Portillo, pandillero de la MS-13 se declaró culpable de delitos y su participación en cuatro asesinatos, entre ellos de las adolescentes Kayla Cuevas y Nisa Mickens en 2016, y cuatro intentos de asesinato, por lo que afronta una pena máxima de cadena perpetua, informó la fiscalía federal.

Portillo, de 26 años y conocido como “Oso” y “Turkey”, se declaró culpable en una corte federal de Long Island (Nueva York), lugar donde ocurrieron los hechos y tiene presencia desde hace décadas La Mara Salvatrucha (MS-13).

Según un comunicado de la Fiscalía, el liderazgo de la MS-13 tiene su base en El Salvador, Honduras, Guatemala y México, pero tiene miles de miembros en todo EE. UU. Con numerosos subgrupos, es la organización criminal más violenta en Long Island.

En 2017, la actividad criminal de la MS-13 llevó al entonces presidente Donald Trump a presentarse allí para declarar la guerra al grupo y prometer “desmantelar, erradicar y deportar” a sus miembros.

Ese año se conocieron 17 asesinatos cometidos a lo largo de 18 meses que las autoridades atribuyeron a las “Maras”.

Entre las víctimas estaban las amigas Cuevas y Mickens, de 16 y 15 años, ambas estudiantes de la escuela superior de Brentwood (un suburbio de Long Island), que fueron asesinadas con machetes y bates -armas preferidas de la pandilla- cuando caminaban juntas hacia sus casas.

Ninguna de las jóvenes pertenecía a la pandilla: Cuevas y algunos de sus amigos estuvieron envueltos en un altercado en la escuela con miembros de la MS-13 que posteriormente juraron vengarse de ella, señaló la fiscalía.

Indica además que Portillo, miembro del subgrupo Sailors Locos Salvatruchas Westside, y otros pandilleros salieron el 13 de septiembre en un vehículo en busca de rivales para asesinarlos cuando vieron a las jóvenes y pidieron permiso a un líder de la pandilla para matarlas, a lo que procedieron.

El cuerpo de Mickens fue hallado ese mismo día y el de Cuevas un día después, detrás de una residencia.

En 2017, Portillo fue arrestado y trasladado a una cárcel federal de Brooklyn, donde intentó asesinar a dos miembros de pandillas rivales.

El pandillero salvadoreño Moisés Humberto Rivera Luna, alias “Moica Santos”, cumplió sus 53 años en la prisión de Pavoncito, Fraijanes, Guatemala, el pasado 27 de julio. Un día después Estados Unidos pidió su extradición.

La División Contra el Desarrollo de las Pandillas (Dipanda), adscrita a la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC), notificó el 29 de julio la solicitud de extradición del líder pandillero salvadoreño por “conspiración para conducir o participar en la conducción de los asuntos de una corporación de crimen organizado o conspiración de crimen organizado”, según las leyes de aquella nación.

Rivera Luna, originario de Soyapango, El Salvador, fue arrestado en Guatemala el pasado 19 de abril en una aldea de Mixco, Guatemala, y desde entonces guardaba prisión preventiva por posesión de armas de fuego y drogas.

Este pandillero, que pertenece a una clica de la Mara Salvatrucha (MS-13), aparece en los registros oficiales con los alias de “Santos de Normandie”, “Viejo de Santos”, “Santos”, “Moi”, “Zarigüeya” y “Moica Santos”, este último con el que más se le identifica.

Rivera Luna, según datos del Centro Antipandillas Transnacional (Cat) y la Deic, es fundador y máximo líder de la clica Normandie Locos Salvatruchas de la MS-13 en El Salvador, que surgió en los Estados Unidos en la década de 1990 y también es miembro de la ranfla nacional histórica de esa organización.

Dentro de esa ranfla funcionaba como palabrero o corredor de programa. Fue deportado de los Estados Unidos en 1990, pero antes de ello tenía antecedentes por un robo de auto el 27 de abril, un robo a mano armada el 29 de mayo y venta de droga el 31 de octubre, todos en 1990.

En El Salvador fue perseguido por posesión y tráfico de cocaína en abril de 1999, portación ilegal de armas y tenencia ilícita de droga en agosto de ese mismo año.

En ese 1999 Rivera Luna fue apresado y sentenciado a 25 años de prisión por asesinato. En septiembre de 2021 cumplió la condena y fue liberado.

Sin órdenes de captura vigentes en El Salvador, migró a Guatemala desde marzo cuando el presidente Nayib Bukele declaró estados de Excepción para contrarrestar la violencia que generaban las pandillas en aquella nación.

A la fecha “Moica Santos” es uno de los 63 pandilleros salvadoreños arrestados en Guatemala. De estos han expulsado a 47 y él es el primero pedido en extradición por Estados Unidos.

Rivera Luna está actualmente en prisión preventiva en el centro de detención Pavoncito, en Fraijanes, Guatemala, sindicado por tenencia ilegal de armas, drogas y municiones.

Fue detenido el pasado 19 de abril en una vivienda de la aldea Lo de Coy, Mixco, Guatemala, durante operativos antipandillas que dirigió el Ministerio Público junto con la Dipanda de PNC. Aquel día también fueron aprehendidos los salvadoreños Carlos Adonay Romero Rosales, de 19 años, alias Boyca, sicario de la clica Sob Say de la MS-13 y Dora Alicia Sandoval García, de 19 años, alias La Seca, que integra también la clica Norman Locos Salvatrucha de la MS-13.

Ambos son músicos de batucada. Juan Erazo, de 24 años, además estudia en la universidad. José Orellana, de 22, es ayudante de carpintero. Viven en Mejicanos, en un barrio dominado por pandillas en el norte de San Salvador.

La noche del 5 de junio, la policía llegó a la casa de Juan. Su esposa Ana Gabriela Arita, de 20 años, dice que le pidieron cortesmente que los acompañe a la delegación policial para “averiguaciones”. No volvió más.

Igual ocurrió con José, que vive a pocos metros de su primo. “Son inocentes”, asegura, mientras muestra en su celular una foto de su esposo Juan.

En respuesta a una escalada de 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo, el Congreso acogió un pedido de Bukele para decretar un régimen de excepción, que se ha extendido al menos hasta fines de julio, y ha permitido detener sin orden judicial a más de 43.000 presuntos pandilleros.

La mayoría de ellos relacionados con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, que por décadas han sembrado terror en el país.

La medida cuenta con más del 90% de respaldo ciudadano, según recientes encuestas.

Comerciantes celebran que con la mano dura del gobierno han disminuido las extorsiones que realizan estas agrupaciones delictivas, y ciudadanos dicen caminar más seguros por la calle.

Pero organizaciones como Amnistía Internacional y la ONG Human Rights Watch han cuestionado los procedimientos y llamado a Bukele a respetar los derechos humanos.

En tanto, el gobierno de Estados Unidos mostró su preocupación por detenciones “arbitrarias” y “muertes de detenidos”.

– Acusación anónima –

Ana Gabriela cuenta que las detenciones ocurrieron producto “de una denuncia anónima, totalmente difamatoria”.

“No hay por dónde decir que él [Juan] era delincuente, si lo único a lo que se dedicaba era a estudiar y trabajar”, dice en tono triste la joven, que también estudia con su pareja en la Universidad de El Salvador.

Juan dirige desde hace cinco años un grupo musical de batucada llamado “Rusamba” compuesto por más de una treintena de personas, entre ellas su esposa y su primo José.

Viven de los cobros de las presentaciones.

“Ha sido un infierno”, remarca Ana Gabriela, que dijo saber “poco” de la condición de su esposo y su primo, ambos recluidos en el centro penal de Izalco, 60 km al suroeste de San Salvador.

En medio de la ola de detenciones, entre marzo y junio 456 personas detenidas durante el régimen de excepción fueron puestas en libertad al no encontrar méritos para continuar en prisión, según la Fiscalía.

“Nuestra esperanza es que se haga pronta justicia (…), no le tenemos miedo a la investigación porque sabemos el tipo de personas que ellos dos son”, sostiene.

Un abogado defensor público asignado únicamente ha dicho a la familia que, por el momento, seguirán presos.

Pero la familia dice que seguirá en la lucha por liberarlos.

– Una guerra a largo plazo –

“Ha cambiado bastante la situación en el país, uno se siente más seguro, se siente un poco más tranquilo en las calles, ya no hay gente que lo baje a uno de los buses o que le bajen [le roben] el dinero”, señala en referencia a los pandilleros Rafael Sandoval, un comerciante informal de San Salvador de 52 años.

Alonso Arreola, de 54 años y también comerciante en la capital, asegura que “ahora” ya puede “circular” por distintas colonias sin problemas.

Bukele, quien informa con orgullo la disminución de la actividad delictiva tras su plan, prometió “arreciar la guerra” contra las pandillas, luego del reciente asesinato de tres policías.

Los operativos de búsqueda de pandilleros se mantienen por parte de la policía con ayuda del ejército, mientras avanza la construcción de una megacárcel para encerrar a 20.000 pandilleros.

“Es un momento clave, la policía como la Fuerza Armada tienen la capacidad de derrotar a las pandillas y el régimen de excepción lo facilita”, señala el criminólogo Misael Rivas.

“Es vital mantener el control en territorio y no dejar que el fenómeno vuelva a ser como una epidemia”, agrega el experto.

Sin embargo, para Zaira Navas, jefa de la unidad de Estado de Derecho y Seguridad de la ONG Cristosal, “el régimen de excepción ha sido la excusa que el gobierno usa para violar derechos humanos de muchos de los detenidos”.

Según un recuento de Cristosal y otras organizaciones de la sociedad civil, al menos 52 personas detenidas durante el régimen de excepción han fallecido en penales en circunstancias no esclarecidas.

En un comunicado, Blinken reaccionó a la reforma aprobada el pasado martes por la Asamblea Legislativa, que dicta penas de 10 a 15 años de cárcel por “cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas”.

El titular de Exteriores estadounidense aseguró que dicha enmienda “criminaliza el periodismo sobre ciertas actividades de las pandillas” y “da pie a intentos de censurar a los medios y prevenir las informaciones sobre corrupción y otros asuntos de interés público”.

“Los periodistas deben tener la libertad de hacer sus trabajos sin miedo a la violencia, las amenazas o las detenciones injustas”, dijo Blinken, quien expresó también su temor de que la reforma se utilice para “silenciar a críticos del Gobierno salvadoreño”.

El jefe de la diplomacia estadounidense se mostró preocupado por el “repunte de violencia cometida por las pandillas MS-13 y Barrio 18 en El Salvador” a finales de marzo, que llevó a la Asamblea Nacional a imponer un régimen de excepción en el país.

Esa ola de asesinatos cobró la vida de más de 80 personas y colocó el 26 de marzo como el día más sangriento de la historia reciente del país centroamericano.

“Urgimos a El Salvador a hacer frente a esta amenaza al tiempo que protege las libertades civiles, incluida la libertad de prensa, el debido proceso y la libertad de expresión”, recalcó Blinken.

Como consecuencia del régimen de excepción, adoptado a petición del presidente Nayib Bukele, se han suspendido varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa durante un proceso judicial y la inviolabilidad de las telecomunicaciones para los salvadoreños.

Estados Unidos espera que El Salvador “rescinda ese estado de excepción tan pronto como lo permita la situación”, y le preocupa particularmente el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas, aseguró a Efe el pasado miércoles un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

En su comunicado, Blinken subrayó que las pandillas salvadoreñas también amenazan la “seguridad nacional” de EE.UU. y concluyó: “Ahora más que nunca, es esencial extraditar a los líderes pandilleros para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos”.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, negó el viernes en una entrevista con la cadena estadounidense Voz de América que una reforma al Código Penal sea una censura a la prensa, y alegó que lo que busca es combatir la “promoción y apología del delito”.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones y generado picos de violencia a través de los años.

Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, las pandillas, culpadas por la mayoría de homicidios en El Salvador, cuentan con unos 70.000 miembros, pero miles más viven a expensas de ellas, de acuerdo a las autoridades.

Según cifras oficiales, en 2017 se registraron en el país 3.954 homicidios, 60 por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo.

Las pandillas se dedican a la extorsión y el narcomenudeo, aunque en los últimos años se ha revelado que algunos líderes pandilleros usaron el dinero del crimen para crear negocios de transporte y moteles, entre otros, que han sido desmontados por fuerzas de la ley.

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El hacinado sistema penitenciario en El Salvador sumaba al 9 de julio, 38.815 presos, de los que el 43% son pandilleros.

Los pandilleros en El Salvador están recluidos en seis cárceles, una de ellas de máxima seguridad y rigor, que está ubicada en Zacatecoluca, sureste del país.

La Mara Salvatrucha y su facción disidente denominada 503 suma en las cárceles 8.690 miembros, entre los que figuran 508 mujeres.

La Barrio 18 tiene 6.337 miembros, de éstos 516 son mujeres.

También existen otras organizaciones pandilleras con 721 integrantes.

Hay menores de edad pertenecientes a las pandillas, que en seis centros de resguardo suman 1.276. De ellos, 694 de la MS-13 y 582 de la Barrio 18.

Originadas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, las pandillas han sido blanco de ataques del gobierno del presidente Donald Trump, que en sus discursos califica a sus miembros como “animales”, a la hora de acusar al bando demócrata de promover una política de fronteras abiertas y un aumento de la criminalidad en Estados Unidos.

]]> 204081 https://www.guatevision.com/noticias/internacional/video-expandilleros-arrepentidos-ven-luz-de-cambio-dentro-de-una-carcel Wed, 25 Jul 2018 19:14:37 +0000 https://www.guatevision.com/?post_type=post-noticias&p=204035

Con láminas de metal como techo que aumentan el calor, el penal de San Francisco Gotera, 161 km al este de San Salvador, alberga entre estrechos pasillos a 1.585 internos de la facción “18 revolucionarios” y cuatro retirados de la MS-13, a pesar de que la capacidad es para 300 reclusos.

Ahora la cárcel se asemeja más a una escuela en la que se observan pandilleros recibiendo clases en celdas convertidas en aulas. En los talleres, la falta de materia prima limita que todos puedan practicar los oficios que aprenden.

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De los casi 1.600 internos de Gotera, sólo 43 rechazan ingresar a dos iglesias evangélicas lideradas por pastores salidos de las mismas pandillas y que lideran el programa que los capacita en diferentes oficios. Todo se desarrolla bajo “medidas extraordinarias” de seguridad, como la prohibición adoptada hace dos años de recibir visitas.

En la mira de Trump

Gotera es uno de los seis presidios que en su conjunto albergan a 17.000 pandilleros de la MS-13 –fustigada por el presidente norteamericano Donald Trump en casi todos sus discursos– y la 18, entre activos y retirados, es decir 43,7% de la población reclusa del país.

En centros de resguardo de menores también figuran 1.276 reclusos de menos de 18 años.

“Nosotros estamos más que arrepentidos de haber pertenecido a la pandilla y lamentamos todo el tiempo que desperdiciamos andando en malos pasos”, declara a AFP Moisés Linares, de 30 años, quien ha purgado 12 años de su condena de 20 por “extorsión”.

Hace poco más de dos años, Linares era uno de los cabecillas más violentos dentro del penal.

Convertido en instructor del taller de panadería, un oficio que aprendió a sus 13 años por iniciativa de su abuela, Linares, el ‘trigueño’ de 1,75 metros de estatura y complexión delgada, espera que el número 18 de la pandilla que se tatuó en la frente a los 21 años de edad con tinta negra nunca más se vea, para presentarse limpio ante sus hijos Nathali (6) y Benjamín (4).

El director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, recordó que en agosto de 2016 comenzaron a “clasificar” a los internos de Gotera que deseaban abandonar la pandilla, con el fin de iniciarlos en el programa “Yo Cambio”, que establece reglas de “cero ocio” en los presidios que lo adoptan.

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“Hay un cambio de conducta, de favorecer la rehabilitación. Hay un deseo de abandonar la pandilla de manera definitiva hasta llegar al grado de solicitar el borrado de tatuajes”, valora Lima.

Tatuajes: poder o suplicio

Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, las pandillas culpadas oficialmente por la mayoría de los homicidios en El Salvador cuentan con unos 70.000 miembros, de los cuales 17.000 están encarcelados.

Según cifras oficiales, en 2017 se registraron en el país 3.954 homicidios, 60 por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo.

Como símbolo de pertenencia, los pandilleros se tatuaron los números o letras de sus organizaciones, pero ahora, arrepentidos, quieren “tapar” esas marcas pintándose otras, convirtiendo sus cuerpos en un entramado de confusas figuras en sus rostros, brazos, piernas o espaldas, que ya no se pueden borrar.

“Que más quisiéramos que ir a la máquina para la remoción de tatuajes, ya no los queremos seguir tapando”, declara Marvin Palacios, de 31 años, otrora miembro de la Mara Salvatrucha que se capacita en el taller de dibujo y pintura.

Padre e hijo presos

Palacios, que ya purgó una condena de 13 años por “homicidio”, espera recibir su carta de libertad en agosto, pero está preocupado porque en su brazo derecho se había estampado la M y en el izquierdo la S, y todavía se observan amplios trazos difusos que ha intentado borrar.

En los códigos de guerra entre pandillas, el simple hecho de encontrar un rival con el símbolo de una banda antagónica puede ser una condena de muerte.

En Gotera se produjo un reencuentro familiar que parecía imposible.

Marlon Steward Padilla (40), quien perteneció a la MS-13 y ha descontado 16 años de una pena de 70 por diversos delitos, se encontró con su hijo Julio Alexander (24), de la pandilla rival 18, quien cumple una pena de 20 años por homicidio y afronta un “trauma psicológico”.

“Me sentí alegre, lo abracé, lo besé y le dije: el tiempo que no te pude dar en la calle, te lo voy a dar aquí”, rememoró Marlon sobre el reencuentro con su hijo, con quien comparte celda.

La Casa Blanca advirtió el lunes sobre la amenaza que supone la pandilla trasnacional de origen salvadoreño MS-13, cuyos miembros describió como “animales violentos”, en un virulento comunicado que retoma comentarios del presidente Donald Trump días atrás.

“Lo que necesita saber sobre los animales violentos de la MS-13”: bajo este título, la Presidencia de Estados Unidos detalla las atrocidades cometidas por el grupo, nacido en los años 1980 en las calles de Los Ángeles y exportado luego a Centroamérica.

La declaración de casi 500 palabras, en la que se menciona la palabra “animales” más de diez veces, señala diferentes crímenes de la MS-13, desde Maryland a Texas.

“Demasiados estadounidenses inocentes han sido víctimas de la violencia impensable de los animales de la MS-13”, dice el texto en su introducción.

La Casa Blanca acusa a los pandilleros de la MS-13 de “apuñalar a un hombre más de 100 veces y luego decapitarlo, desmembrarlo y arrancarle el corazón de su cuerpo”.

También enumera abusos sexuales, secuestros y homicidios de adolescentes.

“La administración entera del presidente Trump está trabajando incansablemente para llevar a estos animales violentos ante la justicia”, concluye.

Trump denunció la semana pasada la crueldad de la MS-13 durante una mesa redonda en la Casa Blanca sobre las “ciudades santuario”, jurisdicciones llamadas así por negarse a cooperar con el servicio de control migratorio del gobierno federal.

“Estamos expulsando gente del país (…) No se puede creer lo malas que son estas personas”, dijo Trump. “Estas no son personas, son animales”, agregó, lo que provocó fuertes reacciones de legisladores.

Mara Salvatrucha – Muro

Trump ha llamado muchas veces la atención sobre el peligro que representa la MS-13 para sembrar el miedo a los inmigrantes latinoamericanos y reforzar su argumento sobre la necesidad de construir un muro fronterizo con México para frenar el crimen organizado.

Construir “el muro” fue una de las promesas de campaña emblemáticas de Trump, pero el Congreso controlado por los republicanos financió una parte mínima de lo pedido por la Casa Blanca.

Según una estimación del grupo WOLA, que hace campañas en defensa de los derechos humanos en las Américas, la MS-13 representa menos del 1% de los 1,4 millones de pandilleros que hay en Estados Unidos.