Un grupo de migrantes de Venezuela y Cuba protestaron este sábado en el cruce peatonal de México a Guatemala para exigir que el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano les otorgue visas humanitarias.

Los migrantes llegaron a Ciudad Hidalgo, Chiapas, después de un disturbio en la ciudad de Tapachula, donde denuncian que existe un caos ante la saturación de migrantes de Haití y África.

“Le hemos dicho al director de migración sobre este tema pero ha hecho caso omiso, dando prioridad para los haitianos y africanos que tiran piedras y queman llantas”, comentó a Efe uno de los migrantes, que pidió no identificarse por temor a represalias.

La manifestación ocurre mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza una gira por Chiapas, donde el viernes afrontó protestas de decenas de migrantes que se cosieron la boca por el trato que reciben del INM.

Este otro grupo de extranjeros durmió desde el viernes en Ciudad Hidalgo, uno de los principales cruces entre México y Guatemala, en busca de que las autoridades de migración acepten sus documentos para tramitar la visa que en otras ocasiones ha prometido el Gobierno de López Obrador.

Graciel Gutiérrez, de Cuba, denunció que recibió golpes en un tumulto ocasionado por la saturación de migrantes.

Señaló que tuvo que dejar de hacer sus trámites en Tapachula porque ha preferido viajar a Ciudad Hidalgo para evitar estar en medio de las trifulcas y proteger a sus hijos.

“A mí me ahorcaron, salieron niños convalecientes, nunca tuvimos apoyos de Migración ni de la Policía, lo único que nos dicen que hay que tener paciencia y esperar”, aseveró.

La petición principal de los cubanos es que les atiendan sus peticiones y les otorguen sus visas por razones humanitarias y puedan salir de esta zona fronteriza.

Otro de los migrantes de Venezuela, William Tapia, indicó que realizaron una protesta pacífica porque en el acceso peatonal a Guatemala hay hombres, mujeres y niños que llevan horas esperando una respuesta de las autoridades federales.

“No estamos protestando o haciendo vandalismo, pero no nos dicen si nos van atender hoy o mañana, nosotros no podemos subir a Tapachula, porque sino, nos va agarrar Migración, por lo que necesitamos que nos den la visa y nos pongan el sello en el pasaporte”, manifestó.

La situación en esta frontera es reflejo del flujo migratorio récord de la región hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó en septiembre.

México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, números no vistos en 15 años, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.

Pese a las denuncias de los migrantes, el presidente López Obrador prometió este viernes que su Gobierno “todos los días está tratando este asunto y protegiéndolos y respetando sus derechos humanos”.

Su familia llevaba un mes esperando la repatriación del niño de 8 años, que falleció en Nuevo México bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tras cruzar la frontera con su padre, Agustín.

La hermana mayor de Felipe, Catarina, se encargó de coordinar el retorno del niño.

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“(Su muerte) nos afectó mucho y hasta ahora nos está costando entender. Es difícil de creer que pasó eso”, le dijo a BBC Mundo Catarina, de 21 años.

El anhelo de Felipe, según dice su familia, era ir a la escuela y “salir adelante”.

El velatorio transcurrió en ausencia de su padre, que decidió quedarse en Estados Unidos para trabajar.

Redacción

BBC News Mundo

Quien habla es Ali Hassan, padre de Abdulá Hassan, un niño de 2 años que nació con una enfermedad cerebral y que los médicos dicen que no sobrevivirá.

Y se refiere al deseo de su esposa, Shaima Swileh, originaria de Yemen, que no puede ingresar a Estados Unidos a causa del veto migratorio impuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en 2017.

El niño está internado en un hospital en California, Estados Unidos.

Sus familiares dicen que su madre quiere verlo una última vez antes de que le quiten la asistencia mecánica que le permite mantenerlo con vida. Abdulá y su padre son estadounidenses, asegura la familia.

Ali Hassan señala que el niño probablemente moriría si lo llevan a Egipto, donde actualmente vive su madre.

Por su parte, Shaima Swileh está buscando una exención del Departamento de Estado de Estados Unidos para viajar al país con urgencia.

¿Qué es el veto migratorio?

Poco después de asumir el cargo, el presidente Donald Trump impuso restricciones de viaje hacia EE.UU. a los países mayoritariamente musulmanes.

La orden ejecutiva pasó por varias versiones antes de ser confirmada por la Corte Suprema de Estados Unidos en junio de este año.

El veto migratorio prohíbe el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de Irán, Corea del Norte, Venezuela, Libia, Somalia, Siria y Yemen.

En el caso de Venezuela, las restricciones se limitan a funcionarios venezolanos que trabajan para agencias gubernamentales y sus familias.

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“Incomprensiblemente cruel”

Saad Sweilem, del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, que aboga por la reunificación de la familia, opinó que prohibir el ingreso al país de la madre de Abdulá es “incomprensiblemente cruel”.

El padre de Abdulá nació en California, pero ha mantenido estrechos vínculos con su familia en Yemen.

Hassan conoció a su esposa en la nación árabe y la pareja tuvo siete hijos allí.

Abdulá fue diagnosticado con hipomielinización, una enfermedad cerebral que afecta su capacidad para respirar.

Cuando tenía 8 meses de edad, la familia se mudó de Yemen a El Cairo (Egipto) para escapar de la guerra civil de ese país.

Hace unos tres meses, Hassan llevó a su hijo a Estados Unidos para que recibiera tratamiento, con la expectativa de que su esposa se uniera a ellos más tarde.

Pero después de que los médicos en Oakland, California, le informaran de que la condición del niño era terminal, la familia solicitó que ella viajara a Estados Unidos.

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Dicen que recibieron una carta de rechazo del Departamento de Estado que citaba el veto migratorio del presidente Trump.

Un funcionario del departamento estatal que no quiso ser nombrado se negó a discutir el caso específico debido a las leyes de confidencialidad.

Pero le dijo a la BBC que las autoridades realizan “todos los esfuerzos para facilitar el viaje legítimo de los visitantes internacionales”.

“También estamos totalmente comprometidos a aplicar la ley de inmigración de EE.UU. Y garantizar la integridad y seguridad de las fronteras de nuestro país”.

Tamara Gil – @_tamaragil

BBC News Mundo

Victorina Morales habla con una voz suave pero firme.

Esta mujer de 45 años, procedente de una familia humilde, de un caserío llamado El Silencio en Guatemala, se ha convertido en protagonista de la última denuncia contra el imperio Trump.

Con la ayuda de su abogado Aníbal Romero, Morales decidió contar su historia a uno de los diarios más prestigiosos de Estados Unidos, The New York Times, y desde entonces ha hablado con múltiples medios de comunicación, entre ellos BBC Mundo.

Su historia es la de una familia que huyó de la violencia en Guatemala a finales de los años 90 y logró establecerse en EE.UU., aunque de manera ilegal. Ello no le impidió conseguir trabajo e incluso acabar como empleada de la organización que lleva el nombre del presidente estadounidense Donald Trump.

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Morales asegura que trabajó desde 2013 para el club de golf que la Organización Trump tiene en Bedminster, Nueva Jersey, limpiando la villa donde se solía hospedar Trump antes de llegar a la Casa Blanca y la hija de este, Ivanka.

“Había varios que no teníamos (papeles)”, asegura en conversación telefónica con BBC Mundo.

Contactada por este medio, desde la Casa Blanca se limitaron a desviar las preguntas a la Organización Trump. La empresa, por su parte, no respondió a las solicitudes de BBC Mundo.

“En el principio, entré trabajando bien; yo empecé trabajando bien, muy bien en ese lugar”, recuerda Morales.

No obstante, la situación cambió y comenzaron los “abusos” contra ella y otros trabajadores indocumentados, afirma.

Y por eso, dice, decidió “salir a la claridad”.

Caminando por todo México

Como los miles de migrantes centroamericanos de la caravana que partió hacia Estados Unidos este año y que fue tan criticada por Trump, Victorina Morales también llegó al país a pie, después de “caminar todo México“.

Consiguió cruzar a la primera potencia mundial sin papeles en el año 1999.

“Cuando tenía 7 años mataron a mi padre delante de mí. Y cuando ya me casé con mi esposo, tuve a mis hijos y mis hijos vieron la muerte de mi suegro, por eso es que decidimos venirnos para acá para este país”, rememora.

La mujer cuenta que trabajó nueve años en una fábrica de cosméticos mientras su marido era empleado de un lavadero de autos. “Estaba muy feliz, ganaba un poquito con lo que mandarle a mis hijos”, que se quedaron en Guatemala, explica.

De la fábrica pasó a trabajar en un hotel y fue entonces, en 2013, cuando comenzó su etapa “donde Trump”.

“Me conectó un muchacho que trabajaba ahí cortando grama (…), como donde yo trabajaba antes ganaba US$8,50 (la hora) pero él allá me dijo que pagaban US$10, le dije: ‘Si usted me consigue trabajo ahí, yo me voy para allá'”.

Tras esa conversación con el compañero, que era mexicano y también indocumentado, Morales explica que un supervisor del club de golf la llamó y la citó para una entrevista.

Ella fue hasta el club y allí se encontró con la jefa de ese supervisor que le había llamado, una mujer que describe como una persona con conocimiento de inglés y español que no le puso ningún problema por no tener la documentación en regla.

“Ella me dijo: ‘Es que no necesitamos papeles buenos, o papeles así… solo vas a llenar una solicitud’. Y le dije: ‘Ah, ok, porque yo papeles buenos no tengo, ni sé hablar…'”, afirma en declaraciones a BBC Mundo.

Inmigración ilegal

El diario The New York Times realizó una investigación con recibos de pago y otros documentos de Morales y comprobó que la mujer trabajó para el club. También constató que reside en Estados Unidos de forma ilegal.

El periódico asegura que Morales presentó documentos falsos que había comprado anteriormente a otra persona en Nueva Jersey como prueba para garantizar que podía trabajar.

Tal y como explica este medio, es un “secreto a voces” en el país que muchos negocios, especialmente en el sector servicios, contratan a personas sin documentación.

Se estima que 7,8 millones de inmigrantes no autorizados forman parte de la masa laboral del país, según datos del centro de investigación Pew de Estados Unidos publicados el pasado mes de noviembre.

No obstante, el número lleva cayendo desde 2007.

En el comunicado enviado por la Organización Trump al The New York Times, no se comenta la situación específica de Morales, si bien se recalca que la empresa tiene “prácticas de contratación muy estrictas”.

“Si un trabajador presentó documentos falsos en un intento de eludir la ley, será despedido inmediatamente“, señala Amanda Miller, vicepresidenta sénior de marketing y comunicaciones corporativas.

Las propinas de Trump

Los comienzos de Morales en el club de golf fueron buenos, recuerda la mujer.

La guatemalteca asegura que llegó a conocer al hoy presidente de Estados Unidos y que en todos sus encuentros fue respetuoso con ella.

“Al principio, de que no era presidente, me trataba bien, incluso me dio tres veces propina“, destaca.

En una ocasión, le ayudó a limpiar un vidrio: “Ahí se metió la mano en la bolsa y me dio US$50, me preguntó de dónde era, cómo me llamaba y yo se lo dije”.

La guatemalteca reconoce que no sabe si Trump conocía su situación migratoria, pero enfatiza que “todos los que están ahí, en esa área, sí” eran conscientes.

El presidente Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración -sobre todo, ilegal- una de sus banderas y ha vertido graves críticas contra los migrantes centroamericanos que este año emprendieron un viaje a pie hacia el país.

El mandatario llegó a asegurar que estos ciudadanos, que dicen huir de la violencia y la pobreza, iban a “invadir” Estados Unidos.

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Morales considera que parte de sus comentarios alentaron a una de sus supervisoras a empezar a tratar a los empleados de mala manera.

“Abusos”

Después de ser quien la contrató y de mostrarse muy contenta con su trabajo, Morales afirma que la supervisora comenzó a “abusar” de ella y de otros trabajadores.

“Nos decía que éramos unas burras, porque no estudiábamos (…) Nos trataba de burras, estúpidas, inmigrantes“, denuncia la mujer.

“Cuando él ya empezó la presidencia (Trump), ella empezó sus malos tratos, más peor; se alteró más ella con eso”.

La supervisora incluso llegó a agredirle físicamente, dice.

Pero lo que más le dolió fue que le vetaran la entrada a la villa de Trump en el club.

“Ahí fue donde me sentí humillada. Porque dije ‘¿por qué?’ Si ustedes sabían que yo era una inmigrante, que yo no sabía inglés… ¿Por qué ahora vienen con esos rechazos?”

En 2018, le dijeron que volviera temporalmente para ayudar por la carga de trabajo y ella se negó.

“Ahí es cuando me sentí más humillada y por eso yo salí“, afirma Morales, quien niega que nadie le haya pagado o le haya hecho algún tipo de promesa para que realice estas denuncias a la prensa.

Ayuda legal

La situación le llevó finalmente a buscar ayuda legal y acabó en la oficina del letrado Aníbal Romero.

Morales contó al abogado que había sido víctima de abuso en su empleo, que ya había reclamado sin éxito y que quería arreglar su situación migratoria.

“Empezamos a hablar de todos estos temas y así me contó que ella trabajaba para el presidente Trump, en el campo de golf de Nueva Jersey; en ese momento, me quedé sorprendido y ahí la asesoré para cómo podíamos manejar este caso de una forma responsable, porque era un tema muy delicado”, explica el abogado a BBC Mundo.

Romero considera que hay “elementos de delitos federales y estatales” en todo lo que le pasó a su cliente: desde los “abusos” físicos y morales, las amenazas o los documentos falsos.

Su equipo ya se ha puesto en contacto con las autoridades, y ellos confían en que se apruebe su caso de asilo.

Mientras tanto, Morales vierte sus esperanzas en “los congresistas” de Estados Unidos, en que ellos “abran el camino” a migrantes como ella.

“Nosotros sufrimos en los trabajos, nosotros venimos a trabajar, no venimos a invadir este país, venimos a luchar“.

Los misioneros de San Carlos Scalabrinianos en Guatemala conmemoraron en el Día Nacional del Migrante, Han llegado a los 25 años de servicio a migrantes y refugiados en Guatemala, esta labor ha sido realizada desde 1985.

VEA:La ONU acuerda un pacto mundial sobre la migración

El llamado este día es para que el presidente escuche a la comunidad internacional y no dé marcha atrás en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Conmemoración de los migrantes y refugiados, en el día Nacional del Migrante 2018 bajo el lema "Ni aquí, ni allá, somos ciudadanos del mundo" pic.twitter.com/2CoDtK9a7c

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 2, 2018

Su aporte también ha sido de incidencia en el tema en la elaboración de políticas públicas enfocadas al desarrollo, han estado presenten en las mayores deportaciones de la región, en el acompañamiento a las personas migrantes y a los indocumentados, desplazados y sensibilizando a la opinión pública sobre el fenómeno migratorio.

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La Casa del Migrante es una institución de la Iglesia Católica  que está a cargo de los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, recién llegados el colorido de las artes tejidas por las manos de los pueblos indígenas , el carisma pasa a ser ornamentado por la riqueza pluricultural.  En este mundo de diversidad.

Su cuarto, con una televisión con poca definición, es su refugio.

Allí ve los partidos del Mundial y recuerda a su madre y a su hermano de 8 años que por la ausencia materna empezó a comportarse mal. Esa rebeldía provocó que su mamá decidiera llevárselo antes. El plan es que en julio, una vez acabada la escuela, se les una Rubén.

“Será como una nueva experiencia, muy emocionante”, dice sobre ir a Colombia, como si a esa edad no fuera todo una aventura.

No sólo le gusta mucho el fútbol, sino que parece que tiene aptitudes. “¿Jugarás un día con Venezuela o con Colombia?”, le pregunto. Y Rubén me vuelve a sorprender. Con Colombia, dice. Sin atisbo de duda.

Quizás empiece a sentir más aprecio por un país que aún no conoce pero que ahora brinda una oportunidad a su familia.

“Su madre vendía café y no ganaba lo suficiente para el bienestar de los niños”, explica la tía Leivis, madre de una niña de 3 años que a veces queda a cargo de Rubén.

El papá lleva tiempo ausente, algo que es común en Venezuela, sobre todo en las clases más humildes. Como en toda América Latina, los barrios populares de Caracas están llenos de madres, tías y abuelas que sacan adelante solas a familias numerosas.

“¿Cómo aprende un niño que está triste?”

Puede que Rubén tenga las necesidades materiales cubiertas, pero el éxodo genera otras consecuencias.

“Tiene implicaciones para el niño más fuertes de las que imaginamos”, le dice a BBC Mundo el psicoterapeuta Óscar Misle, fundador de Cecodap, una organización de derechos humanos que promueve el buen trato a la niñez y la adolescencia en Venezuela.

Esas implicaciones se reflejan en la escuela.

“¿Cómo aprende un niño que está triste?”, se pregunta Alexandra Rodríguez, directora de un centro que pertenece a la red Fe y Alegría, institución creada por los jesuitas y constituida por laicos y religiosos.

Desde febrero, 15 niños dejaron esa escuela de Caracas porque se fueron con sus padres. Rubén podría ser el siguiente, si todo va de acuerdo al plan.

Fe y Alegría está en toda Venezuela. Hay un total de 111.593 niños inscritos en sus escuelas, 2.377 menos que en 2017. A esa pérdida de estudiantes por motivos relacionados con la crisis se suman los 3.777 que se quedaron al cuidado de tercerospor la migración de uno o de ambos padres.

“Los niños pueden entender que los papás se tienen que ir. Sin embargo, no están preparados para manejar el abandono”, le explica a BBC Mundo la directora nacional del Programa Escuela de Fe y Alegría, Noelbis Aguilar.

“Sentirse solo, triste y sin orientación los afecta anímica y psicológicamente, y eso también se verá reflejado en su desarrollo”, advierte Aguilar, quien alerta de que los niños se pueden volver retraídos o violentos.

Y a todo ello hay que sumar las dificultades económicas por las que pasan quienes se quedan en un país con una hiperinflación del 100% mensual y con desabastecimiento de alimentos y productos básicos.

“Esto antes no ocurría”

Según Misle, este abandono por emigración “va creciendo en intensidad”.

“Estamos viendo que es el problema más frecuente y el que te genera mayor impotencia por no tener las respuestas”, agrega el experto, quien sigue poniendo el hambre como principal preocupación.

Es un proceso nuevo del que no hay datos oficiales. Pero poco a poco surgen números que lo confirman.

“Al día nos visitan entre 30 y 40 personas pidiendo asesorías porque se van del país y quieren saber cómo delegar derechos o cómo pueden obtener una autorización para llevarse a los niños”, dice Nelson Villasmil, consejero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Sucre, uno de los que conforman la gran Caracas.

“Esto antes no ocurría”, afirma.

Las consecuencias de este fenómeno son difíciles de dimensionar aún y se verán a largo plazo.

Sin embargo, una ya evidente es la llamada “niñez dejada atrás”.

Es el caso de Luiz, de 11 años, que se ha tenido que convertir en una especie de segunda mamá para su hermano Alonzo, de 8.

La madre de ambos se fue a Colombia y quedaron con el papá. No les falta comida, pero su vida cambió.

Desde que su madre no los acompaña, tienen que caminar solos durante una hora hasta la escuela. Y otra hora de vuelta.

Cuando llegan a casa después del mediodía, Luiz calienta la comida que les hizo su padre, quien trabaja buena parte de la jornada.

Y luego limpia los platos y barre el piso de cemento de su humilde vivienda. Y va a buscar agua que carga con sus delgados brazos. Y ayuda a su hermano a hacer las tareas para las que él ya no encuentra apoyo sin su madre. Pasan casi toda la tarde solos.

“Me quiero ir con mi mamá porque me hace falta y ya no es igual”, me dice Luiz, quien en su casa en el barrio Brisas de Propatria, en el oeste de Caracas, se refiere al cuarto matrimonial como la “habitación de mi mamá”.

A Alonzo, más tímido, le cuesta verbalizar que la extraña.

“Me arrepiento”

Otro efecto de la separación es la culpa de esa madre o padre que se marcha en busca de lo que sea.

Es el caso de Vanesa Uribe. Hace cinco meses que no regresa a Venezuela. Está en Colombia tratando de ganar un dinero que le permita recuperar a sus dos hijos, a los que entregó de forma voluntaria a una entidad de protección privada en Caracas.

“Estaba pasando trabajo y no tenía cómo mantener a mis hijos”, me dice por teléfono desde Valledupar, una ciudad en el norte de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela.

“Me arrepiento (de haberlos dejado)”, admite la madre, que envía dinero todas las semanas a sus padres.

Sueña con que pronto los pequeños estén con sus abuelos. Si no, el centro tendrá que buscarles una familia de acogida.

El plan ideal de Uribe es establecerse en Colombia y llevarse a sus hijos.

“Gogotá”

Las abuelas son quienes tradicionalmente quedan a cargo de los niños.

Como María Meza, quien a sus 54 años tiene que cuidar ahora de tres nietas de 8, 7 y 3 años. Su hija también está en Colombia, en “Gogotá”, como dice la más pequeña.

“Hubo un día que ella ya no tenía nada más que darles”, explica Meza sobre los motivos del viaje de su hija, incapaz de conseguir alimento para las niñas.

Ahora trabaja en un restaurante y todas las semanas envía dinero a su familia, a la que llama cada día.

“Ella me dijo que se iba a trabajar para comprar nuestra casa, ropa nueva y la comida para que yo sea más gorda”, dice Alexandra Valentina, de 7 años.

Pese a todo, no están tan mal. Las niñas no califican para una plaza en el comedor de la escuela a la que acuden, la Pablo VI, ubicada en la Cota 905, una de las zonas más peligrosas y deprimidas de Caracas.

Hay otros que están en peor situación socioeconómica. Y el colegio clama por donaciones para cubrir las necesidades nutricionales de todos ellos.

Según datos de la escuela, desde el inicio del curso en septiembre de 2017, 50 niños fueron retirados por sus padres porque se marcharon al extranjero.

Y hay 66 que siguen inscritos pero que se han quedado sin uno de los dos progenitores por migración.

La calle

Por difícil que pueda resultar de repente la vida tras la marcha del papá o la mamá, hay casos más graves.

El Idenna (Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) es un organismo gubernamental que tiene centros de atención para ayudar a niños y jóvenes que viven en la calle.

Cada vez registran más casos de ingresos relacionados con la diáspora.

“Los que llegan porque su mamá ha migrado entran en mejor estado que aquellos que pertenecen a bandas o que ya consumen (drogas)”, dice un trabajador del Idenna que prefiere no ser identificado.

Estos nuevos casos presentan características propias. “Los niños están pasando por un duelo no elaborado. No se les explica el porqué de la ida y deja de haber un contacto permanente con la madre porque no todos tienen los recursos para un teléfono inteligente”, señala.

Esa sensación de abandono y las rivalidades y conflictos que se generan en los nuevos hogares, en ocasiones multifamiliares y multigeneracionales, provocan que el niño o la niña busque en sus amigos y en la calle lo que ya no encuentra en casa.

Ismael, de 11 años, quedó con su padre cuando su madre se marchó, pero acabó viviendo en la calle.

Se escapó dos veces del centro de atención que lo acogió en Caracas. La segunda vez fue detenido cerca de la frontera con Colombia, muy lejos de la capital.

“Estaba buscando a mi mamá”, dijo.

Redacción

BBC News Mundo

No pueden ser encarcelados pero lo que les ocurre es muy parecido a la imposición de una pena.

Unos 2.800 menores de edad que han llegado a Estados Unidos desde octubre de 2017 han sido separados de sus padres al llegar a la frontera, según datos de las autoridades estadounidenses.

La mayor parte de estos casos, unos 1.995, se produjeron entre el 19 de abril y el 31 de mayo pasado.

Estas separaciones no son populares entre los estadounidenses a juzgar por una encuesta reciente realizada por la Universidad Quinnipiac, con sede en Connecticut, que concluyó que el 66% de los estadounidenses las rechazan, aunque 55% de los votantes republicanos las apoyan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó al partido Demócrata por esta situación y lo acusó de haber creado una ley que establecía esas separaciones familiares.

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El mes pasado, el mandatario pidió “presionar a los demócratas a poner fin a esta ley horrible que separa a los niños de sus padres una vez que cruzan la frontera de Estados Unidos”.

El 16 de junio pasado Trump volvió a la carga al decir en un mensaje en Twitter: “Los demócratas pueden arreglar su ruptura familiar en la frontera trabajando con los republicanos en una nueva legislación, para variar”. Dos días más tarde, los acusó de ser “débiles e ineficaces” en el tema de la seguridad fronteriza.

Pero, en realidad, no existe ninguna ley que obligue a separar a los menores de sus familias en la frontera.

¿Y entonces qué está ocurriendo?

Tolerancia cero

En abril, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció la aplicación de una política de tolerancia cero ante la inmigración ilegal en la frontera entre Estados Unidos y México.

La misma incluye acelerar el proceso para determinar si las personas son elegibles para quedarse en el país, expulsar rápidamente a quienes se les niegue la permanencia y procesar penalmente a los inmigrantes que entren al país ilegalmente por primera vez, quienes antes eran procesados por la vía civil.

Ahora bien, debido a que los hijos de los inmigrantes procesados no son imputados por ningún delito, no se les permite estar en la cárcel con sus padres, por lo que son separados.

Adicionalmente, las autoridades también están separando a los niños que llegan junto a familias solicitantes de asilo, pese a que solicitar este tipo de protección no es ilegal.

Estas medidas tienen como objetivo expreso disuadir a quienes piensen en emigrar ilegalmente a Estados Unidos.

“Si no quieres que te separen de tus hijos, entonces no los traigas ilegalmente a través de la frontera”, señaló Sessions recientemente.

“Estamos haciendo lo correcto. Estamos cuidando de estos niños. Nuestras políticas están desalentando a la gente a hacer que los niños tengan que soportar este viaje peligroso“, agregó el fiscal en entrevistas posteriores.

¿De quién es la culpa?

Estas medidas ejecutadas por el gobierno de Trump se están aplicando sin que se haya aprobado una nueva legislación en materia de migración.

Entre los cambios más recientes en este campo se encuentra una ley firmada por el presidente demócrata Bill Clinton en 1997 que exigía que los menores no acompañados que llegaran al país fueran entregados a sus padres, a un custodio legal o a un familiar adulto.

En caso de que no haya familiares disponibles, entonces la agencia gubernamental correspondiente puede designar a un adulto apropiado para que cuide del niño.

En 2008, el presidente republicano George W. Bush firmó un estatuto contra el tráfico de personas que establece que los menores no acompañados sean sacados de los centros de inmigración en un plazo de 72 horas.

Ninguna de estas normas recomienda que los niños sean separados de sus familias.

Redacción

BBC Mundo

Fueron a comprar huevos y leche a una gasolinera y terminaron retenidas por un agente de la Patrulla Fronteriza durante más de media hora.

El “delito”: hablar español.

El caso de Ana Suda y Mimi Hernández, dos mujeres estadounidenses que residen en Havre, Montana, cerca de la frontera de Estados Unidos con Canadá, se volvió viral tras la difusión de un video del incidente, ocurrido el pasado 16 de mayo.

Ese día por la noche, las dos amigas esperaban en la cola para pagar en una gasolinera de esa pequeña localidad cuando un agente de la Patrulla Fronteriza exigió ver su identificación.

Las dos mujeres supieron que la razón por las que se les ordenó que se identificaran fue que hablaban español “en un estado predominantemente angloparlante”.

Video taken by a Montana woman as she and her friend — both U.S. citizens — were questioned by a Border Patrol agent after he overheard them speaking Spanish caught the attention of border patrol officials and civil liberties groups.

More at @NBCLatino: https://t.co/BQw2LCeJ20 pic.twitter.com/pjfDnYJDgE

— NBC News (@NBCNews) May 21, 2018

Este incidente se suma a lo ocurrido la semana pasada con un abogado que increpó a los trabajadores de un restaurante de Nueva York por hablar español y hace que surja la pregunta de qué está pasando con quienes hablan este idioma en Estados Unidos.

• El abogado que increpó a los empleados de un restaurante por hablar español y que causó indignación en EE.UU.

¿Sesgo racial?

Tras tomar su identificación, el agente llevó a las mujeres al estacionamiento, donde tuvieron que esperar mientras hacía las comprobaciones necesarias.

Ana Suda le pidió al funcionario que se identificara y le advirtió que iba a grabar todo el encuentro con su teléfono celular, algo a lo que el agente, que se identificó como O’Neal, no se opuso.

En el video se ve cómo Suda le pregunta si las está juzgando por su apariencia.

“No tiene nada que ver con eso”, responde. “Señora, la razón por la que le pedí su identificación es porque llegué y vi que estaban ustedes hablando español, lo cual no se oye mucho por aquí“.

Las mujeres estuvieron retenidas unos 35 minutos antes de que les permitiera marchar.

Suda, que nació en El Paso, Texas, y vive en Montana con su esposo y su hija de 7 años, llevó su caso ante la Unión Estadounidense de las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) para evaluar si puede emprender acciones legales contra el agente.

La mujer asegura que el incidente ha hecho que se sienta incómoda hablando su propio idioma, además de hacerle pasar por la mala experiencia de ser retenida a la vista de todos, como si ella y su amiga hubieran hecho algo malo.

¿Un nuevo fenómeno?

El debate sobre qué idioma se debe hablar en Estados Unidos se viene desarrollando a lo largo de toda la historia del país, pero el auge de los teléfonos inteligentes y las redes sociales ha hecho que este tipo de choques, con las autoridades o con un extraño, sean más fáciles de grabar y denunciar.

Según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), los incidentes contra latinos supusieron la mitad de todos los crímenes de odio por cuestiones raciales denunciados en EE.UU. desde 2004.

El Centro Legal para la Pobreza Sureña constató en 2008 que los crímenes de odio contra latinos estaban al alza desde 2003. El centro atribuyó entonces este ascenso a la visión negativa hacia la inmigración que cuajó durante la presidencia de George W. Bush.

Ese debate no ha hecho más que intensificarse bajo la presidencia de Donald Trump, cuya dura postura hacia la inmigración fue parte central de su campaña electoral en 2016.

“No tengo información precisa sobre el aumento de estos incidentes”, le dice a BBC Mundo José Cobas, profesor de Sociología en la Universidad de Arizona.

“Tengo la impresión de que el gobierno de Trump ha creado un ambiente en el que los xenófobos están menos inhibidos respecto a este tipo de comportamientos, pero es solo una impresión”, subraya.

¿Qué competencia tienen los agentes?

El servicio de aduanas y protección de la frontera de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) tiene una política de no discriminación que prohíbe a sus empleados que utilicen estereotipos raciales y étnicos para detener a la gente o hacer registros.

Pero el lenguaje es vago a la hora de definir cómo deciden los agentes interrogar a individuos.

El CBP le dijo a la BBC en un comunicado: “Los agentes tienen amplias competencias para aplicar la ley y las decisiones sobre interrogar o no a los individuos se basan en una variedad de factores para los que los agentes de la Patrulla Fronteriza están bien entrenados”.

El organismo admitió que está revisando el incidente de Montana, pero subrayó: “Los agentes no se fijan en un factor sino en una multitud de indicadores que, cuando se suman, levantan una sospecha razonable de inmigración ilegal”.

Tengo la impresión de que el gobierno de Trump ha creado un ambiente en el que los xenófobos están menos inhibidos respecto a este tipo de comportamientos”.

José Cobas, Universidad de Arizona

Por su parte, Chris Rickerd, consejero de la ACLU, condenó las acciones del agente O’Neal en Montana.

“Es escandaloso que el CBP alegue que el hecho de que una persona hable español en una tienda justifique un trato desigual basado en la raza o etnicidad”, le dijo Rickerd a la BBC.

“La dirección de la Patrulla Fronteriza tiene que condenar inmediata y claramente que se le pidan los documentos a alguien por hablar español”, señaló, añadiendo que el agente ignoró los derechos constitucionales de dos mujeres al llevarlas a un lado por hablar un idioma extranjero.

¿Cuántos hispanohablantes hay en Estados Unidos?

Según los últimos datos del censo, en Estados Unidos hay 41 millones de hablantes nativos de español: el 13% de la población.

Sumados a otros casi 12 millones de hablantes bilingües, EE.UU. es el segundo país en el que más se habla español, por encima de España (el primero es México).

Incluso entre personas no hispanas, el español es el idioma extranjero más hablado en Estados Unidos.

El agente O’Neal sí tenía razón en que el idioma no se habla casi en Montana: según datos del censo de 2011, solo 13.000 residentes, un 1,4% de la población, lo hablan.