El Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano realizó este domingo, operativos en Tapachula, en la frontera con Guatemala, para impedir que miles de migrantes, apostados en hoteles y en la calle, salgan en cuestión de horas o días en una caravana rumbo a Estados Unidos.

A bordo de unas ocho furgonetas de migración y dos unidades de la Guardia Nacional (GN), los agentes federales detuvieron a más de 30 migrantes de distintas nacionalidades, a quienes sacaron de los cuartos de hotel en los que se hospedaban.

En total, cerca de cuatro unidades transportaron 12 personas cada una, incluyendo niños y mujeres, para trasladarlas a la estación migratoria Siglo XXI, uno de los mayores centros migratorios del país.

Los operativos ocurren antes de que salga una caravana con entre 11 mil y 15 mil migrantes desde Chiapas, estado del sureste del país, lo que la convertiría en uno de los contingentes más numerosos de los que se tenga registro.

Las autoridades mexicanas cerraron durante la madrugada la circulación de avenidas para buscar a más migrantes en los hoteles y las calles.

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Algunos migrantes pedían auxilio y visas, pero no opusieron resistencia.

Otros extranjeros que estaban en un hotel avisaron que no desistirán de salir caminando, aunque no tengan los documentos para transitar de manera legal en el país.

En tanto, en el parque Bicentenario de Tapachula, migrantes en un campamento improvisado pidieron que se frenen las redadas y operativos contra los indocumentados que se mantienen varados en Tapachula en busca de avanzar a la frontera norte con Estados Unidos.

Agentes comentaron que estos operativos van a continuar en este municipio fronterizo con Guatemala para evitar que salgan migrantes en esta caravana de extranjeros que busca llegar a la frontera norte.

La situación en el sur mexicano refleja que la región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

En tanto, México deportó a más de 114 mil extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.

Mientras que, en el año fiscal 2022, que arrancó el 1 de octubre de 2021, la CBP ha contabilizado más de 1 millón migrantes interceptados en la frontera sur estadounidense.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de EE. UU. comenzó este lunes 6 de diciembre a aplicar el polémico programa “Quédate en México” en el puerto de entrada de El Paso, que separa la citada ciudad texana con Ciudad Juárez, informaron medios locales.

El Gobierno del presidente Joe Biden había anticipado la semana pasada que, obligado por una decisión judicial, arrancaría este lunes a implementar nuevamente este programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México el desarrollo de sus casos en EE. UU.

En un comunicado, CBP dijo a la televisora KVIA que habrá por día un límite de 30 solicitantes de asilo que se pueden inscribir en el puerto de entrada de El Paso al Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), que es el nombre oficial de esa política.

“México ha requerido varias mejoras humanitarias como condición para aceptar la aceptación de afiliados al MPP. Estas son mejoras con las que estamos de acuerdo y que haremos, comenzando con El Paso, donde la implementación del MPP comenzará hoy (lunes)”, detalló CBP en el comunicado compartido por la televisora.

La agencia no entregó detalles sobre la logística de acceso en los puertos de entrada de Estados Unidos entre El Paso y Ciudad Juárez.

Cuando el Gobierno del expresidente Donald Trump inició MPP en 2019, el Consejo de Población del Estado de Chihuahua, y varios refugios de Ciudad Juárez estaban a cargo de preseleccionar a los solicitantes de asilo y enviarlos al otro lado de la frontera cuando CBP les dijera que estaban listos para recibir un número determinado de personas, pero no está claro si estas organizaciones se encargarán nuevamente.

La aplicación de MPP se ampliará progresivamente y pasará a estar en marcha en otros tres puntos de Texas: Eagle Pass, Laredo y Brownsville. Los puertos de San Diego y Caléxico, California, y en Nogales, Arizona, también recibirán a los migrantes bajo esta política.

En cumplimiento del MPP, unos 70 mil solicitantes de asilo en la frontera sur fueron devueltos a México antes de que se cancelara en enero pasado.

Un juez federal falló a favor de dos estados conservadores que demandaron al Gobierno demócrata obligándolo a restablecer el programa, aunque sigue buscando la fórmula para cerrarlo de manera definitiva.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, destacó hoy en conferencia de prensa que MPP se retomó con una serie de cambios destinados a “mejorar los componentes humanitarios” del programa.

La portavoz destacó, sin embargo, que la Administración Biden aún siente que el programa es “ineficiente e inhumano”. “No lo volvimos a implementar con entusiasmo”, aseguró.

Cinco claves sobre “Quédate en México”

El programa migratorio “Quédate en México”, restablecido este lunes por el gobierno estadounidense de Joe Biden para cumplir una orden judicial, ahora afecta también a los haitianos, a diferencia de la primera versión de la administración de Donald Trump, que se fue endureciendo con el tiempo.

Estas son cinco claves sobre el tema.

Antecedentes

Los Protocolos de Protección al Migrante (conocidos informalmente como “Quédate en México” o MPP) fueron introducidos por el gobierno del republicano Donald Trump en enero de 2019.

Según el centro independiente Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), durante casi dos años unas 70 mil personas fueron enviadas de regreso a México para esperar el resultado del proceso de solicitud de asilo, a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

No obstante, el gobierno del demócrata Biden, quien asumió el cargo en enero de 2021, es contrario a esta política.

Cuando Biden llegó a la Casa Blanca los procesos judiciales estaban congelados por la pandemia y se aplicaba sobre todo el Título 42, una restricción fronteriza que permite expulsar a migrantes para evitar la propagación del covid-19.

Más tarde, el gobierno permitió que 13 mil migrantes solicitaran asilo desde un lugar seguro en Estados Unidos, pero un juez federal de Texas ordenó en agosto que se restableciera el MPP “de buena fe”.

Países afectados

Según el Departamento de Seguridad Interior (DHS), el programa se aplica “a los nacionales de cualquier país del Hemisferio Occidental que no sea México”. Esto significa que abarca a las Américas en su conjunto y por lo tanto a Haití y otros estados del Caribe.

Bajo el mandato de Trump, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza excluyó inicialmente a las personas de países donde el español no fuera el idioma principal, aunque en enero de 2020 el DHS anunció oficialmente que lo ampliaba a los ciudadanos brasileños.

¿Quién queda excluido?

-Cualquiera que demuestre una probabilidad razonable de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas. O bien una posibilidad razonable de sufrir torturas en México.

– Los niños no acompañados.

– Las personas vulnerables (enfermos, discapacitados o con problemas médicos por embarazo).

– Las personas de edad avanzada.

– Aquellos bajo riesgo por su orientación sexual o identidad de género.

– Los residentes permanentes legales y las personas con permiso de reingreso (autorizadas a volver a entrar en el país si salieran de él pese no tener estatus de residente permanente).

– Personas con antecedentes penales o de interés policial para Estados Unidos o México.

Durante el mandato de Trump ya quedaban excluidas las personas en “circunstancias especiales” (con problemas de salud física o mental, antecedentes penales o de violencia) y si un oficial de migración determinaba que tenía “más probabilidades” de sufrir tortura o persecución en México.

Mejoras

Se garantiza el acceso a un abogado y la espera en un lugar seguro de la frontera y, si no fuera posible, en otras ciudades del interior de México. Ninguna debe esperar más de “180 días”, es decir seis meses, para conocer el resultado de la solicitud de asilo y debe tener acceso a las vacunas contra el covid-19 y atención médica.

Las autoridades velarán por la seguridad durante el traslado entre Estados Unidos y México y entre los albergues y los tribunales.

El DHS afirma que se respetará la unidad familiar, entendida como un grupo formado por al menos un menor acompañado de sus padres o tutores legales.

Durante el periodo Trump, la decisión de enviar de vuelta a las personas fue muchas veces discrecional y esto provocó separaciones familiares.

El DHS informó en septiembre pasado que se ha identificado a 3.913 niños separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México entre el 1 de julio de 2017 y el 20 de enero de 2021.