El parlamentario lamentó la opacidad en con que trabajan las dependencias de los ministerios en este departamento. Los líderes de las comunidades afectadas denunciaron persecución y daños en sus comunidades.

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El diputado anunció que citará al Congreso a los ministros de Energía y Minas y de Ambiente para que informen con certeza el funcionamiento de las empresas.

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El próximo viernes reabrirá oficialmente el Centro de Administración de Justicia para reanudar operaciones en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango.

Durante el acto oficial, participarán las autoridades del sector Justicia, Ministerio Público, Defensa Público Penal, así como los gobiernos locales de la zona norte del departamento que se beneficiarán con la reapertura.

¿Por qué quemaron el CAJ?

Varios pobladores decidieron prender fuego a las instalaciones del Centro el 19 de enero del 2015. El objetivo era forzar a los trabajadores del lugar a dejar en libertad a dos personas denunciadas por asesinato de un poblador de la aldea Pojom, San Mateo Ixtatán. Por esa razón, se optó al cierre definitivo del CAJ en Santa Eulalia y su posterior traslado a la cabecera departamental.

La falta de presencia estatal, favoreció la actividad de grupos armados ilegales que acosan a los vecinos.

Favorece acciones de diálogo

El restablecimiento del CAJ en Santa Eulalia es celebrado no solo por los pobladores que ya no deberán desplazarse hasta la cabecera departamental para acceder a la justicia.

Por ejemplo, la Mesa de Diálogo por la Negociación y el Desarrollo Sostenible de San Mateo Ixtatán, otra zona conflictuada, aplaudió la reapertura del CAJ en Santa Eulalia pues aporta gobernabilidad y autoridad en la región huehueteca.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró evidencias de uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas antigubernamentales que sacuden a Nicaragua.

La CIDH documentó y escuchó “centenares de denuncias que evidencian graves violaciones a los derechos humanos que se caracterizan por el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y también de terceros armados”, indica un informe preliminar.

Los casos fueron documentados durante la visita de la CIDH realizó del 17 al 21 de mayo. Se reunieron con sectores y personas afectadas por la violencia desde que iniciaron las protestas el 18 de abril.

Exigen renuncia de Ortega

La escalada ha propiciado pedidos de “renuncia inmediata” del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo desde diversos sectores.

Según información recibida por la CIDH, en el último mes hubo al menos 76 muertos y 868 heridos.

Para disolver las protestas los “antimotines utilizaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógenos en forma indiscriminada”, recriminó.

El organismo consignó además que 438 personas fueron detenidas temporalmente de manera arbitraria en la cárcel. Sin que se presentaran cargos en la mayoría de los casos.

Las víctimas “alegan haber sido objeto de golpes, insultos o bien no recibir alimentos y escasa provisión de agua”, o “haber sido rasurados, esposados con rigor y sometidos a golpes y llaves asfixiantes”, dice el informe.

“La CIDH condena enfáticamente las muertes, agresiones, detenciones arbitrarias” ocurridas durante las protestas, agrega.

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Francotiradores y censura

En su reporte, la CIDH dijo que recibió testimonios que “fuerzas policiales y grupos motorizados abrieron fuego e incendiaron” parte del edificio de la Universidad de Ingeniería. Varios estudiantes quedaron atrapados y “perdieron la vida”.

También hay “varios testimonios (que) hablan del uso de francotiradores”. Indica “la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”, denunció el organismo.

La comisión tildó de “inadmisible” la censura de cuatro televisoras, el bloqueo y ataques a medios en Internet. Condenó el asesinato del periodista Ángel Gahona y la quema de una radioemisora opositora por transmitir las protestas.

“El informe de la CIDH es tremendamente doloroso. Ningún gobierno que haya cometido esos crímenes puede permanecer en el poder. Los Ortega Murillo deben salir del poder”, demandó en un tuit la exguerrillera y disidente sandinista Dora María Téllez.

El informe “es contundente y demoledor. Pone en evidencia las gravísimas violaciones” del gobierno a los derechos ciudadanos, dijo a la AFP el exvicecanciller José Pallais.

El gobierno de Ortega inicialmente no respondió al contenido del informe.

En sus conclusiones, la CIDH recomendó a Nicaragua “cesar de inmediato” la represión y las detenciones arbitrarias de manifestantes y “desmantelar los grupos parapoliciales” que atacan a la población.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, hizo votos por que el gobierno escuche a la CIDH “para que de una vez y por siempre acabe con esas turbas”.

CIDH evaluará hasta el lunes DDHH en Nicaragua