra, ahogada en llanto, responde que es de Guatemala.  

“Muchos de ellos lloran tan fuertes que pareciera que no pueden respirar y como si mami o papi fueran las únicas palabras que supieran decir”, revela la ONG.

Se trata de un grupo de niños migrantes centroamericanosque fueron separados la semana pasada de sus padres por las autoridades fronterizas, que obedecen a una política migratoria estadounidense que ha causado indignación y protestas de varias entidades y organismos internacionales de justicia y de derechos humanos, que han tildado la medida como “demasiado cruel”.

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En los gritos desesperados de los niños sobresale la voz grave de un agente de la Patrulla Fronteriza que se burla de ellos: “Bueno, parece que tenemos una orquesta aquí, sólo necesitamos un director”, revela el audio.

(Tomado de You Tube/ProPublica)

La ONG enfatiza en el testimonio de una niña del grupo, que entre gritos pide que por favor que llamen a su tía, que se grabó un número de teléfono en la memoria y que sus familiares le dijeron que ella iría a buscarla. “Sólo una llamada, sólo una llamada”, clama la menor.

Desde que la administración del presidente Donald Trump implementó el plan fronterizo “Tolerancia Cero”, unos dos mil 300 niños han sido separados de sus padres en la frontera desde abril último, según el reporte de ProPublica. 

Un momento difícil

ProPublica contó que, después de que la niña salvadoreña de 6 años recitara de memoria un número de teléfono, ellos lo marcaron y dieron con la tía de la menor. 

“Fue el momento más difícil de mi vida”, relató la familiar de la niña a la agencia. “Imágínese, recibir una llamada de su sobrina que le ruega que vaya a buscarla y que está sola”, agrega.

Cuenta que lo que más le dolió fue no poder hacer nada, porque ella y su hija de 9 años también buscan asilo en Estados Unidos, pues salieron huyendo de El Salvador por miedo a las pandillas. 

“Los pandilleros están en los autobuses, en los bancos, en las escuelas, en la policía. No hay ningún lugar donde los demás nos sintamos seguros”, relató a ProPublica. 

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La persona que grabó el audio, que por seguridad se mantiene en anonimato y que lo entregó a una abogada de derechos civiles, dijo también que había quedado devastada por el clamor de los niños, que estimó tienen entre 4 y 10 años.

Dijo que, aunque algunos agentes trataban de calmar a los menores con juguetes o bocadillos, “estos estaban inconsolables porque no tenían más de 24 horas de haber sido separados de sus padres”.

Este número corresponde al período entre el 5 de mayo y el 9 de junio. Anteriormente, el DHS había informado que entre mediados de abril y fin de mayo ese número ya había ascendido a 1.995 niños separados de sus familias.

La senadora Jeanne Shaheen subrayó en redes sociales que estos números significan que Estados Unidos separa en promedio “unos 70 niños por día” en su campaña para disuadir la inmigración clandestina hacia territorio estadounidense.

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Según la legisladora, este nuevo número fue confirmado por el DHS a su equipo en el Senado.

“Esto es repugnante, y es una pesadilla para esas familias”, aseguró Shaheen.

El gobierno enfrenta una oleada de indignación generalizada por la aplicación de esta nueva normativa administrativa, de separar a las familias de inmigrantes de sus hijos, que son mantenidos en un lugar separado y desconocido para los adultos.

Hasta el Secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se sumó a la controversia, al afirmar categóricamente este lunes que los niños “no deben ser separados de sus familias”.

La controversia se vio alimentada por imágenes de las familias siendo retenidas en lugares divididos con cercas de alambre que dan la impresión de jaulas.

Este mismo lunes, el presidente Donald Trump reafirmó la aplicación de esa controvertida norma, y afirmó que “Estados Unidos no será un campo de inmigrantes, y no será un complejo para mantener refugiados. No lo será”.

Por su parte, el Fiscal General y Secretario de Justicia, Jeff Sessions, justificó la división de familias alegando que llevar niños a través de la frontera no proporciona a esos inmigrantes “inmunidad” ante la ley.

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En tanto, en el Congreso, la legisladora Norma Torres dijo a la prensa que “esos niños han sido tomados como rehenes por Trump, porque quiere que se aprueben recursos para el muro en la frontera”.

La líder de la bancada del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que es necesario “poner punto final a esta política inhumana y bárbara”.

]]> 193624 https://www.guatevision.com/noticias/internacional/trump-eleva-aun-mas-el-tono-y-reafirma-controvertidas-medidas-contra-inmigrantes Mon, 18 Jun 2018 20:01:02 +0000 https://www.guatevision.com/?post_type=post-noticias&p=193540

“Estados Unidos no será un campo de inmigrantes, y no será un complejo para mantener refugiados. No lo será”, dijo el mandatario, quien llegó a mencionar la crisis migratoria en Europa para justificar sus criticadas medidas internas.

Según el mandatario, entre los inmigrantes que buscan entrar al país hay personas “que pueden ser asesinos y ladrones, y muchas cosas más. Queremos un país seguro, y eso empieza en la frontera. Y así será”.

“We want safety and we want security for our country. If the Democrats want to sit down instead of obstructing we could have something done very quickly, good for the children, good for the country, good for the world.” pic.twitter.com/57yNLb9E20

— The White House 45 Archived (@WhiteHouse45) June 18, 2018

“Queremos estar seguros y queremos seguridad para nuestro país. Si los demócratas quieren quedarse sentados en lugar de obstruir (las fronteras) podemos hacer algo muy rápido, bueno para los niños, bueno para el país y bueno para el mundo”, escribió Trump.

En solamente seis semanas entre abril y fines de mayo, casi 2.000 niños y menores de edad fueron separados de sus familias al ingresar clandestinamente al país, en una medida que desató una ola de indignación generalizada en el país.

La controversia es de tal magnitud que Trump se refirió al tema durante una ceremonia en la Casa Blanca dedicada al programa espacial estadounidense.

En su discurso, Trump dijo que “si uno mira lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en otros lugares… no podemos permitir que eso ocurra en Estados Unidos. No bajo mi mando”.

Poco antes, en una serie de mensajes en Twitter, Trump se había referido al “gran error” de Europa de permitir la entrada a su territorio de “millones de personas que han cambiado su cultura de forma tan fuerte y violenta”.

EEUU “no pedirá disculpas”

En tanto, la Secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, dijo este lunes que Estados Unidos “no pedirá disculpas o ceder por estar haciendo el trabajo que los estadounidenses esperan que hagamos”.

“No se confundan: nuestra frontera (sur) está en crisis. Está siendo explotada por criminales, contrabandistas y miles de personas que no tienen respeto por nuestras leyes”, dijo Nielsen.

De acuerdo con la funcionaria, el gobierno no tiene opción sino separar a los niños de las familias inmigrantes.

“No podemos detener niños con sus padres. Debemos liberar a padres y niños (…) o debemos separarlos para poder procesar a los adultos”, justificó.

Por su parte, el Secretario de Justicia y Fiscal General, Jeff Sessions, también aseguró que el gobierno no desea continuar con la odiosa política de separar niños de sus familiares, pero también coincidió en la falta de opción.

“No queremos separar niños de sus padres (…) Y No queremos traer niños a este país de forma clandestina, poniéndolos en riesgo”, alegó.

Sin embargo, Sessions reforzó que “ésta es una de las razones por las que los estadounidenses eligieron presidente a Trump. Para poner fin de la ilegalidad en la frontera sur”.

Sin embargo, Trump volvió a insistir este lunes en que la responsabilidad por esta situación es de los legisladores del Partido Demócrata, quienes se niegan a negociar una ley migratoria.

“Si los demócratas deciden sentarse a negociar en vez de obstaculizar, podríamos hacer algo muy rápidamente, algo bueno para los niños, para el país, y para el mundo. Eso podría ocurrir rápidamente”, dijo.

La insistencia de Trump en que la odiosa normativa que separa familias se apoya en una legislación aprobada durante el gobierno de Barack Obama ya ha sido cuestionada por legisladores demócratas y republicanos.

“NOTICIA: La Patrulla Fronteriza nos acaba de dar este video del Centro de Detención que cisitamos ayer en McAllen, Texas. No nos permitieron entrar nuestras cámaras ni entrevistar a nadie. Para aclarar: Este es un video del gobierno.”, dice el tuit.

BREAKING: Border Patrol @CBP just gave us this video of the detention facility we toured yesterday in McAllen, Texas. We weren't allowed to bring in cameras, or interview anyone. To be clear: this is government handout video. pic.twitter.com/Zjy80qIZFZ

— David Begnaud (@DavidBegnaud) June 18, 2018

Airadas reacciones

La medida de separación de niños familias ya provocó airadas reacciones no solo en Estados Unidos sino también en el ámbito de la ONU.

En una rara crítica directamente dirigida a Washington, la oficina del Secretario General de la ONU, el portugués Antonio Guterres, apuntó claramente que los niños “no deben ser separados de sus familiares”.

“Como regla general, el Secretario general cree que refugiados y emigrantes deben ser tratados con respeto y dignidad”, afirmó el vocero de Guterres, Stephane Dujarric.

“Los niños no deben ser traumatizados siendo separados de sus padres. Debe preservarse la unidad familiar”, añadió.

En tanto, el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Zeiz Ra’ad Al Hussein, apuntó que la medida es “inadmisible” y “cruel”.

En una nota, la líder del bloque de legisladores demócratas en la Cámara Representantes, Nancy Pelosi, calificó como “bárbara” la normativa adoptada por el gobierno de Trump.

“Esta política bárbara viola nuestras leyes de asilo y los derechos constitucionales de los padres”, aseguró.

El coro de indignados tuvo también la voz de Laura Bush, esposa del ex presidente George W. Bush,  para quien “esta política de tolerancia cero es cruel. Es inmoral y rompe mi corazón”.