Sepúlveda iba a ser la primera persona en Colombia que, sin sufrir una enfermedad en estado terminal, recibiría la eutanasia. Pero el Instituto Colombiano del Dolor (IPS Indecol) anunció la suspensión del procedimiento 36 horas antes de lque ocurriera.

El caso ha generado un amplio debate en el país latinoamericano sobre el derecho a optar por la muerte asistida.

Este miércoles, el titular del Juzgado 20 de la ciudad de Medellín ordenó al IPS Indecol “cumplir con lo establecido por el comité científico interdisciplinario para morir dignamente” en su fallo del 6 de agosto.

En esa resolución, un panel de especialistas determinó que la paciente “cumple con los requisitos para ejercer su derecho a morir dignamente a través de la eutanasia”, recalcó el juez.

Tal fallo había sido invalidado por la IPS Indecol que “concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento” al determinar que “no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité” que evaluó su caso.

El juez consideró este miércoles que tal decisión”vulneró los derechos fundamentales a morir dignamente, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana de Martha Sepúlveda”.

La paciente ahora deberá contar con una nueva fecha para que se aplique el procedimiento.

Un caso controvertido

Sepúlveda padece desde 2018 esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad incurable que, según su familia, convirtió su vida en un tormento.

Por ello, la paciente de 51 años acudió a un alto tribunal para que aprobaran la eutanasia.

El procedimiento fue despenalizado en Colombia en 1997, pero no se convirtió en ley hasta 2015. Desde entonces, se han realizado 157 procedimientos.

Según los lineamientos del Ministerio de Salud, el paciente debe tener una enfermedad en estado terminal; considerar que la vida ha dejado de ser digna producto de la enfermedad y manifestar el consentimiento de manera “clara, informada, completa y precisa”.

Además, la ayuda para morir debe prestarla “un profesional de la medicina” con la autorización de un “comité científico-interdisciplinario”.

Sin embargo, Colombia también cuenta con una figura llamada libertad de conciencia que les permite a los médicos no realizar el procedimiento si este va en contra de sus creencias personales.

Pero en julio pasado, la Corte Constitucional del país extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan “un intenso sufrimiento físico o psíquico” por causa de una lesión o enfermedad incurable.

Y el de Martha Sepúlveda se había convertido en el primer caso en que se autoriza una eutanasia en un paciente que no tiene una enfermedad terminal.

El juez ordenó que en un plazo de 48 horas se deberá determinar la fecha y hora para la eutanasia.

La familia de Martha Sepúlveda y ella quedaron desconcertados tras conocer la decisión de la IPS Incodol de cancelar el procedimiento de eutanasia que se le iba a practicar el domingo 11 de octubre a las 7 de la mañana. Sin embargo, ella seguirá luchando para recuperar ese derecho y así decidir cuándo morirá, según lo establecido por las leyes de Colombia.

“Martha siente la incertidumbre, pero ha sido muy enfática en que hay que seguir luchando por volver a adquirir el derecho que tenía y que perdió por decisiones ilegítimas e ilegales de estas personas”, dijo su abogada, Camila Jaramillo, a “El Tiempo”.

Sepúlveda, de 51años, iba a ser la primera persona en Colombia con enfermedad terminal sin inminencia de muerte en acceder a la eutanasia, pero la IPS Incodol anunció el sábado que se evidenció una evolución de la paciente y que tiene altas probabilidades de expectativa de vida mayor a seis meses, por lo que no cumple con el criterio de terminabilidad”.

Según la abogada, la decisión se tomó después de ver el domingo 3 de octubre en “Caracol Televisión” un reportaje sobre Martha en el que ella se ve feliz.

Ella, aclara Jaramillo, “tenía todo el derecho” de salir en los medios a contar su experiencia y la decisión que había tomado como parte de la pedagogía a la sociedad sobre los derechos de las personas.

“No entendemos cómo unos profesionales que no han visto a Martha, que ni siquiera informaron que estaban haciendo un nuevo comité, que, de la manera más vulgar se reúnen un viernes y envían una comunicación a las 8 de la noche. Sin ninguna explicación deciden que el diagnóstico es otro (…). Lo que dijo el gerente de la IPS es que hubo una mejora en su diagnóstico y que Martha y Federico básicamente habían mentido en el diagnóstico inicial. Todo es una irresponsabilidad por parte de estas personas”, cuestionó.

“Claramente la familia no entiende de dónde sacaron esas conclusiones. Obviamente los devuelve a un estado de incertidumbre de un proceso que ella tenía certeza que iba a ocurrir este domingo porque había un documento y una programación”, agregó.

Jaramillo explicó, además, que Martha cumple con los requisitos para acceder a la eutanasia, de acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional que da vía libre a acceder a esta sin necesidad de tener inminencia de muerte.