La Corte IDH señaló en su información que “de conformidad con todas las anteriores consideraciones y de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 63.2 de la Convención Americana, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los 14 casos indicados en el Considerando 50, la Corte requiere al Estado que interrumpa el trámite legislativo de la iniciativa de ley 5733 que pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional”  señaló parte del documento que presentó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

En la resolución se señaló que la reforma, es estaría “concediendo una amnistía para todas las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno y la archive“.

#ALERTA Tras audiencia por caso Molina Theissen, la @CorteIDH ordena al Estado de #Guatemala interrumpir y archivar el trámite de la iniciativa 5377 para reformar la Ley de Reconciliación Nacional que pretende mantener en impunidad los crímenes del conflicto. #NoALaAmnistía pic.twitter.com/6UfNJ4VhUR

— CEJIL (@cejil) March 13, 2019

A ello el Asesor Especial para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, que pidió a los miembros del Congreso de Guatemala a rechazar el proyecto de ley de revisión de la Ley de Reconciliación Nacional de 1996. El Asesor también expresó su profunda preocupación por las graves consecuencias que tendría la aprobación de este proyecto ley para la estabilidad del país y la cohesión de la sociedad guatemalteca.

Según el Asesor Especial, “el proyecto de ley representa una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia“. El Asesor Especial destacó que, a pesar de los muchos desafíos y retrasos que se han presentado a lo largo de los años, las recientes decisiones judiciales en los casos de Sepur Zarco, Molina Theissen y dos Erres han demostrado cómo un país puede trabajar para superar un legado de guerra e impunidad, y de este modo contribuir a la prevención de crímenes en el futuro.

El Asesor Especial destacó que “el juicio por genocidio contra el ex Jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt hace algunos años en los tribunales de Guatemala, envió un incuestionable mensaje al mundo de que la justicia puede prevalecer y de que nadie está por encima de la ley. Guatemala fue el primer país que enjuició en sus tribunales a un ex jefe de Estado por genocidio. ¿Qué mensaje y ejemplo enviará Guatemala al mundo si se aprueba este proyecto de ley? ¿Qué es la impunidad, y no la justicia, lo que prevalece después de todo? Esto constituiría una afrenta a las víctimas, una violación de sus derechos y un riesgo para su seguridad “.

#Comunicado Asesor Especial del Secretario General para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, urge al Congreso a rechazar la #iniciativa5377 que reforma Ley de Reconciliación Nacional https://t.co/I6uFwr73ec pic.twitter.com/tsqEQw2hZF

— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) March 13, 2019

La solicitud ante la CIDH

Este lunes 11 de marzo Familiares de un menor desaparecido durante el conflicto interno en Guatemala y defensores de derechos humanos alertaron este lunes sobre una reforma en discusión en el Congreso guatemalteco para instaurar una amnistía para crímenes cometidos durante la guerra civil.

Las advertencias se hicieron en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en San José, para evaluar el cumplimiento de la sentencia condenatoria contra el Estado guatemalteco por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, a los 14 años.

El menor fue secuestrado por militares que incursionaron en su casa en octubre de 1981, un día después de que su hermana Emma, entonces de 21, escapara de un cuartel militar donde sufrió torturas y violación a manos de los solados.

Cuatro militares de alto rango fueron sentenciados en mayo de 2018 a más de 30 años de prisión por el caso.

Ana Lucrecia Molina Theissen, hermana de las víctimas, declaró en la audiencia: “La justicia alcanzada es una satisfacción para mí y para mi familia y para otras miles de víctimas de crímenes horrendos”.

Pero advirtió que la reforma a la ley de reconciliación nacional de 1996, que contempla amnistías para los crímenes cometidos durante el conflicto armado, será un retroceso en lo avanzado por la justicia.

“La reforma a la ley de reconciliación nacional que está a punto de aprobarse es un agravio más para Marco Antonio, Emma, mi familia y las decenas de miles de víctimas del terrorismo estatal”, sostuvo.

La ley de reconciliación nacional fue promulgada tras los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado en Guatemala (1960-1996), y excluyó la posibilidad de exculpar los delitos de lesa humanidad, como tortura y desaparición forzada de personas.

La reforma en discusión en Guatemala busca amnistiar esos delitos, y fue aprobada en dos debates legislativos, requiriendo un voto más para ser adoptada.

“La inminente aprobación y entrada en vigencia (de la reforma) alentaría la repetición de hechos violatorios, profundizaría la impunidad e incumpliría con los compromisos internacionales“, expuso en la audiencia la jurista Claudia Paz y Paz, directora regional del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Agregó que “esta iniciativa solo tiene un propósito: garantizar la impunidad a a los graves perpetradores de los crímenes” cometidos durante el conflicto armado.

El representante del Estado guatemalteco en la audiencia, Jorge Luis Borrayo, aseguró que el gobierno del presidente Jimmy Morales no tiene incidencia sobre la votación en marcha en el Congreso.

Los familiares reclamaron al gobierno la falta de atención a la búsqueda de los restos de Marco Antonio Molina.

“No se imaginan, le destrozan a uno la vida, mi corazón está siempre pensando lo mismo: ¿Dónde está mi hijo, qué hicieron con él?”, lamentó Emma Theissen, madre del desaparecido.

El menor fue secuestrado por militares que incursionaron en su casa en octubre de 1981, un día después de que su hermana Emma, entonces de 21, escapara de un cuartel militar donde sufrió torturas y violación a manos de los solados.

Cuatro militares de alto rango fueron sentenciados en mayo de 2018 a más de 30 años de prisión por el caso.

Iniciativa 5377

La Ley de Reconciliación Nacional fue promulgada tras los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado en Guatemala (1960-1996), y excluyó la posibilidad de exculpar los delitos de lesa humanidad, como tortura y desaparición forzada de personas.

Las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, iniciativa 5377, van dirigidas a extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura. Además, de absolver a condenados por estos hechos, aplicando la retroactividad de la ley.

La iniciativa también pretende modificar el artículo 5 de la actual Ley de Reconciliación Nacional para que se declare la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que, hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores.

“Los delitos cuya responsabilidad penal se declara extinguida en este artículo se conceptúan de naturaleza política y la autoridad judicial declarará el sobreseimiento definitivo sin más trámite. Ninguna persona que haya participado en el enfrentamiento armado interno será objeto de medidas de coerción o persecución penal”, propone el nuevo texto.

La reforma también adiciona un nuevo artículo, en el que indica que “toda persona que haya sido juzgada y se encuentre en cumplimiento de condena o se encuentre en proceso penal y se le decretaron medidas de coerción, tales como auto procesamiento, prisión preventiva, medidas sustitutivas de la prisión preventiva, conducción y aprehensión por delitos enmarcados en dicha ley, se le deberá decretar la amnistía y el sobreseimiento en su caso, y ordenarse su libertad por el tribunal correspondiente en el plazo de veinticuatro horas”.

“Esta es una sentencia trascendental para Guatemala y el mundo con relación a la investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por altos mandos militares durante un conflicto armado interno”, dijo el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en un comunicado. 

La madrugada del miércoles, un tribunal guatemalteco declaró culpables a cuatro oficiales jubilados del ejército por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y la violación y tortura de su hermana Emma Guadalupe durante la guerra civil que desangró al país entre 1960 y 1996.

Los militares involucrados son los generales retirados Benedicto Lucas -exjefe del Estado Mayor del Ejército- y Manuel Callejas, y los coroneles jubilados Francisco Gordillo y Hugo Zaldaña.

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Los cuatro fueron condenados a 33 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y violación agravada, por los vejámenes cometidos en un un cuartel contra Emma Guadalupe Molina Theissen.

Por la desaparición forzada de su hermano, Marco Antonio, fueron sentenciados a 25 años más de prisión todos los militares excepto Gordillo. El tribunal absolvió de los cargos al quinto implicado, el general retirado Edilberto Letona.

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“La sentencia emitida (…), citando estándares internacionales de derechos humanos, reconoció que la práctica de violencia sexual, tortura y desaparición forzada formó parte de la estrategia militar” durante la guerra interna, agregó Zeid.

Marco Antonio Molina Theissen tenía 14 años cuando fue secuestrado por una unidad del Ejército en la residencia de sus padres, en la capital guatemalteca, el 6 de octubre de 1981, y continúa desaparecido hasta la fecha.

Un día antes su hermana, entonces de 21 años, escapó de un cuartel militar en el oeste del país donde sufrió torturas y violación en varias ocasiones por soldados.

]]> 185752 https://www.guatevision.com/noticias/nacional/condenan-molina-theissen Wed, 23 May 2018 12:11:13 +0000 https://www.guatevision.com/?post_type=post-noticias&p=184895

PDH pidió agilización del veredicto

#PDH solicita al Tribunal de Mayor Riesgo C agilizar el tiempo para dar a conocer lo más pronto posible la sentencia del #CasoMolinaTheissen https://t.co/ohK9o7Tvpl

— Prensa Libre (@prensa_libre) May 23, 2018

Presión alta

Un médico del Centro Médico Militar llegó anoche para realizar una revisión y entregar medicamentos a los militares señalados por delitos de deberes contra la humanidad ya que previo a la resolución les subió la presión.

#CasoMolinaTheissen | Hugo Zaldaña, Francisco Gordillo, Edilberto Letona y Antonio Callejas sufren de presión alta previo al veredicto del Tribunal de Mayor Riesgo C. Fotos: Érick Ávila pic.twitter.com/qNYaLeBfkp

— Prensa Libre (@prensa_libre) May 23, 2018

Mientras que Lucas García, hermano del fallecido expresidente Fernando Romeo Lucas García, siguió la audiencia por videoconferencia desde el Centro Médico Militar, donde se encuentra hospitalizado.

Embajador llega a presenciar la resolución

El embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, asistió a la megasala y se retiró antes de que se conociera la resolución. También estaban presentes activistas de derechos humanos. Entrada casi la media noche, la sala permanecía llena con los involucrados, prensa, el PDH y otros asistentes.

#EmbArreaga observó el pronunciamiento sobre el @CasoMolinaTheissen en #GUA. Apoyamos un sector judicial independiente y eficiente para combatir la #Impunidad y garantizar #SeguridadCiudadana y #Gobernanza pic.twitter.com/6yymFX7xUn

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) May 22, 2018

La desaparición de Molina Theissen

Según la información presentada por el ente investigador, el 27 de septiembre de 1981 en Santa Lucía Utatlán, Sololá, fue detenida Emma Guadalupe Molina Theissen, en un retén militar de control de carreteras; ella llevaba escondida propaganda de estudio y discusión política y fue trasladada a la Zona Militar “GMLB” de Quetzaltenango, donde fue torturada y violada y de donde logró escapar 9 días después.

El 6 de octubre de ese mismo año, tres elementos del ejército vestidos de particular, llegan a la casa de la familia Molina Theissen en la 6a. avenida 2-35 zona 19, La Florida, y se llevaron a Marco Antonio Molina Theissen, hermano de Emma Guadalupe.

El 26 de abril de 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad en la desaparición del menor ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que condenó al Estado y ordenó buscar a la víctima, investigar y eventualmente sancionar a los responsables materiales e intelectuales del hecho.

Durante 10 años el MP trabajó en la investigación, utilizando como medios el peritaje militar, de derecho internacional humanitario, archivístico, declaraciones testimoniales,entre otros, e individualizó responsabilidades contra cuatro integrantes del ejército en esa época.

[AMPLIAREMOS]

Los defensores de los 5 militares retirados acusados por la desaparición y muerte del menor de edad Marco Antonio Molina Theissen,  presentan sus argumentos en la fase de conclusiones del debate,  ante un tribunal “C” de Alto Riesgo.

Tribunal de mayor riego continúa audiencia en fase de conclusiones en contra de 5 Militares retirados en el caso de Marco Antonio Molina Theissen. La defensa presenta sus argumentos. pic.twitter.com/QfSqbAqke1

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) May 17, 2018

A lo largo de 20 semanas y aproximadamente 19 audiencias y luego de que el Ministerio Público diera por finalizada la presentación de los argumentos en la fase de conclusiones, este día los defensores de los 5 militares han iniciado con sus argumentos de defensa por delitos contra los Deberes de la Humanidad, Desaparición Forzada y Violación Agravada que a lo largo del proceso los sindica el Ministerio Público.

En esta semana el MP solicitó penas entre 90 a 112 años,  30 años de prisión por delitos contra los deberes de la humanidad, 20 años por el delito de violación con agravación de la pena para los militares.

Por el delito de desaparición forzada en agravio de Marco Antonio Molina Theissen, el Ministerio Público solicitó penas de 40 años de prisión en contra de Lucas García, Manuel Callejas y Ramiro Zaldaña.

La presentanción de los argumentos por parte de la defensa de los militares continúan.