En un intento por reducir una eventual condena, María Marta Castañeda Torres, sobrina de la excandidata presidencial Sandra Torres, solicitó este lunes 12 de septiembre al Juzgado de Mayor Riesgo “A” que le aceptara acogerse a la figura de aceptación de cargos, en el caso por la muerte del capitán Byron Lima, ocurrida el 18 de julio de 2016 en la cárcel Pavón.

Castañeda Torres y otros 15 señalados, entre ellos Marvin Montiel, alias “el Taquero”, fueron enviados a juicio el 17 de julio de 2019 por el caso en el que se investiga la muerte de Lima en dicha prisión.

De esa cuenta, este lunes Castañeda Torres hizo la solicitud al juzgado, pero esta fue rechazada, por lo que deberá enfrentar a la justicia de manera regular.

La intención era reducir una eventual condena al aceptar la culpa por el delito de encubrimiento propio, por el cual es procesada.

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De acuerdo con la resolución del Tribunal, la petición de Castañeda Torres fue rechazada porque el delito no aplica para el procedimiento de aceptación de cargos.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción vincula a Castañeda Torres con “el Taquero”, quien, según las autoridades habría impulsado la venta de drogas en Pavón.

Otro caso

Señalada de casos especiales de estafa, defraudación tributaria y lavado de dinero y otros activos, Castañeda Torres fue ligada a proceso penal el 18 de octubre de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia de Jutiapa.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), Castañeda Torre fue investigada porque “como propietaria y representante legal de la empresa AFINSA durante el 2004 al 2006 cobró la cantidad de Q710 mil por servicios que nunca efectuó a la Municipalidad de Comapa, Jutiapa” por supuestos servicios de asesoría financiera y gestión de préstamos ante bancos del sistema; sin embargo, la investigación determinó que esas gestiones las hizo el Instituto de Fomento Municipal (Infom).

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La Fiscalía agrega que “se logró determinar por medio de una auditoría tributaria” que Castañeda Torres, “en el régimen de pequeño contribuyente referente a las obligaciones formales al Impuesto al Valor Agregado IVA y así como del Impuesto Sobre la Renta ISR, no se cumplió con presentar los formularios del pago del IVA” y omitió pagar Q156 mil 29.38 que corresponde al 12%.

Además, con relación al ISR “presentó las declaraciones juradas y recibos, pero omitió el pago de Q53 mil 378.73 “de acuerdo al régimen general del 5%. Haciendo un total de Q209 mil 408.11 de impuesto más mora e interés que la Superintendencia de Administración Tributaria dejó de percibir”.

El MP también determinó que Castañeda Torres recibió en su cuenta monetaria Q 500 mil “a sabiendas que ese dinero era producto de la comisión de un hecho delictivo que dañó el patrimonio de la Municipalidad de Comapa, Jutiapa, aun así extendió diferentes cheques a nombre de terceras personas por cantidades mayores a Q 10 mil”.

En marzo de 2021, Castañeda Torres fue condenada a cuatro años de prisión conmutables y multada con Q10 mil por haber estafado a la municipalidad de San Andrés Sajcabajá, Quiché.

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La Fiscalía contra la Corrupción logró probar que Castañeda cobró a la comuna Q1.5 millones por una asesoría que no brindó.

Castañeda Torres tendría que haber asesorado a la referida municipalidad para la adquisición de un préstamo de Q10 millones, pero no hubo asesoría para el crédito.

Henry Giovany Recinos y Recinos fue condenado a 8 años de prisión y a pagar una multa de Q5 mil por el delito de peculado, mientras que  Maria Elena Hernández Centeno debe purgar 4 años de prisión por estafar al Estado más una multa de Q50 mil. Los dos, participaron en el pago de sobornos a Maria Marta Castañeda, hija de Gloria Torres.

Sobornos millonarios para Maria Marta Castañeda Torres

Recinos era tesorero municipal de Comapa, Jutiapa de 2004 a 2008, en ese tiempo, pagaron varios sobornos a María Marta Castañeda Torres. Incluso, se erogó un pago por Q710 mil por servicios que no se dieronn al municipio.

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La Fiscalía demostró que ellos dieron ese dinero a Castañeda Torres para gestionar 2 préstamos bancarios, uno por Q2.5 millones y el otro por Q10 millones, labor que además, nunca realizó.

Esta transacción anómala fue hecha por medio de una empresa llamada Afinsa, que ofrecía servicios para agilizar préstamos que las municipalidades realizaban y que María Marta era propietaria de la misma, según pruebas documentales con depósitos bancarios y facturas.