El Ministerio Público (MP) reveló este jueves 11 de enero la identidad de la persona que fue localizada muerta en un vehículo que estaba estacionado en el parqueo de un gimnasio del km 18.5 de carretera a El Salvador, en Santa Catarina Pinula, y confirmó que la víctima tenía una alerta de desaparición activa.

El hallazgo fue hecho la noche del miércoles pasado, el mismo día en que se activó una alerta de desaparición y búsqueda Alba Keneth a favor de la víctima, la cual murió a causa de una herida de bala en la cabeza, según el MP.

De acuerdo con la Fiscalía, se trata de Alejandro Melgar Botrán de 17 años, cuyas circunstancias de su muerte aún no han sido establecidas.

“La Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula procesó una escena en el parqueo de un gimnasio ubicado en el km 18.5 carretera a El Salvador, en la que fue localizado en el interior de un vehículo el cadáver de un adolescente, el cual fue identificado como Alejandro Melgar Botrán de 17 años, quien tenía una alerta Alba Keneth activa desde el pasado 10 de enero del presente año”, señaló el MP.

La Fiscalía detalló que en el vehículo en el que se localizó a la víctima también hallaron un arma de fuego, un casquillo de proyectil de arma de fuego, una hoja de metal con doble filo, una libreta con una nota escrita a mano, un teléfono celular y una funda para pistola.

Las autoridades tratan de establecer si la víctima se encontraba sola en el vehículo o en compañía de alguien más, por lo que se apoyan con imágenes de sistemas de videovigilancia.

“El personal fiscal solicitó al establecimiento -gimnasio- las grabaciones de cámaras de videovigilancia para descartar la presencia de alguien más dentro del vehículo, estableciendo de manera preliminar que el adolescente, en efecto, se encontraba solo en el automotor”, señala el MP.

Agrega que la investigación sobre este hecho continúa.

El Ministerio Público (MP) capturó este lunes 28 de agosto a la abogada Claudia González, defensora del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, que se encuentra exiliado en Estados Unidos, un hecho que generó reacciones de funcionarios de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de EE. UU.

De acuerdo con la Fiscalía, González, quien trabajó como funcionaria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), es acusada del supuesto delito de abuso de autoridad por acciones implementadas en la persecución penal contra la magistrada Blanca Stalling.

“Esta es una acusación totalmente falsa. Lamento que el Ministerio Público siga con esto y ya sabemos que es usual que usen el sistema para mantenernos en prisión”, declaró González a medios de comunicación al ser trasladada a la Torre de Tribunales.

Stéphane dujarric, portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, señaló que el funcionario “expresó su preocupación por los recientes allanamientos y órdenes de detención contra la abogada Claudia González y ex fiscales del MP”.

Además, dijo que la oficina de la UNU en Guatemala observa el desarrollo del caso.

“El Secretario General observa con preocupación informes sobre recientes redadas y órdenes de arresto contra fiscales guatemaltecos y una exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Claudia González”, dice la declaración.

Agrega que “recuerda las importantes contribuciones de los dedicados funcionarios de justicia y, durante su período de funcionamiento, de la CICIG y su personal, a la lucha contra la impunidad y la corrupción”.

Además, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, se pronunció al respecto y escribió en su cuenta de X, antes Twitter, que “recibo noticias muy preocupantes sobre la detención de la abogada, defensora de derechos humanos y ex fiscal Claudia González Orellana en #Guatemala”.

Agregó que “las autoridades deben garantizar sus derechos”.

En esa misma línea, Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados señaló que “las autoridades deben garantizar sus derechos, incluido el derecho a acceder a un abogado de su elección”.

Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, se pronunció al respecto de la detención de González y dijo que “acciones como la denunciada hacen perder credibilidad en la justicia y su funcionamiento”.

Almagro agregó: “Nuestra condena y el llamamiento a respetar las instituciones y guiarse por los preceptos y pilares del Estado de Derecho”.

Además, Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), escribió en X que “defender #DDHH no es delito. Lo que sí es delito es usar el sistema penal para perseguir a abogados, jueces, fiscales y otros operadores de justicia que defienden la democracia y los derechos fundamentales”.

Con base en eso, Jiménez señaló que “exigimos inmediata liberación de la abogada Claudia González”.

“El objetivo de la Fiscal Porras está claro: garantizar la impunidad en investigaciones de corrupción y tomar venganza”, indicó por su parte en X el subdirector para las Américas de la organización Human Rights Watch, Juan Pappier.

Por su parte, Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., escribió en su cuenta de X que “el inaceptable ataque del @MPguatemala hacia los defensores de justicia @Claudia_GonzaO, @JSandoval1982 y Eva Siomara Sosa, por abogar por la transparencia y #RendiciónDeCuentas, socava la #Democracia y el #EstadoDeDerecho en Guatemala. Condenamos la flagrante manipulación del sistema de justicia como un arma”.

Además, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE. UU. escribió en la misma red social que “Estados Unidos condena categóricamente el abuso de poderes procesales por parte del @MPguatemala  para intimidar a quienes como Claudia González, Juan Francisco Sandoval y Eva Siomara Sosa buscan transparencia y rendición de cuentas en su país”.

Detalles del operativo

El operativo y detención de González estuvo a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, institución cuya cúpula es dirigida por agentes sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por “socavar la justicia y corrupción”.

En la actualidad, González se desempeñaba como abogada defensora del exfiscal Sandoval y otros cuatro ex operadores de justicia que han denunciado ser objeto de persecución política por su labor investigando estructuras de corrupción e impunidad entre 2014 y 2020.

Además, la Fiscalía allanó la casa de los padres del exfiscal Juan Francisco Sandoval.

Sandoval rechazó las acciones de la Fiscalía y aseguró que estaban “amedrentando a mis padres, quienes son adultos de la tercera edad” por supuestos casos donde ellos no están involucrados.

Desde 2019 a la fecha, al menos 50 guatemaltecos entre fiscales, jueces, abogados, periodistas y activistas han tenido que exiliarse, tras denunciar persecución política en su contra por parte de la Fiscalía, que dirige Consuelo Porras.

Con información de EFE y AFP

El cuestionado fiscal Rafael Curruchiche anunció este jueves 17 de agosto posibles arrestos de dirigentes del partido Movimiento Semilla del candidato Bernardo Arévalo, en una nueva arremetida contra esta formación socialdemócrata a tres días del balotaje presidencial en Guatemala, afirmaciones que generaron reacciones de varios sectores.

“No descartamos allanamientos, no descartamos órdenes de aprehensión, no descartamos solicitudes de antejuicio después del 20 de agosto”, declaró el fiscal a periodistas en la Torre de Tribunales.

“Estimo que después del 20 de agosto tendrán que registrar en el sistema la suspensión del partido político” Semilla, dijo Curruchiche en alusión a una medida ya ordenada por el controvertido juez Fredy Orellana, pero revocada por la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC).

Las reacciones internacionales ante las aseveraciones del Curruchiche no se hicieron esperar, pues Ronald Sanders, embajador ante EE. UU. y la Organización de Estados Americanos (OEA), escribió en su cuenta de Twitter que se pone en riesgo el estado de derecho en Guatemala.

“El Sr. Curruchiche debe entender que, si esto sucede sin una causa evidente, se considerará una estratagema deliberada para descalificar a un partido político y candidato rival. Ese no es el estado de derecho”, escribió Sanders en dicha red social.

Piden acompañamiento

Por aparte, la Alianza por las Reformas pidió a las misiones de observación y al Consejo Permanente de la OEA que “presente atención a lo que pueda hacer el MP” y manifestaron preocupación de una “posible acción que ponga en peligro las elecciones”.

“El Ministerio Público ha realizado una serie de actos criminalizadores que han afectado las elecciones y que han recibido el reproche de la ciudadanía por medio de manifestaciones pacíficas, de la comunidad internacional, en cuenta el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las misiones de observación nacional e internacionales”, dice un comunicado de Alianza por las Reformas.

Agrega que “ante los riesgos al proceso electoral, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitó el país y en su informe del 10 de agosto dio a conocer que el presidente Alejandro Giammattei se comprometió a asegurar que la segunda vuelta se lleve a cabo con normalidad; sin embargo, estas declaraciones del fiscal Curruchiche causan zozobra y temor en personas que pueden participar en el proceso y no se descarta que antes o después de la votación se puedan efectuar actos de criminalización”.

“Pedimos a las misiones de observación y al Consejo Permanente de la OEA que presten atención a lo que pueda hacer el Ministerio Público y manifiesten de manera pública y privada las preocupaciones de una posible acción que ponga en peligro las elecciones”, agrega el documento.

La misiva añade que “instamos a la ciudadanía a continuar la observación con contundencia, a respaldar al TSE, a los digitadores y a las Juntas Electorales que han defendido el voto y la democracia cuando ha estado amenazada. Con esa fuerza, exijamos que el MP no se utilice con fines políticos y que se respete la voluntad del pueblo a elegir con libertad, sin presiones ni amenazas”.

La cruzada de Curruchiche contra Semilla comenzó después de que Arévalo diera la sorpresa en la primera vuelta electoral del 25 de junio y pasara a segunda vuelta junto con la ex primera dama Sandra Torres. Ambos son socialdemócratas, pero ella es vista como la candidata del continuismo y él como abanderado del cambio.

El 12 de julio, a pedido de Curruchiche el juez Orellana inhabilitó a Semilla, lo cual puso en jaque el balotaje y provocó una ola de indignación en el país y en el exterior.

Curruchiche alega que hubo supuestas irregularidades en la recolección de firmas de ciudadanos para inscribir a Semilla como partido en 2017 y 2018.

El fiscal indicó que entre las miles de firmas de afiliados del partido figuran 18 fallecidos y 319 personas cuyo documento de identificación no corresponde.

Además, otros 613 nombres son “inexistentes, inventados” y 184 nombres están duplicados, afirmó, indicando que ha encontrado mil 224 irregularidades en total.

Sin embargo, los críticos de Curruchiche destacan que el polémico fiscal -incluido el año pasado por Estados Unidos en una lista de actores “corruptos” centroamericanos- solo se preocupó de Semilla después de que Arévalo pasó a ser candidato al balotaje. Su posible llegada a la Presidencia ha causado que influyentes sectores políticos y empresariales de Guatemala se sientan amenazados.

En tanto, Orellana engrosó esa lista el mes pasado cuando Estados Unidos actualizó su lista de actores “corruptos”.

Arévalo lidera la intención de voto y promete una cruzada contra la corrupción, mal endémico en Guatemala. El candidato rechaza las acusaciones del fiscal y las atribuye a una persecución contra su partido.

Tres procesadas en el caso por la compra de un edificio para el Ministerio Público (MP) por más de Q35 millones podrían someterse a la figura de aceptación de cargos, informaron este viernes 10 de marzo fuentes judiciales.

El caso para las exempleadas del MP se encuentra en etapa intermedia, es decir, la fase del proceso en la que el juez decidirá si van o no a juicio.

Ante la próxima convocatoria a una audiencia, los abogados de las tres sindicadas empezado a efectuar las consultas para someterse a la figura especial de aceptación de cargos; sin embargo, el Juzgado Segundo Penal aún no reporta que haya recibido una solicitud formal para que las señaladas acepten la culpa.

En esta fase del caso hay tres exempleadas del MP que son sindicadas de fraude y fueron ligadas a proceso penal el 8 de octubre de 2019 por el Juzgado Undécimo; además, la representante de una fundación también aceptaría los hechos.

Patricia Beatriz Guzmán Rivera, exdirectora administrativa, es señalada de fraude y abuso de autoridad; Diana Odette Benavides Lázaro, exjefa del Departamento Jurídico del MP, fue sindicada de fraude e incumplimiento de deberes; mientras que Lourdes Leyton, de la Fundación Gradiosa es Fusión, es señalada de apropiación indebida de tributos. Las tres aceptarían los cargos.

En este caso también está procesada Miriam Salazar Duarte de Lossi, exjefa administrativa del MP, pero ella no aceptaría los hechos.

En la compra del edificio, ubicado en la zona 5 de la capital, está implicada la exfiscal general Thelma Alda y el empresario William Balz Gallardo.

Aldana está exiliado en Estados Unidos desde 2018, pero la Fiscalía gestiona su extradición, de hecho, el pasado jueves un juzgado autorizó que se haga una segunda solicitud formal ante EE. UU.

La adquisición del inmueble ocurrió en 2017 y, según la pesquisa, el propietario, Balz Gallardo, usó empresas de cartón para concretar la venta.

El 25 de enero último, Mynor Lobos, ante una jueza aceptó haber actuado como testaferro del empresario Balz Gallardo en la venta del edificio.

La Sala Segunda de Apelaciones avaló este martes 21 de febrero continuar con el proceso de extradición contra el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, por el caso que mantiene en prisión preventiva al periodista José Rubén Zamora, informaron fuentes judiciales.

El fallo de la Sala se da luego de que rechazara un amparo interpuesto por Sandoval para detener el proceso de extradición desde Estados Unidos.

En este caso, el Ministerio Público (MP) sindica a Sandoval de contribuir en el lavado de dinero, con lo que, de acuerdo con la Feci, el exfiscal habría cometido varios delitos.

Dichos señalamientos se hacen con base en las pesquisas de la Fiscalía, que indican que Sandoval sostuvo una conversación con Zamora, en la que se compartió información de una investigación y se ofreció a intervenir, pese a que ya no estaba en el cargo; sin embargo, Sandoval, asegura que se trata de una persecución política.

El pasado 2 de diciembre, el Juzgado Séptimo Penal “A” autorizó solicitud de extradición del exfiscal Juan Francisco Sandoval. A quien se le señala de haber cometido denegación de justicia, tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero.

De esa cuenta, la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales de MP presentó ante el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, la solicitud de formal extradición ante el Gobierno de los Estados Unidos de América.

El 12 de septiembre recién pasado, el MP informó que una orden de detención contra el exfiscal Sandoval se deriva de las investigaciones del caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero.

En un comunicado de prensa, el MP señaló en esa ocasión que la orden de aprehensión contra Sandoval fue dictada por el juez contralor de garantías por la posible comisión de los delitos de denegación de justicia, cuando era jefe de la Feci, así como la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal.

El comunicado agregó en esa oportunidad: “Según la investigación de la Fiscalía, Sandoval, en pleno ejercicio de su cargo como Fiscal de Sección, habría sostenido comunicación telefónica con el sindicado Jose Rubén Zamora Marroquín, con el propósito ilícito de compartirle información de una investigación. Posteriormente, cuando ya no se encontraba en el ejercicio de su cargo, sostuvo comunicación telefónica con Zamora Marroquín, en la cual se ofreció a intervenir en casos que se encuentran en investigación y de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo”.

Sandoval asegura que apelará en la CC, porque esos delitos no están contemplados en el tratado de extradición con Estados Unidos.

El Ministerio Público (MP) oficializó este lunes 30 de enero el nombramiento de tres funcionarios con cargos directivos, entre los que destaca el secretario anticorrupción, informaron fuentes de la Fiscalía.

El Departamento de Prensa del MP confirmó que no se trató de cambios en direcciones, sino que fueron nombramientos de nuevos funcionarios.

Gabriela Escribá fue nombrada directora administrativa del MP, detalló la Fiscalía. Publicaciones de medios locales señalan que Escribá trabajó en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS) durante inicios del mandato de Alejandro Giammattei, quien en ofreció disolver esa unidad, aunque a un año de que entregue el cargo esta sigue vigente.

Además, se nombró a Deyvis Jonathan Mayén Duarte como jefe del Departamento de Seguridad del MP.

Asimismo, el nuevo jefe del Departamento de Seguridad es Deyvis Jonatan Mayén Duarte quien, según registros del Congreso de la República, fue asesor II del diputado Édgar Eduardo Montepeque González, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

En tanto, Miguel Estuardo Ávila Vásquez fue nombrado como secretario contra la corrupción, de acuerdo con medios locales, se trata de un abogado especializado en derecho penal y que fue defensor de Álvaro Manolo Dubón González, exsubgerente administrativo del IGSS y exgerente del Organismo Judicial, quien estaba implicado en un caso de corrupción.

En los tres casos, según el MP, se cumplió con todos los procedimientos establecido por los reglamentos internos del MP.

El MP dijo que las tres personas fueron nombradas “tras cumplir con todos los procedimientos y requisitos establecidos en la normativa interna, así como el proceso de análisis y verificación que garantiza la probidad e idoneidad en la selección de personal”.

La Fiscalía agregó que los tres funcionarios “fueron nombrados en los puestos en virtud de contar con la capacidades y habilidades para ocupar los puestos”.

La jueza del Tribunal Séptimo Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, dictó sentencia condenatoria este miércoles 25 de enero a Mynor Enrique Lobos, quien durante el juicio por el caso Edificio MP se acogió a la figura de aceptación de cargos por el delito de testaferrato.

Lobos aceptó haber actuado como testaferro del empresario William Balz Gallardo en la venta del edificio que se vendió por Q35 millones al Ministerio Público (MP) durante la gestión de la exfiscal general Thelma Aldana.

El sindicado admitió ante la jueza haber sido testaferro y señala como principal operador de la venta del edificio al empresario William Balz Gallardo.

De esa cuenta, la jueza Cifuentes dictó sentencia condenatoria contra Lobos de tres años y cuatro meses de prisión conmutable a Q5 diarios.

El MP solicitó una pena de 8 años de cárcel y Q50 mil de multa; sin embargo, la jueza determinó que la sentencia sería de tres años y cuatro meses de prisión conmutables a razón de Q5 diarios, así como el pago de Q33 mil de multa.

Lesivo

El 25 de septiembre de 2020, el MP declaró la lesividad en el contrato de compra del edificio de la zona 5 de la capital, durante la administración de la exfiscal Thelma Aldana y por el cual tiene orden de captura.

En el documento, firmado por la Fiscal Consuelo Porras y por el secretario general del MP, Rony López Contreras, se detalla que el 11 de octubre de 2017 el MP, a través de la Jefatura Administrativa suscribió el contrato de compra-venta del edificio, ubicado en la Diagonal 14, bulevar de La Asunción 21-32, Colonia Arrivillaga,  zona 5, de la ciudad de Guatemala.

Según el MP, se declara lesivo a los intereses del Ministerio Público y como consecuencia a los intereses del Estado de Guatemala el contrato de compra-venta de bien inmueble celebrado con la entidad Bertram, Sociedad Anónima.

El caso

El 13 de septiembre del 2019, el Juzgado Undécimo Penal firmó, a solicitud del MP, la orden de captura contra Thelma Aldana, exfiscal general de 2014 a 2018, por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la zona 5 por Q35 millones. Los delitos son abuso de autoridad y fraude.

La orden de captura contra Aldana se justifica, porque ella, siendo la máxima autoridad del MP, debía velar por el cumplimiento de la ley, lo cual no ocurrió, dijo el fiscal Marlon Pacheco en conferencia de prensa del 13 de septiembre de 2019.

Dijo que la compra se concretó pese a que no se cumplía con los requisitos de la Ley de Compras y que algunos hallazgos es que no hubo necesidad ni justificación previa a la compra, es decir que no se presupuestó en el Plan Anual de Compras de la Fiscalía ni hubo una requisición dentro de la institución antes de la negociación.

El bien estaba en obra gris, no tenía acabados; no tenía agua propia, tenía una hipoteca de Q10 millones y la zona no es segura para este tipo de instalaciones.

Lo anterior quedó consignado en dictámenes de una jefa del departamento jurídico, quien fue removida del cargo. La sucesora sí dio luz verde para concretar la compra, de acuerdo con la pesquisa.

El Tribunal de Mayor Riesgo “C” impuso penas de cárcel para 68 pandilleros del barrio 18, que van de los 7 a los 317 años de cárcel, informó este martes 29 de noviembre el Ministerio Público (MP).

Fue la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas la que logró que el Tribunal emitiera dichas sentencias, según detalla un comunicado del MP.

“Con base en los órganos de prueba diligenciados y los argumentos expuestos por el personal fiscal, logró que el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente con competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo, Grupo “C”, dictara sentencia condenatoria en contra de 68 personas quienes eran integrantes del barrio 18″, dice el MP.

El MP detalla que “el Tribunal dictó 317 años y 4 meses de prisión contra Luis Felipe Sarceño Jiménez, alias ´Atrevido´ y/o ´Gloria Trevi´ por los delitos de asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato, asesinato y obstrucción extorsiva del tránsito”.

Además, impuso 282 años de cárcel contra Jorge Alberto Ortiz Mazariegos y/o José Alberto Ortiz Mazariegos, alias “Perica”, “Mounstro” y “Espectro”, “por asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato y asesinato”.

En tanto, el MP refirió que Edy Geovany Marroquín Pérez, Óscar Eduardo Aroche Argueta y Brayan Rodolfo Moisés Donado Lara, alias “Nigga”, “recibieron 108 años por los delitos de asociación ilícita y conspiración para cometer el asesinato de diversas personas”.

A José Braillan Girón Reyes, alias “Chopo”,  se le impuso 73 años y 8 meses de cárcel por los delitos de asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato y asesinato en grado de tentativa.

En tanto, el MP detalló que Víctor Hugo Pineda Rivas, alias “Fanthom”; Obdulio Pirir Miranda, alias “Dulio” o “D”; y Carlos David Chacón López, alias “Drimmer”, 46 años y 4 meses por los delitos de asociación ilícita, extorsión y conspiración para cometer asesinato.

En tanto, a Cristian Humberto Guillén Velásquez, alias “Scrash”, se le impuso 43 años por asociación ilícita y asesinato.

Marco Antonio Alay Aguilar, alias “Shadow”; Wílmer Francisco Tasej Tum, alias “Panzón”; Flavio Alexander Ortiz Rivera e Ismael Rodas Morales, 32 años por los delitos de asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato.

Ahora para Carlos Alberto Guillén Velásquez, alias “Sin Orejas”, la pena fue de 20 años por asociación ilícita, asesinato en grado de tentativa y obstrucción extorsiva del tránsito.

Andrés López Zeta, alias “Lesho” o “L”; José Samuel Batz, alias “Chaneque”; Roxana Lizeth Ramírez Gómez, alias “La R”; Dennise Edith Janette Ávila Girón y Érick Estuardo Velásquez Sandoval, alias “Gufy” o “Escopeta”, 16 años por los delitos de asociación ilícita y extorsión.

Brayan David Campos Sánchez, alias “Marihuano” o “Mota”; Wilson René Iscajó Gómez y Sergio Fernando Hernández Álvarez, 16 años por asociación ilícita y obstrucción extorsiva del tránsito.

A 15 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva del tránsito fueron condenados:

• Josselyn Yanora López Sacbá
• Ingrid Marleni Cabrera Castillo
• Delia Nohemí Bixcul Cosigua
• Yesenia Elizabeth Maldonado Pop
• Yolanda Salazar Mencos
• Olma Yanira Bonilla Villanueva
• Margarita del Carmen López Monzón
• Edén Noemí Polanco Chávez
• Sonia Verónica Gómez Trujillo
• Clara Isabel Matul Valladares
• Yesica Marleny de la Rosa Álvarez
• Thelma Yolanda Monzón Barrios
• Josselin Estefany del Águila Gamboa
• Claudia Marisela Díaz Posadas
• Julia Patricia Ruiz Guzmán
• Melany Betzayra Ayala Peralta

En cuanto a Élver Estuardo Santos y Edwin Eduardo Flores Cojulún, fueron condenados a 11 años por asociación ilícita y obstrucción extorsiva del tránsito.

A 10 años por asociación ilícita y obstrucción extorsiva del tránsito fueron condenados

• Ausencio Delfino Coy Maas
• Carlos Alexis Pérez Fernández
• Lucía Guadalupe Caxaj de León
• Irma Janeth Rodas Queché
• Katherine Dinora Huas López
• Norma Azucena Hernández Castillo
• Iliana Marisol Sánchez Méndez
• Rosa del Carmen Estrada Cruz
• Bárbara Lourdes Guillén Salguero
• Lesly Paola de la Rosa Méndez
• Milton Gamaliel Rodríguez Orozco
• Wendy Marisol Matz González,
• Marta Alicia Quijivir López
• Sonia Verónica Juárez Marín
• Rosa Aracely Santos Arenales

Además, Emanuel Antonio Núñez Rodríguez y Dina Alejandra Muralles Aguirre, 8 años por asociación ilícita.

Juana Rebeca Barrera Sánchez y Kelinton Edílsar Revolorio Castellón, 8 años por extorsión.

Sonia Elizabeth Monzón Rodas, 8 años por obstrucción extorsiva del tránsito.

José Miguel García Granados, alias “Mickey Mouse”; David Oswaldo Luna Bermúdez y/o Davis Oswaldo Luna Bermúdez, alias “Psyco” o “Psicópata”, y Arnold Orlando García Álvarez, alias “Mono”, 7 años asociación ilícita.

En tanto, Josselin Melissa Pérez Galindo, 7 años por asociación ilícita y obstrucción extorsiva del tránsito, Rosmery Barrios Morales, 3 años por asociación ilícita y obstrucción extorsiva del tránsito, y Edvin Estuardo Canales Esquivel y Nery Ricardo Hernández Gil, 3 años por encubrimiento propio.

La noche del domingo pasado, un grupo de personas que se encontraba frente al templo católico de Sacoj Grande, en la zona 6 de Mixco, fue atacado a balazos, dejando como resultado cinco heridos y un muerto.

Javier Soto, vocero de los Bomberos Municipales, dijo que el día del ataque recibieron varias llamadas solicitando ayuda, y al llegar al lugar encontraron a varias personas heridas de bala.

Agregó que se debieron utilizar al menos cinco unidades para trasladar a los pacientes heridos a diferentes centros asistenciales.

Algunos de los heridos fueron identificados como Michael Fuentes Duarte, 20; Juan Fuentes, 32; y Ariel Ochoa, 31.

Este lunes 28 de noviembre, el Ministerio Público (MP) reveló más detalles de lo ocurrido en ese lugar.

“El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Municipal de Mixco, procesó una escena del crimen en el interior de un expendio de licor, ubicado en la 77 calle “A” Sacoj Grande, zona 6 de Mixco. Producto del hecho resultaron heridas 6 personas por impactos de bala, una de las cuales, de nombre Miguel Ángel Duarte Chen, de aproximadamente 37 años, falleció al ingreso del centro asistencial”, refiere el MP.

Agrega que “los técnicos en investigaciones criminalísticas y el personal fiscal recabaron diversos indicios en el área, entre los cuales se ubicaron ocho casquillos (de proyectil de arma de fuego).

Añade que, “de conformidad con las declaraciones testimoniales recabadas en el lugar, una persona arribó en una motocicleta, momento en el cual disparó contra la humanidad de las personas del lugar, dándose a la fuga posteriormente”.

Mixco es uno de los municipios más asediados por la violencia a raíz de las pandillas.

#CBMInforma#AtaqueArmado #Ampliación

Frente a la iglesia católica de Sacoj Grande Zona 6 de Mixco

El oficial Javier Soto de @bomberosmuni amplia detalles sobre el incidente armado. pic.twitter.com/Oz0iDwYmHO

— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) November 28, 2022

Las fuerzas de seguridad en coordinación con el Ministerio Público (MP) ejecutaron varios operativos contras las extorsiones y el narcotráfico en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla, Suchitepéquez, Chiquimula e Izabal y lograron la aprehensión de por lo menos 36 personas, informaron este miércoles 26 de octubre las autoridades.

Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación, dijo en conferencia de prensa que las acciones del martes pasado y de este miércoles obedecen “a los esfuerzos interinstitucionales para proveer seguridad a los guatemaltecos” y resaltó que entre los operativos que se ejecutaron hay contra el sicariato, extorsiones, antinarcóticos y erradicación de ilícitos.

En tanto, la fiscal general, María Consuelo Porras, señaló que los resultados alcanzados son producto de la coordinación entre unidades de la Fiscalía, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio de la Defensa; además, dijo que el narcotráfico y las extorsiones son los delitos que “más flagelan” a Guatemala.

“Como parte del Operativo Cóndor la Fiscalía contra el Delito de Extorsión de manera coordinada con la Fiscalía Regional del departamento de Guatemala y la PNC realizaron 61 diligencias en varios departamentos del país para capturar a integrantes de pandillas, entre cuyas víctimas se encuentran transportistas extraurbanos, pilotos de camiones repartidores y comerciantes”.

Porras agregó que “se calcula que lo extorsionado asciende a Q602 mil 350 y hasta el momento se ha coordinado la aprehensión de más de 35 personas y se ha incautado dinero en efectivo, armas y dos granadas, entre otros indicios”.

La fiscal señaló que en lo que va del año se han efectuado 806 operativos contra las extorsiones y se ha condenado a mil 108 personas; además, dijo que se han incautado Q537 mil 834, 139 armas de fuego, dos mil 529 municiones y 528 teléfonos.

En cuanto al combate contra el narcomenudeo, Porras indicó que la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad en conjunto con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC efectuó este miércoles varios allanamientos en la Ciudad de Guatemala y “se coordinó la aprehensión de cinco personas y se incautó más de Q20 mil en efectivo y cocaína y marihuana valoradas en Q706 mil 106.

En tanto, Carlos Franco, primer viceministro de Gobernación, señaló que el martes pasado se efectuaron 28 allanamientos en los que aprehendió a 14 personas; además, señaló que un hombre que fue detenido en Boca del Monte tenía planificado perpetrar un ataque contra un grupo de pandilleros rivales.

“El día de hoy se logra la detención de siete personas vinculadas en el tema de homicidios y de extorsión en los departamentos de Sacatepéquez y Guatemala. En cuanto al tema de sicariato y extorsión se logra la detención de 25 personas en los departamentos de Sacatepéquez, Suchitepéquez, Izabal y Chiquimula.

Por su parte, Ema Flores, fiscal de sección de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión detalló que fueron 61 allanamientos los que efectuaron este miércoles con el objetivo ejecutar varias aprehensiones de pandilleros que se dedican a la extorsión.

“Lo más importante es que hoy se le hace justicia a ocho víctimas, entre ellas seis empresas de transporte, un comerciante y una persona individual. Dentro de la cantidad de dinero que estas organizaciones criminales habían defraudado a las víctimas asciende a Q602 mil 350”, señaló Flores.

Añadió que con las detenciones “se ha logrado evitar la muerte de 12 personas” y que se incautaron 21 armas de fuego, 421 misiones, chalecos antibalas, 10 vehículos y drogas.

Hasta el momento las diligencias dejan la incautación de Q14 mil 830 y 15 teléfonos celulares.

Narcotráfico

Fernando Rodas, quinto viceministro de Gobernación, comentó que respecto al tema de erradicación de cultivos de mariguana y coca “hasta el día de hoy se han erradicado de 5 millones 116 mil 85 matas de mariguana con un avalúo de Q1 mil 918 de millones y respecto el cultivo de amapola se ha erradicado más de 9 millones 127 mil plantas con un avalúo de Q228 millones, respecto a arbustos de coca sea erradicado más de tres millones de plantaciones con un avalúo de Q30 millones.

Relacionado con los operativos de este miércoles, Gerson Alegría, fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, refirió que luego de haber identificado puntos de narcomenudeo “se lograron establecer que vendían droga a personas particulares, donde se logró la incautación de más de 10 mil dosis de marihuana, cocaína y crac.

Además, señaló que durante una de las diligencias los fiscales y policías fueron atacados a balazos y unos de los agentes antinarcóticos resultó herido de bala.

“Fuimos contundentes en desarticular distribuciones de droga en la zona 11 y 12. El 21 de julio de este año también desarticulamos una estructura en la zona 4 de la capital”, dijo el director de Antinarcóticos de la PNC.

Personas capturadas

1. Rodolfo Stuardo Pérez Uribio
2. Carmen Magalí Juárez Xicoy
3. Esthefanie Mishel de León Morales
4. Kelly Tatiana Ibarra Álvarez
5. Paolo Salvador Gramajo Polanco
6. José Pablo Mejía Ruano
7. Silvia Carolina Ortiz Pixtún
8. Saudy María Zuleta Palencia
9. Ingrid Liset López Aliñado
10. Cristian Ariel Arana Arana
11. Mainor Arturo Mateo Gómez
12. Josué Caleb Nij Lima
13. Londy Margar Cetino Nimacachi
14. María José Cetino Maldonado
15. Norma Lizeth Díaz Ramos
16. Gisela del Carmen Cetino López de Morales
17. Sandra Paola Sintuj Cartagena
18. Ashly Madelein Villela Sarceño
19. Fabián Alejandro Paiz Paiz
20. Dereck Gerardo Betancourth
21. Sonia Morales Gutiérrez
22. Jasmín Elizabeth Véliz Morales
23. Eudelia Raquel Yoc
24. Carlos Santiago Socorec Díaz
25. María Úrsula Jolón
26. Clara Luz Martínez Zúñiga
27. Franklin Daniel Sinay Cortez
28. Gloria Fernanda Mejía Morán
29. Rayssa Yarisbeth Mejía Morán
30. María Isabel Sinay Calderón
31. Andrés Avelino Robles Mejía
32. Luz Maribel Solares Sian
33. Katherine Janennly Quin Álvarez
34. Franklin Moreno Cortez (PNC)
35. Karen Mishel Solares Chigüichón (flagrancia)
36. Angely Mayerli Méndez Gatica (flagrancia)

Como resultado se coordinó en total la aprehensión de 36 personas: 33 de ellas que tenían orden de aprehensión, 2 en flagrancia y un agente de PNC quien recibió dinero producto de extorsión. pic.twitter.com/b8KwuCGFPO

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 26, 2022

Además, se incautó Q14,830 en efectivo, 2 armas de fuego, 63 cartuchos para armas de fuego, 1 laptop, 1 granada lacrimógena, 1 de sonido o destello y 15 teléfonos celulares, entre otros. pic.twitter.com/JM9Vz9EI1X

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 26, 2022