Elías González López fue arrestado el pasado 21 de octubre por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC) en la aldea Bonanza del municipio de Las Cruces, Petén. Tenía vigente una orden de aprehensión desde octubre de 2014.

El sujeto, acusado de un macabro crimen que ocurrió hace 9 años en aquella lejana localidad del norteño departamento de Petén, fue capturado por la PNC que cumplió una orden emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Poptún desde el 21 de octubre de 2014.

A González López lo requieren la justicia guatemalteca por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, violación agravada, maltrato contra personas menores de edad e incendio agravado.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), es uno de los presuntos autores materiales de la masacre de seis miembros de una familia en el caserío Brisas de Chiquibul, Dolores, Petén en octubre de hace nueve años.

Macabro crimen

El 15 de octubre de 2014 la noticia conmocionó a los pobladores del caserío Brisas de Chiquibul, en el municipio de Dolores, Petén. Desde aquella lejana comunidad la noticia trascendió.

Las autoridades revelaron en aquella oportunidad que habían sido asesinados Jeremías Ramírez, de 35 años, y su conviviente, Amalia Pau, de 36, así como Sindi Yamilet Hernández Pau, de 3; Ana Luz Hernández Pau, de 6, y Verónica Ramírez Pau, de 18 meses.

Otros tres menores — hijos de Pau —  sobrevivieron y quedaron bajo la protección de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El 19 de octubre fue hallada sin vida Érika Susana Hernández Pau, de 11, quien estuvo desaparecida desde el día que ocurrió la masacre.

Según vecinos del lugar, Jeremías era conviviente de Amalia y solo padre de Verónica, la más pequeña de las víctimas mortales.

El hecho, según el testimonio de pobladores y recopilado en la Hemeroteca de Prensa Libre, pudo haber ocurrido entre las 19 y 22 horas de aquel miércoles 17 de octubre de 2014.

Uno de los niños sobrevivientes llegó ensangrentado con algunos líderes de la comunidad y les contó que habían matado a su mamá, a su padrastro y a tres de sus hermanas.

Vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios y a la PNC, quienes fueron de emergencia al lugar a prestar auxilio. El niño que contó los hechos presentaba heridas de machete en la espalda, el cuello y el cráneo, por lo que fue llevado al Hospital Regional de Poptún. 

También sobrevivieron sus hermanos de 13 y 9, quienes resultaron ilesos.

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Mueren quemadas

Los cadáveres de la madre y la niña de 18 meses estaban carbonizados, mientras que los de las otras dos pequeñas tenían heridas de machete.

El cuerpo de Jeremías Ramírez lo localizaron a unos cien metros de la vivienda donde ocurrió el crimen. Los investigadores consideraron en su oportunidad que trató de huir, pero fue alcanzado y asesinado a machetazos.

La muerte la relacionaron en su oportunidad con una deuda de Ramírez con los victimarios. Se desconoce la cantidad hasta ahora.

Un testigo contó en el 2014 que dos sujetos de apellidos González: (Elías, posiblemente) y Pineda llegaron a la casa a reclamarle por la deuda en la venta de un caballo y que le debían entregar a la niña llamada Erika, de 11 años.

Tras negarse, cometieron el crimen. El sujeto arrestado, y que estaba en una lista de los 100 más buscados de la PNC, fue puesto a disposición de una judicatura donde será escuchado.

Las autoridades confirmaron la captura de dos hombres implicados por el asesinato de siete integrantes de una familia, el pasado domingo 2 de abril, en el caserío en la aldea Palo Verde, en Santa María Xalapán, Jalapa.

La Fiscalía de Distro de Jalapa y la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la detención de los dos sospechosos en un barrio en San Benito, Petén, y los relacionó como primos.

Ambos fueron identificados como Esvin “N”, de 29 años; y Francisco “N”, de 28, quienes son acusados del delito de homicidio.

De acuerdo a la fiscalía, los autores detrás de la matanza fueron “hombres armados y vestidos con gorros pasamontañas” que irrumpieron a eso de las 6 de la mañana del pasado domingo en la vivienda.

Línea de investigación

Los investigadores manejan una primera hipótesis que conecta a los dos primos con el crimen. Se presume que los sospechosos actuaron por un “ajuste de cuentas con dos de los integrantes de la familia”, según se presume hasta ahora, porque se dedicaban a robar toros y vacas.

Al parecer, según las primeras pesquisas, aunque el ataque era dirigido a dos personas, surgió un imprevisto durante el asalto y fueron asesinadas otras víctimas.

AHORA |En un operativo táctico de investigadores de la #DEIC de la @PNCdeGuatemala , permitió la captura en Petén de Esvin Adelso Elías Contreras y Francisco Contreras Gutiérrez presuntos responsables de asesinar a una familia el pasado 2 de abril en Santa María Xalapán, Jalapa. pic.twitter.com/7Uk9vAxKIO

— MinGob (@mingobguate) April 5, 2023

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Mayoría recibió un disparo en la cabeza

Los análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) revelaron que cuatro de las siete víctimas murieron por una herida de bala en el cráneo, incluyendo a una menor de 17 años.

Las tres víctimas restantes también perecieron por heridas de bala en otras partes del cuerpo. Una de las víctimas tenía 10 años.

Los vecinos de la aldea observaron conmocionados la llegada de los investigadores del Ministerio Público y de la PNC  luego del crimen.

Tras la llegada al lugar, el MP confirmó que se localizaron casquillos en el perímetro como parte de las evidencias del caso.

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Víctimas

Roberto Munguía Cortez, de 67 años y el mayor entre las víctimas, murió a causa de una herida de bala en el pulmón.

Tomasa Marcos Jiménez, de 60; Marcos Munguía Marcos, 31; Patricio Munguía Marcos, de 29; al igual que Odilia Munguía Aguilar, de 17 años, murieron a causa de una herida de bala en el cráneo.

Mientras que, en el caso de Francisco Munguía Marcos, de 27 años, sufrió una herida en la espalda. La menor Luz Angélica Munguía Cruz, de 10, murió por una herida de proyectil de arma de fuego en el tórax.

El Ministerio Público (MP) informó que en seguimiento a la investigaciones de la Fiscalía de Derechos Humanos con relación a la masacre del 29 de junio de 1982 cuando murieron 25 personas en el caserío El Rancho Bejuco, aldea Pacoj, municipio de Santa Cruz EL Chol, Baja Verapaz, este miércoles 2 de febrero se ejecutaron nueve órdenes de aprehensión.

La fiscalía gestionó ante el Juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo D la autorización de 11 diligencias de allanamiento que fueron efectuadas en Santa Cruz El Chol y San Jerónimo, de Baja Verapaz.

Los sindicados fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional por los delitos de asesinato y delitos contra deberes de la humanidad.

El vocero de la Fiscalía dijo a la AFP que los detenidos son exmilitares y exmiembros de las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), creadas por el Ejército para tener control sobre la población durante el conflicto armado.

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El pasado 24 de enero, cinco exparamilitares fueron condenados a 30 años de prisión por la violencia sexual cometida contra mujeres indígenas en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz, en los años 80, durante la guerra civil.

La sentencia de las penas que se impusieron fue por delitos de lesa humanidad.

La guerra civil en Guatemala dejó 200 mil muertos y desaparecidos, reveló una Comisión de la Verdad de la ONU que también documentó 669 masacres y aseguró que el 93% de las violaciones fueron cometidas por aparatos del Estado.

Las PAC y la figura del comisionado militar que fueron instrumentos de represión durante la guerra quedaron disueltas con la firma de los acuerdos que pusieron fin al conflicto en 1996.

Los aprehendidos

• Mario Elfidio Córdova
• Santiago Cojón Galeano
• Lázaro Alvarado de Paz
• Carlos Sesán Cajbon
• Venancio Mendoza
• Lauro Garrido Cajbon
• Mauro Garrido Cajbon
• Juan López Sis
• Eusebio Raxcacoj

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, dijo a medios que ya existen detenidos pero que el caso ya está en manos de las fiscalías.

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“Hay detenidos, pero no nos corresponde proporcionar información, ya que la investigación está ya en manos tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y de la Fiscalía General de la República”, dijo Durazo a medios.

Abordado por medios tras la segunda reunión regional de Conferencias de Secretarios de Seguridad Pública y Seguridad Pública Municipal, llevada a cabo este día en Ciudad de México, el funcionario se limitó en su comentarios sobre el caso.

“No nos vamos adelantar (…) a partir de que se abre la carpeta de investigación corresponde a las fiscalías estatal y general”, añadió.
Luego de una semana de la masacre y tras las primeras investigaciones, hasta ahora solamente hay un sospechoso detenido por su probable responsabilidad en lo que se presume fue un enfrentamiento entre grupos criminales entre Sonora y Chihuahua, que derivaron en el crimen de los integrantes de la familia de la comunidad mormona.

Sobre la participación de agentes del Buró Federal de Investigación (FBI), Durazo dijo que ya están en el país apoyando a las autoridades mexicanas en el caso.

El domingo 10 de noviembre, el Gobierno mexicano invitó al FBI, la principal agencia de investigación criminal en aquel país, a colaborar en la investigación de la masacre en el estado Sonora, el 4 de noviembre.

Acompañar investigación

Mediante una nota diplomática dirigida a la embajada de Estados Unidos en México, la Cancillería solicitó transmitir al FBI la invitación.
La convocatoria fue para “acompañar la investigación sobre el suceso en el que fueron víctimas ciudadanos de nacionalidad estadounidense en el municipio de Bavispe, Sonora”, apuntó la nota.

La nota indicó que los agentes “únicamente podrán hacer diligencias en conjunto con las que hagan las autoridades de la Fiscalía General de la República y no estarán armados”.

El 4 de noviembre un comando de sicarios atacó a las familias mormonas Miller, Langford y LeBarón dejando nueve víctimas mortales, -tres mujeres y seis niños- además de varios menores heridos, un caso que conmocionó al país por su nivel de violencia.