El Ministerio Público (MP) le imputó este jueves 8 de febrero varios delitos a un segundo grupo de señalados en el caso Toma Usac: Botín Político, en una audiencia de primera declaración que fue convocada por el juez Décimo Penal Víctor Cruz.

En total son ocho las personas señaladas, pero el MP solo le imputó cargos a seis de ellas, debido a que la audiencia se reprogramó para el 13 de febrero próximo.

Durante la audiencia, el fiscal Saúl Sánchez le imputó los hechos y delitos por los que se vinculó a Hada Marieta Alvarado Beteta, Amílcar Enrique Bremer Ramírez, Kevin Alexander Junior Carrera Vielman, Juan José García Marroquín, Miguel Ángel Vásquez Rodríguez y Paulo Roulet Pellecer

Mientras que Cindy Gabriela Dávila Morales y Andrea Nicole Prera de León quedaron pendientes de ser imputadas, por lo que para la próxima audiencia el MP continuará con el proceso.

A todos se les había girado orden de captura por los delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada, usurpación agravada en forma continuada, asociación ilícita y sedición, pero esa medida fue revocada, aunque la sindicación continúa por parte del MP.

El fiscal señaló al juez que la próxima semana presentará videos y fotografías para ampliar la acusación.

Además, en su argumentación el fiscal hizo alusión a que los partidos políticos Winnac, MLP, Voz y Movimiento Semilla utilizaron el cierre de la Usac como una plataforma para promocionar sus imágenes.

Quedan libres

El pasado 25 de noviembre, el juez Cruz benefició con libertad condicional a otros seis sindicados en el caso Toma Usac: Botín Político, por lo que abandonaron la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, donde estaban detenidos.

La decisión del juzgador tuvo lugar en una audiencia de primera declaración que se extendió por más de 12 horas y donde se decidió abrir un proceso penal por usurpación y depredación de bienes en contra Eduardo Velásquez Carrera, catedráticos de la Universidad de San Carlos (Usac); Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla; Javier de León, graduando de la Licenciatura en Física de la Usac; Alfredo Beber Aceituno, decano de la Facultad de Ingeniería de la Usac; Rodolfo Chang Shium, decano de la Facultad de Veterinaria; y Martín Macario, sindicalista de la Usac.

El caso

De acuerdo con el MP, en el 2022 la Universidad de San Carlos presentó denuncia por la “toma ilícita” de las instalaciones. Posteriormente, en el 2023, colocó otra denuncia por los daños causados a las instalaciones de dicha casa de estudios.

El MP señala que, en seguimiento a la investigación, “se solicitó ante juez competente la realización de diversas diligencias en calidad de anticipo de prueba”, lo que permitió documentar “los daños ocasionados” a las instalaciones de la Universidad de San Carlos durante los 385 días que estuvo tomada.

La Fiscalía agregó que esas diligencias permitieron establecer un daño patrimonial estimado al menos en Q90 millones, asimismo, “se determinó que existió vandalismo, por ejemplo, la quema y robo de vehículos, sin dejar de lado los servicios sociales que la universidad dejó de prestar a la sociedad guatemalteca debido a esta situación”.

Además, refirió que, en el 2010, la Universidad de San Carlos fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes.

También señaló que, como parte de las investigaciones, el MP solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses un peritaje lingüístico, “el cual no es definitivo ni desvanece los demás elementos de investigación recabados, ya que el alcance es escueto y limitado y no responde a lo solicitado por el ente investigador, ni cuenta con un enfoque criminalístico”.

Agrega que, dentro de la investigación fueron autorizados 31 allanamientos y 27 órdenes; además, se plantearon varias solicitudes de retiro del derecho de antejuicio conta varios funcionarios, entre ellos el entonces presidente electo Bernardo Arévalo y la entonces vicepresidenta electa Karin Herrera.

Asimismo, el MP detalla que con esta investigación se estima que, 250 mil estudiantes fueron perjudicados directamente al no poder recibir clases ni realizar trámites administrativos en la casa de estudios durante más de un año, por lo cual, “los estudiantes afectados también presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos”.

“Quiero manifestarles que, si fueron 11, si fueron 15, si hubieran sido cien creo que era importante la coordinación que el Ministerio Público pueda tener con cualquier autoridad del Estado”, respondió este miércoles 7 de febrero la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, a la pregunta de periodistas sobre si se había reunido con el expresidente Alejandro Giammattei en Casa Presidencial.

El pasado 30 de enero, trascendió que Porras, quien en dos oportunidades ha eludido reunirse con el presidente Bernardo Arévalo, acudió en 11 oportunidades a Casa Presidencial para reunirse con Giammattei, según registros de la Secretaría de Seguridad y Asuntos Administrativos (SAAS).

La última reunión, según esos registros, fue el 6 de septiembre de 2023 y tuvo una duración de 2 horas, lo que comprueba que las visitas al exmandatario eran constantes, contrario a lo que actualmente ocurre con Arévalo, pues el último intento de acercamiento con Porras duró 15 minutos, pues la jefa del Ministerio Público (MP) se retiró sin que se tocaran los temas previstos.

Porras reconoció este miércoles esos acercamientos, pero enfatizó que todos fueron para concretar reuniones de trabajo y que incluso algunos fueron convocados por el exvicepresidente Guillermo Castillo.

“Quiero manifestarle que, si fueron 11, si fueron 15, si hubieran sido cien, creo que era importante la coordinación que el Ministerio Público pueda tener con cualquier autoridad del Estado, y en este sentido, no va a ser realmente la excepción, porque con el actual señor presidente -Bernardo Arévalo-, las reuniones que sean necesarias de coordinación las va a seguir haciendo el Ministerio Público”, dijo Porras en una conferencia de prensa luego de haber sostenido una reunión con autoridades del Ministerio de Gobernación.

Agregó que como lo dijo la SAAS, dichas reuniones tenían un objetivo puntual. “En primer lugar quiero manifestarles que no todas fueron con el señor expresidente. Tres de ellas están registradas por reuniones convocadas por el exvicepresidente de la República, porque él era el que coordinaba Conabed -Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio-, y yo soy miembro como Ministerio Público del Conabed”.

Además, dijo que fue convocada para conversar sobre un convenio anticorrupción para analizar un proyecto de obras inconclusas, en las que además participaron representantes de varias instituciones del Estado.

También dijo que tuvo dos reuniones con el exmandatario cuando eran las entrevistas a candidatos a fiscal general. El señor presidente nos convocó y en dos oportunidades yo también me apersoné”.

“Igualmente tuvimos una reunión de Consejo de Seguridad, que no me dejara mentir el señor ministro de gobernación, que cuando se hace necesario, pues obviamente me invitan para poder participar. Entonces, esa otra reunión de trabajo. Y otra reunión de trabajo se relacionó al tema contra la trata de personas. Como ustedes pueden advertir son reuniones de trabajo eminentemente”, concluyó la Fiscal.

Acuerdos

El Gobierno de Guatemala acordó este miércoles buscar líneas de trabajo interinstitucional con el MP, dirigido por Porras, señalada de supuestamente haber intentado impedir la investidura del presidente, Bernardo Arévalo.

“La colaboración y el trabajo conjunto con el Ministerio Público es un elemento esencial para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado en materia de seguridad en este nuevo Gobierno”, declaró el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, después de la reunión con la fiscal Porras.

En una prueba de fuerza, el presidente Arévalo y la fiscal Porras se citaron mutuamente en las primeras semanas del nuevo Gobierno, luego de que la jefa del Ministerio Público supuestamente intentara evitar el cambio de mando, desde el 12 de julio pasado con una serie de acciones judiciales en su contra.

De acuerdo con Jiménez, el presidente Arévalo le indicó que tenían “que fortalecer el trabajo técnico y operativo con el Ministerio Público”.

La fiscal general y el ministro Jiménez aseguraron que continuarán con una serie de reuniones técnicas la próxima semana “con el objetivo de darle seguridad y justicia al pueblo de Guatemala”.

“Dentro de los acuerdos alcanzados, se establecieron puntos de contacto entre ambas instituciones y se ha propuesto reuniones para la revisión y ejecución de los convenios de cooperación vigentes”, explicó Porras.

En días pasados, Arévalo expresó en una entrevista con EFE que pediría la renuncia de Porras, debido al papel que desempeñó para intentar revertir su victoria electoral.

Mientras tanto, Porras, sancionada por Estados Unidos, respondió, hace dos semanas, que no dejará su cargo y que concluirá su mandato hasta 2026.

Seguridad y narcotráfico

De acuerdo con la fiscal Porras, el Ministerio Público se comprometió a trasladar al ministro del Interior y de la Defensa los avances de la creación del Centro Integrado Nacional contra la Narcoactividad en Guatemala, “para que el proyecto continúe avanzando”.

Otro de los acuerdos entre el Gobierno de Arévalo de León y la Fiscalía General ha sido avanzar en la capacitación técnica de agentes policiales, así como generar avances para lograr ejecutar más de 8.000 órdenes de captura pendientes.

En septiembre del año pasado, Arévalo de León acusó públicamente a Porras de intentar un “golpe de Estado” para evitar su investidura presidencial.

La Fiscalía intentó cancelar el partido Movimiento Semilla, de Arévalo de León, e incluso trató de anular los resultados electorales de las jornadas del 25 de junio y 20 de agosto pasados.

Arévalo de León, de 65 años, se convirtió en el primer presidente progresista de Guatemala y existen grandes expectativas sobre su Administración, debido a sus promesas electorales de hacer frente al deterioro democrático y a la corrupción estatal del país centroamericano.

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 21 de diciembre que ejecutó, junto con la Policía Nacional Civil (PNC), al menos cuatro allanamientos relacionados con la trata de personas y con el caso Oasis SPA, en el que se investiga el asesinato de una mujer colombiana.

Los operativos se enmarcaron en la Fase 2 de las pesquisas contra una estructura criminal transnacional que se dedica a la explotación sexual y a la trata de personas.

“Las diligencias se desarrollaron en inmuebles ubicados en la zona 10 de la ciudad de Guatemala y en el municipio de Villa Canales”, informó el MP.

Como consecuencia de los allanamientos fueron capturados Irma Yolanda Toj Castañeda y Kenneth Jafet Peña Toj, quienes fueron sindicados del delito de trata de personas.

La entidad informó que la primera fase de la investigación se efectuó en julio último, cuando fueron capturadas seis personas y fue rescatada una menor de edad que era explotada sexualmente.

El caso

El Ministerio Público informó que las pesquisas se iniciaron tras la localización en territorio mexicano del cuerpo de Daniela Patiño Hinestroza, de origen colombiano, y quien había denunciado que era explotada sexualmente en Guatemala.

Las pesquisas determinaron que varias mujeres habían denunciado los hechos y revelaron que fueron captadas mediante engaño, y tanto guatemaltecas como extranjeras han sido violentadas en su libertad sexual por parte de esa estructura criminal, que opera principalmente en las zonas 10 y 13 capitalinas.

El MP agregó que dentro de la investigación se logró establecer “la comisión del delito de lavado de dinero y otros activos” a través de empresas mercantiles.

La banda obtiene ganancias de al menos Q6 millones, agregó el Ministerio. 

“Me van a matar”

“Mamá, esto no es ningún trabajo, esto es una trata de blancas. Me están pidiendo un millón de pesos (colombianos) para pagar el viaje. Me van a matar, llame a la Policía”, decían los textos que Daniela Patiño Hinestroza le mandó a su mamá en agosto de 2019 cuando llegó a Guatemala desde Colombia.

El 12 de agosto de 2019 la joven colombiana les dijo a sus padres Martha Hinestroza y Elkin Patiño que su travesía por el mundo no terminaría con el viaje que había hecho meses atrás a Israel, sino que ahora lo haría a Europa, porque una amiga suya le había ofrecido empleo seguro.

Cuatro días después emprendió el viaje, pero no fue a España, sino que terminó en Guatemala sin saber siquiera por qué. Les aseguró que había sido secuestrada y si no pagaba el dinero que le exigían no la liberarían.

Los padres, agobiados, reunieron los recursos económicos, lo enviaron y ella por un mensaje de texto les dijo que tras entregarlo había huido hacia a Playa del Carmen, Quintana Roo, México, su último destino.

En el último audio que les mandó a sus padres se le escucha decir: “Yo, Daniela Patiño, soy una mujer que sueña con ganarse el premio nobel de literatura. Me gusta amar y vivir, sentir los árboles, la naturaleza y sentirse amada”.

(Foto principal: Policía Nacional Civil)

Autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmaron este lunes 11 de diciembre que el Ministerio Público (MP) les hizo entrega de mil 344 folios, como parte de la documentación relacionada a la investigación de supuestas irregularidades administrativas en el proceso electoral de 2023.

El MP afirmó que hubo “anomalías en las actas finales de cierre de escrutinio” y que no fueron aprobadas “por el pleno del TSE”, por lo que no debieron utilizarse para consignar los resultados de los comicios.

En su acusación, la Fiscalía asegura que las actas “son nulas de pleno derecho” y, por ende, deberían quedar anuladas las “elecciones de presidente, vicepresidente, diputados, corporaciones municipales y diputados al Parlamento Centroamericano”.

El 8 de diciembre pasado, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, dijo que la información penal del caso se trasladaría al TSE para su análisis y que ese organismo “logre establecer lo que pueda suceder”, y tomar “la decisión al respecto”.

MP traslada documentos al TSE

La magistrada y presidenta del TSE, Blanca Alfaro, dijo este lunes que la nota que acompaña los documentos está dirigida a su persona; sin embargo, no permitió que la prensa tomara una foto o diera lectura a lo que consigna la misma.

Según Alfaro, el MP indica que la entrega de los folios se hizo para que se analicen y “puedan adoptar la decisión que consideren conveniente de acuerdo a su mandato”, dijo Alfaro a los medios durante una conferencia de prensa leyendo la nota.

Para que “a cada unidad a la que corresponda lo que ha enviado la Feci”, lo analice y el TSE responda “de manera responsable, desde las unidades técnicas”, dijo Alfaro. “No compete precisamente al pleno, sino que son las unidades las que podrán verificar la veracidad (de los documentos)”, agregó.

“Cuando se trata de un documento que va tras el secretario del partido Movimiento Semilla no nos compete a nosotros analizarlo, al TSE le corresponderá analizar los temas que ellos han planteado”, precisó Alfaro.

Alfaro se refirió al estatus del partido Movimiento Semilla y explicó que está en suspensión, pero para una cancelación se debe pasar por una serie de pasos jurisdiccionales. “Me imagino que eso durará años para que pueda finiquitarse con sentencia […] para cancelar una organización política”, afirmó.

Respalda resultados electorales

La presidenta del TSE reafirmó que los resultados de las elecciones están oficializados.

“Nuestro proceso electoral no es electrónico, no lo decide el TREP (Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares). Nuestro proceso electoral es de papel. Ustedes fueron a votar y nos dieron una boleta que ingresó en una urna, y las Juntas Receptoras de Votos contaron los votos”, expresó.

Además, Alfaro subrayó que la Corte de Constitucionalidad (CC) “ha sido clara, concreta y precisa” que lo que corresponde al TSE solo “lo puede diligenciar” ese organismo.

“El TSE ya realizó el evento electoral 2023, ya le entregó a la ciudadanía en una democracia la alternancia del poder a los y las funcionarios que tienen que tomar posesión el 14 y 15 de enero. Nosotros hemos terminado”, enfatizó.

“La corte fue clara al decir que las decisiones que competen al TSE, somos nosotros (los magistrados) quienes las tomamos”, puntualizó.

Aunque Alfaro aseguró que las reuniones para analizar los folios avanzarán a partir de este lunes y, sin importar las fechas navideñas, no dejó claro si este proceso concluirá antes del 14 y 15 de enero de 2024, cuando corresponde la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente electo Bernardo Arévalo.

En un operativo en conjunto entre la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público (MP), se incautó aproximadamente una tonelada de cocaína.

Un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos (Usac) dieron este domingo una conferencia de prensa en la que pidieron la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el actual rector, Walter Mazariegos.

Frente a la casa de estudios, los universitarios instaron al sector privado a pronunciarse sobre la exigencia de la renuncia de Porras y Curruchiche “en coherencia con el sentir popular”.

Con comunicado en mano, señalaron también que el ascenso de Blanca Alfaro a la presidencia del Tribunal Supremo Electoral es el inicio de una nueva fase de ataques al actual proceso de elecciones.

Respecto de la dirección de la Usac por parte de Mazariegos, los universitarios calificaron su gestión de “nefasta y usurpativa”.

Recordaron que la universidad ha estado cerrada en los últimos días, lo que ha afectado directamente a la población estudiantil.

El grupo de universitarios también advirtió de que en los próximos días tomarán acciones en conjunto con las autoridades ancestrales para que sus demandas sean escuchadas.

“Anunciamos nuevas acciones en la ciudad capital para los próximos días, mismas que se harán en concordancia con los pueblos originarios, para lo cual llamamos a estar atentos y acuerparlas”, expresa el comunicado que dieron a conocer a los medios.

Los estudiantes no brindaron más detalles del tipo de medidas que estarían implementando la próxima semana.

El 14 de mayo de 2022, Mazariegos fue elegido rector a puerta cerrada, con denuncias de fraude y con un solo candidato: él.

Desde entonces ha habido una serie de protestas por parte de docentes, decanos y estudiantes, y varios edificios universitarios han sido tomados como medida de protesta.

Un grupo de vecinos, catedráticos y estudiantes de diferentes unidades académicas de la Universidad de San Carlos efectúan este sábado 28 de octubre un bloqueo parcial en el carril auxiliar que conecta el Periférico y la calzada Aguilar Batres de Norte a Sur.

Ángel Marroquín, uno de los participantes de la protesta, indicó que continúan las exigencias para que la fiscal general, Consuelo Porras, presente su renuncia.

Advirtió de que permanecerán de forma indefinida hasta que sean escuchadas sus demandas.

“Estamos viendo que siguen con las acciones de criminalizar los mensajes y terminar con el proceso electoral también, dañarlo y no dejar la toma de posesión”, declaró Marroquín.

“Más que todo la manifestación de vecinos, estudiantes y de personas aledañas al lugar y sindicatos es por que necesitamos hacernos escuchar sin necesidad de violencia”, agregó.

Enfatizó en que es una manifestación pacífica, porque “la gente está cansada”.

“Estamos indignados por la toma de las instituciones, por el robo y el saqueo que existe”, dijo Marroquín, quien denunció las carencias en los hospitales, abandono del sector público, como la precaria situación de las escuelas.

Además otro grupo de estudiantes convocó para efectuar una manifestación este domingo sobre la avenida Petapa.

Este sábado, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó en sus redes sociales que por el momento no existe ningún bloqueo en las carreteras del país, descartando medidas de hecho como las que se han reportado desde hace 27 días.

Las principales carreteras del país han sido el escenario de medidas de hecho, entre ellas manifestaciones y bloqueos, en señal de rechazo del accionar del Ministerio Público (MP).

Estas acciones buscan la salida de María Consuelo Porras como jefa del MP; Rafael Curruchiche, como titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci); Cinthia Monterroso, agente fiscal; y del juez Fredy Orellana.

Los bloqueos se comenzaron a despejar el sábado 21 de octubre y para este domingo 22, los últimos tres tramos que permanecían cerrados en carreteras en el occidente, cerca de Sololá, fueron liberados según informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

Sin embargo, el levantamiento de los bloqueos no marca el final de las protestas, ya que la organización indígena de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán, ha anunciado que continuará las protestas exigiendo la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.

En una conferencia de prensa, el presidente de la organización indígena, Luis Pacheco, afirmó que “mantenemos nuestra postura” con respecto a la dimisión de la fiscal general.

Las protestas comenzaron el 2 de octubre y lograron bloquear hasta 140 carreteras con el respaldo de la población.

Entre el 9 y el 13 de octubre, se produjo prácticamente un paro nacional en todo el territorio en señal de repudio a Porras.

A pesar de la presión popular, la fiscal general ha declarado que no tiene intención de renunciar a su cargo.

Mantendrán protesta

Edgar Tuy, síndico de la Municipalidad Indígena de Sololá, aseguró que permanecerán frente a la sede del MP, en la zona 1 de la capital, para exigir la dimisión de Porras, los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, a quienes acusan de corrupción y de poner en peligro la democracia en el país.

Según líderes de estas dos organizaciones indígenas que encabezan las manifestaciones a nivel nacional, no abandonarán sus acciones hasta que los funcionarios presenten sus renuncias.

Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán informaron este viernes 20 de octubre que cambiarán de estrategia para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, lo que implica que algunos bloqueos sean levantados; sin embargo, no aclararon cuáles y a partir de cuándo.

Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones, dijo que la medida no es total y que se declaran en asamblea permanente en los pueblos para analizar las nuevas acciones a tomar.

Detalló que “las manifestaciones pacíficas” continúan, así como el plantón frente a la sede central del Ministerio Público en el barrio Gerona, zona 1 de la capital.

“Circular información que a nivel de los 48 Cantones se han suspendido los bloqueos, que nosotros miramos como puntos de manifestación, si bien es cierto no es que sea totalmente, estos parcial, es para una reorganización porque creemos necesario para que también otros sectores vean la buena voluntad de los pueblos indígenas ancestrales”, agregó Pacheco.

“La resistencia va a seguir solo que con otras estrategias. En su momento ustedes se darán cuenta de cuál va a ser la metodología, porque todavía no nos ha informado”, dijo Pacheco.

Los líderes dijeron que habían convocado a conferencia “por los rumores que había” de que se estaban levantando las protestas. 

Agregaron que otros pueblos se les unirán en las manifestaciones, principalmente en la capital, por lo que era necesaria la reorganización. 

“La resistencia va a seguir, solo que con otras estrategias, en donde creemos e invitamos a aquella población que en un momento han dicho que ‘los bloqueos son lo que no me deja apoyarlos’, pues los invitamos a que ahora se unan con nosotros”, agregó Pacheco.

“Lo que sí les pedimos es que las manifestaciones sean pacíficas y públicas y que respeten todos los derechos porque nosotros no queremos crear una inestabilidad social”, añadió el líder indígena.

Respecto a los lugares donde se habilitará el paso, Pacheco enfatizó que “va a ser en algunos puntos que se va a suspender la concentración, pero en su momento los daremos a conocer, porque las bases no nos han indicado”.

Contra la confrontación

Aseguró que el movimiento no se debilitó y que “la resistencia continúa y lo que estamos evitando es que en algún momento se caiga en confrontación como malintencionadamente están buscando.

Sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad respecto del plantón frente al edificio de Gerona, Pacheco dijo que se acató la orden y se liberaron los accesos del edificio. “Nosotros con esto demostramos la buena voluntad de los pueblos indígenas en llevar esta manifestación pacífica como se ha venido haciendo”, expresó.

Las manifestaciones y bloqueos dieron inicio el 2 de octubre, cuando grupos de guatemaltecos se lanzaron a las calles en rechazo a las acciones del Ministerio Público dirigidas a investigar a Movimiento Semilla, agrupación que le dio la victoria a Bernardo Arévalo para la presidencia.

Los manifestantes exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche; la fiscal auxiliar de esa unidad, Cinthia Monterroso, y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.

La semana recién pasada se llegó a bloquear más de un centenar de rutas en todo el país, afectando con ello las actividades comerciales en gran parte del territorio nacional.

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, volvió este domingo al país tras “el asalto” del Ministerio Público (Fiscalía) a la sede del Tribunal Supremo Electoral, donde el sábado fueron decomisadas cientos de actas electorales.

Arévalo de León salió el pasado 29 de septiembre en una gira de trabajo por México y Estados Unidos, pero finalmente solo pudo arribar a su primer destino, previo a volver hoy a Guatemala.

“Tuvimos que alterar el viaje, dada la situación que se ha dado con este asalto descarado por parte del Ministerio Público”, dijo el académico, mediante sus canales de comunicación.

Arévalo de León recordó que Guatemala vive “un golpe de Estado en proceso” para evitar su investidura el próximo 14 de enero, y pidió a la población que se mantenga “pendiente” de “los pasos a seguir de aquí en adelante”.

La tensión en el país volvió a crecer entre el viernes y el sábado con un nuevo allanamiento (el cuarto) del Ministerio Público al Tribunal Supremo Electoral, esta vez para decomisar las actas de las votaciones generales celebradas en junio y agosto.

El 1 de septiembre, Arévalo de León advirtió por primera vez sobre un “golpe de Estado” en su contra, en una conferencia de prensa donde señaló a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y “otros actores corruptos”, de tratar de impedir su investidura en enero.

El allanamiento del viernes

El caso por el cual se hizo el allanamiento del viernes en el Tribunal Supremo Electoral, y que se extendió hasta el sábado, no ha sido detallado por las autoridades, ya que el Ministerio Público ha indicado que se encuentra bajo “reserva judicial”, medida que limita el acceso a la información sobre el proceso.

El fiscal a cargo del caso, Rafael Curruchiche, aseveró el viernes en declaraciones a periodistas que el objetivo del proceso judicial es salvar “la democracia” en Guatemala.

Curruchiche y la cúpula del Ministerio Público, incluida Porras, han sido sancionados por Estados Unidos en los últimos dos años bajo acusaciones de “socavar” la Justicia en Guatemala.

El fiscal acusó durante sus declaraciones del viernes a la Organización de Estados Americanos (OEA) de “mancillar” la democracia del país.

Pese al cateo en su sede, el Tribunal Supremo Electoral garantizó los resultados de los comicios celebrados en junio y agosto pasado, donde Arévalo de León se convirtió en el primer presidente socialdemócrata en la historia del país centroamericano.

Agradece el apoyo

Arévalo de León, agradeció este sábado el apoyo internacional recibido en la reunión del Grupo de Puebla en la ciudad mexicana con el mismo nombre.

“Tenemos apoyo internacional generalizado. La comunidad internacional ha visto que efectivamente lo que esta en juego en nuestro país es un caso de defensa de la democracia y se ha manifestado en apoyo a las autoridades asediadas, en este caso Tribunal Supremo Electoral y al pueblo de guate en la defensa de su proceso”, dijo Arévalo.

El político explicó que están planteando las acciones necesarias ante la Corte de Constitucionalidad y haciéndole un llamado a esta instancia para que proceda para restablecer el orden.

“Hemos convocado a algunas acciones, muy notoriamente hemos indicado a que el pueblo nos acompañe en la entrega de acciones legales que estamos poniendo en contra del Ministerio Público. Hemos puesto denuncias penales ante la Corte Suprema de Justicia, hemos puesto amparos ante la Corte de Justicia y la Corte de Constitucionalidad para lograr que se detenga lo que se está haciendo”, enfatizó el presidente electo.

(Imagen principal: Bernardo Arévalo, junto a su compañera de fórmula, Karin Herrera. (Foto: @BArevalodeLeon/X)

Estoy entrando de nuevo a Guatemala.

Ante el asalto del MP debemos unirnos todas y todos, activos y fuertes en la defensa de cada uno de los votos, de la democracia, de la constitución.

Les pido mantenerse pendientes de los pasos a seguir de aquí en adelante.#NoMásSilencio. pic.twitter.com/hfMpTkK6ep

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 1, 2023