Guatemala cumplió este lunes 9 de octubre una semana de bloqueos de carreteras en todo el territorio para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, señalada de intentar revertir los resultados de las elecciones generales celebradas este 2023.

De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, son 80 carreteras las que han sido bloqueadas esta mañana de lunes, incluidas 14 vías principales dentro de la capital de la Nación.

La mayoría de bloqueos se concentran sobre la ruta Interamericana en el noroeste de Guatemala y son encabezados por distintas organizaciones campesinas e indígenas que llamaron a la población a protestar para exigir la dimisión de Porras.

Estas manifestaciones surgieron después de que el MP decidiera secuestrar cajas con los resultados electorales, el pasado 29 de septiembre y avanzar con el proceso de judicialización contra el partido Movimiento Semilla, del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

Como medida de presión, un grupo de manifestantes cumplió siete noches pernoctando afuera de las instalaciones centrales del MP  y este lunes los dirigentes confirmaron a EFE que están listos para continuar con este plantón el tiempo que sea necesario.

Debido a la paralización del país, algunos de los principales mercados amanecieron cerrados, las escuelas suspendieron la jornada de clases y algunos comercios decidieron frenar sus labores.

Porras y la cúpula del MP fueron sancionados en los últimos dos años con el retiro de su visa por Estados Unidos, bajo acusaciones de “socavar” la Justicia en Guatemala. EFE

Las manifestaciones se mantienen en Guatemala a escala nacional y los manifestantes también piden la renuncia del fiscal de la Feci, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orella, por las acciones en torno al proceso electoral.

La fiscal general Consuelo Porras emitió un mensaje este 9 de octubre respecto a los bloqueos en toda Guatemala, donde manifestantes piden desde hace ocho días su renuncia.

Según Porras, reconoce el derecho a manifestar, pero asegura que “un grupo de guatemaltecos” se aprovechan de la situación para generar “bloqueos, saqueos, cierres obligatorios con amenazas a comerciante y obstrucción a sedes del MP y juzgados”.

Mientras que dirigentes de la manifestaciones mantienen firme su exigencia de pedir la renuncia de Porras.

Debido a su condición de “rebeldía”, al evadir la orden de captura, la jueza de mayor riesgo “D”, Erika Aifán, no dio trámite a una apelación planteada por Mynor Moto.

Moto insiste en revocar la orden de aprehensión por el caso Comisiones Paralelas 2020.

El 2 de febrero pasado, Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Erika Aifán, quien ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

Aifán firmó la orden de captura a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que vincula a Moto en el caso Comisiones paralelas 2020 y quien consideró no idóneo para el cargo de magistrado.

Junto a Moto también fue declarado rebelde y bajo arraigo Dennis Billy Herrera Arita, exintegrante de la comisión de postulación para sala de Apelaciones.

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La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo no otorgó amparo provisional a Mynor Moto y confirmó la orden de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020.

Moto, magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) elegido por el Colegio de Abogados, pero cuya toma de posesión fue suspendida por ese mismo tribunal, reclamaba derecho de antejuicio ante la orden de arresto que firmó Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D.