Raúl Romero anunció este viernes 14 de octubre que renunció al cargo de ministro de Desarrollo Social, porque apoyará el proyecto político que impulsa el presidente Alejandro Giammattei, aunque no dejó claro de qué se trata esa iniciativa.

La renuncia de Romero al frente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se hará efectiva a partir del 15 de octubre, según dijo a periodistas.

“Me siento agradecido de haber podido ser parte del equipo del presidente Alejandro Giammattei (…) hemos hablado con el presidente y les informó que junto a él tomamos la decisión y presenté mi renuncia y ha sido aceptada, porque tengo nuevos retos”, dijo Romero.

Añadió que “estoy convencido del proyecto político que el presidente (Giammattei) generó, creó y sigue impulsando y estoy comprometido con ese proyecto político, así que he presentado mi renuncia a partir del día de mañana, para poder seguir apoyando ese proyecto”.

Romero anunció su renuncia durante la presentación del programa “Bono Familia: Innovación y lecciones aprendidas para la protección social”, un evento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Romero no dijo quién los sustituye, pero agregó que es una persona que forma parte del Mides y que tienen la misma visión que él.

Recordado por escándalo

En mayo de 2021, el nombre de Raúl Romero se hizo tendencia en las redes sociales, debido a que fue publicada una fotografía en la que, supuestamente, el funcionario era acompañado por tres mujeres semidesnudas.

Esa publicación generó una ola de críticas en redes sociales y opiniones encontradas en sectores de la sociedad guatemalteca, pues la fotografía hacía referencia a la supuesta asistencia del titular del Mides junto a su círculo más cercano a un establecimiento de la zona 14 que es atendido por “edecanes” y en el que se venden licores.

En esa oportunidad se buscó la opinión de Romero con respecto al incidente, pero el funcionario no accedió a las entrevistas; sin embargo, en declaraciones a una radio local dijo que se trataba de un montaje.

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 22 de septiembre que durante diligencias de allanamiento, la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas coordinó la aprehensión en Petén de Hilary Michelle Moreno Monroy y Eddy Josué Suntecún López.

Según la investigación, ambos capturados son los presuntos responsables del asesinato del abogado y notario Gustavo Rafael Quixtán Peché.

Las órdenes de captura fueron autorizadas por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Petén por los delitos de obstaculización a la acción penal y asesinato.

De acuerdo con la Fiscalía, el cadáver de la víctima fue encontrado en el puente Sacpuy, San Andrés, Petén.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que las capturas se registraron durante un allanamiento en Santa Elena, Flores.

Mientras que el MP agregó que Hilary Michelle Moreno Monroy es trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Añadió que la detenida desempañaba sus funciones en la sede departamental del referido ministerio, en Petén.

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Una fuente de la PNC informó que la capturada desde el 2016 trabaja en el Mides y era la encargada de programas sociales departamental.

Estaba destacada en San Benito, Petén, y asignada al Viceministerio de Protección Social, según la fuente.

El informe de la PNC agregó que el 03 de marzo de 2020, en la finca Candelaria a un costado del puente Sacpuy, de San Benito, fue encontrado el cuerpo de la víctima envuelto en nailon color negro.

En seguimiento al caso, un equipo de investigadores expertos en temas de homicidios contra defensores de derechos humanos y operadores de justicia sugirió un abordaje estratégico en conjunto con fiscales del MP, logrando ubicar y documentar seis inmuebles donde residen los presuntos responsables de cometer el crimen.

Las autoridades decomisaron dos celulares en uno de los inmuebles allanados; en otro inmueble cateado incautaron una arma de fuego, dos tolvas y 50 municiones.

Walfred Rodríguez Tórtola, director de la Dirección de Auditoría para Atención de Denuncia, de la Contraloría General de Cuentas (CGC), confirmó que se “colabora” con el Ministerio Público en una investigación por la supuesta compra de alimentos de contrabando durante el año pasado.

La compra, principalmente de granos básicos, fue encargada al Programa Mundial de Alimentos (PMA), luego que esta entidad suscribiera un convenio el año pasado, donde se comprometía a adquirir alimentos y privilegiar la compra a productores nacionales.

El convenio también incluía la distribución a los 340 municipios y el uso de la plataforma digital SCOPE para el registro y verificación de beneficiarios.

Este miércoles 21 de abril, durante una citación de varios diputados del Frente Parlamentario contra el Hambre con funcionarios de gobierno, incluido el titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), José Ángel López, se señaló que había una investigación penal por la compra de alimentos que ingresaron al país de contrabando y fueron adquiridos por el PMA y posteriormente incluidos en los víveres del programa de Apoyo Alimentario.

Según López, hasta este miércoles desconocía que existía una investigación en marcha, como lo afirmó el representante de la CGC.

Se ha solicitado al PMA una opinión sobre la investigación en curso, postura que ofrecieron trasladar pero que no ha llegado aún.

Más denuncias

El ministro de Agricultura sí reconoció, en la misma reunión legislativa, que se presentaron varias denuncias contra diputados que han coordinado y dirigido la entrega del programa de apoyo alimentario, cuando le corresponde al Gobierno hacer este trabajo para evitar clientelismo.

Como ejemplo de estas irregularidades, Prensa Libre publicó el pasado 30 de marzo que el exalcalde de Retalhuleu y actual diputado del partido Valor, José Luis Galindo, había recibido y distribuido alimentos.

Según la denuncia  presentada a la Fiscalía Distrital de Retalhuleu el 25 de marzo de 2021, la hija del legislador, Angélica Sucely Galindo Motta, servía de intermediadora entre el Maga y beneficiarios de los diferentes programas de alimentos del ministerio sin ser trabajadora de la institución.

Ante estos señalamientos, el parlamentario dijo que eran denuncias sin sustento, con interés político y, lejos de aprovecharse del programa, solo fiscalizaba la distribución de alimentos en su distrito.

El Programa de Apoyo Alimentario fue creado al inicio de la pandemia por el covid-19 en 2020 para ayudar a familias que podrían caer en inseguridad alimentaria, pero ahora afloran irregularidades.

Diputados cuestionaron este 21 de abril presuntas irregularidades que encontraron en el padrón de beneficiarios del programa, el cual está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para el área urbana y el Ministerio de Agricultura (Maga) para el área rural.

Según los registros, el Mides entregó esta ayuda de enero a hoy a 169 mil 25 personas, pero solo tiene el detalle digitalizado de 36 mil 558 beneficiarios.

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A pesar de que solo está documentada la quinta parte de los beneficiados, las anomalías apuntan a que en los listados hay 128 fallecidos -40 en 2020-, cinco son extranjeros, nueve no estaba en Guatemala cuando recibieron la ayuda, cuatro son funcionarios -uno del Maga-, 32 son trabajadores municipales, 144 son proveedores del Estado, cien jubilados y 9 mil 812 recibieron el Bono Familia. En todos estos casos la ley no permitía que recibieran este tipo de ayuda.

Mientras tanto, el Maga reporta 200 mil 969 beneficiados, aunque solo están digitalizados 83 mil 940. Aquí se han encontrado 69 fallecidos, un extranjero, 42 no estaban en Guatemala cuando recibieron el apoyo, tres son trabajadores del Gobierno central, 12 son empleados municipales, 137 son contratistas del Estado, 66 son jubilados y 21 mil 552 son beneficiarios del Bono Familia.

El diputado Carlos Barreda consideró: “La ayuda alimentaria no está llegando a los más pobres, menos a los que tienen hambre. No sabemos si las familias están siendo atendidas. Pero muertos cobran, extranjeros cobran, empleados públicos cobran, contratistas cobran y el político reparte”.

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Las autoridades de Maga y Mides justificaron que autoridades locales son los encargados de hacer los listados de los beneficiarios.

“Nosotros recibimos los listados de los centros de operaciones de Emergencia (COE) municipales y nuestro papel es verificar contra los listados del Registro Nacional de las Personas (Renap) la duplicidad de los números de DPI o si hay fallecidos. Luego remitimos nuestras convalidaciones a cada uno de los ministerios”, dijo la secretaria María Eugenia de León.

Barreda replicó al respecto: “Entonces se le pasaron más de cien fallecidos en lo que va del año […] Ustedes no están haciendo el trabajo que tienen que hacer”.

Aparte, el diputado Marvin Samayoa apuntó que, si bien los COE envían la información, las autoridades centrales son las responsables de la revisión. “Lo peor es que no accionan. Hay niños que se están muriendo del hambre”, acusó.

Denuncian a asesor

En la misma citación, el diputado Barreda señaló que Julio Ricardo Molina Zelada, un asesor del Maga, también recibe contratos del Intecap por Q91 mil y la Empresa Portuaria Quetzal por Q81 mil. Además, el contrato del Maga es por Q100 mil.

El Registro Social de Hogares es una herramienta que implementará el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para focalizar las inversiones de los programas sociales que impulsa el Gobierno y contribuir en la lucha contra la pobreza y pobreza extrema, informó este martes 26 de enero el ministro de Desarrollo, Raúl Romero.

El plan piloto es financiado por agencias de las Naciones Unidas y tiene como objetivo “orientar, priorizar y definir las acciones, estrategias, programas y proyectos que el Gobierno vaya  a ejecutar”, señaló Romero.

Añadió que serán 20 mil hogares de municipios con altos índices de pobreza de todos los departamentos los que serán parte del plan que “hará la diferencia” gracias a la información que proporcione la ubicación geográfica de los hogares destinados.

“Somo el primer país de Centroamérica que está haciendo el trabajo a nivel técnico para contar con un Registro Social de Hogares. Hay pocos países de América Latina que lo tienen y que han tenido éxito en el tema de protección social”, señaló Romero.

Agregó que al implementar el Registro Social de Hogares se podrá “focalizar y dar seguimiento a los resultados de los programas sociales que impulsa el Gobierno”, pues se analizará el acceso a los servicios básicos y a las fuentes de trabajo.

El funcionario agregó que el proyecto ya está en marcha y que se han identificado los departamentos y sus municipios más pobres para seleccionar los hogares.

Refirió que los países de América Latina que cuentan con esa herramienta han tenido éxito en el tema de protección social, pues han logrado trasladar a grupos en pobreza y pobreza extrema hacia la clase media.

Los beneficiarios del Bono Familia que no hayan utilizado el total de los fondos asignados tienen hasta la media noche de este martes 19 de enero para hacerlo, pues a esa hora expira el plazo dado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Después de esa hora, todos los fondos del Bono Familia acreditados a los bancos del sistema que no hayan sido cobrados pasarán al Fondo Común, por lo que las autoridades de esa cartera hacen un llamado a la población para que se aboque a cajeros automáticos, agencias bancarias o establecimientos autorizados para cobrar mediante el sistema de POS y retiren o consuman productos con base al saldo correspondiente.

“Al finalizar el día de hoy, es decir a las 12 de la noche los bancos tendrán que iniciar un informe, hacer el cuadre de los ingresos y los cobros que tuvieron parta identificar si quedó un saldo y devolverlo al Fondo Común del Estado”, dijo Raúl Romero, ministro de Desarrollo.

Romero señaló que aún no saben qué cantidad de dinero irá al Fondo Común porque la suma puede variar en las horas que hay de vigencia para hacer los retiros correspondientes.

Denuncias

Romero añadió que se recibieron unas ocho mil denuncias relacionadas con el Bono Familia.

“Hay algunas personas que cuando se inscribieron dieron datos falsos, otras personas que hicieron retenciones inapropiadas de las facturas en el proceso inicial de inscripción, pero lo que estamos analizando son los casos de personas que se inscribieron, pero que en el proceso del pago algunos fallecieron (…) ellos quedan registrados en la plataforma de Bono Familia, pero eso no significa que hayan cobrado los tres aportes”, dijo Romero.

Romero dijo con respecto a los trabajadores del estado que fueron beneficiados que el Mides no elaboró las nóminas de empleados, sino que fueron las instituciones y las municipalidades las que se encargaron de esa parte.

Agregó que lo que sucedió fue que algunos de los beneficiarios obtuvieron un empleo en el Estado durante los pagos, por lo que debían entra en un proceso de exclusión de beneficiaros.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) colocó dos denuncias penales por irregularidades en la distribución del Bono Familia, se informó este lunes 18 de enero durante una citación con la Bancada UNE.

De acuerdo con Walfred Rodríguez, jefe de Auditoría para Atención a Denuncias de la CGC se determinó que funcionario que prestan servicios en el Estado cobraron el Bono Familia, pese a que en los requisitos establecidos para ese beneficio eso no estaba permitido.

Además, señaló varios pensionados también cobraron el Bono Familia, por lo que plantearon dos denuncias, a cuyo expediente se le puede agregar más datos mientras se avanza con la investigación.

“Ya se presentaron dos denuncias penales. Recibieron -el Bono Familia- pensionados y funcionarios que están prestando sus servicios profesionales a las instituciones del Estados en diferentes renglones 029, grupo 18 Y 011”, dijo Rodríguez a diputados de la UNE, quienes demandan más acciones en ese sentido.

Rodríguez también mencionó irregularidades en la entrega de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo ministro, Raúl Romero, no se presentó a la citación.

“Había una entrega duplicada de unas 40 mil personas, pero se deben agotar todas las vías para poder sustentarla, porque las personas no pueden tener doble veneficio”, refirió.

Rodríguez agregó: “Hemos encontrado duplicidad en las entregas. En algunos municipios se ha detectados que en algunas municipalidades se entregó al personal y en otros lugares distribuyeron familiares de algunos alcaldes”.

“Hay más de Q100 millones del Bono Familia y del Bono a la Economía Informal que no llegaron a su destino” señaló por su parte el diputado Carlos Barreda.

Los parlamentarios también se refirieron sobre el retraso y falta de entrega de raciones de alimentos, principalmente de Chiquimula, a lo que el viceministro de Desarrollo, Melvin Caná respondió que es el primer caso que conocen y que verificarán lo que ocurre; además, señaló que la entrega de alimentos se ha cumplido en 75 por ciento.

En cuanto a las denuncias planteadas por la CGC, se solicitó una postura del del Mides la cual es gestionada por el departamento de Comunicación Social de esa cartera.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó este lunes que las personas que no hayan retirado los fondos del Bono Familia tienen hasta el 19 de enero para hacerlo. 

De lo contrario, el dinero pasará a un fondo común, de acuerdo con esa dependencia.

El año pasado, el Mides había informado que el 31 de diciembre del 2020 era el último día para retirar el dinero en cajeros del sistema o gastarlo en víveres en comercios específicos. 

Sin embargo, para extenderles la oportunidad a los beneficiarios de obtener los fondos se anunció esta nueva fecha.

“Puede retirarlo por medio de la agencia más cercana de los 11 bancos del sistema, en cajeros automáticos o comprando en comercios autorizados con sistema POS”, recordó el Mides en las redes sociales.

De acuerdo con esa dependencia, más de 2.6 millones de hogares han sido beneficiados con el programa.

En diciembre último, el Mides presentó en el Ministerio Público ocho mil denuncias contra personas que brindaron falso testimonio y duplicidad para el cobro de fondos en el programa Bono Familia.

Además, se identificaron casos en los cuales trabajadores del Estado, de municipalidades o instituciones descentralizadas se inscribieron al Bono Familia y brindaron datos falsos. 

https://twitter.com/midesgt/status/1348748395226275845

En las redes sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se informó que estarán entregando una cena navideña la noche de este 24 de diciembre, que consta de un tamal, un pedazo de pastel y un vaso de ponche.

La actividad es especialmente para aquellas personas de escasos recursos que se encuentran en cercanías de la Plaza de la Constitución, para que puedan tener una cena especial durante la navidad.

Asimismo, para evitar que el anuncio genere aglomeraciones en el centro de la ciudad, el Mides estará coordinando la forma de entrega para cumplir con los protocolos de bioseguridad.

Acompáñanos esta noche a compartir un delicioso #TamalNavideño pic.twitter.com/mEayEbK2cj

— Ministerio de Desarrollo Social (@Midesgt) December 24, 2020

Las personas deberán de hacer fila con la distancia establecida, se les aplicará alcohol en gel y el alimento solamente se dará para llevar, haciendo que cada persona que reciba su alimento proceda a retirarse a su vivienda.

Para la actividad se contará con el apoyo de voluntarios de la cartera, según informaron autoridades del Mides, quienes contarán con el apoyo de parte de su personal, para así cumplir con la entrega de los alimentos navideños.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó este jueves que las cuentas bancarias en las que se depositan los fondos del Bono Familia son temporales y serán cerradas a fin de año. 

Como consecuencia, si un usuario no ha retirado el dinero de ese beneficio, lo podría perder. 

“Si aún tienes saldo disponible debes retirarlo en su totalidad lo antes posible”, explicó el Mides en las redes sociales.

Recordó que el retiro de los fondos puede hacerse en la agencia más cercana de los 11 bancos del sistema en el territorio nacional.

También se puede consumir el saldo comprando productos en comercios con sistema POS habilitado, recordó la dependencia.

El último pago del Bono Familia para las personas afectadas por la pandemia del coronavirus en Guatemala sería de Q250.

Originalmente los beneficiados debían recibir Q1 mil durante cada uno de los tres pagos, pero la cantidad de beneficiarios creció y por eso ahora cada uno recibirá menos.

El Mides recomendó que el retiro del tercer pago de Q250 se hiciera en bancos del sistema, pues no todos los cajeros tenían la opción de retirar íntegra esa cantidad. 

#Infórmate | Te recordamos que las cuentas bancarias habilitadas para el #BonoFamilia son temporales. Si aún tienes saldo disponible debes retirarlo en su totalidad lo antes posible. #GuatemalaNoSeDetiene pic.twitter.com/ek5pPWpqpk

— Ministerio de Desarrollo Social (@Midesgt) December 17, 2020