El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró este 29 de enero que analizan acciones legales contra la fiscal general Consuelo Porras, por haberse negado a participar en la reunión de Gabinete a la que acudió, pero abandonó minutos después con el argumento de que su estancia allí no era legal.

La jefa del MP acudió a una invitación que Arévalo le había hecho para participar en la reunión con ministros, saludó al mandatario y cuando la reunión recién iniciaba, ella salió de la misma.

Luego, el MP publicó un video en el que Porras señalaba: “Me vi en la necesidad de retirarme, ya que en la reunión se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de ministros, que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar y les prohíbe a los ministros de Estado contar con mi presencia”, dijo la fiscal.

“Ni yo puedo interferir en las funciones y resoluciones que emita dicho órgano, ni ellos pueden interferir en la autonomía del Ministerio Público”, explicó Porras.

“Dejé constancia antes de retirarme sobre esta situación, ya que la ley es clara de que la participación de un ente estatal autónomo como el Ministerio Público, solo puede ser en escenarios de coordinación intersectorial, como lo manda la ley del Organismo Ejecutivo en cuanto a la naturaleza jurídica de los gabinetes y  no me permite participar en reuniones deliberativas y de decisión del Organismo Ejecutivo, como lo es un Consejo de ministros”, señaló Porras en el video.

Respuesta de Arévalo

Horas más tarde, el presidente Arévalo ofreció una conferencia de prensa sobre la frustrada reunión con Porras, en la cual estuvo acompañado de sus ministros de Estado.

“El objeto de la invitación que se le hizo fue establecer una coordinación interinstitucional sobre aspectos de interés para el Gobierno de la República de conformidad con los artículos 134, 183 inciso M, y 251 de la Constitución Política de la República, y reiteramos, en ningún caso se trató de discutir y pedir información sobre casos específicos”, afirmó el mandatario.

Explicó que se estaba solicitando información sobre las políticas que el MP está siguiendo a fin de ajustarlas a las políticas del Gobierno.

“A manera de ejemplo, desde el año 2018 a la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha registrado 12 medidas cautelares en relación a la vulneración al derecho, a la libertad de expresión y de prensa, por lo cual era necesario conocer la política que ha seguido el Ministerio Público en la materia para poder hacer la coordinación y garantizar la vigencia de este principio como corresponde a un estado democrático”, ejemplificó Arévalo.

Agregó que Porras estaba perfectamente enterada del objeto de la invitación en virtud de la recepción de los oficios, por el MP el 19  y 24  enero pasados.

“Dichos oficios tenían perfectamente explícita cuál era la el objetivo de la reunión y estos se enviaron de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, normativa que obliga, reitero, obliga a la señora fiscal a asistir y participar en estas reuniones con voz, pero sin voto, en cualquier junta de ministros de Estado, sentenció el presidente Arévalo.

“La señora fiscal general, utilizando argumentos que no aplican, y estamos utilizando con mucho cuidado la palabra no aplican, los adjetivos se los dejamos a cada uno de ustedes y de los oyentes, comunicó su decisión de retirarse de la junta de ministros rehusándose a cumplir con su obligación legal establecida en el artículo cuarto de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que señala, y cito: el presidente de la República podrá invitar al fiscal general para que participe En cualquier junta de gabinete o de los ministros de Estado”, expresó Arévalo.

Recalcó que esos encuentros eran en cualquier junta de Gabinete o de los ministros de Estado y per por eso ella está obligada a concurrir a la junta con voz, pero sin voto, fin de la cita.

Analizan acciones

“Los argumentos que la señora fiscal general ha comenzado a hacer públicos son simple y llanamente no aplicables, y lo que evidencian es la falta de voluntad para cumplir con lo establecido en la ley y muy explícitamente en el artículo cuarto de la Ley Orgánica del Ministerio Público.  El Gobierno de la República estará examinando en las próximas horas las acciones legales que proceden”, afirmó Arévalo.

Sobre la renuncia

A Arévalo se le consultó si en la reunión había alcanzado a pedirle la renuncia a Porras, y respondió que el encuentro no fue para pedírselo, sino que para llevar a cabo los alcances que están establecidos en la ley,  de promover la coordinación de las políticas necesarias.

Contó que Porras estuvo en la reunión entre 10 y 15 minutos, porque ella planteó su argumentación, se le hizo ver que la argumentación no era aplicable y estaba fuera de lugar.

Según Arévalo, Porras insistió en su argumentación e intentó sostener un debate, pero en ese momento se le invitó a retirarse pues ya había manifestado que se quería ir de la reunión.

“En el momento en el que estaba por entablarse un debate innecesario alrededor del tema, le dijimos, bueno, pues si usted no va a participar, proceda por favor, a retirarse, ya entendimos lo que usted ha dicho”, dijo Arévalo.

¿Se le pedirá la renuncia?

Varios periodistas le preguntaron a Arévalo si se le iba a pedir o no la renuncia a Porras y en qué momento y respondió:  “La solicitud de renuncia es pública y notoria, es del dominio público, ella la conoce y creo que está colocada sobre la mesa, de manera que es ella la que con sus actos define si la está aceptando o no. La reunión de hoy era una reunión que tenía como objeto avanzar en las funciones de coordinación de políticas entre el Ministerio Público y el Gobierno de la República, tal como está establecido constitucionalmente. Lo que nosotros hemos identificado es que hay una negativa de ella a actuar de acuerdo a lo que está establecido legalmente en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la Constitución Política de la República, y en consecuencia estamos viendo cuáles son las opciones que corresponden a esta negativa”, dijo Arévalo.

A Arévalo también se le preguntó sobre las discusiones en el Congreso para lograr acuerdos y si el Ejecutivo le había hecho algún ofrecimiento a los diputados que están en alianza y respondió que ignoraba cuáles eran las discusiones que había en el Congreso, pero lo que podía asegurar era que no se ha ofrecido nada en ningún momento, porque esa es la política de su gobierno, y que no se ha ofrecido ni contratos ni plazas.

Luego, el MP en redes sociales publicó un video en el que el secretario general del ente investigador, Ángel Pineda, indicó que Porras fue invitada por el presidente de la República a una junta de Gabinete este lunes 29 de enero.

Agregó que la fiscal acudió a la invitación “con la  voluntad de entablar un diálogo constructivo en favor del pueblo de Guatemala, no obstante, el presidente dio inicio a una reunión de consejo de ministros, la propia Constitución Política de la República y la ley del Organismo Ejecutivo establece con claridad y precisión la forma en la cual se integra el referido Consejo.

Agregó: “No pudiendo integrar el mismo -Consejo- personas distintas a las establecidas en la ley, ante tal situación la fiscal general y jefe del Ministerio Público tomó la decisión de dejar constancia respecto a la referida irregularidad legal, la cual se hubiera materializado si se lleva a cabo el referido Consejo, pues el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en consonancia con el artículo 18 de la ley del Organismo Ejecutivo únicamente regula la obligación de a fiscal general de acudir a un Gabinete específico integrado por los ministros y para los fines que se establezcan en el correspondiente acuerdo gubernativo que le de vida”.

Pineda añadió que en virtud de lo anterior, Arévalo decidió cerrar la sesión del Consejo de Ministros e inició una sesión de Gabinete, “no obstante, la misma no reunía las condiciones legales establecidas en la propia ley del Organismo Ejecutivo, como lo es el haber creado y publicado el acuerdo gubernativo para tal efecto”.

Afirmó que Porras con objetivo de evitar “que se incurriera en ilegalidades les hizo ver la deficiencias jurídicas que hacían inviable llevar a cabo la reunión de Gabinete, por lo que en cumplimiento a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la fiscal general y jefe del Ministerio Público se vio en la necesidad de retirarse se la reunión”.

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Mensaje del Secretario General del Ministerio Público a la población guatemalteca pic.twitter.com/mZBidm9svl

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 29, 2024

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, acudió este lunes 29 de enero a una reunión de Gabinete del presidente Bernardo Arévalo de León, en el primer encuentro de ambos desde que la fiscalía intentó evitar la investidura del mandatario.

Porras Argueta llegó a la Casa Presidencial para la reunión de Gabinete del Gobierno, tal y como obliga la ley guatemalteca, pese a que la semana pasada había evitado asistir a otra convocatoria del presidente, quien la acusó en septiembre de llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra.

Fotografías compartidas por la Presidencia de Guatemala y el MP mostraban a Arévalo y a Porras saludándose y luego sentados en la reunión de Gabinete.

Pocos minutos después, el MP difundió un video de la fiscal, afuera de la reunión, en la que explicaba que abandonó la misma.

“Me vi en la necesidad de retirarme, ya que en la reunión se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de ministros, que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar y les prohíbe a los ministros de Estado contar con mi presencia”, dijo la fiscal.

Porras dijo que acudió sola a la reunión, por la invitación de Arévalo, y que en cumplimiento de la Ley Orgánica del MP, atendió el llamado, pero que lamentablemente se había tenido que retirar por el motivo anteriormente descrito.

“Ni yo puedo interferir en las funciones y resoluciones que emita dicho órgano, ni ellos pueden interferir en la autonomía del Ministerio Público”, explicó Porras.

“Dejé constancia antes de retirarme sobre esta situación, ya que la ley es clara de que la participación de un ente estatal autónomo como el Ministerio Público, solo puede ser en escenarios de coordinación intersectorial, como lo manda la ley del Organismo Ejecutivo en cuanto a la naturaleza jurídica de los gabinetes y  no me permite participar en reuniones deliberativas y de decisión del Organismo Ejecutivo, como lo es un Consejo de ministros”, dijo Porras.

Agregó que le manifestó a Arévalo su voluntad de participar en una próxima invitación en el marco legal para coordinar temas relacionados al quehacer del MP, siempre que se respete la autonomía del ente investigador y las leyes del país.

Le dijo a la población que confíe porque siempre va a tener un MP respetuoso de las leyes del país para cumplimiento de lo que la Constitución nos confiere, que es que se cumplan las leyes del país para todos y todas.

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La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, se refiere a los puntos abordados durante la reunión desarrollada en reunión de Gabinete de Gobierno realizada en Casa Presidencial. pic.twitter.com/2fT25Tf3Mc

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Luego, el MP en redes sociales publicó un video en el que el secretario general del ente investigador, Ángel Pineda, indicó que Porras fue invitada por el presidente de la República a una junta de Gabinete este lunes 29 de enero.

Agregó que la fiscal acudió a la invitación “con la  voluntad de entablar un diálogo constructivo en favor del pueblo de Guatemala, no obstante, el presidente dio inicio a una reunión de Consejo de Ministros, la propia Constitución Política de la República y la ley del Organismo Ejecutivo establece con claridad y precisión la forma en la cual se integra el referido Consejo.

Agregó: “No pudiendo integrar el mismo -Consejo- personas distintas a las establecidas en la ley, ante tal situación la fiscal general y jefe del Ministerio Público tomó la decisión de dejar constancia respecto a la referida irregularidad legal, la cual se hubiera materializado si se lleva a cabo el referido Consejo, pues el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en consonancia con el artículo 18 de la ley del Organismo Ejecutivo únicamente regula la obligación de a fiscal general de acudir a un Gabinete específico integrado por los ministros y para los fines que se establezcan en el correspondiente acuerdo gubernativo que le de vida”.

Pineda añadió que en virtud de lo anterior, Arévalo decidió cerrar la sesión del Consejo de Ministros e inició una sesión de Gabinete, “no obstante, la misma no reunía las condiciones legales establecidas en la propia ley del Organismo Ejecutivo, como lo es el haber creado y publicado el acuerdo gubernativo para tal efecto”.

Afirmó que Porras con objetivo de evitar “que se incurriera en ilegalidades les hizo ver la deficiencias jurídicas que hacían inviable llevar a cabo la reunión de Gabinete, por lo que en cumplimiento a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la fiscal general y jefe del Ministerio Público se vio en la necesidad de retirarse se la reunión”.

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Ha pedido su renuncia

Arévalo había declarado públicamente, antes y después de ser investido como presidente de Guatemala, que iba a citar a la fiscal para pedirle la renuncia, esto luego que el MP inició una persecución penal contra el partido Movimiento Semilla, de Arévalo, y contra el propio mandatario, a quien le solicitaron el retiro de inmunidad por un caso vinculado a la ocupación de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El 19 de enero de 2024 el Gobierno de Guatemala informó que el mandatario Bernardo Arévalo invitó formalmente a la fiscal general Consuelo Porras, a una reunión en el despacho presidencial el 24 de enero a las 10 horas.

En la información del Gobierno se mencionaba que la petición de la reunión es en el ejercicio de las facultades conferidas a Arévalo por el artículo 134 de la Constitución Política de la República, el cual establece la coordinación de las labores de la institución encargada de dirigir la Política General de Estado.

Se mencionaba que la carta de Arévalo fue envidada este viernes al MP y en ella el mandatario solicitó un informe detallado de cuatro aspectos cruciales de la coyuntura nacional como lo son el avance de procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa; ivestigación sobre la compra de vacunas covid-19 y protocolo de actuación ante medidas cautelares de la CIDH.

En la carta enviada no se mencionó nada ni hubo una petición expresa de pedirle la renuncia a la fiscal Porras.

No acude a cita

El 24 de enero, Porras no acudió a la cita con Arévalo y en su lugar publicó un video en las redes sociales del MP en la que afirmaba que no va renunciar de su cargo  y aseguraba que el ente investigador no está supeditado a ningún poder del Estado.

El MP envió un informe a la Presidencia de Guatemala con algunos datos pero la mayor parte de la información refería que no podía entregarse por el artículo 314 de Código Procesal Penal, que regula que en todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños.

Luego de que la fiscal Porras no asistiera a la reunión con el presidente Bernardo Arévalo, el mandatario dijo ese 24 de enero que la funcionaria ya había sido citada para que acudiera al consejo de ministros.

En conferencia de prensa, Arévalo lamentó que Porras no asistiera a la reunión, en la que, según dijo, se tratarían temas de relevancia para el país y no se tocarían asuntos relacionados a procesos de investigación, por lo que ahora, amparados en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la fiscal fue citada a la junta de ministros.

“La fiscal no asistió a la invitación y recibimos una carta firmada por un empleado del MP y no por la fiscal (..) de fondo la carta no responde a las solicitudes específicas que se le hicieron en la carta del 18 de enero, y en vista de que esta información no ha sido proporcionada hemos invitado a la fiscal a que asista a le reunión de ministros del próximo lunes 29 de enero a las 9 de la mañana en Casa Presidencial”, dijo Arévalo ese día.

La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), integrada por los obispos de la Iglesia Católica, se pronunció este 26 de enero sobre varios temas de relevancia para el país en esta coyuntura, como el nuevo gobierno y sus retos en distintos ámbitos como salud, educación, migración, pero también sobre la persecución penal con intereses políticos y particulares.

La CEG publicó un comunicado y ofreció una conferencia de prensa para tratar sobre temas religiosos y también sobre temas de interés nacional.

Gonzalo de Villa, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, también se refirió a la coyuntura nacional y señaló que les preocupa la forma en la que la el Ministerio Público (MP) ha actuado.

El 2023 fue un año complejo

Al final de la conferencia, el arzobispo Gonzalo de Villa respondió varias preguntas, entre ellas cuál es la preocupación ahora en Guatemala.

Expresó que son preocupaciones de largo plazo, que el país ha tenido por años y que aún cambiando a distintas administraciones, los problemas siguen y, en algunos casos, se han ido agravando.

“Creo que el año 2023 ha sido un año enormemente complejo y de lo no visto nunca en la historia de Guatemala”, dijo De Villa y que eso hacía la esperanza que el 2024 se pudiera salir de un atolladero.

“Llevamos doce días con el presidente -Bernardo Arévalo-, y ya se empiezan a ver escaramuzas en el Congreso, gente que saca las uñas y, obviamente, hay temas que uno quisiera como forzar, el que se acabe de alguna manera las mañocerías en la vida política y supuestamente jurídica del país, pero no es fácil, Tenemos también muchos personajes que la verdad es que a lo que se han dedicado es a manipular la ley más que administrarla”, señaló De Villa.

Se le preguntó sobre el papel de las autoridades ancestrales en la crisis política reciente en Guatemala y dijo que los pueblos originarios, autoridades ancestrales, en su capacidad de presionar han sido fundamentales para que no se rompiera el orden constitucional en Guatemala, algo que mucha gente buscaba hacer, sobre todo personas en posiciones de poder.

Renuncia de la fiscal general

A De Villa se le consultó su postura ante la petición de la población y del mismo presidente Arévalo de pedirle la renuncia a la fiscal Porras.

El religioso expresó que las modificaciones a la ley del Ministerio Público -cuando estaba al frente Thelma Aldana e Iván Velásquez en la extinta Cicig- hace que un presidente no pueda pedirle o exigirle la renuncia a la fiscal.

Señala que el que Porras no quiera renunciar tiene una lectura en el sentido de que ella dice que fue reelecta para cumplir un segundo período, pero que cuando se escruta, cómo fue reelecta, hay mucho que hablar, porque hubo manipulación evidente para que lograra retener su cargo.

“Las actuaciones del Ministerio Público, de junio, desde la primera vuelta para acá, han sido en muchos sentidos muy lamentables, y eso creo que la gente en Guatemala es consciente, entonces la figura de la fiscal está muy marcada y muy gastada. Eso creo que ella también debería reflexionar”.

De Villa reconoce que sí debe haber un encuentro entre Arévalo y la fiscal Porras, pero que qué va a pasar, de qué van a hablar eso no se sabe.

“Si eventualmente renunciara -Porras- por ley tienen que buscar entre los cinco candidatos que se presentaron hace dos años, no se puede presentar una nueva lista hasta el 2026 de manera que no se pueden esperar transformaciones mágicas, pero con paciencia se puede ir también viendo qué queremos, con amor al país, con amor a la ley, con amor a la gente, como criterio fundamental para tomar esta u otra decisión”, señaló De Villa.

El comunicado de la CEG

En el comunicado, la CEG señala que sigue siendo un reto el fortalecimiento de un Estado democrático, pues es muy débil el que se vive en Guatemala.

Mencionan que este año en que la política marca una nueva etapa, con nuevos gobernantes a nivel nacional y municipal.

“Luego de un proceso electoral marcado por la incertidumbre, se ha logrado respetar la voluntad popular expresada en las urnas electorales e integrar una Junta Directiva plural en el Congreso, esto ha producido un ambiente de esperanza y buenas expectativas para Guatemala”, se lee en la información.

Expresan que quieren hacer eco “de los sentimientos más genuinos de esperanza que han surgido en la población al haber llegado a la toma de posesión del nuevo gobierno que ha manifestado su voluntad de que prevalezca la ley sobre cualquier otro tipo de interés”.

Consideran que con esto se ha dado un paso adelante en la consolidación de un sistema democrático que requiere el apoyo de toda la población, y el apoyo sostenido de la solidaridad internacional, como ya se ha mostrado.

Expectativas deben hacerse realidad

El comunicado también menciona que tiene conocimiento que las expectativas ante el nuevo gobierno son grandes y que es un signo de la esperanza que se renueva en el pueblo, pero que deben también pasar a hacerse realidad.

“Esperamos que todo el pueblo esté atento y vigilante y que los planes de gobierno muestren su eficacia en los campos que consideramos prioritarios en las necesidades del país, como son la inversión en la red vial y la seguridad, la educación y salud para todos, especialmente la lucha contra la desnutrición infantil, la promoción de condiciones que ofrezcan igualdad de oportunidades para todos, la mejora de las condiciones de trabajo que incidan en el descenso de la migración forzada y, por supuesto, la lucha contra la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad y no sólo en las instancias estatales”, se lee en el mencionado comunicado.

Batalla legal

Los obispos también señalaron que les preocupa que se siga librando una guerra legal al utilizar la ley e interpretarla o manejarla al ritmo de intereses particulares, meramente políticos o de grupo.

“Nuestro país requiere en estos momentos de leyes sabias y justas, y de autoridades honestas, capaces de hacerlas respetar”, se lee.

Se menciona también que la construcción de un Estado democrático “requiere la confluencia de actores y de carismas diversos y capaces de superar diferencias a través del diálogo, el consenso y la tolerancia”.

En ese sentido reconocen y agradecen “el papel fundamental que los pueblos originarios, representados en sus autoridades ancestrales, han jugado en el proceso de transición política, conservando una actitud de apoyo a la democracia y a la voluntad popular expresada en las urnas”.

Migración

En cuanto a la migración, la CEG señala que el drama de este problema, a nivel nacional, ha provocado separaciones familiares, cambios culturales, sufrimientos de todo tipo.

“Es una verdadera paradoja, pues justo esa población migrante generó, en el 2023, alrededor US$20 mil millones, que son el principal rubro de ingreso de divisas y factor fundamental para la estabilidad de la economía, del tipo de cambio y del control de la inflación. No obstante, es prioritario que haya en nuestro país oportunidades y condiciones de vida que hagan que nuestra juventud tenga condiciones dignas para trabajar y vivir en su país y que se superen así la frustración y la desesperanza que a muchos invade y que les obliga a migrar”.

Lucha contra la corrupción

En el comunicado también los obispos hacen una recomendación al Organismo Ejecutivo, que su lucha contra la corrupción inicie con un proceso de total transparencia en el mismo Gobierno.

“Hacemos un llamado a construir una cultura de honestidad, transparencia y rendición de cuentas. En la designación de funcionarios y responsables de dependencias clave de la administración, de gobernadores departamentales, de supervisores de Educación y Salud. Sin admitir, por razón alguna, anomalías en contrataciones de compras o servicios en todo nivel”, se lee en el comunicado.

También le pide al Gobierno que con base en su plan, se espera que se elabore una estrategia que “privilegie la descentralización de la inversión pública, para atender las necesidades más sentidas por la población rural, contando para ello con adecuada coordinación con autoridades locales, Consejos Departamentales y Municipales de Desarrollo”.

Petición al Congreso

Al Congreso la CEG le pide que elabore una agenda legislativa que responda a las necesidades prioritarias del pueblo.

También que convoque en tiempo a la Comisión de Postulación que debe proponerle listas de candidaturas a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, quienes deben asumir en octubre 2024, sin excusa alguna.

Dardo al Colegio de Abogados

En el comunicado también los obispos se refieren al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y afirman que “el penoso el silencio de esa entidad debe superarse y deben pronunciarse con ética y responsabilidad, tomando en cuenta el peso que este gremio tiene en diversas entidades del sector público, en designación de magistrados, fiscal general y Comisiones de Postulación”.

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, publicó un video este 24 de enero, en las redes sociales de esa institución, en la que afirma que no va renunciar de su cargo  y asegura que el ente investigador no está supeditado a ningún poder del Estado.

El presidente Arévalo había citado a Porras a una reunión en la Presidencia de la República, este 24 de enero, y le pidió un informe sobre cuatro situaciones que consideraba trascendentales para el país.

Aunque en la misiva que Arévalo le mandó a Porras citándola al despacho presidencial no se menciona nada sobre pedirle la renuncia al cargo, el mandatario sí ha expresado públicamente que iba a hacerlo

Porras, en su video publicado este miércoles, hace referencia a las declaraciones públicas hechas por Arévalo en donde reitera la petición de que renuncie del cargo.

“Ante las diversas declaraciones públicas y la tentativa de solicitar mi renuncia, hoy quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al presidente de la República para hacerles saber de forma categórica que soy respetuosa de las leyes del país y, en consecuencia, cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años, para el cual fui reelecta, y, en consecuencia, no voy a renunciar”, afirmó Porras.

“La constitución política de la República es clara al respecto y establece un mandato legalmente determinado que debo cumplir a cabalidad, por lo que usted, como máxima autoridad de la nación debe respetar lo que establece la Carta Magna y las leyes del país”, le dice Porras al presidente Arévalo.

Porras señala que la Corte de Constitucionalidad también se ha pronunciado al respecto al expresar que “la previsión constitucional del período de cuatro años del cargo de fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, no debe coincidir con el período del ejercicio de la Presidencia para garantizar la autonomía e independencia del Ministerio Público”.

“Mi actuar siempre se ha desarrollado en estricto cumplimiento de la ley, contribuyendo al fortalecimiento del estado de derecho en el país, lo cual ha representado un fortalecimiento histórico del Ministerio Público, hecho que fue refrendado al ser reelecta como fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público y con resultados contundentes y comprobables”, enfatizó la fiscal Porras.

Agregó que no escatimará esfuerzos para que el MP continúe “firme y fuerte en sus investigaciones, con un único fin, la averiguación de la verdad”.

Trabajar desde sus competencias

Porras también le dice a Arévalo: “Señor presidente, ambos tenemos funciones fundamentales que cumplir y debemos trabajar por el bien de nuestro país en el marco de nuestras respectivas competencias. Por ello, como mujer de derecho, siempre he sido y seguiré siendo respetuosa de la ley, cumpliendo firmemente con mis obligaciones, por lo que, en el mismo sentido, le exhorto respetuosamente, a que se respete la Constitución, la ley y todas las resoluciones de las cortes, incluyendo la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que denegó una acción de inconstitucionalidad relacionada al artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que toda acción, en contrario, puede ser ilegítima, antidemocrática y en clara obstaculización a la persecución penal y obstrucción a la justicia, mismas que no contribuyen a la transparencia, al fortalecimiento de la institucionalidad y al estado de derecho, ni benefician a la población guatemalteca”.

“Entonces, señor presidente, lo exhorto a que deje su discurso anticorrupción y lo convierta en una realidad en favor de la ciudadanía guatemalteca, ya que el Ministerio Público es el ente natural conforme a la ley para que usted y sus funcionarios, de forma responsable, presenten las denuncias con sus respectivas pruebas sobre cualquier acto de corrupción, los cuales serán investigados sin excepción alguna, ya que el Ministerio Público ha investigado y continúa investigando todas las denuncias que han sido puestas de su conocimiento”, le dice Porras a Arévalo.

El video comienza con las declaraciones de Porras en las que hace referencia al oficio del 18 de enero que le mandó el presidente Arévalo y señala que se le estará dando respuesta a los aspectos que le solicitaron, “atendiendo al principio de legalidad, pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico”.

“Esta información la haremos pública en nuestras redes sociales para que la población esté informada en atención al espíritu de la rendición de cuentas hacia la ciudadanía”, dijo Porras.

Horas más tarde, las redes sociales del MP publicaron el informe que solicitó Arévalo.

1/3 | El Ministerio Público remitió oficio a la Presidencia de la República @GuatemalaGob @BArevalodeLeon, con relación a los 4 aspectos detallados en oficio recibido el 19 de enero de 2024. pic.twitter.com/XMKapSQLZZ

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 24, 2024

3/3 pic.twitter.com/zI8evAvxbu

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 24, 2024

“Es importante manifestar categórica y contundentemente que de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica del Ministerio Público y demás normativa legal vigente, el Ministerio Público no está supeditado a ningún poder del Estado por ser una institución autónoma e independiente, garantizando con ello la no intervención de autoridad alguna en el ejercicio de sus funciones”, expresó la jefa del MP.

Hace referencia a que respecto a eso ya se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad en varias resoluciones, estableciendo que de conformidad con el mandato contenido en el artículo 251 de la Carta Magna, el MP se rige por principios fundamentales, entre ellos los de legalidad, jerarquía y autonomía funcional.

“Considerando que la autonomía funcional implica que en el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público no está subordinado autoridad alguna”, señala Porras.

Hace referencia también al artículo 8 del Código Procesal Penal en donde se establece que el MP goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación, y que “ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados, respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades conferidas por la ley a los tribunales de justicia”.

No acudirá a cita

Porras además agrega que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público regula que el Ministerio Público actuará independientemente por su propio impulso y incumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes sin subordinación a ninguno de los organismos del estado ni autoridad alguna.

“En ese orden de ideas, desde el punto de vista legal y jurisprudencial, la fiscal general de la república y el personal del Ministerio Público únicamente actuarán de conformidad con las facultades y atribuciones legalmente conferidas”. Consecuentemente, el atender citaciones, invitaciones o reuniones para discutir procesos bajo investigación del Ministerio Público, constituiría inobservar la normativa constitucional y legal vigente, ya que todos, los funcionarios somos depositarios de la autoridad responsables por nuestra conducta oficial sujetos a la ley y jamás superiores a ella”, expresa en el video.

El Gobierno de Guatemala informó este 19 de enero de 2024 que el mandatario Bernardo Arévalo invitó formalmente a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, a una reunión en el despacho presidencial el próximo 24 de enero a las 10 horas.

En la información del Gobierno se menciona que la petición de la reunión es en el ejercicio de las facultades conferidas a Arévalo por el artículo 134 de la Constitución Política de la República, el cual establece la coordinación de las labores de la institución encargada de dirigir la Política General de Estado.

Se menciona que la carta de Arévalo fue envidada este viernes al MP y en ella el mandatario solicitó un informe detallado de cuatro aspectos cruciales de la coyuntura nacional.

1. “Avance de procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Información sobre el progreso de los procesos penales investigados por el Ministerio Público en cumplimiento de las órdenes de la CIDH. Estos procesos están relacionados con casos en los cuales se ha declarado la responsabilidad del Estado por denegación de justicia”.
2. “Criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa: Se requiere un análisis detallado de la política de persecución penal relacionada con el derecho humano a la libertad de expresión y prensa.
3. “Investigación sobre la compra de vacunas covid-19: Información sobre la existencia de una investigación penal relacionada con el proceso de adquisición de vacunas contra el covid-19 como pagos de sobornos con fondos del erario, la falta de planificación para una campaña de vacunación y los retrasos en la entrega del producto, vulnerando así el derecho a la vida.
4. “Protocolo de actuación ante medidas cautelares de la CIDH: Detalles respecto del protocolo de actuación del Ministerio Público al recibir notificaciones de medidas cautelares decretadas por la CIDH para personas consideradas víctimas de afectación de sus derechos fundamentales”.

Según la información del Gobierno, en la carta enviada a la fiscal Porras se hace referencia a que con la información proporcionada en el informe que se le pide se girarán instrucciones a los funcionarios del Organismo Ejecutivo que colaboran con el sector seguridad y justicia.

Pediría la renuncia

En múltiples declaraciones a la prensa, cuando era presidente electo y ahora presidente en funciones, Arévalo ha mencionado que solicitaría una reunión con la fiscal Porras y que alí iba a pedirle la renuncia.

No pide la renuncia

El MP fue consultado sobre la carta enviada a la fiscal por el presidente Arévalo, y confirmaron que se recibió un oficio por parte de la Presidencia de la República.

Se menciona que al contrario de información que ha circulado en los últimos días, en dicha comunicación no se solicita la renuncia de Porras y que lo que les piden es información respecto a diversos temas, por lo que se está analizando para dar la respuesta oportuna que en derecho corresponde.

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar, de manera definitiva, las acciones de inconstitucionalidad que buscaban volverle a dar al presidente de la República la potestad de destituir al fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

Según se informó este 20 de diciembre, la decisión de los siete magistrados de la CC que conocieron el expediente fue unánime.

Los magistrados que conocieron fueron Héctor Hugo Pérez Aguilera, Néster Mauricio Vásquez Pimentel, Leyla Susana Lemus Arriaga, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá, Luis Alfonso Rosales Marroquín y Walter Paulino Jiménez Texaj.

Con esta resolución, la CC blinda la figura del fiscal general y jefe del MP, que solamente podrá ser destituido por el presidente del país cuando enfrente una condena con sentencia  en firme.

Se señaló que la CC rechazó tres acciones de inconstitucionalidad, que se incluyeron en una misma resolución.

Los expedientes acumulados eran el 6237-2023, 6288-2023 y 6295-2023 y fueron presentadas autoridades indígenas y dos grupos de abogados.

Las acciones pretendían la suspensión de párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, que establece las causas para la remoción del fiscal general y que se reformó en 2019.

Con esa reforma, la remoción del jefe del MP podía hacerse solo con causa justificada que debía entenderse por “la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Se producirá la suspensión individual total del ejercicio de sus funciones, una vez decretado el auto de prisión preventiva, medida sustitutiva o falta de mérito con medida sustitutiva”.

Las inconstitucionalidades buscaban que se le devolviera la potestad al presidente de la República de destituir al jefe del MP por causa justificada y se retirara del artículo la mención a la condena.

En la coyuntura actual, lo que se pretendía era que Bernardo Arévalo, al asumir el cargo el 14 de enero del 2024, tuviera la potestad de destituir a Consuelo Porras, actual fiscal general y jefa del MP, a quién varios sectores señalan de encabezar acciones judiciales contra Arévalo, otros integrantes de Movimiento Semilla y magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

En el pasado, se generaron bloqueos y protestas ciudadanas para exigir la salida de Porras del MP, por supuestamente promover un golpe de Estado.

De esto también señalan al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche; las fiscales auxiliares Cinthia Monterroso y Leonor Morales y el juez séptimo penal, Fredy Orellana, a quienes los sectores les acusan de una “indebida y arbitraria interferencia al proceso electoral”.

Líderes indígenas habían exigido al presidente Alejandro Giammattei la destitución de Porras, pero este les dijo que debido a las reformas a la Ley Orgánica del MP, el mandatario ya no tenía esa potestad.

El Parlamento Europeo presentó este 13 de diciembre de 2023 una propuesta de resolución común sobre el intento de golpe de Estado en Guatemala en la que pide al Consejo que adopte inmediatamente medidas restrictivas específicas, incluidas la inmovilización de activos y la prohibición de viajar, contra funcionarios del Ministerio Público (MP) y un juez.

La propuesta de resolución contiene 10 puntos y en el número 5 se destaca la importancia de exigir responsabilidades a quienes obstaculizan la democracia en Guatemala.

En eses sentido, pide al Consejo, “que adopte inmediatamente medidas restrictivas específicas, incluidas la inmovilización de activos y la prohibición de viajar”, contra la fiscal general María Consuelo Porras Argueta;  el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), José Rafael Curruchiche Cucul; el juez Fredy Raúl Orellana Letona; la fiscal de la Feci, Leonor Eugenia Morales Lazo y el secretario general del MP Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre otros.

La resolución señala que estas personas “están socavando el proceso electoral de 2023 en Guatemala e instrumentalizan sistemáticamente el poder judicial para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a figuras de la oposición”.

En el punto 8 pide al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Estados miembros y a la Delegación de la Unión que sigan supervisando la situación en Guatemala, en particular las decisiones del MP, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, “hasta que haya garantías claras y serias de que se respeta la voluntad de los votantes expresada en las elecciones generales del 25 de junio de 2023 y en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de agosto de 2023.

También expresa su apoyo a los trabajos en curso de la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ayudar con la transición presidencial, de conformidad con el mandato del Consejo Permanente de la OEA.

La resolución también exhorta a las autoridades guatemaltecas competentes a que “apliquen las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en particular las que abordan las deficiencias constatadas en el Estado de Derecho, la separación de poderes y la promoción de los derechos humanos y políticos”.

Además, el Parlamento Europeo encarga a su presidenta que transmita esta resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la OEA, a las Naciones Unidas, a las autoridades de Guatemala y al Parlacen.

Condena intento de golpe de Estado

En la propuesta, en el numeral 1, el Parlamento condena lo que califica como intento de golpe de Estado en Guatemala y “los continuos esfuerzos del Ministerio Público por invalidar los resultados de las elecciones generales y presidenciales en Guatemala sobre la base de acusaciones infundadas de fraude”, y pide que se ponga fin de inmediato a estas acciones.
También rechaza “todas las acciones por motivos políticos de algunas autoridades que conculcan manifiestamente la Constitución guatemalteca, el Estado de Derecho, la integridad del proceso electoral y los principios más fundamentales de la democracia, incluido el principio fundamental de la separación de poderes”.

Apoyo al presidente electo

En el numeral 3 de la resolución, el Parlamento da su apoyo al presidente electo, Bernardo Arévalo, y pide una transición ordenada que conduzca a su investidura como el 52 presidente de Guatemala el 14 de enero de 2024.

Petición a Giammattei y otras instituciones

La mencionada resulición también solicita a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso y el presidente Alejandro Giammattei, “que tomen medidas para preservar el orden constitucional y el Estado de Derecho, que rechacen los intentos inaceptables de invalidar los resultados electorales, que garanticen el respeto de la voluntad expresada por los ciudadanos guatemaltecos con sus votos y que velen por el respeto de sus derechos civiles y políticos, su integridad y su seguridad, incluido el derecho de los cargos electos a asumir debidamente sus funciones, de conformidad con las normas internacionales y las leyes guatemaltecas”.

En otro punto, la resolución menciona que la independencia del poder judicial, del pluralismo político y de la libertad de expresión de todo el pueblo guatemalteco son derechos fundamentales y pilares básicos de la democracia y el Estado de Derecho y además expresa “su profunda preocupación ante el continuo deterioro del Estado de Derecho en Guatemala”.

Persecución penal

La resolución también expresa la preocupación por la detención “arbitraria” de fiscales, jueces, antiguos funcionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y periodistas independientes, entre otros José Rubén Zamora.

Pide la “liberación inmediata e incondicional” de todas las personas detenidas arbitrariamente, “así como la desestimación de todas las acusaciones penales infundadas contra ellas; pide a las autoridades guatemaltecas, en particular al Ministerio Público, que se abstengan de todo intento de obstaculizar la labor de los defensores de los derechos humanos, los operadores de justicia y los periodistas que han investigado y puesto de manifiesto la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y el abuso de poder”.

MP responde

El Ministerio Público (MP), a través de su jefe de Prensa, Moisés Ortiz, respondió a los señalamientos que el Parlamento Europeo.

En un video publicado en redes sociales del MP, Ortiz, menciona que, tal y como se ha manifestado en múltiples oportunidades, es una falacia señalar que el Ministerio Público quiera alterar los resultados electorales o que se haya vulnerado la voluntad popular.

Señala que, por el contrario, el MP únicamente ha cumplido con su mandato legal de investigar las denuncias ciudadanas, y señala que, de no hacerlo, sería denegarles justicia a las víctimas de delitos.

“El Ministerio Público rechaza toda narrativa falsa y maliciosa, y lamenta que los miembros del Parlamento Europeo desconozcan el sistema legal de Guatemala y hayan obviado informarse por la vía oficial”.

“De igual forma, el Ministerio Público es categórico al señalar que únicamente responde a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes vigentes del país, y no a instancias que carecen de mandato legal en Guatemala, por lo que actualmente se están analizando las acciones jurídicas en el ámbito del derecho internacional público, ya que, aparentemente, se busca obstaculizar la justicia”, refirió Ortiz.

El jefe de Prensa del MP dijo que la institución reafirma su compromiso con la población guatemalteca, de continuar con sus investigaciones con el fin de averiguar la verdad.

Acción Ciudadana (AC) presentó este 11 de diciembre una segunda exhibición personal para la fiscal general Consuelo Porras, para que se determine su paradero y si ella está en condiciones de estar al frente del Ministerio Público (MP).

Edie Cux, director jurídico de AC, dijo a periodistas que esta nueva exhibición personal la presentaron en el Juzgado de Paz de Turno de la ciudad de Guatemala, mientras que la del sábado pasado la presentaron en Mixco.

Señaló que la acción obedece a que se ignora si la fiscal general continúa al frente del MP y se cuestiona la legitimidad de las acciones que están realizando los fiscales.

Explicó que hay un procedimiento en el que si la fiscal general no se encuentra en las capacidades, está ausente, salió de viaje o está enferma, ella debe nombrar cada año, según el artículo 15 de la Ley Orgánica del MP, al fiscal regional, distrital o de sección con más antigüedad que no tenga sanciones y que sea de confianza de ella para que sea su sustituto en caso de ausencia.

Refirió que la fiscal debe nombrar a esta persona en los primeros días de cada año.

“En este caso yo creo que la duda es quién está al mando del Ministerio Público, si es la misma fiscal o está en ausencia o si no está cumpliendo con ese procedimiento”, reveló Cux.

“Si la fiscal no tiene las facultades para poder continuar con el Ministerio Público, eso habilita otro tipo de posibilidades, que ya lo establece la misma ley, nombramiento de un nuevo fiscal, por ejemplo”, puntualizó Cux.

Agregó que por las circunstancias que atraviesa el país, no puede ser que el MP no sea transparente con la situación de la fiscal general.

“El viernes presentaron un caso que, pues, prácticamente cuestiona los resultados electorales. La fiscal no estuvo encabezando la conferencia de prensa y no se sabe si está al mando del Ministerio Público”, afirmó Cux.

Agregó que llama la atención que el presidente Alejandro Giammattei asegure que está enfermo y que por eso no está, y que la fiscal no aparece, pero el MP dice que no está enferma.

“No hay seriedad por parte de los funcionarios públicos, no sabemos quién está gobernando el país ni quién está gobernando el Ministerio Público, tomando en cuenta que está en juego la democracia del país”, señaló Cux.

Cux fue consultado sobre las fotografías que ha presentado el MP sobre supuestas reuniones de trabajo de Consuelo Porras y si eso era suficiente para aclarar la situación por la que planteó la exhibición personal y respondió que no.

#MPfuerteYfirme
La Dra. María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, participa en Sesión Ordinaria del Consejo Nacional Para la Administración de Bienes en Extinción de Dominio –CONABED-. pic.twitter.com/MQl64DFDYR

— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 11, 2023

Yo creería que no, la fiscal tendría que salir personalmente, ya en ocasiones anteriores también ha sacado videos… Nosotros creemos que es necesario determinar fehacientemente y las diligencias de exhibición personal en ese sentido van, es decir, en dónde está, en qué circunstancia está, en dónde está ubicada, si tiene las capacidades para estar dirigiendo el Ministerio Público, porque con unas fotos no se determina ese tipo de circunstancias”, aseguró Cux.

La Diócesis del Quiché, reunida en Asamblea Pastoral, publicó el 7 de septiembre un mensaje para expresar su postura ante la coyuntura actual de inestabilidad política y en el que rechazaron la judicialización que hace el Ministerio Público (MP) para tratar de deslegitimizar los resultados electorales en Guatemala.

En el comunicado se menciona que dicha Asamblea Pastoral está integrada por el obispo, sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos.

Señalan que están profundamente preocupados por la violación constante a los principios constitucionales del país “ocasionada por algunas instituciones del Estado guatemalteco, en el contexto de una democracia frágil y manipulada por los últimos gobiernos de turno”.

El comunicado expresa que los guatemaltecos fueron convocados a participar del proceso electoral, y por eso exigen: “respeto a la voluntad del pueblo guatemalteco manifestado en las urnas electorales al acudir a la elección de sus nuevos gobernantes y cuyos resultados han sido oficializados por el Tribunal Supremo Electoral”.

Rechazo al MP

“Rechazamos la judicialización promovida por el Ministerio Público a través de sus fiscalías, en particular por la Feci -Fiscalía Especial contra la Impunidad-, para tratar de deslegitimizar los resultados de las elecciones realizadas, afectando las que corresponden al binomio presidencial electo y a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, provocando inestabilidad y debilitamiento a la democracia y la paz social. Dichas instituciones del Estado evidencian su participación en el así denominado “pacto de corruptos”, se lee en el comunicado.

Añaden que se unen al sentir de los diversos sectores de la sociedad civil que demandan de los funcionarios señalados de judicializar las elecciones presidenciales, a través de acciones ilegales y antidemocráticas.

También señalan que validan las diversas exigencias presentadas a las instancias correspondientes y que piden que se respete la voluntad del pueblo manifestadas en las elecciones pasadas.

“Exhortamos a la población guatemalteca a mantener la resistencia no violenta como una vía de participación ciudadana en búsqueda de la justicia y del bien común.

Qué dice el MP

El MP fue consultado sobre la postura de la Diócesis de Quiché, y respondieron que: “la Fiscal General ha sido clara y enfática en rechazar frontal y contundentemente cualquier señalamiento respecto a que se esté formando parte de un proceso de golpe de Estado como falsamente se ha señalado”.

La comunicación agrega: “Esta acción advierte una clara intención de detener las investigaciones en curso. El Ministerio Público no es una institución política, es una institución eminentemente técnica cuya función es investigar las denuncias ciudadanas y dar respuesta a las víctimas de delitos, por lo que como en varias ocasiones se ha manifestado, se rechaza categóricamente cualquier señalamiento que pretenda involucrar al Ministerio Público con el resultado del evento electoral”.

La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó el amparo provisional a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, el que había presentado para que se garantizara la independencia de la institución que dirige, en el que pedía uso de la fuerza pública ante las manifestaciones en su contra y en el que señalaba a personas y periodista que según ella la atacaban en redes sociales.

La resolución se dio este 28 de agosto y está incluido en el expediente 4986-2022. El documento menciona que la CC, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, denegó el amparo provisional solicitado por la fiscal Consuelo Porras.

Además, se señala que se tienen como terceros interesados y, por lo tanto, como parte en el ese amparo a Fernando José Barillas Santa Cruz, Raúl Arturo Figueroa Sarti, Bernardo Silva Barrera, Saúl Isaí́ Interiano Ramírez, Pedro Rafael Maldonado Flores y al Procurador de los Derechos Humanos.

Agrega que de los informes circunstanciados recibidos se concede audiencia a Porras, como   solicitante del amparo y a los terceros interesados mencionados, por el término común de 48 horas.

Protestas no generaron riesgo

En una parte de la resolución, la CC menciona que luego de analizados los informes circunstanciados, particularmente que proporcionó el director general de la Policía Nacional.

La CC advirtió que: “el derecho de manifestación fue ejercicio por los ciudadanos sin poner en riesgo el orden público ni las funciones constitucionales del Ministerio Público, por lo que, conforme el estado actual de la situación imperante, esta Corte estima que no hay circunstancias que hagan aconsejable el otorgamiento del amparo provisional; además, no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, por lo que no procede otorgar amparo provisional”.

Acción en la CC

Este 28 de agostosto, el Bufete para Pueblos Indígenas, la Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez, AECC José León Castañeda, Ruda y Prensa Comunitaria presentaron un Amicus Curiae en la CC en defensa de la libertad de expresión y manifestación.

Según estas entidades, la acción es para garantizar la democracia, la libertad de expresión, ejercicio periodístico y la libertad de expresión, que no se pueden restringir.

El amparo

La fiscal general de la República y jefa del MP presentó la noche del 24 de agosto un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra el presidente, Alejandro Giammattei, el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos y el director de la Policía Nacional Civil, Edwin Adriano López para que preserven su seguridad y hagan valer la autonomía en independencia de esa institución.

La acción judicial buscaba que los funcionarios aludidos adoptaran medidas preventivas para resguardar la independencia del MP, que se ha visto “vulnerada por el uso de distintas redes sociales utilizadas por las personas que se identifican con usuarios de la red social Twitter ahora denominada X”.

En el amparo que presentó ante la CC la fiscal general señalaba a cuentas identificadas como Bernardo Silva, Vicente Carrera, Virginia Estrada, Sergio Yoel Morataya, Gerardo Guerra, Juan Francisco y Samuel Bernardo.

A ellos los señala porque han “pretendido limitar el ejercicio de la persecución penal y por ende transgredir la autonomía e independencia del MP, a través de actos que conllevan desorden público, violación a los derechos constitucionales, obstrucción a la justicia y a la persecución penal, con el ánimo de deponer a funcionarios públicos legalmente nombrados, al motivar la renuncia de funcionaros del MP sin que exista asidero legal que las fundamente”.

La fiscal general colocaba las publicaciones de las cuentas que señala, y en las que algunas se lee “renuncien ya”, “plantón frente al MP”, y otras demandas de protesta ciudadana. 

En el documento se señala que “las entidades de derecho público y las personas identificadas en las redes sociales han estado organizando y convocando públicamente con el objeto de promover lo que llaman una encerrona de los Altos Mandos (designación que utilizan en la red social) para el viernes 25 de agosto de 2023, rodeando el edificio central del MP en el barrio Gerona, zona 1 de la capital”.

Según el amparo de la fiscal general, la idea era bloquear “las entradas y salidas para impedir el acceso y egreso al mismo hasta lograr su cometido como lo es de obligar a renunciar o presentar su renuncia a las personas que señalan como altos mandos: Fiscal General de la República María Consuelo Porras Argueta, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad José Rafael Curruchiche Cucul y la Agente Fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez”. 

En la acción planteada la jefe del MP recuerda que “en anteriores ocasiones, con motivo de derecho de manifestación pública, personas particulares y miembros de asociaciones y partidos políticos han lanzado piedras al edificio del MP, han venido a quemar el monumento de las 340 agencias fiscales en municipios y han destruido objetos de propiedad privada y pública, lo que conlleva el riesgo que el 25 de agosto, con motivo de la manifestación que convocan realicen dichos actos”.

Es por eso que le ha pedido a la CC a que conmine a las autoridades demandadas para que acciones si en dado caso hay alteración del orden público. 

Porras pedía que también se le ordenara al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que solicitara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares en favor de ella, Curruchiche y Monterroso.

APG se pronuncia

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) rechazó en un comunicado las acciones del MP y señala que lo que se pretende es tratar de silenciar a la sociedad.

“La APG rechaza nuevas maniobras del Ministerio Público para tratar de silenciar a la sociedad en sus justos reclamos para que se respete la voluntad popular expresada en las urnas”, refiere el documento de la entidad de prensa.

“El MP ha presentado solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad ante las críticas que recibe su actuar en las redes sociales, desconociendo los derechos y libertades que asisten a los ciudadanos”, dice el documento de la APG.

Agrega que “el artículo 30 de la Constitución de la República establece que todos los actos de la administración son públicos, mientras que el artículo 35 refiere que no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

“Los cargos públicos que desempeñan los funcionarios públicos son temporales y están sujetos a las leyes”, dice la misiva, la cual agrega que “el artículo 154 de la Constitución establece que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”.

Según la APG, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que “los funcionarios públicos deben ser tolerantes”, por lo que, en ese sentido la APG considera que “el Ministerio Público está actuando fuera de la ley, pues desconoce o pretende pasar por alto las garantías y derechos consagrados en la Carta Magna”.

“La APG recuerda que el pasado 31 de mayo, junto con otras cinco organizaciones de prensa, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia planteando que ninguna ley secundaria puede ser superior a los preceptos establecidos en la Constitución de la República. Dicho memorando fue transferido para consulta o dictamen a la Corte de Constitucionalidad, el cual aún no ha sido resuelto”, refiere el comunicado.