El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lazó este lunes 12 de febrero la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), un mecanismo que tiene como objetivo fortalecer la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y que, de acuerdo con la autoridad electoral, llega en un momento “trascendental” debido a la crisis política que se vivió luego de las elecciones generales de 2023.

La CAME es un espacio regulado en la LEPP y que se instala luego de haber concluido el proceso electoral y se integra por los magistrados del TSE, un representante y suplente de cada partido político vigente, representantes de organizaciones sociales e instituciones académicas acreditadas ante el órgano electoral.

Blanca Alfaro, presidenta del TSE, destacó que a pesar los incidentes que se dieron durante el proceso electoral 2023 se puede decir “misión cumplida”, porque todos los funcionarios electos tomaron posesión en las fechas establecidas.

También agregó que, con base en lo acontecido en el proceso electoral 2023 es necesario que en la CAME se discuta sobre inclusión, voto en el extranjero y su fortalecimiento, distritos electorales, financiamiento a los partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones políticas y su fortalecimiento.

“Debemos evitar a toda costa que a una organización política se le trate como una organización criminal. Una organización política debemos cuidarla porque es de bien común y debemos volverla a elevarla a esos estándares constitucionales”, añadió Alfaro.

Afirmó que han recibido ocho propuestas de reformas a la LEEP y 42 organizaciones y 12 partidos políticos están inscritos. Además, dijo que luego todo queda en manos del Congreso de la República.

“No podríamos ir como país a un evento electoral con la judicialización que tuvimos en el 2023, y también necesitamos la modernización de elevar un Tribunal Supremo Electoral con una justicia especializada”, detalló Alfaro al hacer mención sobre el “mal uso” que se le da al amparo.

También señaló que “la democracia hoy en día está pasando por un momento muy difícil (…) la democracia evita dictadores y caudillos, las democracias están perdiendo su espíritu, están perdiendo la lucha. Estamos en un declive de descomposición de la democracia”.

“El proceso de la democracia es todos los días, no podemos quedarnos estáticos y por eso es en cumplimiento del artículo 256 bis de la LEPP” se lanza la CAME, dijo Alfaro.

Arévalo se pronuncia

Al lanzamiento de la CAME asistió el presidente Bernardo Arévalo, quien destacó tres puntos que, a su criterio, deben ser analizados en la CAME.

“Debemos llamar la atención sobre tres problemas que hemos identificado y a los que hay que empezar a darle solución en el marco de este mecanismo: la exclusión cuestionada de candidatos a cargos de elección popular, la judicialización innecesaria y mal intencionada de los asuntos electorales y partidarios y el cuestionamiento sin fundamento de los resultados electorales”, dijo Arévalo.

El mandatario detalló que hay posibilidades limitadas dentro del marco legal para “ajustarlo y prevenir que estas situaciones se repitan”.

“De nuestra responsabilidad, de nuestra disciplina, de nuestra tolerancia mutua y de nuestra intención real y consecuente de convivir en igualdad y libertad depende la viabilidad de la democracia”, refirió Arévalo.

Respecto al lanzamiento de la CAME, Arévalo comentó: “Estamos llevándolo a cabo a solo meses del intento mezquino de una minoría autoritaria de socavar las bases de nuestra constitución y a pocas semanas del triunfo popular de una gran mayoría que, para sorpresa de muchos, mostró un ferviente compromiso con la democracia, un pueblo valiente que le ha dicho al mundo con claridad que no vivirá bajo el autoritarismo”.

Experiencia

Se informó que en el 2019 se llevó a cabo el primer ejercicio en el que se presentaron 78 propuestas de reformas a la LEPP y se sistematizaron mil 41 planteamientos; sin embargo, por diferentes factores, entre ellos la pandemia, las reformas a la LEPP no se concretaron.

El TSE informó que en el 2019 la mayoría de las propuestas se enfocaron al fortalecimiento de la autoridad electoral, financiamiento político y régimen de medios, proceso electoral, sistema de organizaciones políticas y justicia electoral.

En esta segunda ocasión, desde finales de septiembre de 2023 se presentó el cronograma de trabajo a las organizaciones políticas, posteriormente se realizaron reuniones con representantes de diferentes sectores para explicar la metodología de trabajo y de cómo presentar propuestas, así como el cronograma en el que se tiene previsto desarrollar las mesas de consulta participativa del 5 al 21 de marzo.

Sugerencia

De acuerdo con el TSE, del 18 de enero al 29 de febrero, sectores de la sociedad guatemalteca podrán ingresar al portal came2024.org.gt para hacer sugerencias en busca del “fortalecimiento y modernización de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en el contexto del trabajo de la CAME”.

Anteriormente, Alfaro hizo un llamado a sectores académicos, organizaciones de sociedad civil y partidos políticos para que se sumen a ese proceso y presenten sus propuestas.

Además, dijo que quienes que no pertenezcan a una organización política, social o académica y quieran aportar en la CAME pueden ingresar a la página web y en la sección “comentarios” pueden dejar sus aportes.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal aceptó este jueves 8 de febrero la recusación planteada por el Ministerio Público (MP) en contra de la jueza Wendy Coloma, quien tenía a cargo el proceso que se sigue en contra de cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señalados por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), informaron fuentes judiciales.

El TREP fue adquirido por el TSE por Q148 millones 850 mil 250, pero la Fiscalía señala que ese proceso tuvo irregularidades, por lo que solicitó el retiro de la inmunidad de los magistrados del TSE Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, quienes fueron desaforados por el Congreso de la República el pasado 30 de noviembre, y el 11 de enero último se confirmaron las órdenes de captura en su contra.

Los cuatro funcionarios salieron del país luego de haber perdido su inmunidad, pero el pasado miércoles su abogado defensor, César Calderón, presentó un escrito en la judicatura mediante el cual los togados se ponían a disposición de la justicia; sin embargo, el MP recusó a la jueza Wendy Coloma.

Pese a la resolución de la Sala, el caso contra los magistrados seguirá en el Juzgado Duodécimo de Instancia Penal, pero será la jueza Karen Jeanette Chinchilla quien se haga cargo del proceso.

Por lo anterior, Calderón señaló que reingresará el memorial mediante el cual los togados se pone a disposición del juzgado.

Calderón indicó que evacuaron la audiencia y que se opusieron a los argumentos presentados por la Fiscalía.

“El Ministerio Público dice, en primer lugar, qué hay un interés de la jueza en resolver este caso y en segundo, que ha externado opinión. Ambas cosas son falsas”, indicó Calderón.

Calderón tildó de falsos los argumentos planteados por el MP. “La jueza ni siquiera ha entrado a conocer cuestiones de fondo. Simplemente es el pretexto del Ministerio Público para atrasar este asunto, hacerla cansada y hacerla difícil”.

La denuncia

Cuatro días después de la primera vuelta de elecciones se presentó una denuncia en contra de los magistrados titulares y suplentes por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes”.

El primer aspecto en la denuncia es que en el contrato suscrito Datasys, S.A., empresa a la que se le adjudicó el servicio del TREP, debía hacerse cargo de los planes de contingencia en caso de falta de conectividad, falla de la energía eléctrica y otros imprevistos.

Señala que el 25 de junio el software falló cerca de la 21:30 horas, provocando que la conferencia de prensa que el pleno brindó se reprogramara.

Además, indica que el 25 de junio por la noche, las juntas electorales del distrito Central y Guatemala solo habían procesado 10 actas, aunque el TREP daba cifras mayores a las que se pueden alcanzar con 10 actas.

Otro aspecto que cuestiona la denuncia es que el TSE no puede delegar la transmisión de resultados preliminares a un tercero por ser una función pública.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) otorga al Tribunal la función de la transmisión de los resultados preliminares, aunque la responsabilidad de la custodia del voto, del conteo y resultados finales recae en las juntas electorales.

Otra irregularidad que consta en la denuncia es que el TSE no tuvo acceso al código fuente y LOG, que se refiere a los archivos secuenciales de una base de datos.

En el Congreso

Además, por falta de quorum este jueves se levantó  la sesión en el Congreso de la República y no se logró elegir a los magistrados suplentes del TSE.

Aún no hay consensos en todas las bancadas sobre los perfiles de los próximos magistrados.

El Juzgado Duodécimo Penal aceptó un oficio enviado por cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para ponerse a disposición de la jueza a cargo del proceso por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), pero el Ministerio Público (MP) recusó a la juzgadora, informaron este miércoles 7 de febrero fuentes judiciales.

Dicho sistema fue adquirido por Q148 millones 850 mil 250 y cuyo contrato fue suscrito el 15 de marzo de 2023; sin embargo, la Fiscalía señala que ese proceso tuvo irregularidades, por lo que solicitó el retiro de la inmunidad de los magistrados del TSE Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, quienes luego de haber sido desaforados por el Congreso de la República el pasado 30 de noviembre salieron del país y el 11 de enero último se confirmaron las órdenes de captura en su contra.

De esa cuanta que este miércoles, el abogado César Calderón, quien auxilia a los togados, confirmó que presentó el oficio donde ellos se ponen a disposición de la jueza Wendy Coloma, una acciona que fue aceptada por la judicatura, pero la Fiscalía de Delitos Administrativos recusó a la juzgadora.

Ante la recusación, la Sala Primera de Apelaciones deberá resolver si la jueza podrá continuar o no conociendo el caso contra los magistrados.

Se tiene previsto que el jueves próximo los magistrados de la Sala tengan audiencia para conocer la recusación, audiencia en la que participará el abogado Calderón como representante de los cuatro togados.

Blanca Alfaro, magistrada presidente del TSE, indicó que Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Custodio Franco siguen fuera del país.

La magistrada Irma Palencia es señalada de supuesto abuso de autoridad y fraude, mientras que Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas de fraude.

Embargo

El pasado 1 de febrero, una Sala ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la empresa Datasys S.A., encargada de haber vendido al TSE el sistema TREP.

La resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo se da con base a una apelación del MP respecto al caso, la cual fue declarada con lugar y se ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Datasys.

La apelación que originó la resolución fue planteada por la Fiscalía de Extinción de Dominio, según fuentes judiciales.

Con la resolución de la Sala, también se ordena al TSE detener el pago pendiente de Q40 millones que el ente electoral tiene pendiente de realizar, equivalente al 30 por ciento del costo total.

Por su parte, representantes de Datasys S.A., dicen que no hubo sobrevaloración en los costos por los servicios que otorgó al TSE en las elecciones de 2023, y sus abogados trabajan en las acciones legales que presentarán en contra de los señalamientos.

Modificaciones

Además, Alfaro informó este miércoles que ya se concretó el primer acercamiento con la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República luego de la crisis electoral que se vivió en el país.

Agregó que se hacen los primeros análisis para las modificaciones que sean necesarias para que las elecciones de 2027 se lleven a cabo sin complicaciones.

Señaló que se debe hacer modernización del artículo 256 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos “para hacer los cambios a nuestro sistema político electoral para que en las elecciones 2027 contemos con un documento robusto que pueda hacer de nuestra democracia lo que todos deseamos, el sustento para una paz duradera y sostenible“.

“Quiero manifestarles que, si fueron 11, si fueron 15, si hubieran sido cien creo que era importante la coordinación que el Ministerio Público pueda tener con cualquier autoridad del Estado”, respondió este miércoles 7 de febrero la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, a la pregunta de periodistas sobre si se había reunido con el expresidente Alejandro Giammattei en Casa Presidencial.

El pasado 30 de enero, trascendió que Porras, quien en dos oportunidades ha eludido reunirse con el presidente Bernardo Arévalo, acudió en 11 oportunidades a Casa Presidencial para reunirse con Giammattei, según registros de la Secretaría de Seguridad y Asuntos Administrativos (SAAS).

La última reunión, según esos registros, fue el 6 de septiembre de 2023 y tuvo una duración de 2 horas, lo que comprueba que las visitas al exmandatario eran constantes, contrario a lo que actualmente ocurre con Arévalo, pues el último intento de acercamiento con Porras duró 15 minutos, pues la jefa del Ministerio Público (MP) se retiró sin que se tocaran los temas previstos.

Porras reconoció este miércoles esos acercamientos, pero enfatizó que todos fueron para concretar reuniones de trabajo y que incluso algunos fueron convocados por el exvicepresidente Guillermo Castillo.

“Quiero manifestarle que, si fueron 11, si fueron 15, si hubieran sido cien, creo que era importante la coordinación que el Ministerio Público pueda tener con cualquier autoridad del Estado, y en este sentido, no va a ser realmente la excepción, porque con el actual señor presidente -Bernardo Arévalo-, las reuniones que sean necesarias de coordinación las va a seguir haciendo el Ministerio Público”, dijo Porras en una conferencia de prensa luego de haber sostenido una reunión con autoridades del Ministerio de Gobernación.

Agregó que como lo dijo la SAAS, dichas reuniones tenían un objetivo puntual. “En primer lugar quiero manifestarles que no todas fueron con el señor expresidente. Tres de ellas están registradas por reuniones convocadas por el exvicepresidente de la República, porque él era el que coordinaba Conabed -Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio-, y yo soy miembro como Ministerio Público del Conabed”.

Además, dijo que fue convocada para conversar sobre un convenio anticorrupción para analizar un proyecto de obras inconclusas, en las que además participaron representantes de varias instituciones del Estado.

También dijo que tuvo dos reuniones con el exmandatario cuando eran las entrevistas a candidatos a fiscal general. El señor presidente nos convocó y en dos oportunidades yo también me apersoné”.

“Igualmente tuvimos una reunión de Consejo de Seguridad, que no me dejara mentir el señor ministro de gobernación, que cuando se hace necesario, pues obviamente me invitan para poder participar. Entonces, esa otra reunión de trabajo. Y otra reunión de trabajo se relacionó al tema contra la trata de personas. Como ustedes pueden advertir son reuniones de trabajo eminentemente”, concluyó la Fiscal.

Acuerdos

El Gobierno de Guatemala acordó este miércoles buscar líneas de trabajo interinstitucional con el MP, dirigido por Porras, señalada de supuestamente haber intentado impedir la investidura del presidente, Bernardo Arévalo.

“La colaboración y el trabajo conjunto con el Ministerio Público es un elemento esencial para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado en materia de seguridad en este nuevo Gobierno”, declaró el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, después de la reunión con la fiscal Porras.

En una prueba de fuerza, el presidente Arévalo y la fiscal Porras se citaron mutuamente en las primeras semanas del nuevo Gobierno, luego de que la jefa del Ministerio Público supuestamente intentara evitar el cambio de mando, desde el 12 de julio pasado con una serie de acciones judiciales en su contra.

De acuerdo con Jiménez, el presidente Arévalo le indicó que tenían “que fortalecer el trabajo técnico y operativo con el Ministerio Público”.

La fiscal general y el ministro Jiménez aseguraron que continuarán con una serie de reuniones técnicas la próxima semana “con el objetivo de darle seguridad y justicia al pueblo de Guatemala”.

“Dentro de los acuerdos alcanzados, se establecieron puntos de contacto entre ambas instituciones y se ha propuesto reuniones para la revisión y ejecución de los convenios de cooperación vigentes”, explicó Porras.

En días pasados, Arévalo expresó en una entrevista con EFE que pediría la renuncia de Porras, debido al papel que desempeñó para intentar revertir su victoria electoral.

Mientras tanto, Porras, sancionada por Estados Unidos, respondió, hace dos semanas, que no dejará su cargo y que concluirá su mandato hasta 2026.

Seguridad y narcotráfico

De acuerdo con la fiscal Porras, el Ministerio Público se comprometió a trasladar al ministro del Interior y de la Defensa los avances de la creación del Centro Integrado Nacional contra la Narcoactividad en Guatemala, “para que el proyecto continúe avanzando”.

Otro de los acuerdos entre el Gobierno de Arévalo de León y la Fiscalía General ha sido avanzar en la capacitación técnica de agentes policiales, así como generar avances para lograr ejecutar más de 8.000 órdenes de captura pendientes.

En septiembre del año pasado, Arévalo de León acusó públicamente a Porras de intentar un “golpe de Estado” para evitar su investidura presidencial.

La Fiscalía intentó cancelar el partido Movimiento Semilla, de Arévalo de León, e incluso trató de anular los resultados electorales de las jornadas del 25 de junio y 20 de agosto pasados.

Arévalo de León, de 65 años, se convirtió en el primer presidente progresista de Guatemala y existen grandes expectativas sobre su Administración, debido a sus promesas electorales de hacer frente al deterioro democrático y a la corrupción estatal del país centroamericano.

Luego de haber adjudicado las comisiones legislativas a los bloques parlamentarios, este jueves 1 de febrero, el pleno del Congreso de la República hizo publicó los nombres de los diputados que las presidirán durante el periodo 2024-2025.

Este jueves se dieron a conocer las presidencias de 25 comisiones de trabajo, pues las bancadas de Vamos (8) y Unionista (1) aún no han enviado el oficio con los nombres de los presidentes de las salas legislativas que les asignaron.

Vamos tiene ocho y Unionista una; sin embargo, aún no se han adjudicado cuatro comisiones que le correspondían a los diputados de Semilla, ya que ante la suspensión por orden judicial de dicho partido sus diputados no pueden integrar las comisiones de trabajo en el Legislativo.

Las presidencias de las comisiones legislativas se dieron a conocer en momento en que la Corte de Constitucionalidad (CC) ratificó la decisión del juez Séptimo Penal de suspender al Movimiento Semilla, partido del presidente, Bernardo Arévalo de León.

De acuerdo con una resolución emitida este jueves por la CC, el juez penal Fredy Orellana sí tenía facultades para suspender al partido de Arévalo de León en agosto de 2023.

La CC decidió rechazar un recurso legal presentado por un grupo de abogados en favor del Movimiento Semilla, que buscaba anular su suspensión y evitar que sus diputados en el Congreso continúen como independientes.

En agosto de 2023, el juez Orellana, sancionado por Estados Unidos, ordenó la suspensión del Movimiento Semilla a petición del Ministerio Público (MP) por supuestas anomalías en el proceso de creación de la agrupación en 2018.

Presidentes de comisiones de trabajo 2024-2025

1. Comisión de Relaciones Exteriores, Lucrecia Carola Samayoa Reyes, Bien
2. Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, Rolando Guzmán Figueroa, Cabal
3. Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Mario Velásquez Pérez, Cabal
4. Comisión de Seguridad Alimentaria, Jairo Danilo Orellana Sandoval, Cabal
5. Comisión de Turismo, Kevin Luis Carlo Escobar Castillo, Cabal
6. Comisión de Transparencia y Probidad, Rodrigo Antonio Pellecer Rodríguez, Elefante
7. Comisión de Asuntos Municipales, Esduín Jerson Javier Javier, Cambio
8. Comisión de Previsión y Seguridad Social, Cristian Rodolfo Álvarez Álvarez, Creo
9. Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, Jorge Mario Villagrán Álvarez, Partido Azul
10. Comisión de Vivienda, Rudy Berner Pereira Delgado, Nosotros
11. Comisión de Deportes, Gustavo Adolfo Cifuentes Navarro, Todos
12. Comisión de Gobernación, Julio Daniel Marroquín Ordóñez, UNE
13. Comisión de Asuntos Electorales, Juan Ignacio Quijada Heredia, UNE
14. Comisión de Derechos Humanos, José Adolfo Quezada Valdez, UNE
15. Comisión de Desarrollo Social, Karla Betzaida Cardona Arreaga, UNE
16. Comisión de Defensa Nacional, Francisco Vitelio Lam Ruano, UNE
17. Comisión de Apoyo Técnico, León Felipe Barrera Villanueva, UNE
18. Comisión de Migrantes, Julio Pedro Gómez Gómez, UNE
19. Comisión de Trabajo, Sonia Marina Gutiérrez Raguay, Winaq/URNG/Maíz
20. Comisión de Cultura, Sherol Ivanisse Arévalo Ávila, Valor
21. Comisión de Pequeña y Mediana Empresa, Ernesto Bran Colindres, Valor
22. Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales, Randy Arely Coc Figueroa
23. Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, Jeovanni Omar Domínguez Orozco
24. Comisión de Salud y Asistencia Social, Evelin Oddeth Morataya Marroquín
25. Comisión de Energía y Minas, Orlando Joaquín Blanco Lapola, VOS

Una Sala ordenó este jueves 1 de febrero el embargo de las cuentas bancarias de la empresa Datasys, encargada de haber vendido por Q148 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el cual es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público (MP).

La resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo se da con base a una apelación del MP respecto al caso, la cual fue declarada con lugar y se ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Datasys.

Además, en la misma resolución la Sala le ordena al TSE que frene el pago de Q40 millones pendientes a la empresa Datasys.

La apelación que originó la resolución fue planteada por la Fiscalía de Extinción de Dominio, según fuentes judiciales.

Órdenes de captura

Como parte de la investigación, el MP solicitó el retiro de la inmunidad de cuatro magistrados del TSE, quienes fueron desaforados por el Congreso de la República el 30 de noviembre pasado y posteriormente se giró orden de captura en su contra.

La Fiscalía confirmó el 11 de enero pasado órdenes de captura contra la magistrada Irma Palencia por supuesto abuso de autoridad y fraude, mientras que los magistrados Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas son señalados de fraude.

Los magistrados del TSE fueron denunciados por un supuesto fraude financiero en la compra del referido sistema.

Informe de la CGC

Además, el 24 de noviembre del 2023, la Contraloría General de Cuentas (CGC) encontró posibles inconsistencias en la forma en que el TSE, utilizó los Q500 millones destinados para la preparación del evento electoral del 2023.

La CGC comenzó a indagar alrededor del TREP, herramienta usada en las votaciones del 25 de junio y del 20 de agosto del 2023.

Este sistema fue adquirido a un costo de Q148 millones 850 mil 250, cuyo contrato fue suscrito el 15 de marzo de 2023; sin embargo, las acciones de fiscalización detectaron que desde noviembre del 2022 el TSE comenzó con la compra de equipo de computación que se acoplaría con los requerimientos que haría la empresa a cargo del contrato del TREP meses después.

Entre ese equipo se detallan 5 mil 965 escáneres y 8 mil 676 computadoras portátiles, según los hallazgos preliminares, que se adquirieron para uso del sistema.

La idea principal del TSE, según detallan los hallazgos preliminares de la CGC, sería desarrollar su propio sistema informático, del que hasta finales de 2022 no se tuvo un avance significativo.

Datasys, la empresa que ofreció el servicio y a la que finalmente se adjudicó, informó a la CGC que el total del costo del Trep se dividió en 26 puntos.

Las posibles inconsistencias en la compra del TREP, según los hallazgos de la CGC, revelan una mala calidad del gasto en la adquisición de una solución informática y adquisición de componentes tecnológicos adicionales para el proceso electoral 2023, que “exceden las necesidades reales del país”, que habría repercutido en un “detrimento de los intereses del Estado”.

Este martes 30 de enero se llevó a cabo la primera reunión del año entre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y representantes de los partidos políticos, donde se les planteó que tienen hasta el 29 de febrero próximo para presentar sus propuestas de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Esa recomendación se hizo en el seno de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), que comenzará con la discusión de las propuestas en marzo próximo.

Los partidos deben crear un usuario en la página de la CAME para designar a sus representantes y para presentar sus propuestas sobre temas como el sistema electoral, justicia electoral, fortalecimiento electoral, financiamiento y medios de comunicación.

Además, los partidos en su mayoría se refirieron a aspectos como la “exageración” de las multas que reciben por infracciones a la LEPP.

Para la CAME se ha convocado a todos los partidos que participaron en las elecciones 2023 y den sus aportes, incluso los cancelados.

“Justicia electoral”

La LEPP necesita cambios que permitan una aplicación adecuada en “justicia electoral”, según opinó en septiembre pasado un grupo de analistas de cara a la futura CAME.

Esta mesa que se integra por múltiples sectores sociales se encarga de proponer reformas a la LEPP después de cada evento electoral, por lo que, a criterio de los entrevistados, el reto de la siguiente CAME será mayúsculo.

Las elecciones generales de Guatemala, tanto en primera vuelta del 25 de junio, como en segunda vuelta del 20 de agosto, fueron objeto de amparos, apelaciones, denuncias y discursos que buscaban levantar la percepción de un supuesto fraude.

“Hay que asegurar que el TSE sea figura que organiza, que supervisa y que brinda justicia electoral, que no está sujeto a cualquier tipo de escrutinio ilegal de una sala o de un ciudadano anónimo que pueda poner en vilo todo el proceso electoral”, señaló Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano en Estudios Políticos (Incep).

“Ahora hay que meterse de lleno a la CAME, la vez pasada la CAME fue un evento muy triste, no se llegó a aportar cosas técnicas ni de fondo”, recordó María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Otra necesidad latente para mejorar los procesos electorales en Guatemala, y evitar otra crisis como la vivida recientemente, indican las fuentes, será posible toda vez se fortalezcan los partidos políticos, que tienen que incentivar la participación.

Hidalgo, considera que los partidos políticos tienen que estar presentes siempre, y no una vez cada cuatro años para pedir el voto.

Indica que el rol de una agrupación partidaria es fijar posturas sobre situaciones nacionales, emitir propuestas e incentivar que la población quiera participar en la política, algo que a la fecha no se da y que debe quedar regulado de mejor manera en una mejorada LEPP.

Con 105 votos a favor, el Congreso de la República aprobó este martes 30 de enero la distribución de 34 de las 38 comisiones legislativas, dejando fuera las cuatro que le corresponden a los diputados de partido Movimiento Semilla, el cual está suspendido de manera provisional por orden del juez Sétimo Penal, Fredy Orellana.

Debido a dicha suspensión, los diputados del bloque Semilla tienen prohibición para presidir salas legislativas.

De esa cuenta que de las 38 comisiones de trabajo que hay en el Congreso de la República para el periodo 2024-2025, no se asignaron las comisiones de Finanzas, Economía, Ambiente y Legislación y Puntos Constitucionales, que le corresponderían a Semilla.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, señaló que se reunirán para hacer la redistribución entre los bloques de las cuatro comisiones que le correspondían al Movimiento Semilla.

“La distribución de comisiones responde a acuerdos o consensos de todas las bancadas y en este momento no se llegó a acuerdos respecto a estas cuatro comisiones”, dijo Ramos, quien agregó que no es la primera vez que eso ocurre.

“Ustedes saben que hay un acuerdo multipartidista de gobernabilidad, y en ese sentido tenemos que sujetarnos a ese acuerdo y debe prevalecer el consenso, el diálogo de la propuesta”, dijo Ramos.

La designación de las comisiones de trabajo en el Congreso de la República coincidió con una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena al Congreso que los diputados de Semilla continúen actuando como independientes y con facultades restringidas.

La CC otorgó un amparo provisional pedido por diputados de la oposición con el que los 23 legisladores de Semilla no pueden integrar la Junta Directiva del Legislativo. Tampoco presidir comisiones de trabajo, tras haber sido declarados independientes por la legislatura pasada luego de ser suspendido el partido por Orellana.

El Congreso debe “abstenerse de aprobar y emitir un acuerdo legislativo que pretenda constituir como bloque legislativo a los diputados electos para el periodo 2024-2028 que se encuentren en estatus de independientes”, ordenó la Corte.

Según la orden, los congresistas de Semilla no pueden integrarse como bloque o bancada ni contar con todas las prerrogativas por la resolución del juez Orellana que inhabilitó al partido el año pasado.

Pese al revés judicial, los diputados de Semilla, la tercera fuerza en el parlamento, mantienen una alianza con otros partidos que llevaron el 19 de enero a elegir una directiva.

Esa directiva fue designada después de que la misma Corte anuló a otra elegida el 14 de enero, día del traspaso presidencial, y que era presidida por el diputado Samuel Pérez, de Semilla, al considerar que no podía ostentar el cargo por ser independiente.

El partido Semilla fue suspendido a petición de la Fiscalía después que Bernardo Arévalo dio la sorpresa en junio pasado al colarse al balotaje presidencial, que ganó en agosto.

La Fiscalía sostiene que existieron irregularidades en la conformación del partido en 2017 y mantiene abierta una investigación por la que intentó quitar la inmunidad a Arévalo como presidente electo.

Arévalo ha señalado que ese y otros casos de la Fiscalía fueron “fabricados” para evitar su investidura.

Otros temas

Además, en otros temas, este martes los diputados aprobaros el primer decreto de la nueva legislatura y se remitió la iniciativa que busca reformar la Ley del MP.

La Junta Directiva del Congreso remitió a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional la iniciativa de ley que busca reformar la Ley Orgánica del MP, para modificar las justificaciones con las que el presidente de la República puede destituir al fiscal general.

En ese tema, el expresidente del Congreso, Allan Rodríguez, pidió a la Junta Directiva que esa iniciativa reciba dictamen de las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, Finanzas Públicas y Reformas al Sector Justicia.

Además, con 153 votos, los diputados aprobaron su primer decreto de la nueva legislatura.

Se trata de una exoneración de IVA y aranceles para importaciones de la Fundación Ayúdame a Vivir por 10 años.

Luego de que la fiscal general, Consuelo Porras, acudiera este lunes 29 de enero a una reunión con el presidente Bernardo Arévalo y su gabinete, pero se retirara anticipadamente alegando impedimentos legales, sin que abordaran el pedido del mandatario para que renuncie, la funcionaria envió una invitación al gobernante para que se reúnan en la sede del Ministerio Público (MP) el próximo 7 de febrero.

“Esta tarde la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, envió un oficio a la Presidencia de la República a efecto de invitar al señor presidente César Bernardo Arévalo de León, en su calidad de representante de la unidad nacional, a sostener una reunión de trabajo para coordinar esfuerzos interinstitucionales en favor de las víctimas del delito, y poder velar por los intereses de toda la población para lograr la debida articulación y coordinación de esfuerzos en favor de Guatemala”, dijo Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, en un video compartido en redes sociales.

Pantaleón agregó que respecto a la reunión con Arévalo de este lunes “la Fiscal General concurrió dando estricto cumplimiento al artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, con la voluntad de entablar un diálogo constructivo en favor del pueblo de Guatemala”.

Sin embargo, agregó que el encuentro no se efectuó “ya que, por mandato de ley, la Fiscal General no tiene la facultad de participar en consejo de ministros, sino únicamente en gabinetes específicos”, por lo que Porras “le está girando la cordial invitación al señor presidente de la República para trabajar por el bien del país en el marco de las respectivas competencias de cada uno”.

La carta firmada por Porras y dirigida a Arévalo señala que, “de conformidad con el artículo 182 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su calidad de representante de la unidad nacional y con el fin de velar por los intereses de toda la población de la República, por este medio me permito cordialmente invitarlo a una reunión de trabajo, acompañado de los funcionarios que usted estime pertinente, a efecto de coordinar esfuerzos interinstitucionales en favor de las víctimas del delito, el próximo miércoles 07 de febrero del año en curso en el Salón Mayor del Edificio Central del Ministerio Público, Barrio Gerona a las 09:00 horas”.

El documento concluye: “espero contar con su participación a efecto de lograr la debida articulación y coordinación interinstitucional en el marco de nuestras respectivas competencias y en favor de la población guatemalteca”.

Se retira

Porras, a quien Arévalo señaló públicamente de promover un “golpe de Estado” por las acciones que la Fiscalía emprendió en contra y contra el partido Movimiento Semilla, acudió a la segunda citación del presidente, quien, además, le ha pedido públicamente su dimisión, algo que ella rechaza. Su mandato vence en 2026.

“Me vi en la necesidad de retirarme ya que la reunión se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de Ministros, que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar”, afirmó Porras en un video difundido en redes sociales tras abandonar la Casa Presidencial.

Aseguró que acudió a la citación de Arévalo “en cumplimiento de la ley orgánica del Ministerio Público”, pero se retiró porque esa reunión interfería con la “autonomía” de la institución que ella dirige.

Arévalo citó a Porras a la sesión del gabinete luego de que ella se negara a reunirse con él el miércoles pasado. Ese mismo día, la fiscal de 70 años, sancionada por Estados Unidos, dijo no dejaría su cargo. Arévalo carece de facultadas para removerla.

El presidente por su parte indicó que la “visita frustrada” de Porras tenía por fin abordar actividades conjuntas y señaló que evaluará “las acciones legales que proceden” ante la “negativa” de Porras de participar en la sesión del gabinete.

Respecto a la invitación girada por Porras, se consultó a la Presidencia sobre que decisión tomarán, pero aún no han respondido.

Luego de haber decretado una reserva parcial de la audiencia, el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, empezó la diligencia de primera declaración de cuatro trabajadoras del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que son señaladas en el caso Corrupción Semilla, informaron este lunes 29 de enero fuentes judiciales.

Al haber declarado la diligencia bajo reserva, la audiencia se celebró a puerta cerrada y sin la presencia de la Prensa.

Se trata de Luz Elena de León Carreto, Jennyfer Mireya Estrada Escobar, Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quezada Villatoro, a quienes la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) vincula en la investigación contra el partido Movimiento Semilla, del presidente Bernardo Arévalo y el cual fue suspendido por el juez Orellana.

Luego de varios minutos, Orellana suspendió la audiencia y la reprogramó para el 7 de febrero.

Se sabe que solo los abogados defensores de Luz Elena de León Carreto y Jennyfer Mireya Estrada Escobar tuvieron intervención, mientras que los de Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quezada Villatoro quedaron a la espera.

De acuerdo con la información, la audiencia se suspendió porque el juez Orellana debía atender otras diligencias.

Al juzgado se presentó Blanca Alfaro, presidenta del TSE, para respaldar a las cuatro trabajadoras del Tribunal, aunque no se pronunció sobre la situación de las señaladas.

De momento se desconoce los hechos concretos que la Fiscalía imputará a las cuatro trabajadoras del TSE.

En este caso, José Alejandro Rueda Lone, oficinista IV del Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos se declaró culpable por la vía de aceptación de cargos de los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.

La FECI señala a personal del TSE por haber autorizado la inscripción del partido político Movimiento Semilla, pues de acuerdo con los señalamientos, hubo reportes de firmas falsas en las actas de afiliación de dicha agrupación.