La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó en sus redes sociales que no existe ningún bloqueo en las carreteras del país, descartando medidas de hecho como las que se han reportado desde hace 27 días.

Las principales carreteras del país han sido el escenario de medidas de hecho, entre ellas manifestaciones y bloqueos, en señal de rechazo del accionar del Ministerio Público (MP).

Estas acciones buscan la salida de María Consuelo Porras como jefa del MP; Rafael Curruchiche, como titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci); Cinthia Monterroso, agente fiscal; y del juez Fredy Orellana.

La sede central del MP fue uno de los puntos emblemáticos de las medidas, que posteriormente se replicaron en carreteras y las principales calzadas de la ciudad de Guatemala.

A consecuencia de estas medidas, el sector empresarial reporta perdidas económicas significativas, por lo que presentaron acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) buscando liberar las carreteras.

Un fallo del máximo tribunal ordenó a las fuerzas de seguridad, de ser necesario, utilizar la fuerza, pero fue una medida que no optaron las autoridades del Ministerio de Gobernación.

A raíz de crisis social y política que atraviesa Guatemala, y que ha ido desde la intensidad hasta la disminución, desde el pasado lunes 2 de octubre, el sector empresarial organizado emitió un comunicado titulado “Todos por la democracia y el estado de Derecho”.

El texto contiene seis puntos y enfatiza que el país se ha visto afectado por bloqueos que atentan contra el derecho de libre locomoción y han impactado, no solo a los sectores productivos, sino a toda la población.

El comunicado, firmado por 19 cámaras empresariales y sectores, da a conocer que:

1. Respetan el derecho de manifestación pacífica, el cual es incompatible con bloqueos que generan caos e incertidumbre. “En consecuencia, es imperativo que liberen los bloqueos que aún persisten en todo el territorio nacional”.
2. Llaman al respeto hacia la voluntad popular, “la cual fue manifestada con claridad por medio de las urnas”.
3. Reafirman el compromiso y defensa incondicional hacia el estado de Derecho y la democracia que rige en el país. “Consideramos que cualquier acto contra estos principios atenta contra el bienestar y progreso de nuestra nación. Para fortalecer nuestro estado de Derecho, cada una de las instituciones debe cumplir con sus funciones y respetar el límite de sus competencias”, se lee en el escrito.
4. Exigen a los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a todas las instituciones que conforman el tejido institucional del Estado, a respetar y hacer cumplir la ley, fortalecer y proteger el proceso electoral.
5. Hacen un llamado a proteger a los voluntarios de todas las Juntas Electorales involucrados en este proceso.
6. Reiteran que las autoridades electas, deben tomar posesión de sus respectivos cargos el próximo 14 y 15 de enero de 2024, cumpliendo con la ley vigente en Guatemala.

Todos por la Democracia y el Estado de Derecho como sector empresarial organizado comunicamos: pic.twitter.com/flV0yuniaj

— FUNDESA (@FUNDESA) October 21, 2023

“La estabilidad y prosperidad de Guatemala dependen de que se respete el estado de Derecho, que los guatemaltecos respetemos y protejamos entre nosotros los derechos individuales de cada persona, así como la observancia y respeto a la voluntad popular y a los principios democráticos”, concluye el texto.

Guatemala es un país donde constantemente hay manifestaciones por diversas demandas sociales de parte de su población. La Constitución Política de este país centroamericano las avala.

Las manifestaciones se caracterizan por caminatas, plantones y los más recurrentes son los bloqueos de las carreteras más importantes del país o en zonas exclusivas de las ciudades.

Los guatemaltecos han hallado distintas formas de manifestarse, y para ello usan barricadas para impedir la circulación vehicular y no faltan las consignas y pancartas para expresar su malestar por los diversos temas.

¿Contra qué manifiestan los guatemaltecos? Las manifestaciones en muchos de los casos se centran para demandar mejoras en servicios básicos, salud, educación y seguridad.

Sin embargo, a partir del año 2015, los guatemaltecos comenzaron a unirse más en las manifestaciones contra un problema que les aqueja, la corrupción en la administración pública.

La situación no ha cambiado, y las manifestaciones contra la corrupción en este país centroamericano siguen cobrando relevancia.

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 45 contempla la acción contra infractores y legitimidad de resistencia.

Respecto de la legítima resistencia, la Constitución contempla: Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución.

Para el abogado constitucionalista guatemalteco y catedrático universitario, Gabriel Orellana, el artículo 45 tiene interesante relación con el artículo 21 de las disposiciones transitorias de la Constitución.

Explicó que la Constitución no pierde su validez y vigencia pese a cualquier interrupción temporal derivada de situaciones de fuerza.

A su entender, estos dos artículos comienzan por reconocer que la violencia es parte de la vida política y social de un país.

Recuerda que el artículo 45 actual de la Constitución data de 1945 y “no es ninguna novedad”.

Para Orellana, este artículo se trata de mantener oculto o sepultado porque al “sistema dominante” en la sociedad no le conviene que se utilice.

Desde el momento en que existe este artículo 45, va amarrado con el derecho de manifestación, libre emisión del pensamiento y otros derechos reconocidos en la Constitución.

Destaca que este derecho de bloquear en un momento dado es una forma de defender los derechos de la propia Constitución, “porque si no se hiciera mediante esos bloqueos, lo más probable es que las personas que reclaman por esos derechos, jamás les van a poner atención”.

Orella resalta que algunos tratadistas enfatizan que este derecho del artículo 45 se trata de ocultar.

Según Orellana, “no es así de fácil condenar y criminalizar el uso de estos medios de protesta”.

Explica que si estas personas -los manifestantes- no ejercitaran estos derechos, “jamás se les prestaría atención”.

Para leer más: Por qué están manifestando en Guatemala y así han incrementado las manifestaciones

Resalta que otro argumento que se suele usar es que el interés social prevalece sobre el particular, pero “será el interés social de los que quieren circular para llevar mercancías de un lado a otro, o el interés social de los que están reclamando ser escuchados porque nunca se les ha prestado atención”.

Indica que falta estudiar al artículo 45, pero lo importante es llamar la atención porque el “grupo dominante no quiere saber ni oír de este artículo” que está reconocido en la Constitución.

Añade que según los tratadistas que han estudiado esto, la razón de que haya infiltrados en algunas manifestaciones es porque facilita judicializar y criminalizar el ejercicio de este derecho que a veces se asocia con vándalos.

Señala que en algunos casos se provoca la criminalización para ponerle fin a un bloqueo, pero nadie se ocupa en buscar el diálogo para darle atención al problema y se resuelva de manera pacífica.

Orellana señala que en la historia de Guatemala “prácticamente hemos vivido en una dictadura desde que Guatemala es Guatemala”, aunque ha habido lapsos democráticos.

Para el abogado, Guatemala ha tenido autoridades autoritarias, pero no estadistas, gente que sepa lidiar políticamente con los problemas y que se apegue al Derecho.

Alexander Aizenstatd, también abogado constitucionalista, indica que este artículo 45 lo que llama es la “desobediencia civil”.

Recuerda lo que ha indicado la Corte de Constitucionalidad guatemalteca de que los bloqueos son legales siempre y cuando haya espacios para la locomoción.

Indica que la gente tiene razón de manifestar su indignación ante la vulneración de sus derechos y ante un Estados que no responde a sus necesidades.

Para Aizenstatd la forma de resolver el tema de los bloqueos no es criminalizando a los que protestan, sino estar dispuestos a resolver los problemas.

Añade que el gobierno debe responder a los reclamos de la ciudadanía en el tema de las manifestaciones.

Resalta que la libertad de expresión y el derecho de manifestación están resguardados por la Constitución Política y por tratados internacionales en materia de derechos humanos y deben efectuarse de forma pacífica.

greso “asumió la responsabilidad por medio de un documento, escrito firmado y sellado por su persona” y se comprometió en no agendar más la iniciativa 6076 desde la instancia de Jefes de Bloques.

Recuerdan que si bien es cierto que el documento está firmado por Rivera como diputada al Congreso, “eso no la exime de la responsabilidad por el alto cargo que ostenta”, al ser presidenta del Organismo Legislativo, de conformidad a los artículos 17 y 18 de la ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece que ella ejerce la dirección, ejecución y representación de dicha entidad.

En el comunicado de este miércoles, los 48 Cantones señalan que la iniciativa 6076 para la quincuagésima sesión ordinaria del Congreso de la República de Guatemala, en el punto cuatro del orden del día y que en ella se pretende que los diputados voten para que esta se remita a la Corte de Constitucionalidad en el proyecto de decreto número de registro 6076.

Agregan que esto es un medio dilatorio con el que quieren darle curso a la iniciativa “que a todas luces es inconstitucional”, se lee en el documento.

Exigencias

Los  48 Cantones “exigen que la iniciativa 6076 no se remita a la Corte de Constitucionalidad y que en esta sesión los diputados al Congreso de la República voten para que se desconozca inmediatamente, se elimine y se impruebe de una vez por todas la Iniciativa 6076, es innecesario hacer incurrir en gastos y tiempo al Estado de Guatemala, al remitir una iniciativa de ley para una opinión consultiva a todas luces inconstitucional”, dice el comunicado.

Añade que los 48 Cantones sigue agotando el diálogo, pero que si sus exigencias son ignoradas por los diputados, se opondrán a “la creación de leyes que atentan contra nuestros derechos fundamentales establecidos en la Constitución e instrumentos Internacionales”.

“Desde ya responsabilizamos a la presidenta, junta directiva y a los diputados al Congreso de la República de Guatemala, de las consecuencias de las medidas de hecho que el pueblo va a tomar en su momento, por la necedad de querer seguir dándole curso a tal aberrante iniciativa”, se lee en el escrito.

También sugieren a los diputados no poner a prueba la determinación de los pueblos de Guatemala.

La iniciativa

El martes 9 de agosto el Congreso de la República dio el primer paso para aprobar la iniciativa de ley 6076, denominada Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército, la cual regula el uso de la fuerza pública. La propuesta fue tramitada en su primer debate y le restan dos lecturas más para que sea aprobada.

La propuesta de ley regula el uso de la fuerza pública de “forma proporcional” y además concede medidas sustitutivas a los elementos de las fuerzas públicas que resulten involucrados en el legítimo uso de sus funciones.

La iniciativa 6076 se encuentra actualmente en un impase administrativo ante el envío por parte de Shirley Rivera, Presidente del Organismo Legislativo, de la iniciativa hacia la dirección de asuntos jurídicos del Congreso para que dictamine sobre la petición de inconstitucionalidad planteada por parte de los 48 cantones de Totonicapán.

Rivera se comprometió a realizar las gestiones pertinentes ante la instancia de jefes de bloques y no agendarla hasta conocer el dictamen respectivo y que en el pleno se conozca el futuro de este proyecto de ley que ha causado diversas reacciones.

Los jefes de bloques acordaron discutir en el pleno si se pedirá a la Corte de Constitucionalidad opinión sobre posibles inconstitucionalidades de la iniciativa 6076, que regula el uso de la fuerza pública y será el punto cuatro de la agenda de este 17 de agosto.

Más de 20 organizaciones de la sociedad civil e indígenas anunciaron recientemente que este martes 9 y el jueves 11 de agosto habrá una serie de manifestaciones pacíficas que se llevarán a cabo en el territorio nacional.

Dirigentes informaron este lunes 8 de agosto que ya decidieron los puntos del país donde harán las movilizaciones.

Indicaron que estas comenzarán a las 6 horas en al menos 17 puntos de Guatemala. Cuando se les consultó si en estas manifestaciones habrá bloqueo de carreteras, respondieron que la organización está dividida por regiones y cada líder tiene programado cómo hará la movilización.

Indicaron que el motivo de las movilizaciones es para manifestar contra el alto costo de la vida, la corrupción y la criminalización de los defensores de los de derechos humanos. Afirmaron que también se manifestarán por la captura de Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico.

Las manifestaciones se llevarán a cabo en el occidente, oriente, norte, sur y centro del país, aunque no se descarta alguna movilización en la capital.

Los dirigentes anunciaron que aún planifican en qué puntos de la capital será la manifestación del jueves 11 de agosto.

Estudiantes se unen

Un dirigente estudiantil de la Universidad de San Carlos confirmó que se unirán a estas manifestaciones para exigir que se declare nulo el proceso electoral por el caso de Walter Mazariegos y que se haga una nueva convocatoria de elecciones.

La Coordinadora General de Estudiantes informó en las redes sociales que el jueves 11 de agosto saldrán a las 7 horas del Campus Central para dirigirse a la Plaza de la Constitución, en la llamada “Marcha contra la Cooptación de la Universidad”.

Para leer más: Gobierno descalifica Lista Engel recién publicada por EE. UU. y dice que son “acusaciones mediáticas infundadas”

Puntos que serán bloqueados

• Cuatro Caminos
• San Francisco El Alto, Totonicapán.
• Salida de Quiché a Totonicapán
• Kilómetro 148 de la ruta Interamericana
• En Quetzaltenango una caminata ciudadana en el Cunoc
• San Marcos, caminata ciudadana
• Parque central de Santa Cruz del Quiché
• Vado Hondo, Chiquimula
• Sanarate, El Progreso
• Chimaltenango
• Patzicía
• Ciudad de Guatemala
• Cruce de San Antonio, en Raxruhá.
• Izabal
• Caminata ciudadana en Ixcán
• Coatepeque, Quetzaltenango.
• Puente Ixtacapa

A horas de que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, mostrara su preocupación por la suspensión del apoyo de EE. UU. al Ministerio Público (MP), Washington reiteró que están abiertos a trabajar con quienes estén dispuestos a colaborar en la lucha contra la corrupción.

Giammattei calificó este jueves como “contraproducente” la suspensión de la cooperación de Estados Unidos con el MP después de que el principal fiscal anticorrupción fuera destituido y huyera del país temiendo por su seguridad.

En un comunicado, Giammattei agradeció el apoyo “fundamental” de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, “esfuerzos en los que el Ministerio Público juega un papel fundamental, por lo que suspender el apoyo resulta contraproducente”.

“Me siento preocupado por el impacto negativo que esta medida tendrá en los esfuerzos que el gobierno de Guatemala está realizando para lograr dichos objetivos”, agregó el mandatario.

El fiscal contra la impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, quien había denunciado falta de apoyo en su gestión, fue destituido el viernes, ante lo cual Washington suspendió su apoyo a la fiscalía general.

Más tarde, el enviado especial de EE. UU. para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, dijo en una conferencia de prensa telefónica que las protestas que se han sucedido en las últimas horas en Guatemala por la destitución de Sandoval expresan los deseos de los ciudadanos por hacer frente a la corrupción, según recoge “La Voz de América”.

Zúñiga agregó que “la Administración Biden ha dejado claro que está preparada para trabajar con aquellos que estén dispuestos a colaborar con nosotros en la lucha contra la corrupción”.

El funcionario agregó que “por eso apoyamos con tanta fuerza a las personas que trabajan para combatir la corrupción”, y con respecto a Sandoval, refirió que EE. UU. lo considera “un defensor de la lucha contra la corrupción”, y por eso la pronta respuesta ante lo ocurrido la semana recién pasada.

Resaltó que Giammattei, en su comunicado, reconoció la ayuda prestada por Washington a lo largo de los años, pero recalcó que EE. UU. ha hecho una “importante inversión” en Guatemala para, entre otras cosas, mejorar la Justicia, no solo para agilizar la lucha contra la corrupción, sino también para abordar otras problemáticas sociales, como la violencia de género.

“Estados Unidos también realizó importantes inversiones en la ampliación del acceso a la justicia en Guatemala, en la ampliación del trabajo de la fiscalía especial para abordar no solo cuestiones relacionadas con la corrupción y el crimen organizado, sino también cuestiones como la violencia de género, que es un importante impulsor de la migración irregular”, agregó.

“En cualquier caso, la Administración Biden ha dejado claro que está preparada para trabajar con aquellos que estén dispuestos a colaborar con nosotros en la lucha contra la corrupción y en la promoción de medidas para acabar con la impunidad”, señaló Zúñiga.

Pérdida de confianza

El gobierno del presidente Joe Biden, que ha hecho de la lucha contra la corrupción en Centroamérica una prioridad clave para atacar las causas de la emigración hacia Estados Unidos, dijo que la fiscal general Consuelo Porras mostró una falta de “buena fe”.

“Como resultado, hemos perdido la confianza en la fiscal general”, dijo la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter.

Pero Giammattei pidió que “no se cierre la comunicación” entre Estados Unidos y la fiscalía guatemalteca.

Este jueves, miles de guatemaltecos bloquearon unos 20 tramos carreteros y manifestaciones en varias ciudades, incluida la capital, para pedir la renuncia de Giammattei y Porras, por supuestos actos de corrupción y el manejo de la pandemia por parte del mandatario, un médico de profesión.

Con información de AFP y La Voz de América

Miles de guatemaltecos de varias comunidades indígenas de la provincia mostraron este jueves 29 de julio su repudio a los actos de corrupción en los organismos del Estado, pues, según ellos, esa es la causa de la falta de desarrollo en la provincia.

“Hoy es un día de victoria para todos los pueblos. Es un día de unidad que nosotros hemos soñado, donde dejamos la diferencia los xincas, los ixiles, los garífunas, los mestizos y los mayas”, expuso ante una multitud Martín Toc, presidente de los 48 cantones de Totonicapán, donde hubo masivos plantones en rechazo a la corrupción.

Agregó que “hoy no fuimos a la capital a leer un memorial, hoy nos quedamos aquí, en el reino k’iche’, por dignidad. Hoy es un día de unidad, en el que todos los pueblos nos sentimos guatemaltecos”.

“Hoy estamos aquí porque queremos un país justo para todos, porque queremos prosperar todos”, añadió Toc, quien dijo que los 48 cantones “pronto harán una historia más grande cuando gobierne este país”.

El paro general había sido convocado por Toc y otros sectores sociales, que en principio mostraron inconformidad al trabajo del presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras; sin embargo, con el pasar de las horas las demandas fueron ampliadas y ahora exigen cambios estructurales en la política de Estado, pues aseguran que las comunidades indígenas han sido las más afectadas por la corrupción y la impunidad.

Toc señaló que, aunque saben de los riesgos por la pandemia y que las condiciones económicas no se encuentran en su mejor momento, miles personas salieron a las calles con la esperanza de construir una mejor Guatemala libre de corrupción.

“Hoy henos hecho historia, porque hemos reunido al país. La lucha apenas inicia y ustedes con el sacrificio que realizaron les puedo decir que ha valido la pena”, agregó Toc.

Otro de los líderes de la manifestación en Totonicapán, José Santos Sapón, dijo a Efe que “repudian” las “acciones tomadas” recientemente por Giammattei y Porras y “lo que se pide es la renuncia de ambos”. 

Además de Totonicapán, los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Sololá, Escuintla y Huehuetenango reportaron protestas contra Giammattei y Porras.

Movilizaciones y bloqueos

Decenas de personas bloquearon por varias horas el paso en el kilómetro 163 Quinto Centro, Santa Cruz del Quiché; además, se reportó bloqueos en Cunen e Ixcán y concentraciones en Nebaj.

Pobladores se congregaron en el kilómetro 37 de la ruta al Pacífico, Palín, Escuintla, donde mostraron su rechazo a los actos de corrupción en instituciones del Estado.

Los asistentes lanzaron consignas en contra del gobierno actual, pero aseguran que la corrupción y la impunidad han sido flagelos que siempre han estado presentes en la sociedad, por lo que urgen cambios en el sistema político del país.

En Piedras Negras, Huehuetenango, pobladores de varias comunidades bloquearon el paso en rechazo a la corrupción y exigieron la renuncia del Giammattei y de Porras.

En Quetzaltenango, los manifestantes repudiaron los actos de corrupción y pusieron como ejemplo la compra de vacunas contra el coronavirus por parte del Gobierno de Guatemala a Rusia. En ese lugar hubo una marcha desde el Centro Universitario de Occidente hasta la sede del MP.

Dónde están las vacunas, pueblo despierta, es una de los mensajes en la protesta del #29J de Quetzaltenango y que inició en el Cunoc, manifestantes harán una parada en la sede del MP. pic.twitter.com/pfUds9V0bd

— María José Longo Bautista (@MJLongoBautista) July 29, 2021

La movilización de este jueves fue convocada después de que la lucha anticorrupción en Guatemala sufriera un duro golpe con la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval, pese a la contrariedad de Estados Unidos.

Sandoval fue removido de su cargo el pasado viernes por la fiscal general Consuelo Porras, pero antes de salir exiliado vía El Salvador, sus palabras en una rueda de prensa tuvieron bastante eco en el país.

El exfiscal anticorrupción explicó en una maratónica conferencia que Porras, quien tomó posesión en 2019, ha detenido varias pesquisas en contra del Gobierno de Giammattei.

“Su intención (de Porras) es proteger a sus amigos que pudieran resultar involucrados en las investigaciones”, aseveró Sandoval.

Agregó que la jefa del Ministerio Público ha bloqueado los casos de alto impacto de corrupción mediante traslados de expedientes, remoción de fiscales, prohibiciones para operativos, “retraso” de procesos y “agilizar lo que le conviene”.

La remoción de Sandoval provocó que Estados Unidos suspendiera al menos temporalmente su colaboración con el Ministerio Público y el Departamento de Estado añadió que perdió la confianza en Porras.

Guatemala ya había registrado paros nacionales en los Gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020) y Otto Pérez Molina (2012-2015), este último desaforado por acusaciones de corrupción durante su mandato, tras lo cual renunció.

Con información de EFE, Carlos Paredes, Héctor Cordero, Mike Castillo y María José Longo

Este martes 9 de marzo es el primero de los tres días de manifestaciones pacíficas que distintas organizaciones sociales llevarán a cabo en la capital en rechazo a los candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), pues los consideran que no son idóneos para ocupar esos cargos.

Las protestas fueron convocadas el lunes pasado y participan organizaciones y comunidades indígenas, estudiantes, jóvenes, grupos de mujeres, sindicatos y víctimas del conflicto armado interno.

Daniel Pascua, coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC), manifestó que manifestarían desde este martes 9, también miércoles 10 y jueves 11 de marzo en varios puntos de la capital, principalmente frente a la CC, el Congreso y la Casa Presidencial, donde mostrarán su descontento por la forma cómo se ha elegido a los magistrados.

Indicó que es preocupante que un proceso tan delicado como elección de magistrados a la CC, que afectará al país durante los próximos años, esté viciado y que integrantes del pacto de corruptos estén tratando de manipularlo y cooptar esa corte y la Corte Suprema de Justicia.

Además, que esos grupos buscan también destituir al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y manipular las leyes, como la de partidos políticos, para lograr que Zury Ríos pueda participar como candidata a la presidencia y también la Ley de Reconciliación Nacional, para dar amnistía a asesinos y violadores de derechos humanos.

Dijo que también les preocupa que con las modificaciones a las leyes pueda abrirse la puerta a candidatos no idóneos que conlleve a un gobierno de impunidad en el futuro.

Interponen amparos

Pascual dijo que interpusieron tres amparos. El primero contra la solicitud de retiro de antejuicio de Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), pues el Congreso ya está tratando de conformar la comisión que va a investigar el caso.

También hay un amparo en contra del diputado Luis Rosales, quien fue electo como magistrado suplente de la CC por el Congreso de la República, pues las organizaciones consideran que por haber sido abogado de Efraín Ríos Montt en el caso de genocidio y es miembro de un partido político tiene conflicto de intereses para estar en esa magistratura.

El tercer amparo es contra el proceso de elección de magistrados a la CC en representación del Congreso, pues consideran que fue anómalo y lejos del escrutinio público.

“Quieren seguir saqueando al país”

Esperanza Tubac una líder indígena, dijo que los pueblos indígenas comienzan este martes una jornada de lucha, resistencia a nivel nacional.

Hizo un llamado al pueblo en general para que esté atento porque el pacto de corruptos está preparando el terreno para seguir saqueando al país y secuestrando ríos, montañas y para implementar proyectos que llegan a dañar la salud de la población.

La pregunta dominará las elecciones que varios países de América Latina prevén celebrar en el transcurso del año, tras la muerte y devastación causada por la pandemia de covid-19.

Los datos estremecen: la región sufre la que ha sido llamada supeor contracción económica en un siglo, cercana a 8% en 2020, con unos 40 millones de personas entrando en la pobreza.

Los expertos anticipan que en este contexto puede acentuarse un fenómeno que ya se veía en Latinoamérica antes de la pandemia: la tendencia a cambiar de gobernantes, que pagarán el costo de la crisis ya sean de izquierda o derecha.

“Las elecciones van a ser un soberano voto de castigo para los gobiernos“, le dice Carlos Malamud, investigador principal para la región del Real Instituto Elcano, a BBC Mundo.

Otros advierten que la situación puede propiciar incluso el surgimiento de líderes populistas y de nuevas protestas callejeras: el rumbo político de la región puede definirse en 2021 tanto en las urnas como en las calles.

Entre febrero y noviembre

El calendario electoral latinoamericano 2021 tiene una primera entrada en Ecuador el 7 de febrero.

En la disputa están el banquero y empresario Guillermo Lasso, el líder indígena Yaku Pérez y el economista Andrés Arauz, un delfín del expresidente izquierdista Rafael Correa (2007-2017), cuya condena por un caso de corrupción le impidió ser candidato a vicepresidente.

Con opciones tan diferentes en medio de la crisis económica y un gran descrédito de las instituciones, la elección ecuatoriana puede ser un anticipo de lo que ocurrirá luego en otros países de la región.

En el vecino Perú, sacudido por la pandemia y una fuerte inestabilidad política que le ha llevado a tener tres presidentes distintos durante 2020, las elecciones generales están marcadas para el 11 de abril.

La crisis de liderazgo peruana ha derivado en la preparación de más de una veintena de candidaturas presidenciales, ninguna con una mayoría clara en las encuestas, que marcan una amplia indecisión o apatía de los votantes.

Otro país con un complejo panorama es Chile, que tiene elecciones previstas para el 21 de noviembre, tras la gigantesca ola de protestas callejeras de 2019 y la elección por voto popular de una convención constituyente en abril próximo.

Las encuestas marcan como principales precandidatos chilenos al alcalde comunista Daniel Jadue, al alcalde conservador Joaquín Lavín y a la diputada Pamela Jiles, aunque el escenario puede variar en los próximos meses.

En noviembre también hay elecciones previstas en Honduras y Nicaragua, donde analistas anticipan que el presidente Daniel Ortega buscará pasar a su esposa Rosario Murillo el poder que ejerce desde 2007, según sus opositores en base a fraudes electorales.

Además, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador en México y de Alberto Fernández en Argentina tendrán tests de popularidad en junio y octubre respectivamente, con elecciones legislativas de mitad de mandato previstas en sus países.

Entre protestas y populismos

La crisis de América Latina plantea en algunos países una necesidad de reformular el contrato social, lo cual es “una buena oportunidad para evitar el surgimiento de opciones populistas, que las va a haber de todos los colores”, sostiene Malamud.

El malestar social a lo largo de la región quedó de manifiesto en noviembre con las protestas masivas en Perú, que causaron la caída de un presidente, y en Guatemala, que acabaron con el Congreso en llamas y la suspensión de un proyecto de presupuesto para 2021.

Marta Lagos, directora de la encuesta regional Latinobarómetro, cree que las protestas en la región van a resurgir cuando los gobiernos decidan acabar con las ayudas sociales que implementaron ante la pandemia.

“Se pueden producir inestabilidades si los gobiernos no logran entender, y los nuestros claramente no han entendido todavía, en qué consiste la demanda (de ayudas sociales): ellos creen que es una demanda pasajera y la pandemia la ha transformado en una demanda permanente“, le dice Lagos a BBC Mundo.

A su juicio, esto puede llevar al ascenso de líderes populistas en la región.

“Los pueblos van a privilegiar el presente, que nunca ha sido tan importante como en la pandemia“, señala. “Y el populismo es el presente: tratar de parchar lo inmediato sin ninguna visión de futuro”.

“Por lo tanto”, agrega, “la probabilidad de que surjan candidatos populistas es muy alta”.

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Tome en cuenta esta información si se desplaza por la ruta Interamericana, ya que al menos cuatro puntos están bloqueaos por manifestantes.

EL viernes 27 de noviembre la Municipalidad Indígena de Sololá anunció que este lunes manifestarían contra el gobierno.

Entre su pliego de peticiones publicado en Facebook, la referida alcaldía pide la renuncia del presidente de la República, Alejandro Giammattei, la renuncia del ministro de Gobernación y la depuración del Congreso.

El detonante para las protestas fue la aprobación de un presupuesto por Q99 mil 700 millones, que diputados se vieron en la necesidad de archivar por el descontento ciudadano.

Lea también: Gobernación señala que la PDH no actuó para mediar en incidentes del sábado 28 de noviembre

Uno de los bloqueos se registra en el kilómetro 117 de la ruta Interamericana, donde la fila de vehículos alcanza los tres kilómetros.

Los manifestantes señalan corrupción y resaltan que están en la lucha; además, piden a los diputados que renuncien.

Uno de los dirigentes afirmó que el objetivo de ellos es no causar daño en negocios, pues son de personas luchadoras.

Jorge Quisquiná, alcalde comunitario del barrio San Bartolo, Sololá, manifestó que no van a negociar, pues piden la renuncia del presidente Giammattei.

También señalan que se quiere archivar el decreto 33-2020, en el que aprobaron Q99 mil 700 millones, pero según tienen conocimiento, las autoridades pretenden dejar en vigencia los decretos 31-2020 y el 32-2020 que aprueba préstamos por más de Q37 millones.

Agrega que es injustificable que desaparezca dinero de algunos ministerios de Estado y señala que al Congreso se la había destinado Q100 millones para la construcción de un edificio.

Expresó que Guatemala está cansada de tanto corrupción, prestamos que “no paran, endeudamiento público y compras sin licitar en nombre de la pandemia del covid-19”.

Agregó que se incumplió con el ofrecimiento de desaparecer la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS), suprimir el Parlamento Centroamericano; además se creó un “obsoleto Centro de Gobierno que le sale caro al pueblo de Guatemala”.

Añadió que en un año de gobierno han endeudado a Guatemala, y “esto en contubernio con sus aliados”.

Enfatizó que piden la renuncia de la Junta Directiva del Congreso, como la renuncia del ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y del director general de la Policía Nacional Civil.

También declaran non grato al presidente del Congreso, Allan Rodríguez y según ellos “no es representante de Sololá”.

En otra petición piden la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.

Bloqueos en ruta Interamericana

• km 117 Las Trampas
• km 127 Los Encuentros
• km 130 La Cuchilla
• km 140 La vuelta del Toro

Permiten paso de ambulancia

Manifestantes permiten paso de ambulancia en bloqueo en el kilómetro 117 de la ruta Interamericana.