Luis Ángel Sierra Arévalo, Edgar Francisco Vicente Chamalé y Cristian Alexander Barrios fueron condenados a 221 años de privación de libertad, luego de comprobarse que cometieron cuatro delitos; asesinato en grado de tentativa, atentado con agravación específica, portación ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala y delito de tenencia de portación de arma de fuego con número de registro alterado.

El Ministerio Público a través de la Fiscalía de delitos contra la vida demostró ante el Tribunal de Sentencia Penal, la culpabilidad de estas personas, quienes fueron capturadas en mayo de 2017 en la 13 calle y avenida Elena de la zona 1. Al momento de la detención se les incautó dos fusiles de asalto, una subametralladora y chalecos blindados.

Según las investigaciones, Sierra Arévalo pertenecía al Ejército de Guatemala y también integraba el barrio 18. Las pesquisas demostraron que las armas de fuego incautadas se utilizaron en ataques armados en donde resultaron heridas 16 personas.

La condena:

Por el delito de asesinato en grado de tentativa en contra de 11 personas, el Tribunal impuso una pena de 16 años con ocho meses por cada víctima, para un total de 184 años y ocho meses.

Por el delito de atentado con agravación específica por herir a cinco agentes de la PNC la condena será de un año y cuatro meses, para una suma de seis años y ochos meses.

También fueron condenados a 10 años de prisión más por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, y 30 años de prisión más por tener tres armas de fuego con número de registro alterado

El Departamento de Defensa también está evaluando las transferencias al Ministerio de la Defensa de Guatemala caso por caso, en el contexto de nuestra larga relación y nuestros esfuerzos de fortalecimiento institucional”, precisó el portavoz de la embajada estadounidense.

Reitera que Guatemala es un aliado y socio en los esfuerzos de seguridad en la región, pero el uso incorrecto de los vehículos ha requerido una revisión del apoyo a los programas de cooperación y seguridad.

En agosto de 2018 los Jeeps J8 fueron empleados para hacer patrullajes frente a la sede de la Cicig y la Embajada de Estados Unidos, pese a que se entregaron para que los usaran exclusivamente para las fronteras y contra el narcotráfico.

Los patrullajes causaron alarma en la población y repudio por diversos sectores, debido a que coincidió con la época en la cual el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la Cicig.

El secretario de Inteligencia Estratégica del Estado; Mario Duarte, dijo en enero pasado que en cuanto una vez aceptada la donación, “ya es propiedad de Guatemala”.

“Nosotros le dijimos a la embajada de Estados Unidos, si tanto es el problema de cómo utilizamos algo que ustedes nos donaron, se los vamos a dejar enfrente, no se preocupen”.

Este es el audio completo de sus declaraciones:

El anuncio de la Embajada se produce un día después de que el Departamento de Estado destacara dentro de su Reporte Anual sobre Derechos Humanos el mal uso de esos vehículos.

El informe cita informes de oenegés locales, según las cuales el enviar a esos vehículos a hacer patrullajes constituyó una demostración de fuerza, intimidación y un intento de reprimir a la sociedad civil.

Esto fue lo que respondió el gobierno guatemalteco:

El Gobierno de la República de Guatemala a la opinión pública informa: pic.twitter.com/6baXYbgd6z

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) March 14, 2019

“Toda la escuela, ¡firmes!”, grita el sargento Max. Junto a centenares de compañeros, Lavínia, de 14 años, apoya el pie en el suelo del campo polideportivo, junta las piernas y extiende las manos a los lados.

“Alumnos, descansen”, continúa el sargento. Lavínia separa las piernas alineadas con los hombros y coloca los brazos para atrás. Comienzan a tomar asistencia.

La adolescente es alumna del 7º curso de Enseñanza Primaria de la Escuela Municipal Professora Altair da Costa Lima, en Dias D’Ávila, en la región metropolitana de la ciudad brasileña de Salvador de Bahía.

Hasta hace dos meses, ella llegaba a clase con el pelo suelto y las pestañas pintadas. Ahora, tiene que maquillarse discretamente y lleva el pelo en un moño. Además, los alumnos deben presentarse diariamente en formación de tropa.

La Escuela Altair da Costa Lima no es un colegio militar, donde esta práctica es común, sino una de las primeras instituciones educativas en recibir el modelo bautizado como Vetor Disciplinar (“Vector Disciplinario”), resultado de un acuerdo de cooperación técnica entre la Policía Militar de Bahía y las prefecturas que creen que el método de disciplina de la Policía Militar puede mejorar los resultados de sus escuelas de enseñanza básica.

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Sin embargo se trata de un modelo diferente al de los Colegios de la Policía Militar (CPM). En Bahía existen actualmente 15 CMPs y, por la legislación vigente, este número solo puede aumentar hasta 17.

En el caso del Vector, las escuelas solo pueden ser creadas por las prefecturas y cuentan con policías militares en la reserva para actuar en el ámbito disciplinario .

En este caso, el costo de implantar el modelo queda a cargo de los municipios.

El tema es también objeto de disputa electoral. El candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, afirma en su plan de gobierno que, si gana, en dos años todas las capitales del país tendrán por lo menos un colegio militar.

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En marzo de este año, el gobernador Rui Costa, del Partido de los Trabajadores, autorizó que el Comando de la PM firmara dos acuerdos con las prefecturas.

Desde entonces, dos escuelas del interior ya implantaron el sistema: la primera fue la Escuela Professora Maria do Carmo de Araújo Maia, en la ciudad de Campo Formoso, seguida por la Altair da Costa Lima.

Otras dos escuelas pasarán a funcionar igual en breve, lo mismo que otras instituciones en 19 municipios más cuyos prefectos están en fase de ajustes con la policía militar.

En el medio académico y entre educadores, mientras, el sistema es blanco de críticas, por estar llevando el militarismo dentro de escuelas que, oficialmente, no son militares.

Rutina

“Ahora la escuela está mucho mejor. Había gente fumando marihuana, inhalando cocaína, hasta con armas escondidas aquí dentro. A mi me gustó el cambio, para mí fue buena esa cosa del pelo, el maquillaje. Y no dicen nada de mis tatuajes”, dice Lavínia, exhibiendo los diseños en sus antebrazos.

La chica admite que tuvo al menos cuatro peleas dentro de la escuela, siempre con otras chicas, por motivos que van desde los celos hasta malentendidos en redes sociales.

¿Y ya no hay peleas desde la llegada del Vector Disciplinar? “Yo aquí dentro ya no me peleo. Pero fuera, si es necesario…”, dice ella, sin contener la risa.

“Está más tranquila la escuela, esto mejoró, pero hay cosas que no nos gustan, ¿no? No puedo ni usar un collar”, dice Felipe, que cursa noveno de primaria.

En la Altair da Costa Lima, 650 alumnos de la Enseñanza Básica 2 (del 6º al 9º año de escuela, es decir, entre los 10 y los 14 años de edad) deben adaptarse a las reglas del Vector.

Según un nuevo reglamento de la escuela, creado con la implantación del sistema,las chicas deben prenderse el cabello en un moño y está prohibido el “uso del peinado exagerado (elevado o alto) y/o cubriendo la cabeza”.

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El pintalabios y el esmalte no pueden tener colores vivos.

Los niños, a su vez, deben mantener el pelo cortado a ras en los laterales y ligeramente más largo en la parte superior, sin tupé, flequillo o tinte.

Cada 20 días los alumnos pasan una “revisión de pelo“.

A la espera del nuevo uniforme definitivo, (pantalones o falda pantalón azul y polo blanco con el nombre y el tipo de sangre), los estudiantes recibieron un uniforme provisional, con blasón de la prefectura y bandera de Bahía.

Todos deben mantener la camisa dentro del pantalón y usar zapatos negros cerrados.

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Dentro de la clase, cada alumno tiene su lugar predeterminado. Además, las clases tienen ventanas de cristal en las puertas, lo que permite que los tutores disciplinarios (los PMs en reserva) monitoreen en todo momento el comportamiento de los estudiantes.

El líder de la clase, que cambia cada diez días, recibe a los profesores con el saludo militar y, enseguida, informa si están todos o si hay alguna ausencia.

“Me aburre. No puedo hacer nada porque ya me están molestando. El año que viene no quiero quedarme aquí”, dice una alumna.

“No podía asistir a clase, había siempre peleas, líos. Ahora está mejor para estudiar”, dice otra.

Los alumnos también se quejan de que no pueden salir a beber agua, algo a lo que resta importancia el sargento en la reserva de la PM Gilson Santos.

“Pasan todo el descanso y no beben agua y quieren salir cuando comienza la clase. Entonces los tranquilizamos un poco para que no salgan todos a la vez. Esto estorba hasta al profesor”, dice él desde la habitación en la que monitorea las imágenes de las cámaras esparcidas por las zonas donde se concentran los alumnos, como los patios, los pasillos y la pista.

En las salas de clase no hay cámaras.

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Disciplina

Junto con otros dos sargentos en la reserva, Gilson es el responsable de hacer valer el Reglamento Interno Disciplinario de la escuela.

Según el artículo 6 del reglamento, salir de clase sin permiso del profesor, por ejemplo, se considera una transgresión leve.

Ejemplos de transgresiones de gravedad media son “dejar de saludar diariamente a los funcionarios de la escuela”, “dejar de cortarse el pelo de la forma reglamentaria y en los plazos previstos” y “tener en su poder, introducir, leer o distribuir dentro de la escuela, publicaciones, diarios o a través de las redes sociales, material que atente contra la disciplina, la moral y el orden público”.

Entre las transgresiones graves están las agresiones físicas o verbales contra profesores y funcionarios, robar, firmar falsamente en nombre del padre o responsable algún documento escolar y poseer, dentro de la escuela, bebidas alcohólicas, drogas o material explosivo.

Según el reglamento, todos los alumnos que ya estaban en la Escuela Altair da Costa Lima cuando se implantó el Vector Disciplinar, así como aquellos que acaban de entrar, recibirán una nota 8 en el comportamiento, lo cual es considerado “bueno”.

Según la falta que cometa, el alumno puede ser advertido, reprendido, retirado del aula o suspendido de las actividades.

De esta forma se le van restando gradualmente decimales a su nota de comportamiento. Si acaba con nota disciplinar por debajo de 2, su comportamiento es considerado “incompatible” y, según el artículo 40 del reglamento, el estudiante debe ser transferido a otra escuela del municipio.

Por otro lado, la nota se puede subir si el estudiante recibe un elogio individual (+0,25) o un elogio colectivo (+0,15). Cuando llega al 10 es considerado un alumno disciplinariamente “excepcional”.

Experiencia

“Yo asumí la dirección hace tres años y la escuela estaba en decadencia. Había vandalismo, grafiti, amenaza a profesores, uso de drogas. Esto se terminó. Hasta ahora, creo que la transformación es positiva”, afirma Kátia Murta, directora pedagógica de la escuela Altair da Costa Lima.

“De toda la parte pedagógica y administrativa nos ocupamos nosotros. Los profesores son los mismos, la mayoría con más de diez años de experiencia. Creo que los alumnos están cambiando su comportamiento no por miedo, sino por el desafío de lo nuevo“, dice Murta.

RICARDO STUCKERT

Genilza Dias, que además de profesora de Filosofía y Sociología es coordinadora pedagógica de la unidad, afirma que cuando surgió la noticia de que la escuela recibiría el programa, no lo vio con buenos ojos.

“Estaba en contra, no quería que eso se convirtiera en un colegio de la PM, donde el profesor no tenga autonomía. Pero, por ahora, tenemos libertad para trabajar el contenido sin interferencias, y el comportamiento de los alumnos mejoró. El Vector cambió la cuestión disciplinar, pero si un alumno no hace los deberes y no participa, esto sigue siendo responsabilidad de los profesores. Hay profesores que creen que la escuela se va a militarizar. Espero que esto no pase”, dice ella, que lleva 22 años en la escuela Altair.

La profesora de Arte Claudia Marinho, en la escuela desde 2002, también aprueba lo que llama el “cambio de comportamiento” de los estudiantes, pero cree que todavía es pronto para hacer una evaluación más profunda.

“Aún no tenemos resultados prácticos dentro del aula. Es verdad que ellos están más quietos, pero necesitamos esperar para ver si eso se va a transformar en rendimiento”, dice. “Para eso es necesaria mucha participación, también de la familia”.

Para el capitán de la PM Alexandro Matos, multiplicador del proyecto en las ciudades donde se va implantando, el objetivo no es criar soldados, sino dar una “brújula moral a los estudiantes”.

“Aprenden el sentido de grupo, de lo correcto y lo equivocado, se turnan como líderes de la clase, lo cual es un buen aprendizaje para generar un espíritu de liderazgo”, dice.

Sumada a la cuestión disciplinaria y a la violencia en el entorno de la escuela, el bajo desempeño de los alumnos también fue una de las motivaciones para que la prefectura de Dias D’Ávila buscase la implantación del Vector.

“Yo no estoy a favor de militarizar la educación, ni creo que sea el caso aquí. Pero necesitábamos ensayar algo diferente, porque era una situación de emergencia. Este es un modelo, puede haber otros”, dice Francisco Lessa, secretario de Educación de Dias D’Ávila.

Lessa dice que facciones de grupos criminales estaban actuando dentro de la Altair da Costa Lima y que, en otra escuela del municipio, a él mismo le llegaron a cerrar el paso los alumnos.

“Llegué a la puerta y un chico me dijo que no podía entrar porque era ‘extraño’. Yo le dije que era un ciudadano y, además, el secretario de Educación, y entré”, cuenta Lessa. “La violencia en las escuelas es reflejo de un enorme problema social y de familias desestructuradas. Pero tenemos que intentar resolverlo en la escuela, y con este programa tenemos al menos un norte”.

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Cómo funciona

Quien desarrolló el modelo del Vector Disciplinar fue el teniente coronel Ricardo Albuquerque, coordinador técnico del gabinete del Comando General de la Policía Militar de Bahía.

Explica que la iniciativa surgió después de que diversos prefectos pasaron a buscar a la corporación para intentar tener colegios de la PM en sus regiones.

Alburquerque explica que el programa utiliza policías en la reserva para no comprometer los efectivos de patrulla en las ciudades. Cuando se firma el acuerdo con algún municipio, la Policía Militar abre la inscripción para reservistas interesados que ya viven allí o en la región.

Tras un primer filtro, los seleccionados pasan por un curso de capacitación elaborado por los instructores del Colegio de la PM, bajo coordinación del propio Albuquerque.

Entonces, esos reservistas son contratados por las prefecturas como funcionarios civiles, asumiendo la dirección y las tutorías disciplinarias de las escuelas.

El superintendente de Políticas para la Educación Básica de la Secretaría Estatal de Educación (SEC), Ney Campello, tiene reservas frente al modelo del Vector Disciplinar.

“Si estamos tratando una transferencia de tecnología educativa, el modelo no puede restringirse al régimen disciplinario”.

“En los CPMs existe un proyecto pedagógico, núcleos de apoyo psicopedagógicos, hay un acompañamiento continuo de aprendizaje y atención a la formación de los profesores, que son factores definitorios para el éxito de los colegios de la PM de Bahía, más allá de la disciplina”, afirma.

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Disciplina vs desempeño

Para Claudia Costin, directora del Centro de Excelencia e Innovación en Políticas Educativas de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) y ex directora de Educación del Banco Mundial, el Vector Disciplinar de Bahía puede no ser oficialmente una militarización de las escuelas, pero en sus palabras, es una “desfiguración de la educación”.

“No estoy en contra de los colegios militares y creo que es bueno que existan, pues es importante tener un ecosistema educativo con diversidad. Sucede que los colegios militares tienen un público específico, con gran parte de sus plazas destinadas a hijos de militares y otras ocupadas previamente a través de una selección excluyente. Es decir, quien está ahí es porque buscó esta opción, o sus padres”, observa la profesora e investigadora.

“El problema es usar la disciplina militar como política pública educativa y extender esto a cualquier escuela. Esto es un error grave”.

Según Costin, una educación de calidad no está necesariamente vinculada a la disciplina, y sí a la excelencia.

En el ranking de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), el país mundial de referencia es Finlandia. Allí, en lugar de la rigidez, los niños tienen menos deberes para hacer en casa, menos carga lectiva en la escuela, más tiempo de recreo y una educación basada en la interdisciplinariedad de los contenidos.

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Lucília Augusta Lino, doctora en Educación y presidenta de la Asociación Nacional por la Formación de los Profesores de Educación (Anfope), también es crítica con el modelo del Vector Disciplinar.

“Es un retroceso al siglo XIX. Los niños respetan cuando son respetados, y ese respeto pasa por la estructura de una escuela y por la preparación de los profesores. La acción disciplinaria de los cuerpos no tiene nada que ver con un buen rendimiento. El estudiante se está quieto, vale, pero no hay ningún estudio que apunte que la acción disciplinaria por sí sola traiga beneficios desde el punto de vista educativo”, le dijo Lino a BBC New Brasil.

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En la opinión de Lucília Augusta Lino, los gestores públicos aprovechan el miedo de la población a la violencia urbana para adoptar una solución “fácil”.

“Durante la dictadura militar también había cristales en las puertas. Entonces, ¿los niños solo se van a portar bien si los están vigilando? El niño tiene que ser enseñado en un proceso continuo, en el que incorpore los valores de la ciudadanía, de la sociedad y desarrolle sus conocimientos. Tiene que aprender a negociar en los conflictos, no puede ser a base de miedo. Están usando el Vector Disciplinar para hacer lo que debería hacer la educación”, afirmó.

Todavía es pronto para conocer el desempeño de las escuelas con el Vector Disciplinar en las evaluaciones educativas.

*Los nombres completos de los alumnos se omiten para proteger su identidad.

Cámara de vigilancia captó cómo se produjo un aparatoso accidente, en el que un vehículo militar blindado pasó por encima de un Volkswagen Polo en plena vía.

Vehículo queda inservible

En la grabación se aprecia como el vehículo gira para acceder a la vía, con el tráfico parado por los policías para permitir el paso de la columna militar, pero aparentemente derrapa debido a la alta velocidad, y cuando trataba de ajustar la trayectoria, pasa por encima de un Volkswagen Polo que estaba detenido.

Según reportan medios locales, el accidente tuvo lugar en una carretera cerca de la ciudad de Grodno, en el oeste de Bielorrusia, cerca de la frontera con Polonia.

Su primer intento en alcanzar la presidencia fue en 1974. Se presentó a las elecciones como candidato por el Frente Nacional de Oposición. Perdió los comicios ante al general Kjell Eugenio Laugerud García.

El 23 de marzo de 1982 reapareció en el ámbito político cuando formó parte de la junta militar  que tomó el poder después del golpe de Estado contra Romeo Lucas García. Tres meses después se declaró presidente y disolvió la junta. En una comparecencia ante la prensa dijo: “Gracias, Dios mío, estoy aquí”.

Su régimen duró hasta el 8 de agosto de 1983 cuando su ministro de Defensa, Óscar Humberto Mejía Víctores, lo derrocó. Según el informe “Memoria del Silencio” de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, fue durante este periodo que ocurrieron la mayor cantidad de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Ríos Montt fue electo diputado del Congreso en las Elecciones generales de 1995, junto a su hija Zury Ríos.​ Su partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) logró un total de 21 diputados, no obstante su candidato a la presidencia, Alfonso Portillo, quedó en segundo lugar.

En el siguiente periodo electoral, en las elecciones del año 1999, el FRG logra la presidencia de la República de la mano de Portillo y Ríos Montt vuelve a ganar un curul en el congreso. Es nombrado presidente del Organismo Legislativo durante cuatro periodos consecutivos, hasta el fin del periodo de Portillo.

La Corte de Constitucionalidad ordenó la inscripción de Ríos Montt al Tribunal Supremo Electoral para que participara en las elecciones del 2003, a pesar que la constitución establecía que no podían optar a la presidencia: “el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes en consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno”.

Previo a la resolución de la corte, un grupo de proclamados simpatizantes al FRG realizaron una violenta manifestación en la ciudad para exigir que dejaran participar en las elecciones a Ríos Montt. Durante los bochinches, falleció un periodista. A los hechos se les conoció como el Jueves Negro y Viernes de Luto.

Finalmente Ríos Montt participó en las elecciones presidenciales del 2003 donde quedó en el tercer lugar, con 518 mil votos. A pesar de ésta derrota Ríos participó en las elecciones del 2008 en las que obtuvo una curul en el Congreso, retirándose de la política en 2012.