El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales  (MARN) publicó este 9 de agosto de 2023 el acuerdo gubernativo 184-2023 en el que hizo reformas al acuerdo gubernativo número 164-2021 que contiene el Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes y prorrogó hasta febrero de 2025 la entrada en vigencia de la separación secundaria de la basura.

En agosto del 2021, el  MARN publicó el acuerdo 164-2021 que contenía el Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes.

Este reglamento establecía desde su entrada en vigor que todas las personas deberían separar los desechos en orgánico e inorgánico y daba 24 meses para que fuera obligatorio la segunda fase de la clasificación, que se cumplían este 11 de agosto de 2023.

Estas segunda fase de separación de desechos involucraban a las personas recolectoras de basura y a las municipalidades que debían tener listo para este 11 de agosto toda la logística para la recolección de los desechos ya clasificados y así también sus disposición final.

El pasado 27 de julio, la Gremial de Recolectores de Basura presentó un memorial en el MARN en el que daban a las autoridades un plazo de 72 horas para que postergaran el reglamento de clasificación de residuos. Sin embargo, la respuesta fue una invitación a participar en una mesa técnica de diálogo.

Las municipalidades del país también se quejaron y dijeron que no estaban listas para cumplir con la separación de la basura por lo que dijeron que no impondrían sanciones a quienes incumplieran con hacer la clasificación de desechos.

El 21 de julio la Asociación Nacional de Municipalidades solicitó una prórroga hasta el 11 de agosto del 2025, con el argumento de que no cuentan con las “herramientas y los recursos para impulsar de manera efectiva esa normativa”.

Reformas

En la publicación que hizo el MARN este 9 de agosto, se reformaron 3 artículos dl acuerdo 164-2021 y se menciona que las reformas son para incentivar el fortalecimiento de capacidades técnicas, administrativas y financieras de las municipalidades y entes responsables.

Además, para hacer una mayor difusión del reglamento con el objetivo de alcanzar el cumplimiento de sus disposiciones.

Se reforma el Artículo 12, el cual queda así:

“Articulo12. Clasificación. Todas aquellas personas individuales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que, como resultado de sus actividades produzcan residuos o desechos sólidos comunes, deberán separarlos al momento de su generación, de acuerdo con las clasificaciones. Siguientes”:

• a) Clasificación Primaria
• a.1) Orgánico; e
• a.2) Inorgánico.

Explica que la separación de los residuos y desechos sólidos comunes se realizará de acuerdo con esta clasificación, como mínimo, hasta la fecha de implementación de la clasificación secundaria.

• b) Clasificación Secundaria
• b.1) Orgánico;
• b.2) Reciclable (papel y cartón, vidrio, plástico, metal, multicapa);
• y b.3) No reciclable.

“A partir del once de febrero del año dos mil veinticinco, la implementación de esta clasificación será obligatoria”.

Con esta modificación las personas deben continuar con la separación primaria y se dará el tiempo para hacer campañas masivas y socializar la primera fase y sobre todo preparar la clasificación secundaria, dijo Jorge Grande Carballo, director de la Unidad para el Manejo de los Residuos y Desechos Sólidos del MARN, en una conferencia ofrecida este 9 de agosto.

En el acuerdo modificado también se establece que las municipalidades “podrán establecer una clasificación secundaria extendida que contenga otros materiales no establecidos en la Clasificación Secundaria, siempre y cuando esté sustentada por los estudios de caracterización de residuos y desechos sólidos comunes, los cuales están obligadas a ejecutar para poder desarrollar el plan municipal para la gestión integral de residuos y desechos sólidos correspondiente”

Agrega que estas deben priorizar la recuperación de materiales, procurando la adaptación de sus ordenanzas y otras reglamentaciones, en congruencia con la implementación del presente reglamento.

Norma para vehículos de transporte

El nuevo acuerdo modificó también el artículo 17, el cual queda así:

“Artículo 17. Norma para los vehículos destinados a la recolección y transporte. Se establecen como normas mínimas, aplicables a los vehículos destinados a la recolección y transporte de residuos y desechos sólidos comunes, las siguientes”:

• a) Deben ser dedicados para las actividades de recolección y transporte de residuos y desechos sólidos comunes;
• b) La carrocería debe estar construida con materiales sólidos y con protección a la corrosión;
• c) Se debe garantizar que no existan derrames de lixiviados hacia el exterior durante el transporte de los residuos y desechos sólidos comunes y que, además, puedan recolectarse para su posterior tratamiento;
• d) Deben estar plenamente identificados, por medio de rotulación visible que indique la naturaleza de la actividad desarrollada; y
• e) Su capacidad volumétrica nominal debe exceder la cantidad prevista de residuos y desechos sólidos comunes a recolectar en un mínimo de veinticinco por ciento, según la frecuencia de recolección establecida.”

El plazo

En el acuerdo también se reforma el artículo 64, el cual queda así:

“Articulo 64. Plazo de adaptación. Los entes sujetos a las disposiciones del presente Reglamento tendrán un plazo de cuarenta y dos (42) meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento para adaptarse a éstas y cumplir con sus obligaciones.”

Debido a que en agosto de 2021 se publicó el aludido reglamento, es desde allí que se cuentan los 42 meses, con lo cual la segunda fase de la clasificación secundaria de basura deberá implementarse a partir del 11 de febrero del 2025

El presente acuerdo gubernativo entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario de Centro América, es decir el 10 de agosto de 2023.

El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Mario Rojas Espino, defendió este lunes 19 de septiembre la iniciativa 6054 que es conocida como la ley del “súper ministerio de Ambiente y afirmó que lo que se busca es unificar esfuerzos de las instituciones con competencia ambiental, evitar duplicidad de funciones y burocracia.

El ministro Rojas participó en la conferencia semanal de funcionarios públicos, que se lleva a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura y allí habló sobre dicha iniciativa de ley y defendió por qué es importante que se apruebe.

Dicha iniciativa 6054 fue impulsada por la diputada Shirley Rivera, presidenta del Congreso e integrante del bloque oficial, acuerpada por diputados amigos entre ellos Aníbal Rojas, integrante de la Directiva y hermano del actual ministro de Ambiente, Mario Rojas..

La propuesta lleva por nombre Ley que Sitúa bajo la Coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las Instituciones de Competencia Ambiental, según el documento de dicha iniciativa.

La propuesta de ley busca concentrar en el Marn toda la potestad en materia ambiental, lo que significa el cierre de cualquier otra oficina de gobierno en esa rama, según algunos expertos.

Se pretende que dicho ministerio absorba y concentre las funciones, jurisdicciones y presupuestos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el Instituto Nacional de Bosques (Inab), la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret) y las cuatro autoridades de los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal-Río Dulce y Peten Itzá.

A criterio de expertos en materia ambiental, al analizar la propuesta de ley se determinó que se corre el riesgo que los recursos naturales de Guatemala se utilicen como un botín político, ya que podrían prescindir de criterios técnicos para la futura toma de decisiones.

El ministro Mario Rojas, dijo este lunes en la conferencia de prensa de funcionarios que cconscientes de que Guatemala es un país altamente vulnerable, están enfocados en recuperar y proteger los ecosistemas, ampliar la cobertura forestal y el resguardo de todos los recursos naturales.

Señaló que la iniciativa 6054, plantea unificar esfuerzos, plantea mejorar la gestión ambiental y no pretende que se cierre ninguna institución del Estado, como equivocadamente se ha planteado en algunas publicaciones.

Afirmó que el Conap, Ocret, Amsa, Amscale, Petén Itzá y Río Dulce pasarán a formar parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con el objetivo de reducir la duplicidad de gestiones, la burocracia y fortalecer la gestión ambiental del país tal y como ya se hace en el resto de países de la región y en los países altamente desarrollados.

En relación al presupuesto de este “superministerio”, Rojas, señaló que es importante señalar que actualmente el Conap tiene un presupuesto de Q124 millones 155 mil; AMSA, con Q83 millones 393 mil; Amsclae, Q10 millones; Ocret, Q20 millones 593 mil y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que ya tiene bajo su cargo la autoridad para el manejo sustentable de los lagos de Petén e Izabal,  cuenta con Q195 millones 711 mil, para un total de presupuesto combinado de Q433 millones 852 mil  y no Q900 millones como se ha socializado en algunos medios.

“La integración de estos entes, Ocret, Conap, Amsa y Amsclae es una oportunidad para mejorar la gobernanza ambiental, desarrollar una política ambiental debidamente articulada, así como fortalecer el trabajo que cada uno desarrolla y que en este momento se hace de forma aislada”, dijo el ministro Rojas.

Añadió que con la iniciativa están eliminando procesos duplicados y simplificando requisitos, con el único fin de avanzar en una misma dirección “todo en favor de los recursos naturales y el desarrollo ambiental de nuestro país”.

Tikal

El ministro de Ambiente también dijo que no se busca centralizar o monopolizar el tema ambiental, y que es importante aclarar que no se trata o permitir la destrucción del Parque Nacional Tikal, como muchas personas lo han querido informar.

“Tikal es un patrimonio de la humanidad, el cual está bajo el resguardo del Ministerio de Cultura y no se incluye en esta iniciativa de ley”, afirmó Rojas.

Según el ministro, lo que se busca con la iniciativa de ley es aportar transparencia al país ya que se identifique claramente la cadena de responsabilidades de funcionarios competentes en materia ambiental.

Reiteró que la iniciativa proviene del Organismo Legislativo y que de ser aprobada permitirá mejorar el tiempo de respuesta a eventos medioambientales, además de la optimización de los recursos materiales, porque se evita la duplicidad de funciones y se agilizan los procesos administrativos de inversión y logra también una mejor gobernanza ambiental, control, seguimiento y sanción.

“Ha habido mucha manipulación de este tema, en particular vemos un manejo de una agenda política con el propósito de que los gobiernos fracasen, y peor aún, que el medio ambiente se deteriore más. Este no es un tema de tener control sobre el presupuesto, ya que el Ejecutivo ha presentado ya una propuesta de presupuesto Congreso de la República para el periodo del año 2023, la cual ya define cómo van a manejarse esas instituciones”, dijo Rojas.

No es un superministerio

El ministro Rojas comentó: “No es cierto que tenemos un superministerio; un superministerio debería manejar más de Q10 mil millones o un poco más, como ya lo hace el Ministerio de Educación, que tiene más de Q20 mil millones.  Un ministerio que manejaría, en el siguiente gobierno, aclaramos, no en este gobierno, sería un poquito más de Q400 millones lo cual para nosotros todavía, para proteger la riqueza de nuestro país, se queda corto”.

Puso como ejemplo a Costa Rica, que con la mitad del territorio de Guatemala y un tercio de la población de Guatemala, le dedica el triple de presupuesto a proteger su medioaambiente, un poco más de US$100 millones al año.

“La riqueza de Guatemala no se puede seguir perdiendo por falta de coordinación interinstitucional, repetimos, es algo que ya se ha hecho en el resto de países de la región centroamericana,  ya se hace en los países desarrollados y vemos con buenos ojos esta propuesta del Legislativo, la cual vendría a saldar una deuda de nuestro país le tiene al ambiente y a las futuras generaciones”, dijo Rojas.

Lo ven con buenos ojos

Carlos Virgilio Martínez López, Secretario Ejecutivo de Conap, dijo que el 32% del país es usualmente un área protegida, y que hay zonas en las que esa institución tiene presencia y otras no y lo mismo ocurre con el Marn, y una fusión vendría a tener mayor cobertura respecto a los servicios que las instituciones prestan.

“No podemos negar el hecho de que hace ya más de 30 años que esta legislación está vigente y de que es necesario analizarla y reformarla, de eso creo que no hay ninguna duda, creemos que al fusionar estas funciones no se está dando ninguna ley, se está haciendo una reforma para aclararlo, y se puede tener más más alcance como ya lo mencioné y poder prestar y proteger de mejor manera los recursos naturales del país”, comentó Martínez.

Afirmó que cree que esa iniciativa de ley fortalecerá, a través de una estructura funcional, los servicios que se prestan y añadió que han tenido bastante dificultad en algunas áreas para poder protegerlas y por eso considera que esta vendrá a aumentar la capacidad de prevención en temas como incendios forestales y de gobernanza, para mantener y proteger ese 32% de áreas protegidas que tiene Guatemala.

Omar Góngora, director de Ocret, comentó que la vocación de esa institución es eminentemente ambiental y por eso ven con buenos ojos la iniciativa 6054.

Afirmó que Ocret seguiría desempeñando las mismas funciones que hasta hoy se están realizando, pero con la ventaja por hacerlo sin tanta burocracia.

“Es necesario ordenar estas instituciones e incluirlas en un ente para así fortalecer la institucionalidad y trabajar de una manera coordinada, que se está haciendo, pero ahora sería sin tanta burocracia…proteger los recursos naturales requiere de un trabajo sólido,  del conjunto bien articulado y que todas las instituciones que tienen competencia en materia ambiental persigan los mismos objetivos”, concluyó Góngora.

El presidente Alejandro Giammattei y el ministro de Ambiente Mario Rojas se reunieron este jueves 3 de febrero con líderes evangélicos para la presentación del Acuerdo 402 – 2021, que beneficiará a las iglesias para que no sean multadas bajo argumentos de normas ambientales.

Moisés Fuentes, uno de los pastores religiosos que asistió a la actividad, indicó que las iglesias evangélicas resultaron afectadas por una ambigüedad en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, aprobada mediante el Decreto 68 – 86 del Congreso de la República.

Añadió que en 2018 la Dirección de Gestión Ambiental emitió una resolución administrativa en la que se establece que las iglesias que funcionan en casas, locales comerciales y otros, debían inscribirse o regularizarse antes de una fecha establecida, o pagarían una multa de Q5 mil.

Aseveró que la referida ley estaba dirigida para proyectos, obras, industrias y actividades que produjeran deterioro a los recursos naturales, renovables o no, o que introducían modificaciones nocivas al paisaje o recursos naturales del patrimonio nacional, y que sería necesario un estudio de evaluación de impacto ambiental, avalado por técnicos en la materia y avalado por el Ministerio de Ambiente.

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Sin embargo, aseguró que las actividades religiosas no deberían de considerarse lucrativas ni causantes de contaminación ambiental, por lo que no deben normarse bajo ese tipo de legislación.

Mario Rojas, titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), indicó que durante la administración de Alejandro Giammattei lograron solventar las peticiones de las organizaciones religiosas y “encontraron una solución pronta”.

“La libertad de culto, un derecho protegido por nuestra Constitución, no será multada bajo el argumento de normas ambientales”, resaltó Rojas.

El ministro detalló que la actividad religiosa conlleva “temporalidad, significancia ambiental, porque el área no es ocupada constantemente y que los servicios son de corta duración”, por lo que no representan un impacto ambiental significativo.

Añadió que las iglesias únicamente tendrán que registrarse en la plataforma del Marn vía web o en una de las oficinas de la institución. “No tiene costo alguno y no se pagará un centavo de multa. Las multas de Q5 mil quedan eliminadas para más de 40 mil iglesias de todo el país”, aseveró.

Subrayó que la exoneración es válida para la actividad religiosa, pues para construir un templo se deben hacer los trámites respectivos, así como seguir los lineamientos municipales.

“Esta iniciativa beneficia a todas las iglesias, de todos los cultos o denominaciones”, indicó.

Giammattei resalta libertad de culto en el país

El presidente Giammattei indicó que durante su gestión ha sido importante la comunicación con los líderes evangélicos.

“Todos los meses, casi sin falta, hemos tenido reuniones con los líderes de la iglesia evangélica. Hemos acordado que en Guatemala se debe hacer posible la promesa de Dios sobre Guatemala, de convertirla en luz de las naciones, mediante acciones”, resaltó.

Aseguró que, en busca de establecer una política de respeto a la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, lograron aglutinar 99 programas de Gobierno para hacerla realidad.

Añadió que, cuando elaboraron la política, encontraron un acuerdo gubernativo que se había postergado y que no tenía sentido.

“Uno de los principios constitucionales es la libertad de culto. Si algo hemos tratado de hacer en este gobierno es que haya libertad absoluta de culto. No hemos beneficiado a unos ni perjudicado a otros. Hemos velado porque la libertad de culto sea una realidad”, aseguró Giammattei.

Indicó que en el referido acuerdo se catalogaba a las iglesias como un negocio, pues de la misma forma que las tiendas o industrias, que debían contar con un instrumento ambiental, las iglesias también debían tenerlo.

“La iglesia no es un negocio. Es un lugar donde los seres humanos nos reunimos por fe, para buscar fortaleza en nuestros corazones, sobre todo en momentos difíciles”, aseguró Giammattei.

Aseguró que, “basado en el principio constitucional de la libertad de culto”, se halló un “choque entre lo que dice la Constitución y lo que se estaba diciendo en el Ministerio”, por lo que se crearon mesas para crear el Acuerdo 402 – 2021.

“Lo que no se creó en 30 años se logró en 2 meses”, indicó Giammattei.

Por Francisco Mauricio Martínez

Los pobladores coincidieron, durante el recorrido que efectuó Prensa Libre, al sentirse indignados por el embuste del que fueron objeto habitantes de otras aldeas, al ser trasladados con la promesa de que recibirían un trabajo en el Ministerio de Ambiente, pero que finalmente los llevaron a protestar frente a la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“Ahí está Santos Jiménez, hijo del finado Chayo. También Mariano González y la abuelita —una anciana de la comunidad—”, decían los dirigentes al reconocer a algunas personas en los videos que se viralizaron el lunes pasado mientras se encontraban frente a la Cicig.

Al verlos, dijeron que esas personas fueron engañadas y que como dirigentes nada tienen que ver con la movilización ni con los supuestos motivos expuestos.

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Pobreza entre cerros

Santa María Xalapán está formada por 56 comunidades repartidas en 800 caballerías.

La localidad se encuentra entre cerros y montañas, donde viven en medio de la pobreza y pobreza extrema la mayoría de sus cien mil habitantes.

Del total de ese territorio, 232.27 caballerías de la finca Santa Gertrudis se encuentran en litigio con Jalapa.

“Se formó una mesa de diálogo, pero el Gobierno no ha puesto interés en solucionar este conflicto”, agregó Juárez.

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Analizan denuncia

Aunque muchos niegan saber del suceso, la mayoría de los pobladores supo del incidente y al entrar en confianza con los visitantes criticaron la forma en que fueron engañados.

“Se aprovechan de nuestra pobreza para mentirnos”, dice Francisca López (69), del caserío Sarimal, aldea La Fuente, Jalapa, quien junto a sus cuatro hijos mayores de edad cuenta que apenas encuentran trabajo entre dos y tres días a la semana, y que les pagan Q25 al día. “Con eso solo tenemos para el maíz”, indica la anciana.

Uno de sus hijos, Santos Reyes Cruz López, cuenta que el día de la movilización a la capital, él, coincidentemente, viajaba en un microbús hacia la cabecera de Jalapa, a eso de las 6 horas, cuando vio que unos seis buses cargados de pasajeros lo pasaron en el lugar conocido como El Avistamiento. “No sabía a dónde iban, pero me llamó la atención tantos buses en fila, porque no es usual”, indicó.

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Las más molestas son las autoridades ancestrales. “Los engañaron ofreciéndoles un trabajo, y estamos investigando quiénes fueron para denunciarlos. Incluso, estamos analizando interponer una demanda, porque pusieron en riesgo a algunos niños”, indicó Wílder Jiménez, principal mayor de la agrupación xinca.

“Aquí no puede intervenir ni el presidente de la República, porque somos autónomos, xincas en resistencia, y desde hace 500 años tenemos nuestra forma ancestral de gobernarnos. Un acuerdo gubernativo reconoce nuestra autonomía”, dijo Jiménez, quien agregó que cuando manifiestan van con el aval de la comunidad y por las respectivas varas que les dan autoridad.

Entre los pobladores se menciona que uno de quienes habría organizado el viaje es Antonio García, quien, según cuentan, durante dos períodos fue concejal de la Municipalidad de Jalapa y actualmente trabaja en la Zona Vial 2 de Caminos, con sede en Jalapa.

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En dos edificios que ocupa esa institución se le buscó, pero en el primero refirieron que se encontraba en la División de Mantenimiento por Administración Distrito 2, Jalapa Zona Vial 2, donde el guardián dijo que los martes acostumbraba a viajar a la capital.

Grandes necesidades

En las montañas de Santa María Xalapán las carencias abundan, desde las fuentes de trabajo, lo cual se refleja en la escasez de alimentos, hasta la falta de agua entubada.

A algunos hogares el líquido llega a través de un sistema de mangueras y otros recurren a pozos. En ambos casos, el agua no es potable, lo que repercute en enfermedades gastrointestinales.

“Cuando la población llega al Centro de Atención Primaria (CAP), no hay medicinas y el personal es muy escaso. Vamos al Hospital General de Jalapa, y la misma historia”, dice una anciana.

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La sequía extendida aniquiló las cosechas y la roya del café arrasó con los empleos en las fincas. Los programas de asistencia social del Gobierno no llegan hasta ese lugar.

Según el máximo dirigente del grupo, hay escuelas en las cuales los estudiantes reciben clases en los patios. “Realmente estamos mal atendidos”.

Los campesinos señalaron que fueron engañados, ya que ellos viajaron por una oferta de trabajo al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), donde les darían “ayuda económica de Europa” para iniciar proyectos productivos. Ante ello diversas organizaciones han solicitado al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación.

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Uno de los líderes del grupo aseguró que los llegaron a traer en unos 7 buses a sus comunidades y luego los dejaron en un lugar en la capital, que según ellos, era el Ministerio de Ambiente, luego los hicieron caminar varias cuadras hasta llegar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para su sorpresa, no se trataba de la oportunidad de empleo prometida y por si fuera poco, nadie llegó para darles una explicación ni decirles cómo volver.

Piden investigar, mientras MARN se desvincula

La PDH también investiga quién o quiénes fueron las personas o instituciones que engañaron a los campesinos.

Sin embargo ante las declaraciones de los campesinos el MARN se pronunció por medio de un comunicado señalando que ellos no convocaron  a nadie.