“Sí se sufre”: migrantes que permanecen en la frontera de El Paso, Texas, son afectados por las bajas temperaturas.

Migrantes venezolanos y de otras nacionalidades sufren por las inclemencias del clima en la frontera en El Paso, Texas.

Los migrantes se las han ingeniado para protegerse del frío, mientras que el termómetro ha registrado temperaturas de los 2 grados bajo cero.

Univisión informó que se espera que las condiciones del clima empeoren para estas personas que están a la intemperie, pues se prevé la caída de nieve.

“Sí se sufre”, externó uno de los migrantes, quien agregó que no todos soportan estas condiciones del clima.

Las tiendas de campaña en las que pernoctan no han sido suficientes para protegerlos del frío.

Los migrantes tratan de protegerse con varios abrigos y cobijas, pero se quejan de que las bajas temperaturas son intensas en la frontera.

“El frío es muy fuerte, le quema a uno las manos”, manifestó uno de los migrantes.

Algunos del grupo han buscado abrigos en un improvisado centro de acopio.

“Demasiado frío, ya mis hijas tienen los labios demasiados morados”, dijo una madre migrante.

Univisión añadió que en el campamento a la orilla del río Bravo hay unos 900 migrantes, a quienes las autoridades les han insistido para que vayan a un albergue y protegerse del frío.

Uno de los migrantes identificado como Juan José afirmó que tiene la esperanza de que Estados Unidos les habrá la frontera para recibirlos.

Indicó que la necesidad que tienen los obliga a salir de Venezuela.

Recientemente, un juez estadounidense emplazó al gobierno de Joe Biden para que deje de aplicar la legislación conocida como título 42 que implica la deportación automática de indocumentados que solicitan refugio.

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La caravana migrante, integrada por unos 4 mil migrantes de varios países y que se ha estacionado en el municipio mexicano de Huixtla, estado de Chiapas, se enfrentó este miércoles 27 de julio con agentes de la Guardia Nacional e ingresó por la fuerza a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en el lugar.

La irrupción se dio luego de que los migrantes cumplieron dos días a las afueras del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (Caitf) de Huixtla, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Tapachula, donde buscan obtener documentos de tránsito que les permitan continuar su travesía hacia la frontera con Estados Unidos.

Inconformes e impacientes porque las autoridades no han dado respuesta a sus peticiones de permisos temporales, los migrantes se organizaron y entraron de forma violenta a las oficinas.

En el enfrentamiento, los extranjeros chocaron con un grupo de agentes que intentó detenerlos con equipo antimotines, pero los migrantes se fueron a los golpes a cuerpo limpio y mediante pedradas rompieron cristales del edificio.

En la revuelta, los migrantes, que llevan días esperando sus permisos temporales, lograron entrar a la oficina del Caitf y ya adentro lanzaron piedras, vallas metálicas, sillas y objetos a las oficinas y a los agentes de la Guardia Nacional que intentaron contenerlos.

El venezolano José Antonio Gutiérrez dijo a EFE que pidió a las autoridades federales que “agilicen la entrega de documento para poder movilizarse a la frontera norte de México”.

Durante su protesta, los migrantes, que resultaron con tres heridos, gritaban “¡Queremos permisos, queremos permisos, permisos, permisos!”.

Dany Maldonado, también de Venezuela y quien viaja solo, contó que ya había obtenido un permiso temporal en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula pero que unos agentes “lo rompieron en el norte del país” y por ello tuvo que regresar a Tapachula.

Caravana de migrantes burla cerco de la Guarda Nacional e ingresa al Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo de Huixtla, Chiapas, México, para exigir permisos de tránsito. Son más de 4 mil migrantes que bloquean la carretera principal informó "Noticias frontera sur" pic.twitter.com/sp5kPvuP9o

— Santiago Botón (@SantiagoteleSUR) July 27, 2022

“Llegué a Tapachula y me vine en la caravana, caminé a la aduana de migración donde nos han dicho que debemos regresar a la oficina de Tapachula”, contó a Efe.

Por la mañana, las autoridades del INM ingresaron a grupos de 50 personas que tenían cita y a unos 100 personas de la caravana para revisar su estatus migratorio parar definir su situación legal en el país.

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Migrantes anuncian que persistirán

Los migrantes indicaron a medios que no se van a mover de las afueras de la oficina migración hasta que les otorguen sus permisos, además, por segundo día consecutivo bloquearon la carretera costera que comunica a los municipios de Chiapas, fronterizos con Guatemala, provocando una larga fila de vehículos.

Ultimo Momento Los migrantes tienen secuestrada la estacion migratoria #Huixtla #Chiapas., @lopezobrador_ tu pregonas que no pasa nada en la frontera sur. No te importa la constitucion y la soberania de #Mexico pic.twitter.com/r5GHYbsjI9

— Anthony Aguero Live (@AgueroForTexas) July 27, 2022

La caravana refleja el flujo migratorio récord a Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) ha interceptado a más de 1,6 millones de personas en lo que va del año fiscal 2022, que inició en octubre pasado.

Además, México recibió un récord de más de 58.000 solicitudes de refugio en la primera mitad de 2022, un incremento anual de casi 15 %, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). EFE

Migrantes rompieron el cerco de seguridad que mantenía la @GN_MEXICO_ tras ingresar de manera violenta a la aduana de Cerro Gordo en #Huixtla.

Piden al @INAMI_mx los atiendan para obtener un documento que les permita transitar por el país. Bloquearon la carretera costera. pic.twitter.com/nnYy8b5Mc5

— Susana Solís Informa (@SolisInforma) July 27, 2022

Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.

Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.

Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.

El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.

La pérdida de memoria es una de las “consecuencias de por vida” que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.

En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.

Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.

Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.

“Un ángel muy grande”

“Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado“.

Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.

Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.

En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.

“Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”.

Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que “tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo”.

El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.

La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.

De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. “Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá”, dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.

“Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence”.

— ¿Qué es Florence?

— Florence es la cárcel.

El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.

“Si me la saca, me muero”

De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que en EE.UU., asegura, no le habían dado “ninguna explicación”, ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.

En México “me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro”.

“No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero”.

Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.

A 10 meses del incidente, “tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo”, cuenta.

“Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos”.

Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.

Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente “más apretada”.

Las demandas

Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.

“Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas”.

BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.

Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.

La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.

Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.

“Queremos una investigación completa”, le dice a BBC Mundo. “Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto”.

“Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente”, subraya.

“Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal“.

La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.

El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de “encuentros” con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.

Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “uso de la fuerza”, según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.

De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.

Mientras “los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.

La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.

Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.

Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como “homicidio”. El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe una gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.

“La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos”, explica.

Guerrero apunta al Equipo de Incidentes Críticos como el centro del problema.

El rol de dicho equipo no está definido públicamente y no tiene autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, pero suele involucrarse cuando agentes de la Patrulla se ven envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.

En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que el Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.

Guerrero, que lleva años indagando sobre el equipo, lo describe como “unidad encubridora en la sombra”. Por ello, la Southern Border Communities Coalition ha pedido al Congreso que lo investigue y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.

“Creamos la CBP, la agencia policial más grande de EE.UU., y funciona con mucha impunidad. Y es algo que tiene que acabar”, zanja Guerrero.

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El Gobierno del presidente de EE. UU., Joe Biden, recurrió este viernes el fallo de un juez federal que prohíbe el uso de una norma sanitaria para expulsar por la vía rápida a migrantes con niños que sean interceptados en la frontera con México.

El Gobierno de Biden apeló después de que un juez de una corte federal del Distrito de Columbia, Emmet Sullivan, le diera el jueves un plazo de dos semanas para dejar de usar el llamado Título 42, una norma de 1944 invocada por el Ejecutivo del expresidente Donald Trump para evitar la entrada de migrantes por la frontera con el pretexto de impedir la expansión del coronavirus.

Biden ha usado también el argumento de que las expulsiones se deben al riesgo del coronavirus, lo que el juez Sullivan ha puesto en duda. 

En la práctica, tanto la Administración de Biden como la de Trump se han servido del Título 42 para deportar de manera acelerada a los inmigrantes interceptados en la frontera, como parte de las medidas para evitar la propagación de la covid-19.

En su fallo del jueves, el juez argumentó que el Título 42 no autoriza la expulsión de inmigrantes y que, por tanto, no se puede denegar a los deportados la oportunidad de solicitar asilo en EE.UU.

El magistrado dio 14 días a la Administración para “explorar opciones de apelación”, antes de que su decisión se haga efectiva.

Este caso se centra en familias con menores, con lo que el Gobierno puede seguir expulsando, bajo el Título 42, a los inmigrantes adultos que viajen sin menores.

La decisión del juez coincide con una nueva crisis en la frontera para Biden, con el bloqueo de unos 10 mil indocumentados, en su mayoría de nacionalidad haitiana.

Esas personas permanecen en un campamento improvisado debajo de un puente en el sur de Texas después de haber atravesado el río Bravo desde México para presentar sus solicitudes de asilo ante las autoridades estadounidenses.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de EE. UU., en lo que va del actual año fiscal (octubre 2020-septiembre de 2021), un total de 1 millón 541 mil 651 migrantes han sido detenidos en la frontera con México, de los que 937 mil 628 fueron expulsados bajo el Título 42.

(Foto principal: AFP)

Como esta mujer haitiana de 35 años, cientos de inmigrantes, compatriotas suyos pero también de Cuba o de naciones tan lejanas como Costa de Marfil, Ghana y Senegal, cruzan la frontera desde Nicaragua por puntos ciegos.

La tranquilidad en Trojes, una localidad hondureña de unos 60.000 habitantes perdida entre las montañas cerca de la frontera, se ha visto alterada por los 400 migrantes que de promedio aparecen cada día.

“La oficina de migración no estaba preparada para recibir tantos inmigrantes”, dice Kevin Corleto, pastor evangélico del pueblo. Este flujo empezó a crecer desde noviembre.

-Un viaje que lleva años-

La travesía real de Vasty Sully comenzó hace cuatro años, cuando dejó su país en crisis rumbo a Brasil. Otros de sus compatriotas optaron por Chile. Allí buscaron trabajo y ahorraron para ir a Estados Unidos.

“Salimos de Brasil para entrar en Bolivia, luego Perú, Ecuador, Colombia. En Colombia caminamos siete días en la selva y el río para llegar a Panamá. De Panamá pagamos un bus y entramos en Costa Rica, y de allí a Nicaragua”, relata.

Sentada en un patio de la alcaldía de Trojes, Vasty observa cómo juegan sus hijos de ocho, siete, cinco y cuatro años. “Vamos buscando una vida mejor”. Es una de los pocos migrantes que usa mascarilla en medio de la pandemia de covid-19.

Cerca de 1.500 migrantes se acumulan en Trojes, según indicaron a la AFP fuentes de la Cruz Roja, en un interminable éxodo hacia Estados Unidos que recorre todo el continente y que coloca presión sobre el presidente Joe Biden, quien ya exhortó a los migrantes ilegales que no vayan.

Según el gobierno hondureño, hasta 70.000 personas cruzan el país.

En Trojes, la vicealcaldesa, Dinora Sandoval, explica que han dispuesto seis albergues. Los que no alcanzan, van a viviendas de vecinos y alojamientos que les cobran entre cuatro y veinte dólares por noche.

“Tengo siete años de haber salido de mi país, buscando una vida mejor. Porque en mi país no es bueno, no hay trabajo, la verdad. El terremoto [de 2010]… estamos sufriendo mucho. Pero desde que llegamos aquí estamos sufriendo más”, confiesa el haitiano Annael Hilaire, cuya hermana, quien vive en Estados Unidos, le financia el viaje.

“Aquí en Honduras es muy duro. [La familia] nos deben mandar mucho dinero, 195 dólares para nosotros es mucho. Yo tengo 13 días aquí, para pagar motel, para pagar comida, agua”, explica. Viaja con su esposa y una hija. Eso sí, dice que la gente lo trata bien.

Médicos sin Fronteras les brinda apoyo.

-El salvoconducto-

Sandoval dijo que gestionan más albergues para que los migrantes aguarden por el trámite de su visa sin mayores costos. Dado el poco personal de migración disponible, la cita para tramitar y pagar el salvoconducto puede tomar semanas.

Debido a la espera, “cuando llegue el día para entregar el papel para nosotros pagar ya no vamos a tener ese dinero”, comenta Vasty.

“Solo somos dos personas para atender a tantos”, admite la jefa de la oficina migratoria, Glenda Correa, protegida con mascarilla y un traje de plástico sobre la ropa, mientras un vidrio la separa de decenas de inmigrantes aglomerados, pidiendo información.

Además de enfrentar este dilema, Honduras también tiene sus problemas migratorios internos. Periódicamente, desde 2018, cientos de sus ciudadanos organizan caravanas rumbo a Estados Unidos, huyendo de la violencia de pandillas y de la precaria economía del país, una situación aún peor por la pandemia y el reciente paso de dos huracanes.

– Tomar “agua de muerto” –

Mathurin Herivaut, de 33 años, también de Haití, viaja con su esposa y dos hijas. Dicen que en el trayecto de Colombia a Panamá una de sus pequeñas sintió sed y bebió agua de un río. Se enfermó.

Eso fue “por tomar agua de muerto”, sostiene. Según le contaron en la zona, a ese río lanzan los cadáveres de víctimas de asaltos en la ruta. La menor se recuperó.

“Hay mucha mafia en la selva de Panamá, matando gente con pistola, machete, quitándonos lo que tenemos”, asegura.

Ninguno de ellos planea quedarse en Honduras. “Tengo que esperar 15 días, un mes, pero yo no vengo aquí para trabajar”, dice Annael.

Tras el visado, atravesarán Honduras. Luego les queda Guatemala, México y, finalmente, Estados Unidos, países que ya adelantaron que no permitirán migración ilegal.

“No queremos dejar pasar por alto este tipo de situaciones, en las cuales tomaremos acciones rápidas y enérgicas sobre este tipo de eventos”, comentó a periodistas el subsecretario de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adolescencia de la SBS, Carlos Gómez.

Se trata de un chofer de la secretaría que se robó el celular el pasado lunes, cuando un grupo de niños y jóvenes no acompañados por un adulto fueron deportados de Estados Unidos, detalló el subsecretario, tras indicar que se hizo la denuncia ante el Ministerio Público (Fiscalía).

Esa entidad guatemalteca es la encargada de recibir, albergar y apoyar el traslado a sus lugares de origen a los niños y jóvenes que son deportados de Estados Unidos o México, principalmente.

El adolescente es un indígena maya de 15 años que viajó a Estados Unidos y estuvo en ese país solo un mes y fue capturado y expulsado.

Gómez comentó que el suceso se registró luego que llegaran los deportados en un vuelo a la Fuerza Aérea Guatemalteca de la capital y el joven denunciara el caso.

El conductor de la Secretaría afirmó que el aparato era de su propiedad, pero no pudo desbloquearlo, algo que sí hizo el adolescente y por ello presentaron la denuncia ante la Fiscalía.

Sin embargo, esa institución está emplazada y no puede efectuar ningún despido o separación del cargo hasta que un juez levante la medida.

Cada año miles de guatemaltecos viajan a Estados Unidos de forma irregular para escapar de la pobreza o violencia que afecta al país.

Vivir en esta minúscula población de poco más de 10.000 habitantes en el interior de Estados Unidos no es fácil.

La región en la que se encuentra ostenta el dudoso título de ser la capital mundial de los tornados. Los inviernos son brutales. El paisaje es árido, plano y monótono. Y muchos de sus habitantes son los primeros en reconocer que la arquitectura del lugar no es particularmente atractiva.

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Y sin embargo, este pueblo ha vivido en las últimas dos décadas un milagro económico en el que los inmigrantes latinos, especialmente mexicanos, han sido inesperados protagonistas.

Oasis de prosperidad

Una parte sustancial de las llamadas Grandes Praderas en el centro-oeste estadounidense se está muriendo, demográficamente hablando.

Sus pequeñas ciudades han sido diezmadas por la emigración de los jóvenes hacia las grandes urbes en busca de más oportunidades.

Pero Guymon es distinto. Es un oasis de prosperidad en medio de la decadencia económica que afecta a otras poblaciones.

Un enorme matadero industrial de cerdos instalado ahí hace poco más de dos décadas atrajo al lugar a cientos de trabajadores, primero latinos, y después de todo el mundo.

Eran empleos duros que solo los inmigrantes querían.

Pero la llegada de la fábrica cambió por completo la personalidad del pueblo,cuya población es hoy en día de origen latino en más de un 60%.

Y en la medida en que muchos de estos trabajadores se independizaron, instalaron sus pequeños negocios en la calle principal del pueblo, que hoy cuenta con relucientes vitrinas, muchas de ellas con letreros español.

Los mexicanos le dieron trabajo

Heather, al igual que muchos habitantes de Guymon, trabaja en uno de los varios restaurantes mexicanos en la avenida principal. Pero lo novedoso es que ella es una estadounidense blanca a la que le dieron trabajo los mexicanos.

“No debería decir esto, pero a los hispanos les importa más la gente, les importan más sus empleados. Ellos te cuidan”, explica Heather a BBC Mundo.

Trabajando conoció a su marido, quien es mexicano.

Heather nos atiende mientras toma pedidos de enchiladas, mole y otros platos típicos mexicanos en inglés y español.

Está ahorrando para poner ella misma su propio negocio, un carrito de tacos, que planea bautizar como “La Gabacha” (una expresión coloquial que se asemeja a “La Gringa”)

Tensiones

El caso de Heather es inusual pero no único en Guymon, una ciudad en la que los latinos no son una carga económica para la comunidad, sino que generan sus propios empleos e incluso ofrecen trabajo a un puñado de anglosajones.

Aún así, la llegada de los mexicanos a Guymon no fue fácil.

Oklahoma es uno de los lugares políticamente más conservadores del país. Fue uno dos únicos estados en los que Donald Trump ganó en absolutamente todos los condados en las elecciones de 2016, incluyendo Guymon.

Cuando los mexicanos empezaron a llegar, era un lugar abrumadoramente blanco.

“Al principio hubo resistencia”, dice Teri Mora, una anglosajona casada con un mexicano que trabaja como profesora en la escuela de secundaria de Guymon.

La gente local tenía desconfianza frente a los recién llegados.

Una de las soluciones impulsadas por Mora para mejorar las relaciones entre las comunidades fue crear un grupo de danzas folclóricas mexicanas para los estudiantes de la secundaria, que veinte años después se ha convertido en un embajador cultural no solo de los latinos, sino de todo Guymon.

En sus comienzos, los padres de la comunidad vendían tamales para comprar los vestidos típicos que requerían sus hijos para sus bailes. Hoy los muchachos atienden invitaciones para presentar su espectáculo en varios estados de todo el país.

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Un trabajo lento

La integración de esta comunidad también ha sido lenta.

Pese a los esfuerzos iniciales por buscar la armonía, muchos anglosajones veían con recelo la transformación que experimentaba el pueblo y que los convertía en minoría.

“A la gente no le gusta el cambio. Somos una comunidad rural”, nos dice Melyn Johnson, la presidenta de “Main Street Guymon”, una organización cívica del pueblo que ayudó a lograr una armonización entre ambas comunidades.

Hoy reconoce que algunas tensiones persisten.

Pero también insiste en que muchos de los ciudadanos de origen anglosajón se han dado cuenta de que si la fábrica no hubiese aparecido, junto con todos los trabajadores mexicanos, cubanos y de otros lugares, el destino de Guymon hubiera sido otro.

“En Guymon nos salvamos de los locales vacíos con los que se quedaron otros pueblos de la región”.

Stan Ralstin es funcionario de la oficina de desarrollo económico del gobierno del estado de Oklahoma. No duda en reiterar que la llegada de la fábrica y de la inmigración que esta atrajo, ayudó a salvar el pueblo.

“No veo como Guymon hubiera podido seguir creciendo”.

Hoy en cambio, “casi no se consigue un local vacío en la calle principal de Guymon” indica.

Soluciones prácticas

Jesús Uribe, de ancestros mexicanos, entró a formar parte de una institución que por mucho tiempo fue casi exclusivamente blanca: el cuerpo municipal de bomberos.

Cuenta que inicialmente en muchos hogares latinos los miraban con recelo por el uniforme ya que pensaban que eran policías. La solución fue práctica: cambiaron el logo que los identificaba, para incluir en letras grandes, la inscripción en español: Bomberos.

Maria Sabalza es dueña del Vallarta, uno de los muchos restaurantes mexicanos de Guymon. Le gusta vivir aquí, y no en una ciudad grande como Houston o Los Ángeles. “Los pueblos chicos son muy agradecidos”, le dice a BBC Mundo.

Creció en un pueblo en su Jalisco natal y ahora cría a sus hijos en otro pueblo a 800 kilómetros de la frontera con México, en el que la cultura latina se siente en todos los rincones.

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División cultural

Muchos insisten en dividir a Estados Unidos en dos: en su visión simplista del país, las grandes ciudades costeras son cosmopolitas, progresistas y multiculturales, mientras que el interior de la nación es conservador, excluyente y hostil a las minorías étnicas.

Guymon es un buen ejemplo de que la experiencia latina en Estados Unidos, y el país mismo, son mucho más complejos que eso.

Este pueblito del interior tiene una proporción de latinos similar a la de Miami, y un porcentaje mayor de minorías étnicas que el que tiene la ciudad de Nueva York.

Los latinos de aquí son trabajadores y empresarios y están orgullosos de haber ayudado a salvar a su comunidad adoptiva de un precipicio económico que parecía inevitable.

En Guymon se habla mucho español y eso ha sido un buen negocio para todos.

Con esas palabras, el cineasta mexicano Guillermo del Toro reivindicó su condición de inmigrante al develar la estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Estados Unidos.

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“Como mexicano, recibir esta estrella es un gesto y ningún gesto ahora mismo puede ser banal o simple. Es muy importante que esté sucediendo ahora mismo”, dijo el director, quien posó con una bandera mexicana.

Las palabras Del Toro llegaron apenas unos días después del tiroteo en El Paso, Texas, que dejó 22 muertos, entre ellos ocho mexicanos.

La matanza fue cometida el pasado sábado por un supremacista blanco que irrumpió a tiros en un centro comercial.

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El cineasta pidió “no tener miedo” porque es algo que genera “división” al señalar a los demás como “personas diferentes en las que no confiar” y dar más poder a “quienes quieren odio”.

Agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal (DEIC) en un operativo de inteligencia en la Terminal de Buses zona 5 en Huehuetenango, logran la aprehensión de Efraín Gómez y Gómez de 23 años de edad, un presunto “coyote que buscaba llevar a EE.UU. a 4 mujeres.

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La captura se dio luego de que señalará ser”guía de cuatro mujeres”, dos de ellas menores de edad, de nacionalidad guatemalteca que viajan de forma ilegal con destino hacia Estados Unidos.

Según lo señalado por las autoridades de la PNC, a Gómez se le incautó la cantidad de Q30 mil quetzales en efectivo presuntamente como pago por llevar a las mujeres a Estados Unidos.

Agentes de #DEIC en #Huehuetenango logran la aprehensión de Efraín Gómez, la captura se da después de identificarlo y constatar que el mismo iba como guía de cuatro mujeres, que viajan de forma ilegal con destino hacia los Estados Unidos de América incautandole Q30 mil quetzales pic.twitter.com/uHeK40U8oq

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 1, 2019

Otro niño migrante habría muerto en un centro de detención bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, esta vez en Nuevo México, según confirmaron fuentes migratorias citadas por la agencia AP. El niño de 8 años habría muerto en la madrugada de este martes.

No hay detalles de quién es el niño

El Centro de Protección de Fronteras dijo que el niño mostró signos de enfermedad potencial desde el lunes y fue llevado con su padre a un hospital en Alamogordo, Nuevo México. Allí, dice el CBP, le diagnosticaron resfriado y fiebre, le dieron medicamentos y lo pusieron en libertad el lunes por la tarde. Sin embargo, el menor habría regresado al hospital de nuevo en la noche, en donde después de ser internado murió apenas unas horas después.

Los voceros del Centro aún no han dado detalles de quién es el niño, cúando fue detenido y bajo el cuidado de quién estaba. Tampoco se ha determinado la causa de su fallecimiento. Sin embargo, se ha notificado al inspector general del Departamento de Seguridad y al gobierno de Guatemala.

Este es el segundo caso de la muerte de un menor en un centro de detención fronterizo que se presenta en menos de un mes. En los primeras días de diciembre la niña Jakelin Caal, de origen guatemalteco y de 7 años murió dos días después de que la Patrulla Fronteriza la detuviera junto a su padre y otros 160 inmigrantes en Texas.

Aunque aún se realizan investigaciones para esclarecer estos hechos, en principio, los agentes federales señalaron la deshidratación de la menor como la causa de su muerte. Sin embargo, el padre de Caal, de origen maya, ha dejado claro que la niña venía con condiciones de salud estables antes de entrar al centro de detención.

Fuente: AFP / Foto cortesía de Getty Images