Un tribunal suspendió este lunes la apertura del juicio contra dos generales retirados del Ejército, acusados de genocidio, ya que no se presentaron debido a su estado de salud.

La defensa de los militares Benedicto Lucas García y Manuel Callejas solicitaron al juez Gerbi Sical, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo A, que ambos puedan asistir al juicio vía videoconferencia desde el Hospital Militar donde se encuentran recluidos en la Ciudad de Guatemala desde hace más de un año.

Benedicto Lucas, de 90 años, y Manuel Callejas, de 86, son acusados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de ordenar las operaciones militares donde fueron asesinadas alrededor de 1 mil 421 personas del pueblo maya ixil en el norte de Guatemala, durante el periodo de Romeo Lucas García (1978-1982).

En ese entonces, Benedicto Lucas era el jefe del Estado Mayor del Ejército y Callejas fungía como jefe de inteligencia militar, cargo desde el cual habría calificado como “objetivo militar” a la población indígena, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.

El presidente guatemalteco en aquel momento, Romeo Lucas García, era hermano del ahora acusado Romeo Lucas.

El tribunal a cargo del proceso suspendió el juicio hasta que el Organismo Judicial (OJ) verifique que se cuenta con las condiciones para realizar el debate vía videoconferencia.

En 2018, ambos acusados fueron condenados en 2018 a 56 años de prisión por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen en octubre de 1981.

Los delitos de los que se les sindica a los dos militares sucedieron durante el conflicto armado interno que dejó más de 20200 mil muertos y 50 mil desaparecidos entre 1960 y 1996, en un enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad, considerado como uno de los más sangrientos de Latinoamérica.

De acuerdo con Naciones Unidas, el 90 por ciento de los crímenes perpetrados durante esta guerra civil son atribuidos a las fuerzas del Estado.

Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y César Noguera Argueta enfrentarán proceso por genocidio, delitos contra deberes de la humanidad y desaparición forzada.

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) fue la encargada de señalar los supuestos delitos cometidos por los militares retirados. La pesquisa señala 31 masacres y 23 aldeas arrasadas.

Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado, recordó algunos antecedentes históricos ocurridos en la zona ixil, conformada por tres municipios de Quiché.

Dijo que luego de la entrada en vigor del Decreto 900 -reforma agraria- y la creación la Franja Transversal del Norte, estas normativas causaron conflictos en el área debido a la tenencia de tierras.

Además, Gálvez manifestó que luego de la creación del Decreto 900 varias caballerías de terreno pasaron a ser posesión de cooperativas y después del golpe de Estado de 1954, estas tierras regresaron a sus antiguos dueños, por esa razón se mantenía un alto grado de conflictividad en el área ixil

El juzgador presentó algunos documentos históricos y explicó que otro detonante de conflictividad en el área fue la muerte de José Luis Arenas Barrera, quien tenía más de 115 caballerías en posesión, a manos del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).

La defensa de los militares retirados, luego de escuchar la resolución de Gálvez, recriminó que hubo actividad procesal defectuosa porque el juzgador “no detalló quiénes eran los agraviados”.

Blanca Mariola Castañeda López, la fiscal del caso, argumentó que el juez no “individualizó a los agraviados” debido a que ese procedimiento lo efectuó el MP cuando expuso la imputación a cada uno de los tres procesados.