La  Unidad nacional por las víctimas de tránsito ofreció este miércoles 19 de enero una conferencia de prensa en la que exigió al presidente Alejandro Giammattei que no vuelva a aplazar la fecha para que entre en vigencia el Acuerdo Gubernativo 17-2020 relacionado con el seguro obligatorio  de responsabilidad civil contra terceros para el transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga el cual debe entra en vigencia el 2 de febrero próximo.

Los familiares de las víctimas dijeron este 19 de enero que una nueva prórroga para que entre en vigor este seguro obligatorio, sigue dejando a su suerte a todas las familias y víctimas de accidentes de tránsito en todo el país.

Afirmaron que los accidentes viales son la segunda causa de muertes en Guatemala y la primera de heridos y discapacitados.

Señalaron que la fecha en la que vence la prórroga que otorgó el Gobierno en agosto de 2021 está próxima a vencerse, por lo que exigen al presidente que no vuelva a extender el tiempo de espera para la contratación del seguro obligatorio.

Datos de la Dirección General de Protección Vial (Provial), detallan que al día se registran al menos 17 accidentes de tránsito y que en la mayoría están involucrados unidades del transporte extra urbano, urbano y transporte pesado.

César Bol, vocero de la Unidad dijo que cuando hay accidentes muy impactantes o mediáticos la población se indigna más, pero recordó que todos los días hay víctimas de hechos viales.

Señaló que durante 27 años no se hace nada para mejorar la seguridad vial y a eso se une el mal estado de carreteras, deficiente sistema de salud, falta de hospitales y sin control vial, ni multas.

Agregó que los heridos o fallecidos han quedado sin amparo de nadie pues no hay quién se haga responsable de los daños que sufrieron durante los accidentes.

Bol señaló que aunque ya está aprobada la contratación de seguro por parte de transportistas, el presidente Giammattei ha prorrogado la entrada en vigencia de esa ley, pese a que eso no tiene costo para el Gobierno.

“No podemos aceptar más que nuestras familias, la de los hijos muertos, papás y mamás, sigamos pagando con sangre, muerte y pobreza que unos poco quieran ahorrar centavos”, dijo Bol en relación a la negativa de transportistas de querer pagar el seguro.

Según él, datos de aseguradoras mencionan que si los transportistas pagaran el servicio les costaría Q0.32 por viaje en taxi, Q0.12 por viaje para mototaxis y Q0.07 por viaje en bus o microbús, pero los transportistas no quieren pagarlo.

“Presidente Giammattei. ¿Vale usted y su familia menos que esos centavos? Lo legal y lo humano responder si mata a alguien haciendo negocio en las carreteras. Lea en Twitter, Facebook lo que escribe la gente sobre los vehículos comerciales y los accidentes de tránsito y verá un país entero que clama”.

Que no se prorrogue

Señaló que presentaron ante el Ministerio de Gobernación un escrito en el que se pide que no se vuelva a prorrogar la entrada en vigor del seguro obligatorio, y que el costo sea dividido entre el usuario y el transportista.

Afirmó que si el presidente vuelve a aplazar el acuerdo 174-2020 por esos centavos que los transportistas no quieren pagar será una aberración, será lo más ingrato, inhumano, contra toda la población.

Reconoció que Giammatti tiene la oportunidad de dejar un legado y tener reconocimiento si se aprueba que comience la contratación de los seguros para el transporte.

Los familiares y víctimas han señalado que aunque han solicitado audiencias con el presidente Alejandro Giammattei o que los incluyan dentro de las mesas de diálogo que se tiene con los transportistas no han sido escuchadas.

Bol dijo que se han dado cuenta que la única forma en la que el Gobierno escucha es bloqueando carreteras, y dijo que quizá la Unidad Nacional debería usar ese método para que los escuchen.

Testimonios

Ofelia Bamo, perdió a su esposo Amilcar Gómez, de 43, en un accidente de tránsito.

Recordó que hace seis años un tráiler lo atropelló y lo mató en el Periférico y nunca nadie se hizo responsable del caso. Dijeron que el piloto tenía tres días de haber sido contratado y que no podía pagar.

Bamo afirmó que su esposo salió de la casa y le dijo que ya regresaba, pero no lo hizo, porque lo atropellaron.

“Salió a trabajar, lo atropelló un tráiler y nadie se hizo responsable”, señaló la mujer.

Johana Armira, de  51 años, dijo que hace 18 años cambió la vida de su hijo Arnold, quien tenía 15, cuando un camión lo atropelló y le destrozó la columna.

Necesitaba una operación, pero nunca pudieron reunir los fondos para hacerlo y ahora él sufre por las secuelas del accidente.

Otro caso es el de Silvia de García, quien es madre de 3 niños y contó que el 2020 su esposo de 43 fue atropellado y los responsables del hecho no se hicieron cargo de los daños.

Su esposo era guardia de seguridad y la empresa para que laboraba lo despidió, porque dijo que no tenía seguro.

Ahora, él camina con bastón y no pudo encontrar otro trabajo por lo que se dedica a la albañilería.

Anuncian bloqueos

Esta semana, también se conoció que transportistas del país anunciaron que harán bloqueos en varias rutas del país para presionar al gobierno para que derogue el acuerdo gubernativo 174-2020.

Según los transportistas ya no quieren otra prórroga a ese acuerdo, sino que sea derogado el seguro obligatorio que contempla  el acuerdo gubernativo 17-2020 no es viable pues además que no los protege a ellos en algún accidente, esto repercutirá en el incremento al pasaje y por ende en la canasta básica de cada uno de los guatemaltecos.

Las prórrogas

El Gobierno ha efectuado varias prórrogas para la entrada en vigor del pago de este seguro obligatorio para el transporte colectivo y de carga.

El acuerdo 17-2020 fue emitido el 13 de enero del 2020 y entró en vigor el 20 de febrero de ese año. Estableció que el primer pago y contratación del seguro se debía hacer dentro del mes siguiente a su publicación.

Entre las prórrogas está la publicada el 19 de octubre del 2020 con el Acuerdo Gubernativo 174-2020. Con este se reformó el artículo 14 del 17-2020, y estableció en un año (12 meses, a partir del inicio de vigencia del reglamento) el tiempo para que los transportistas pagaran el seguro, es decir hasta el 21 de febrero del 2021.

Entre las consideraciones del Acuerdo Gubernativo 174-2020 se señalaba que la prórroga era por la situación nacional que ha generado el covid-19.

El 10 de marzo de 2021 el Gobierno publicó el Acuerdo Gubernativo 38-2021, con el cual se vuelve a ampliar el plazo para el pago del seguro, en esta ocasión por 18 meses a partir de la entrada en vigor de ese reglamento. Con ello los transportistas debían cumplir con esa obligación de contratar el seguro de responsabilidad civil a partir del 21 de agosto del 2021.

La última prórroga fue el lunes 2 de agosto de 2021, cuando el Ministerio de Gobernación publicó el Acuerdo Gubernativo 156-2021 que subió a 24 meses, a partir de la entrada en vigencia del reglamento, el tiempo para pagar el seguro.

Los 24 meses a los que hace referencia el acuerdo 156-2021 se toman a partir de febrero del 2020, con lo cual los empresarios tendrán hasta el 2 de febrero de 2022 para hacer efectiva la contratación del seguro.

El Ministerio de Gobernación publicó este lunes 2 de agosto el Acuerdo Gubernativo 156-2021 que contiene una nueva reforma al acuerdo gubernativo 17-2020 que se refiere al reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga el cual entraba en vigencia el 21 de agosto de 2021.

Esta publicación se da el día en el que pilotos de taxis, mototaxis, buses y transporte pesado anunciaron protestas con caravanas que recorrerán este lunes las principales calles de la ciudad de Guatemala y posibles cierres en varias carreteras del país para rechazar el seguro obligatorio. De hecho, en algunas partes del Suroccidente del país ya hay algunos bloqueos.

Según el artículo 1 de la publicación del Diario de Centro América, la reforma es nuevamente al artículo 14 del acuerdo Gubernativo 17-2020, que fue emitido el 13 de enero del 2020, y se refiere al plazo en el que los transportistas deberán cumplir con la contratación y el primer pago del seguro obligatorio.

Esta modificación refiere que “el primer pago y contratación del seguro anual obligatorio de transporte colectivo urbano de pasajeros o de carga para los que realizan dicha actividad actualmente, deberá efectuarse dentro del plazo de 24 meses contados a partir de la vigencia del presente Reglamento, y para el caso del transporte colectivo urbano de pasajeros o de carga que se autorice posteriormente, a partir de la fecha den que se les haya autorizado para prestar servicio”.

Agrega que el presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

Los 24 meses a los que hace referencia el acuerdo 156-2021 se toman a partir de febrero del 2020, con lo cual los empresarios tendrán hasta el 2 de febrero de 2022 para hacer efectiva la contratación del seguro.

Agrega que el presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

Los 24 meses a los que hace referencia el acuerdo 156-2021 se toman a partir de febrero del 2020, con lo cual los empresarios tendrán hasta el 2 de febrero de 2022 para hacer efectiva la contratación del seguro.

Las prórrogas

El Gobierno ha efectuado varias prórrogas para la entrada en vigor del pago de este seguro obligatorio para el transporte colectivo y de carga.

El acuerdo 17-2020 fue emitido el 13 de enero del 2020 y entró en vigor el 20 de febrero de ese año. Estableció que el primer pago y contratación del seguro se debía hacer dentro del mes siguiente a su publicación.

Entre las prórrogas está la publicada el 19 de octubre del 2020 con el Acuerdo Gubernativo 174-2020. Con este se reformó el artículo 14 del 17-2020, y estableció en un año (12 meses, a partir del inicio de vigencia del reglamento) el tiempo para que los transportistas pagaran el seguro, es decir hasta el 21 de febrero del 2021.

Entre las consideraciones del Acuerdo Gubernativo 174-2020 se señalaba que la prórroga era por la situación nacional que ha generado el covid-19.

El 10 de marzo de 2021 el Gobierno publicó el Acuerdo Gubernativo 38-2021, con el cual se vuelve a ampliar el plazo para el pago del seguro, en esta ocasión por 18 meses a partir de la entrada en vigor de ese reglamento. Con ello los transportistas debían cumplir con esa obligación de contratar el seguro de responsabilidad civil a partir del 21 de agosto del 2021.

Manifestaciones

El pasado domingo 1 de agosto, pilotos de taxis, mototaxis, buses y transporte pesado anunciaron protestas, caravanas y bloqueos el lunes 2 de agosto para rechazar el seguro obligatorio que debía entrar en vigencia el 21 de agosto de 2021.

Según el representante legal de la Asociación de Taxistas de Guatemala, Juan Paulo González, las distintas caravanas que se anunciaron para la ciudad de Guatemala iniciarán su recorrido desde siete diferentes puntos y terminarán frente a la Corte de Constitucionalidad.

Taxistas inician la marcha hacia la Corte de Constitucionalidad, abarcan 2 carriles sobre Calzada Roosevelt, esto complicará la circulación sobre la Calzada. #TránsitoMixco pic.twitter.com/mmVv4KkCt3

— Pablo Morales (@EmixtraPablo) August 2, 2021

Según ellos, las protestas tienen como objetivo darle fin a la vida jurídica de ese acuerdo que los obliga a contratar ese seguro.

Los manifestantes realizan caravanas este lunes desde los campos de la colonia Roosevelt, en zona 11; el Obelisco; Molino de las Flores, kilómetro 15 de la ruta Interamericana; Centra Norte, zona 18; bulevar liberación y 41 calle, zona 8; calzada Aguilar Batres y 35 calle, zona 12 y paso a desnivel de bulevar Vista Hermosa y 28 avenida, zona 15.

Además, ya se reportan bloqueos en el ingreso a Coatepeque, Quetzaltenango, km 222 de la ruta al suroccidente y también en el km 212, Crucero de las Victorias en Colomba.

En Chimaltenango, hay bloqueo en el km 60 del Libramiento de Chimaltenango, también en el km 56 de la ruta Interamericana y varios en la ruta entre Chimaltenango y el Balneario Los Aposentos.

El Ministerio de Gobernación publicó este miércoles 10 de marzo el Acuerdo Gubernativo 38-2021 que contiene una nueva reforma al acuerdo gubernativo 17-2020 que se refiere al reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga.

Según la publicación del Diario de Centro América, la reforma afecta al artículo 14 del acuerdo Gubernativo 17-2020, que fue emitido el 13 de enero del 2020, y se refiere al plazo en el que los transportistas deberán cumplir con la contratación y el primer pago del seguro obligatorio.

Esta modificación refiere que “la contratación y primer pago del seguro anual obligatorio de transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga par los que realizan dicha actividad actualmente, deberá efectuarse dentro de los 18 meses, a la entrada den vigencia del presente reglamento, para el caso del transporte colectivo urbano de pasajeros o de carga que se tramite posteriormente, a partir de la fecha den que se les haya autorizado para prestar servicio”.

Agrega que el presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

Los 18 meses a los que hace referencia el acuerdo 38-2021 se toman a partir de febrero del 2020, con lo cual los empresarios tendrán hasta el 21 de agosto del 2021 para hacer efectiva la contratación del seguro.

La primera prórroga

Esta es la tercera prórroga que hace el Gobierno para la entrada en vigor de este seguro obligatorio para el transporte colectivo y de carga.

Cuando entró en vigor el acuerdo gubernativo 17-2020, el 13 de enero del 2020, se determinó que el primer pago y contratación del seguro se debía hacer un mes después de la publicación de esta normativa, es decir el 13 de febrero de 2020.

El 10 de marzo de 2020 el Gobierno publicó el Acuerdo Gubernativo 38-2021, la primera prórroga, que modificó el plazo para el pago del seguro y lo amplió 18 meses a partir de la entrada en vigencia de ese reglamento, es decir, los transportistas tenían hasta el 11 de septiembre del 2021 para contratar el servicio.

El 13 de marzo del 2020 se registró el primer caso de coronavirus en Guatemala y el 15 de ese mismo mes se estableció el cierre del país para prevenir contagios masivos.

La segunda prórroga fue el 19 de octubre del 2020, cuando el Ministerio de Gobernación publicó el Acuerdo Gubernativo 174-2020, con el que reformó el artículo 14 del 17-2020, y aplazó 12 meses el tiempo que los transportistas tenían para pagar el seguro, es decir hasta el 20 de octubre del 2021.

Entre las consideraciones del Acuerdo Gubernativo 174-2020 se señalaba que la prórroga era por la situación nacional que ha generado el covid-19.

Protesta de taxistas

En febrero de este 2021 distintas asociaciones de taxistas de Guatemala participaron en varias manifestaciones y bloqueos en la capital para mostrar su rechazo al pago de dicho seguro obligatorio.

Los pilotos entregaron cartas a la Presidencia y Procuraduría de los Derechos Humanos para exponer los puntos por los que se oponen a la norma.

Los taxistas afirmaban que el reglamento viola derechos constitucionales de igualdad, vida y propiedad porque ese gremio no da servicio de transporte público sino de personas.

Además, que la seguridad vial implica a todos los ciudadanos que hacen uso de la vía pública y no solo debe atenderse a los terceros afectados.

Según las asociaciones de taxis, un 70% de esos vehículos son piratas y estos no pagan ni un solo centavo por el servicio y les genera competencia desleal.

Luego de varios días de protestas y bloqueos se llegó a una mesa de diálogo con el Gobierno y este 10 de marzo del 2021 el Ministerio de Gobernación publica el Acuerdo Gubernativo 38-2021 con la tercera prórroga para el pago y contratación de seguro que será hasta el 11 de septiembre del 2022.

Es preocupante

El consultor Alex Williams dijo que preocupa que el presidente Alejandro Giammattei le de la espalda a los guatemaltecos al ampliar el plazo para la contratación del seguro obligatorio.

Dijo que en el momento en el que se publicó el reglamento que incluye el pago de seguro se perfeccionó la voluntad del Congreso expresada en el artículo 29 de la Ley de Tránsito.

Agregó que el presidente y los ministerios tienen la potestad de publicar reglamentos, pero no pueden suspender un reglamento que ya perfeccionó una ley.

Detalló que el presidente estaría violando la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Tránsito, pero también incurre en delitos que establece el Código Penal.

Dijo que a los 17 millones de guatemaltecos les están quitando un derecho constitucional adquirido por ahorrarles Q7.75 al día los taxistas.

Cuestionó si Giammattei puede quitarle ese beneficio a la población, el cual cumple con el fin supremo de la Constitución del derecho a la vida, la salud, la familia y el bien común.

Añadió que el bien común tiene preminencia sobre el bien particular.

Williams dijo que al ampliar este plazo la población queda vulnerable ante la segunda causa de muerte del país, y la primera de lesiones y discapacidades.

PDH se pronuncia

Édgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), dijo que se considera positivo el hecho de que el Gobierno central haya escuchado al gremio de taxistas, por las inquietudes que tenían con el Acuerdo Gubernativo 17-20.

Dijo que se tiene contemplado el análisis a conciencia de las repercusiones que tiene la contratación de este tipo de seguros de manera obligada para cada sector.

Dijo que debe haber una normativa específica para taxis, para transporte de carga y para transporte urbano departamental de pasajeros.

Agregó que deben hacerse esfuerzos en los tres gremios de transporte para poder garantizar a la población guatemalteca la reparación digna del daño que hasta hoy continúan los guatemaltecos con incertidumbre en cuanto a la recurrencia de hechos de tránsito, que son la segunda causa de muerte en el país.

Recomendó al Estado de Guatemala a que facilite todos los medios a través de la Comisión Presidencial de Diálogo y otras instancias como el Ministerio de Gobernación y gremiales de transportistas para que se haga una normativa diferenciada, para cada grupo de transportistas, pues cada uno tiene características distintas para prestar el servicio.

Reconoció que sí se debe contar con la contratación de un seguro pues está en ley y en el Reglamento de Tránsito.

“El Estado de Guatemala debe hacer los esfuerzos necesarios para poder garantizar la reparación digna del daño y también y que los transportistas tengan a bien cumplir con esta disposición”, dijo Guerra.

Aseguró que la PDH ha recomendado a las municipalidades del país hacer su mejor esfuerzo para registrar y regular la actividad de los vehículos particulares que funcionan como si fueran taxis y significan competencia desleal para quienes sí están legales.

Taxistas de cinco asociaciones participaron este miércoles 17 de febrero en una manifestación en las calles del centro de la capital para mostrar su rechazo al acuerdo gubernativo 17-2020, reglamento para la contratación de seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y carga.

Hugo Xicará, representante de los taxistas, dijo que llegaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos, en la zona 1 de la capital, para solicitarle al procurador Jordán Rodas que presente un amparo que impida que entre en vigencia acuerdo gubernativo 17-2020, del Ministerio de Gobernación, que les quiere imponer un seguro obligatorio.

Explicó que la normativa viola derechos constitucionales de igualdad, vida y propiedad porque ese gremio no da servicio de transporte público sino de personas.

Refirió que ese seguro que las autoridades están exigiendo debe ser para toda la población que tiene vehículos.

Agregó que otro motivo por el que se oponen es porque en estos momentos están enfrentando problemas económicos derivados de la pandemia, pues no hay mucho trabajo, no hay turismo ni mucha actividad económica que les permita agenciarse de fondos.

Recalcó que no están en contra de la prevención vial, ni de la prevención del delito, pero que en este momento los taxistas no pueden asumir ese gasto. Además, que si las autoridades quieren imponer un seguro, debe ser para toda la población y no solo a los taxistas.

También criticó que el seguro sea solo por daños a terceros, con lo cual sus sus taxis no quedan cubiertos si alguien sin seguro los choca.

Xicará dijo que la prima anual de dicho seguro oscila entre Q3 mil 500 y Q4 mil, pero las aseguradoras quieren que se haga en tres pagos y por el momento los taxistas no tienen ese dinero para pagarlo.

Añadió que fueron atendidos por Saúl Orellana, auxiliar de la PDH para asuntos el área central, quien se comprometió a pasar la información al departamento jurídico y analizar si es procedente presentar un amparo.

El viernes los taxistas irán a la Corte de Constitucionalidad para proceder legalmente contra este artículo y si las autoridades no derogan el acuerdo tomarán otras medidas más drásticas en la capital y los departamentos.

Por César Pérez Marroquín y Claudia Acuña

Aunque las autoridades de la comuna capitalina no revelaron la cantidad de remisiones impuestas, se sabe que algunas de estas superan los Q1 mil 400, otras son de Q700 y corresponden a sanciones administrativas.

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“Las sanciones están basadas en el reglamento de la Ley de Tránsito, el artículo 149 tipifica que todo vehículo que obstaculice o genere peligro para la ciudadanía va a ser sancionado, aquellos vehículos que fueron sancionados fueron los que no respetaron el paso de las ambulancias, que ocuparon aceras o porque circulaban contra la vía”, comentó Sandoval.

“Las multas para pilotos particulares son las que se colocan, pero las administrativas son porque ellos pertenecen al área de taxis, tienen un reglamento que deben aplicar y parte de ello es el cumplimiento de sus labores. Delito fuera si nosotros como institución no aplicamos la ley y no sancionamos a esos vehículos”, dijo Sandoval.

Denuncias

El lunes por la tarde, Sandoval dijo en conferencia de prensa que presentarían una Exhibición Personal en beneficio de trabajadores de la comuna y usuarios, que debido a la protesta de los taxistas podían salir del parqueo del lugar.

Además, dijo que interpondrán una denuncia y un amparo en la Corte de Constitucionalidad, debido a que, por la manifestación, varios servicios municipales fueron afectados, principalmente el Transmetro.

Decenas de taxistas protestaron en varios sectores de la ciudad en contra de Uber, pues aseguran que estos operan sin cumplir con los requerimientos que las autoridades le hacen a todo vehículo de uso colectivo.

Caravanas taxistas |

10:00 hrs:

1) Bloqueo total de ruta El Atlántico, km 6.8 zona 18, afectando #TraficoGT a zona 6.

2) Bloqueo total de calzada Aguilar Batres 13 calle zona 12, afectando #TransitoGT a El Trébol.

3) Se ubican en 50% de Avenida Las Américas 4 calle zona 14. pic.twitter.com/lilkQFL9YB

— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 27, 2018

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“Lo que queremos es que Uber y otras empresas tengan que llenar los mismos requisitos que nosotros debemos cumplir para trabajar”, manifestó el viernes último Mario Castillo, representante de la Asociación de Empresas de Transporte Especializado de Guatemala.

De acuerdo con Sandoval, la movilidad de más de un millón de personas se vio afectada en varias zonas de la ciudad por la manifestación de taxistas a lo largo del día.

Peticiones de los taxistas

• Que los vehículos de Uber cumplan con los requisitos de rotulación.
• Cambio de placas.
• También que las unidades sean sometidas a revisión.
• Que los automóviles que presten servicio de Uber sean inscritos como taxis.
• Que los pilotos de Uber aprueben tres cursos que imparte Emetra.

Los taxistas se reunieron a partir de las 8.30 horas en los Campos del Roosevelt, zona 11; Plaza Obelisco, zona 10; Centra Norte, zona 18; Molino de las Flores, km 15 de la calzada Roosevelt, Mixco; y calzada Aguilar Batres y 35 calle de la zona 12. Los conductores se desplazaron por las principales arterias de la ciudad, lo que causó la suspensión o devío de varias rutas del Transmetro.

#TráficoGT | Esta es una de las demandas que exige el grupo de taxistas que se desplaza de la zona 6 a la Municipalidad de Guatemala (@muniguate). https://t.co/ul9Zs9hPiC pic.twitter.com/CWtJUZxu7F

— Prensa Libre (@prensa_libre) August 27, 2018

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Esto dice Uber

Ante la decisión de los taxistas de manifestarse, Uber respondió que está legalmente constituido en Guatemala, sujeto al régimen tributario nacional y que paga impuestos.

La empresa explicó que “apoyará y estará a favor de una regulación que sea diferenciada y que reconozca la diferencia entre las plataformas tecnológicas de movilidad colaborativa y otras modalidades”.

Uber aseguró que todos los socios conductores deben estar registrados ante la Superintendencia de Administración Tributaria y cumplir con sus obligaciones fiscales.

Sin bloqueos

Cuando la representantes de la Asociación de Empresas de Transporte Especializado de Guatemala anunciaron la manifestación de este lunes aseguraron que no bloquearían el paso de vehículos y que circularían, lento, por varias calles de la ciudad como muestra de su inconformidad con el servicio que presta Uber en el país, considerado por ellos por “competencia desleal e ilegal”.

Taxistas quitan barricada de Policía Municipal y permiten paso de más taxis hacia la comuna. pic.twitter.com/vQITmglmAT

— José Manuel Patzán (@jmpatzan) August 27, 2018

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Las peticiones de los taxistas eran que los vehículos de Uber cumplan con los requisitos de rotulación, cambio de placas, que esas unidades sean sometidas a revisión, que los automóviles que presten ese servicio sean inscritos como taxis y que los pilotos aprueben tres cursos que imparte Emetra.

Los inconformes se reunieron frente a la Municipalidad de Guatemala, en donde permanecieron durante varias horas. De ahí se esperaba que se trasladaran a la sede central del Ministerio Público, en el Barrio Gerona, pero decidieron no hacerlo y algunos se apostaron frente al Aeropuerto Internacional La Aurora, de donde fueron desalojados por la Policía Nacional Civil.