Con capacidad para 40 mil personas, “la más grande de América” según el gobierno, la cárcel situada en Tecoluca, 74 km al sureste de San Salvador, comenzó a recibir internos hace seis meses, el 24 de febrero. La AFP visitó el presidio el lunes 22 de agosto junto a funcionarios gubernamentales de derechos humanos.

“Aquí estamos perseverando día con día, tratando de cambiar con ayuda de nuestro Dios”, alcanza a decir desde el interior de una celda José Hurquilla Bonilla, de la pandilla Barrio 18.

Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros. La ONU denunció que entre las decenas de miles de detenidos hay al menos mil 600 menores.

La mayoría de los presos están acusados de pertenecer a las violentas Mara Salvatrucha y Barrio 18, nacidas en calles de la ciudad estadounidense de Los Ángeles a principios de la década de 1980.

“Cuando uno es niño, cualquiera le miente y lo endulza, uno cae en un error, y cuando uno ya va creciendo (…) se viene a dar cuenta”, dice Nelson Velásquez, un preso de 37 años que tiene tatuado en su cabeza “MS-13” (Mara Salvatrucha).

Velásquez habló durante una visita que el comisionado de Derechos Humanos de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, y la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, realizaron a la megacárcel.

En cada celda de unos 100 metros cuadrados conviven de 60 a 75 reclusos que disponen de dos inodoros y dos piletas con agua corriente para el aseo, así como dos recipientes con agua para beber.

Con las manos amarradas, vistiendo como el resto de los prisioneros camiseta, pantalón corto y máscara de un blanco impecable, Velásquez dice que ya pagó dos condenas por diferentes delitos que sumaron 15 años, pero ahora aguarda un nuevo proceso.

Los pabellones del presidio tienen un techo curvo que garantiza la ventilación natural para los presos, además de tragaluces para filtrar los rayos del sol hacia un patio que separa las celdas.

La cárcel fue construida para recluir a parte de los más de 72 mil pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción decretado en marzo de 2022 por el Congreso a petición de Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas en apenas tres días.

Del total de detenidos “a la fecha son un poco más de 7 mil los que han sido liberados”, informó este martes el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Para edificar la prisión el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para levantar ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de extensión, protegido por alambradas electrificadas.

“La comida no es suficiente”

Tras conversar con internos de diferentes celdas, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo que los reclusos se quejaron de que falta comida.

“Se quejan que la comida no es suficiente” y “que están en ocio, no hacen nada porque pasan encerrados”, comentó Caballero a la AFP.

El penal cuenta con comedores, salas de descanso, gimnasio y mesas de ping pong, pero solo para uso de los guardias. También hay “celdas de castigo” oscuras, sin ventanas, para sancionar a reos de mala conducta.

Hay salas para audiencias judiciales virtuales para que los presos no tengan que salir de la prisión. Tampoco pueden recibir la visita de la familiares.

Durante la visita al presidio, el comisionado Guzmán preguntó a los internos sobre su situación en las celdas y la mayoría dijo que el agua “no falta”, pero pidieron escobas y detergente para el aseo.

Un médico declaró que “a diario” se toman muestras de agua que son enviadas a laboratorio para garantizar su calidad.

Otros presos dividen opiniones: unos dicen que reciben a tiempo crema dental, cepillos y jabón, mientras otros reclaman medicamentos para quienes padecen enfermedades terminales.

“Hay mucho, mucho, mucho más trabajo que hacer desde el punto de vista de derechos humanos por ellos, pero lo estamos haciendo bien”, dijo el comisionado Guzmán. Sostuvo que los presos “están en condiciones dignas”.

La ONG de Derechos Humanos Cristosal denunció 174 muertes de detenidos bajo custodia del Estado al cumplirse el primer año del régimen de excepción, al que calificó como “una medida permanente de represión y violaciones a los derechos humanos”. La ONU pidió investigar estas muertes.

La procuradora aseguró que la prisión cuenta con un equipo médico de 50 personas entre enfermeras y médicos.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele lanzará una “ofensiva” contra los “remanentes” de pandillas en El Salvador para “evitar una reagrupación” de estos grupos, tras el asesinato de un policía en la comunidad de Nueva Concepción.

“Este domingo, el Presidente Nayib Bukele se encuentra reunido con el Gabinete de Seguridad”, indicó la Casa Presidencial el domingo 28 de mayo.

“Aunque estamos ganando decisivamente la #GuerraContraPandillas, lanzaremos una ofensiva contra los remanentes de estas estructuras, para evitar cualquier intento de reagrupación, como estaba ocurriendo en Nueva Concepción”, se lee en otro de los mensajes publicados en las redes sociales de la Casa Presidencial.

En la publicación se observan fotografías de Bukele, sus ministros de Defensa y Seguridad, René Merino Monroy y Gustavo Villatoro, respectivamente, y al titular de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.

Hemos iniciado la ofensiva contra los remanentes de las estructuras terroristas que el Presidente @nayibbukele ordenó hoy al Gabinete de Seguridad para erradicar cualquier intento de reagrupación.

La @FUERZARMADASV y la @PNCSV están desplegados en todo el territorio realizando… pic.twitter.com/4iGV72udj1

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) May 29, 2023

La “ofensiva” se anuncia luego de que el pasado 16 de mayo, un agente de la PNC fuera asesinado en el municipio de Nueva Concepción.

Tras el homicidio, las fuerzas de seguridad del gobierno de Bukele desplegaron a más de 5 mil elementos del Ejército y de la Policía.

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Confirman capturas

Las autoridades salvadoreñas anunciaron la noche del viernes 26 de mayo la captura de los tres supuestos responsables del crimen contra el policía, uno de ellos aprehendido en territorio guatemalteco.

La autoridades los identificaron como miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), dos de ellos identificados como José Ochoa y Francis Gómez detenidos en El Salvador.

Asimismo, se confirmó la detención de Salvador Portillo, localizado en Jutiapa, donde fue detenido y se procedió a su expulsión inmediata al vecino país.

“Prometimos que pagarían caro por el asesinato de nuestro héroe”, declaró Bukele en respuesta a las tres capturas.

Prometimos que pagarían caro por el asesinato de nuestro héroe.

Destruimos su clica, arrestamos a sus compañeros, arrestamos a su líder, y hoy, arrestamos a los 3 asesinos.

Nunca más volverán a causar terror en nuestro país. https://t.co/s5f7zfa3Gw

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 27, 2023

Última prórroga

Aunque la comunidad internacional y organismos sociales advierten de violación a derechos humanos y detenciones de personas inocentes, el gobierno de Bukele aprobó el 16 de mayo la decimocuarta prórroga del régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022.

Hasta ahora, bajo el régimen se ha superado la cifra de 69 mil detenidos.

La “ofensiva” contra los “remanentes” de pandillas se dará en el contexto del cuarto año de gestión del presidente Bukele, el cual cumple el próximo jueves 1 de junio.

Un segundo grupo de pandilleros fue trasladado a la megacárcel de El Salvador, confirmó este miércoles 15 de marzo, el Gobierno de Nayib Bukele, que ha emprendido una “guerra” contra las maras.

El traslado tuvo lugar al mismo tiempo en que las autoridades solicitaron que el Congreso extienda el régimen de excepción por 30 días más, con lo que se alcanzaría un año de vigencia de la medida.

El mecanismo legal utilizado por el Gobierno, le permite detenciones sin orden judicial y restringe libertades individuales a los salvadoreños.

Hasta ahora ya suman 64 mil detenciones bajo esa figura, mientras que continúan los traslados a la megacárcel construida para albergar a los posibles miembros de las pandillas.

Con este segundo traslado de 2 mil presos, ahora suman 4 mil hombres recluidos en el centro penitenciario.

Aunque el Gobierno no hizo público el plan y resguardó detalles, se tuvo conocimiento de que el traslado fue bajo “fuertes medidas de seguridad”, según un tuit que Bukele publicó.

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Piden ampliar régimen de excepción

A pocas semanas de que su “guerra” contra las pandillas cumpla un año, Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, fue el encargado de pedir que se extienda el régimen de excepción.

La megacárcel, con capacidad para 40 mil presos, tiene un severo régimen de reclusión donde los reclusos deben pagar por comida, ropa y artículos de aseo.

El recinto tiene ocho pabellones y bloques donde permanecen los reos y duermen en dormitorios múltiples, en literas de metal.

Organismos de Derechos Humanos han denunciado “violaciones al debido proceso”, muerte de personas y arrestos arbitrarios, durante el régimen impuesto por Bukele.

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En el video que se compartió en redes sociales se observa a muchos presos tatuados, descalzos, encadenados y con sus torsos desnudos, vistiendo apenas una pantaloneta blanca.

Este 24 de febrero, autoridades de El Salvador confirmaron el traslado de los primeros 2 mil pandilleros a la megacárcel diseñada y construida bajo el gobierno de Nayib Bukele.

La manera en la que los pandilleros salvadoreños presos en la megacárcel de Bukele cumplirán su tiempo en prisión fue revelado por medio de una investigación del medio Infobae.

De acuerdo a este medio de comunicación, desde diciembre de 2022 los familiares de los reos encarcelados en distintas cárceles de El Salvador deben velar por su bienestar al comprarles paquetes de alimentos e insumos básicos.

La comida, ropa y artículos de aseo personal de los presos tiene un costo de aproximadamente US$170 mensuales.

“Son siete pequeños paquetes cuyos contenidos no aparecen detallados en las hojas que los carceleros han pegado en los muros de las prisiones. Los familiares solo saben que dan 35 dólares por alimentación, 15 por artículos de higiene, 30 por vestimenta, 20 por limpieza de área y 70 por misceláneos”, reveló la investigación de Infobae.

Además, esta investigación reveló que, añadido al sistema de paquetes obligatorios, en las cárceles de El Salvador existe un sistema de “tiendas institucionales” donde los familiares de los presos pueden depositar entre US$5 y US$150 al mes para que los reos puedan comprar “artículos de primera necesidad o darse algunos lujos”.

Hasta el momento, no se sabe para qué utilizan las autoridades de El Salvador el dinero que les entregan los familiares de los reos debido a la política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele.

“No es posible saberlo porque el gobierno de Nayib Bukele ha declarado como reservada toda la información sobre las prisiones y sobre sus políticas de seguridad”, dice este informe.

Finalmente, Infobae concluyó que el Gobierno de El Salvador estaría ingresando aproximadamente US$17 millones cada mes por los cobros a los familiares de los reos en El Salvador.

La nueva megacárcel donde serán recluidos 40 mil presuntos pandilleros es una “pieza fundamental” para ganar la guerra a la delincuencia en El Salvador, afirmó este miércoles 1 de febrero el presidente Nayib Bukele, tras recibir elogios y críticas al presentar la prisión.

“Ayer -martes- inauguramos el Centro de Confinamiento del Terrorismo” (CECOT), es “una gigantesca obra realizada en tan solo siete meses, y que además es una pieza fundamental para ganar por completo la guerra contra pandillas” lanzada hace 10 meses, escribió el mandatario en Twitter.

La gigantesca prisión, en una aislada zona rural y dotada de mucha tecnología, es la “más grande de América”, según el gobierno salvadoreño. Fue construida en virtud del régimen de excepción con el cual Bukele combate a las violentas maras o pandillas, que antes controlaban la mayor parte del territorio salvadoreño.

La prisión fue presentada a los salvadoreños el martes en una cadena nacional de radio y televisión, que mostró a Bukele inspeccionando el penal.

“Régimen severo”

El presidio “de máxima seguridad”, cuyo costo no ha sido revelado, fue construido en un predio de 166 hectáreas, 23 de las cuales alojan una decena de pabellones, explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

Cuenta con muros de concreto reforzado, celdas con barrotes de acero en las ventanas, cámaras de seguridad por doquier, escáner de cuerpo entero para quienes ingresen al lugar, siete torres de vigilancia y un muro perimetral electrificado de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros, que será vigilado día y noche por 600 soldados y 250 policías.

Guardias armados con pistolas y fusiles de asalto estarán a cargo de la vigilancia de los reos. Equipos electrónicos bloquearán las señales de teléfonos celulares impidiendo la comunicación desde el penal.

“Todos los terroristas que planificaron el luto y el dolor en contra del pueblo salvadoreño purgarán sus penas en el CECOT, en el régimen más severo”, aseguró el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna.

Bukele ha dicho que los gobiernos salvadoreños anteriores “tenían a los pandilleros -presos- con prostitutas, con -equipos de- PlayStation, con pantallas, con teléfonos celulares, con computadoras (…), premiando al delincuente”.

Las maras se han dedicado principalmente a extorsionar masivamente a comerciantes, empresarios y transportistas, pero también al sicariato y al tráfico de drogas al menudeo.

Siempre encerrados

En la inspección de Bukele se ven celdas de unos seis por cuatro metros, con tres literas de metal con nueve camas en total, dos lavamanos y dos inodoros.

Las autoridades no han precisado cuántos reos ocuparán cada celda.

También hay “celdas de castigo” oscuras, sin ventanas, para sancionar a reos de mala conducta, quienes “no van a ver la luz del sol”, según Luna.

El penal cuenta con comedores, salas de descanso, gimnasio y mesas de ping pong, pero solo para uso de los guardias, así como talleres de trabajo para los reclusos.

También hay salas para audiencias judiciales virtuales. “No existe posibilidad de poder salir a hacer alguna diligencia” en un tribunal, indicó Luna.

“Es una vergüenza”

Hasta el momento, el gobierno mantiene bajo hermetismo cuándo comenzarán a ser trasladados a la megacárcel los primeros de los casi 63.000 pandilleros detenidos, pero se cree que será muy pronto.

Los masivos arrestos, criticados por organizaciones de derechos humanos, se amparan en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Fue aprobado por el Congreso a instancias de Bukele en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo pasado.

Un sondeo de la firma CIG-Gallup reveló este miércoles que el 90% de los salvadoreños evalúa bien o muy bien la gestión de Bukele.

Ahora el principal problema para los ciudadanos es el alto costo de vida (24%), muy por encima de la inseguridad (4%), que antes era su principal queja.

Tras la presentación de la cárcel surgieron elogios y críticas a Bukele.

“Con esto el gobierno le está diciendo a las pandillas que ellas no tienen ningún control, el control lo tienen las instituciones del Estado y que aquellos que cometan actos de violencia o delitos en contra la sociedad, van a parar en esa cárcel”, sostuvo el politólogo Óscar Peñate.

¿Rehabilitación?

En cambio, para el director de la oenegé Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, la megaprisión “es una vergüenza para el país”.

“El gobierno se jacta de tener la cárcel más grande de América Latina, lo cual no es un orgullo sino un cuestionamiento que conlleva riesgos de hacinamiento y violencia”, comentó Montenegro, afirmando que hay que combatir las pandillas “utilizando métodos que sí lleven a la readaptación”.

El rector de la jesuita Universidad Centroamericana, Andreu Oliva, consideró que el gobierno debe apostar por la “rehabilitación” de los reclusos, pues “merecen una segunda oportunidad”.

“La función del sistema penitenciario es cambiar a las personas”, sostuvo Oliva.

Bukele acusa a sus críticos de “defender” a los pandilleros y afirma que su país se convirtió en el más seguro de América Latina.