El líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva ganó la jefatura de Estado en Brasil este domingo pero la mayoría de los gobiernos regionales quedaron en manos de candidatos apoyados por el actual mandatario Jair Bolsonaro.

Los aliados del líder ultraderechista gobernarán 13 de los 27 estados de Brasil, entre ellos Sao Paulo, el más poblado y rico del país, mientras que los apoyados por el ahora presidente electo regirán solo 10 regiones.

Cuatro regiones más fueron vencidas por candidatos que no eran apoyados por ninguno de los dos aspirantes presidenciales.

Tarcicio Gomes de Freitas, del partido Republicanos y un amigo cercano de Bolsonaro que lo acompañó casi durante todo su mandato como ministro de Infraestructura se impuso con el 55,31 % de los votos en Sao Paulo, frente al 44,69 % obtenido por Fernando Haddad, candidato por el Partido de los Trabajadores (PT), la formación que lidera Lula.

En la primera vuelta fueron elegidos 15 de los 27 gobernadores del país, de los cuales 9 candidatos apoyados por el líder ultraderechista resultaron vencedores, frente a 6 que tenían el respaldo del exsindicalista.

Ya en el balotaje de este domingo fueron electos los 12 mandatarios regionales que faltaban y, de los cuales 4 aspirantes contaban con el respaldo de Bolsonaro y otros 4, con el del exsindicalista.

Los principales estados del país y también los más poblados -Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro- serán gobernados por aliados del líder ultraderechista.

Por otro lado, Pernambuco (noreste), Sergipe (noreste), Mato Grosso do Sul (oeste) y Rio Grande do Sul (sur), serán los únicos estados gobernados por candidatos que no apoyaban a ninguno de los dos.

Este domingo el exsindicalista fue elegido presidente de Brasil con el 50.8% de los votos, frente al 49.1% de Bolsonaro, en las elecciones más polarizadas de la historia del país.

Lula asumirá por tercera vez el cargo más importante del gigante suramericano tras gobernar a Brasil en dos oportunidades entre 2003 y 2010.

Felicitaciones de Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó esta noche a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales en Brasil, que han sido, dijo, “libres, justas y fiables”.

“Espero que trabajemos juntos para continuar la cooperación de los dos países en los próximos meses y años”, añadió.

(Foto principal: AFP)

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibió este viernes un permiso para salir de prisión.

El exmandatario solicitó autorización para abandonar la cárcel temporalmente por una tragedia familiar: la muerte de uno de sus nietos.

Arthur Aráujo, de 7 años, falleció víctima de meningitis este viernes y será enterrado el sábado en la ciudad de Sao Paulo.

Será la segunda vez que el presidente sale temporalmente de prisión, en la que cumple una sentencia de 12 años de prisión por cargos de corrupción, que él rechaza y que considera que tienen motivación política.

Lula da Silva, de 73 años, fue presidente de Brasil de 2003 a 2010, periodo en el que gozó de una gran popularidad en ese país y otros de América Latina.

Tenía la intención de contender por la presidencia en las elecciones del año pasado, pero quedó impedido por los procesos judiciales que había en su contra.

El mes pasado, un tribunal duplicó su sentencia después de declararle culpable de beneficiarse con trabajos de renovación de una casa construida por una empresa implicada en un escándalo de corrupción.

Permiso concedido

La posibilidad de que prisioneros salgan para participar en el entierro de familiares cercanos -cónyuge, hermanos, padres, hijos y nietos- está prevista en la Ley de Ejecución Penal brasileña.

En enero pasado, un hermano del expresidente falleció, motivo por el cual el político de 73 años había solicitado un permiso para asistir a su funeral.

Sin embargo, el Tribunal Supremo le denegó la petición hasta que el funeral estuvo en marcha.

En el caso de su nieto Arthur Araújo, la decisión fue tomada por la jueza Carolina Lebbos y el gobierno del estado de Paraná dijo que haría los arreglos para el viaje al funeral en Sao Paulo.

La ciudad está a unos 340 km de donde se encuentra recluido Lula da Silva, en la prisión federal de Curitiba, capital de Paraná.

Solo ha salido de ahí en una ocasión para cumplir un procedimiento judicial en noviembre pasado.

La de Lula fue la condena de más alto perfil de una extensa investigación anticorrupción conocida como Operación Lava Jato, calificada por el Departamento de Justicia de EE.UU. como “el mayor caso de soborno extranjero en la historia”.

Sus partidarios han alegado que el político es víctima de persecución política, por lo que su formación política, el izquierdista Partido de los Trabajadores, exige su liberación.

El actual presidente, Jair Bolsonaro, dijo a través de un video en octubre pasado que espera que Lula “se pudra en la cárcel”.

La jueza Michele Camini Mickelberg aceptó la denuncia presentada a finales de noviembre por la Fiscalía, según la cual Lula utilizó su “prestigio internacional” para influir en decisiones del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que beneficiaron al grupo brasileño ARG en ese país africano.

A cambio, según la denuncia, habría recibido un millón de reales (263 mil dólares al cambio actual) “disimulados” como donaciones para el Instituto Lula entre septiembre de 2011 y junio de 2012.

En su decisión, divulgada por la prensa local, la jueza consideró que “hay indicios suficientes” para “el inicio de una causa penal”.

La defensa del expresidente (2003-2010) calificó la acusación de “frívola y desprovista de pruebas” y afirmó que es un nuevo paso en la “persecución que viene siendo practicada” contra él para impedir su vuelta a la política.

En un comunicado difundido tras la denuncia de la Fiscalía, el Instituto Lula negó las acusaciones y aclaró que las todas las donaciones recibidas fueron legales, declaradas y sin contrapartidas.

Preso desde el 7 de abril, Lula cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer constructoras en contratos con la estatal Petrobras.

El expresidente, de 73 años, es investigado en otros cinco procesos ante la justicia brasileña. El icono de la izquierda latinoamericana se declara inocente en todos y víctima de una persecución política y judicial.

BBC News Mundo

Redacción

Por un lado, Haddad tiene el reto de detener el ascenso de Bolsonaro, que ganó la primera vuelta este domingo al obtener 46,03% de los votos válidos, contra 29,28% del candidato de izquierda.

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Para eso, el exalcalde de São Paulo de 55 años debería reunir el apoyo de casi todos los electores que evitaron votar a su rival en la primera vuelta y convencerlos de que él es la mejor opción que le queda a Brasil.

Por otro lado, Haddad representa a un Partido de los Trabajadores (PT) manchado por sucesivos escándalos de corrupción y cuyo líder, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, está preso por ese delito.

Se trata del mayor desafío en la carrera política de este experto en marxismo, que es menos conocido en muchas partes de Brasil que en las selectas aulas de ciencia política de la Universidad de São Paulo (USP), donde enseñó teoría política.

Y tiene apenas tres semanas para intentarlo.

El profesor y las circunstancias

Hijo y nieto de inmigrantes libaneses nacido en un hogar de clase media de São Paulo, Haddad estudió derecho, obtuvo una maestría en economía y un doctorado en filosofía.

Además de ser un respetado profesor en la USP, trabajó en el sistema financiero como analista de inversiones de Unibanco.

“Vivo del salario. Soy profesor universitario, yo y mi esposa, con quien estoy casado hace 30 años. Tengo ética, tengo una historia“, dijo Haddad el jueves en el último debate de candidatos, televisado por la cadena Globo.

Entró a la gestión pública en 2001, con un cargo medio en la alcaldía de São Paulo y luego en ministerios del primer gobierno de Lula.

En 2005 fue designado ministro de Educación, posición que ocupó hasta 2012, ya bajo la presidencia de Dilma Rousseff.

Su ingreso al gabinete de Lula ocurrió durante la primera gran crisis de corrupción del gobierno del PT, el escándalo de compra de votos en el Congreso denominado “Mensalão”.

Según la revista brasileña Piauí, la propia madre de Haddad lo llamó entonces para preguntarle si aceptaría ser ministro en tales circunstancias, y él respondió: “Mamá, si no fuesen estas las circunstancias, nunca me ofrecerían el Ministerio”.

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Del mismo modo, Haddad puede decir hoy que el PT nunca habría lanzado su candidatura menos de un mes antes de la primera vuelta del domingo, si Lula no hubiese visto la suya impedida.

Como ministro, Haddad impulsó proyectos innovadores como el Programa Universidad para Todos (ProUni) que concedió cientos de miles de becas a estudiantes de baja renta.

Eso le sirvió de trampolín para su candidatura a la alcaldía de la mayor ciudad de Sudamérica en 2012. Fue electo pese a que inició la campaña con menos de 3% de intenciones de voto.

Descubrió así algo más: el poder de Lula para transferirle votos al señalarlo como su elegido. Pero en esta elección ese fenómeno parece haber sido mucho más limitado hasta ahora.

“Enorme decepción”

Haddad pasó tiempos difíciles como alcalde de São Paulo.

Un aumento de las tarifas de transporte público en 2013 generó protestas en la ciudad que, tras la violenta represión de la policía, dispararon manifestaciones masivas en todo el país por mejores servicios públicos.

Eso supuso una nueva crisis para el gobierno del PT, ahora bajo la presidencia de Dilma Rousseff, que se agravaría con el escándalo de sobornos del “Lava Jato” en torno a la petrolera Petrobras, y la mayor recesión económica que Brasil recuerde.

Haddad realizó obras en São Paulo como la expansión de ciclovías o carriles exclusivos para autobuses, pero le critican no haber mejorado los servicios de hospitales y guarderías.

Y en 2016 fue derrotado en su intento de ser reelecto alcalde.

Volvió a dedicarse a la docencia hasta que el PT acudió a él para estas elecciones, sin ser la primera alternativa de un partido diezmado por procesos de corrupción y por la caída de Rousseff en un juicio político por manipulación presupuestal.

“Hubo una enorme decepción, hasta un sentimiento de traición diría, en relación al PT cuando se descubrió la dimensión de la corrupción que ocurrió en sus gobiernos, aunque haya sido hecho junto con otros partidos”, dice Monica de Bolle, directora de estudios latinoamericanos en la Universidad Johns Hopkins, a BBC Mundo.

El nuevo reto

Los rivales acusan a Haddad de eludir una crítica clara a los delitos cometidos por altos cuadros de su partido.

“Tienes ahora la oportunidad de mirar al pueblo brasileño y reconocer los errores, y no lo haces”, le espetó Marina Silva, candidata de Rede y exministra de Lula como Haddad, en el debate del jueves.

“Doy entrevistas reconociendo ajustes que se necesitan hacer, errores que se cometieron, pero no voy a tirar al niño con el agua del baño. Yo sé lo que fueron los 12 años del gobierno del PT, sé lo que fue generar 20 millones de empleos”, respondió.

También argumentó que Lula “no puede participar de la elección en función de una decisión arbitraria: fue condenado sin pruebas“.

Dijo eso pese a que el juez Sergio Moro citó pruebas documentales y testimoniales al condenar a Lula, y la pena que le impuso fue ratificada ampliada en segunda instancia a 12 años de prisión.

Más recientemente, el propio Haddad fue denunciado por procuradores que citan a un empresario afirmando que aportó dinero de manera indebida para cubrir deudas de la campaña a la alcaldía de São Paulo, a cambio de beneficios posteriores.

Haddad rechaza las acusaciones.

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Cuando Lula lo eligió para reemplazarlo en esta elección, subió rápidamente en las encuestas. Pero ni siquiera logró reunir hasta ahora el apoyo que el PT alcanzó en elecciones anteriores, incluso en su bastión del noreste de Brasil.

Sin acercarse a las intenciones de votos que tenía Lula de casi 40% según encuestas, Haddad logró su objetivo de pasar a la segunda vuelta para enfrentar a Bolsonaro, al que acusa de promover la “intolerancia” y querer acabar con los “derechos del pueblo”.

Pero todo indica que Haddad deberá ajustar su estrategia hacia el balotaje del 28 de octubre si quiere mantener una chance de éxito, por más difícil que parezca.

El Comité “reclama a Brasil que tome todas las medidas necesarias para asegurar que Lula pueda ejercer mientras está en prisión sus derechos políticos como candidato en la elección presidencial 2018”.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) que fue jefe de Estado en dos ocasiones (2003-2010) y cumple una sentencia de 12 años por corrupción, actualmente es el favorito en los sondeos para las elecciones de octubre.

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El Comité dijo que Lula no puede ser excluido como candidato “hasta que sus apelaciones ante los tribunales hayan completado los trámites judiciales justos”.

El Comité con sede en Ginebra se encarga de supervisar violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como un texto suplementario llamado Protocolo Facultativo.

13 candidatos buscan la presidencia

Debido a que Brasil ha ratificado ambos textos, está técnicamente obligado a cumplir con las conclusiones del Comité.

Un miembro del Comité, Olivier de Frouville, declaró a la AFP que los abogados de Lula habían pedido una acción urgente en tres asuntos: que sea inmediatamente puesto en libertad, que se le concediera acceso a los medios y a su partido político, y que se le permita participar en las elecciones.

El panel rechazó la primera de las peticiones pero validó las otras dos.

En la cárcel

A los 71 años el expresidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva fue condenado a 9 años y seis meses de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. La condena fue emitida por el juez federal Sérgio Moro, quien tiene a su cargo la investigación del Lava Jato.

Estos serán los primeros comicios presidenciales y legislativos que se realizarán con la nueva ley que prohíbe aportes empresariales. La normativa fue adoptada tras las revelaciones de la Operación Lava Jato sobre sobornos pagados por constructoras a políticos para obtener contratos en la empresa estatal Petrobras.

Los gastos autorizados para cada campaña presidencial se limitan a 70 millones de reales (unos 18 millones de dólares).

Los más ricos

En caso de que los fondos oficiales distribuidos por partido no alcancen, los candidatos podrán completar la suma echando mano a su propio bolsillo.

Así, según medios de prensa, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB, centro-derecha) del presidente saliente Michel Temer escogió como candidato al exministro de Hacienda Henrique Meirelles con la idea de destinar la mayor parte de los recursos oficiales a las campañas legislativas, dejando que el expresidente mundial del BankBoston asuma gran parte de los gastos de su propia campaña.

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Meirelles, con apenas el 1% de intención de voto, es el segundo candidato más rico. Sus bienes declarados ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) suman 377,5 millones de reales (96 millones de dólares, a una tasa de cambio de 1 dólar = 3,9 reales), mayormente en acciones y colocaciones financieras, así como en propiedades inmobiliarias (21,8 millones de reales), joyas, obras de arte y antigüedades (917.287 reales).

El más rico de los trece es otro exbanquero, Joao Amoedo, del Partido Novo (derecha), con una fortuna de 425 millones de reales (más de la mitad en aplicaciones de renta fija), y con una intención de voto que también ronda el 1%.

Lula, ahorrista de un fondo de pensión

Los bienes del expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), favorito en los sondeos pese a purgar una pena de 12 años de cárcel por corrupción, se elevan a 7,98 millones de reales, mayoritariamente (6,3 millones) colocados en un fondo privado de pensiones con seguro de vida.

Lula, cuya candidatura debería ser impugnada a causa de su situación judicial, tiene también un terreno evaluado en 530.000 reales y dos vehículos con un valor total estimado de 266.950 reales.

El ultraderechista Jair Bolsonaro, primero en las intenciones de voto sin Lula, declaró bienes por 2,286 millones de reales, incluyendo cuatro viviendas que suman 1,4 millones.

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El exgobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin (PSDB, centroderecha) declaró 1,379 millones de reales, mayoritariamente en bienes raíces; algo menos que los 1,695 millones de reales (igualmente con fuerte participación de propiedades inmobiliarias) del centroizqueirdista Ciro Gomes.

La ecologista Marina Silva (segunda colocada en las elecciones sin Lula) declaró 118.835 reales (casi en su totalidad en dos apartamentos) y el izquierdista Guilherme Boulos (PSOL) dijo tener como único bien un automóvil evaluado en 15.416 reales.

Canales de financiación oficial

La financiación oficial de las campañas se realizará por tres canales:

– Un Fondo especial de Financiación de campaña (FEFC), de 1.716 millones de reales (44.000 millones de dólares), a ser distribuidos en función del tamaño de las bancadas de cada partido en las dos cámaras del Congreso.

– El Fondo Partidario, constituido con multas, recursos presupuestarios y donaciones, busca asegurar los gastos de funcionamiento de los partidos. Se repartirá en un 95% según la proporción de diputados de cada bancada en las elecciones anteriores y un 5% entre todas las siglas.

– Donaciones individuales: limitadas al 10% de los ingresos brutos del año anterior, con un máximo equivalente al de diez salarios mínimos (un salario mínimo es 954 reales).

El ‘timing’ era perfecto: dos días después de la eliminación de la Seleçao en la Copa del Mundo, los brasileños ya no estaban con la mente obnubilada por el fútbol y la política podía retomar sus derechos.

Y la defensa de Lula eligió precisamente el fin de semana en el que un juez supuestamente favorable a sus intereses estaba de guardia para presentar el enésimo pedido de Habeas Corpus a través de tres diputados del Partido de los Trabajadores (PT).

El expresidente (2003-2010), que purga desde hace tres meses una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción, encabeza las intenciones de voto para las elecciones presidenciales de octubre a pesar de que su candidatura tiene grandes chances de ser invalidada por la justicia electoral.

El domingo por la mañana, sin que nadie lo esperara, la noticia estalló como una bomba: el juez Rogerio Favreto, de la corte de apelaciones TRF4 de Porto Alegre (sur), ordenó liberar al ícono de la izquierda.

La prensa brasileña no pasó por alto que el magistrado fue miembro del PT durante cerca de 20 años y que trabajó en varias ocasiones como consejero del gobierno de Lula.

En un guión digno de telenovela, empezó un pulso de órdenes y contraórdenes entre Favreto y los jueces y fiscales que se oponen a la liberación de Lula.

Para poner fin a toda esa confusión, el presidente del TRF4 acabó decidiendo en la noche que Lula permanecería entre rejas.

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Para los seguidores del exobrero metalúrgico, el entusiasmo pasó rápidamente a la cólera.

“¡Qué vergüenza para el sistema judicial brasileño! Vale todo para perjudicar a Lula y, en consecuencia, a la democracia y al pueblo brasileño”, dijo la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.

“Decisión política”

Para numerosos juristas, la verdadera víctima de todo este enredo es el propio sistema judicial brasileño, cuya credibilidad quedó fuertemente en entredicho.

“La población brasileña no debería pagar el coste de la desmoralización de la justicia por una estrategia del PT”, dijo a la AFP Ivar Hartmann, profesor de derecho en la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Rio de Janeiro.

La realidad es que Lula, sin salir de la prisión, volvió a centrar todos los focos del gigante latinoamericano.

Según el grupo de análisis Eurasia Group, el ruido alrededor de la situación legal del exmandatario, de 72 años, “refuerza la capacidad del PT de propagar la narrativa de la ‘persecución política’ y aumenta las posibilidades de ese partido de llegar al segundo turno” en las elecciones.

La confusión en torno a la posible liberación de Lula “tiene un impacto sobre la campaña y deja más incierto un escenario electoral sujeto a intervenciones inesperadas de la justicia”, señaló el periódico económico Valor.

Muchos otros candidatos no esperaron a manifestarse.

El diputado de extrema derecha Jair Bolsonaro, que lidera las intenciones de voto si Lula fuera impedido de presentarse, remarcó en un vídeo publicado en las redes sociales que la decisión del juez Favreto fue antes que nada política.

“En Brasil, la ideología es peor que la corrupción”, denunció.

“Mantener a Lula o a cualquier otro ciudadano en prisión no puede ser una decisión política”, comentó, de su lado, el candidato de centroderecha Geraldo Alckmin en Twitter.

La exministra ecologista Marina Silva, que segunda en las encuestas sin Lula, lamentó en un comunicado que el juez Favreto hubiese “provocado turbulencias políticas que ponen en duda la autoridad de las decisiones judiciales”.

Para el analista Ivar Hartmann, el hecho de insistir en la persecución de Lula no es necesariamente la mejor estrategia a menos de tres meses de las elecciones.

“Predicaron sobre todo para los convencidos. No creo que los indecisos fueran convencidos por esta estrategia”, concluyó.

– 09H05 (12H05 GMT): El juez de guardia Rogério Favreto, del tribunal de segunda instancia de la 4ª Región (TRF4), con sede en Porto Alegre, ordena liberar a Lula, acogiendo un pedido de habeas corpus planteado por la defensa del expresidente.

– 12H05 (15H05 GMT): El juez anticorrupción de primera instancia Sérgio Moro, que condenó a Lula en primera instancia, afirma que Favreto carece de competencias para ordenar la liberación de Lula.

– 12H24: Favreto emite una nueva orden de liberar al líder de la izquierda, a la cabeza de los sondeos para las elecciones de octubre.

– 13H01: El Ministerio Público Federal (MPF) cuestiona, al igual que Moro, la competencia del juez de guardia y pide reconsiderar la decisión.

– 14H13: El juez Joao Pedro Gebran Neto, relator del juicio de Lula en el TRF4, anula la orden de liberación emitida por Favreto.

– 15H20: El juez Moro informa que aunque está de vacaciones hasta el 31 de julio, emitió su parecer al haber sido citado en el pedido de habeas corpus. Esa aclaración fue divulgada después de que su intervención fuera cuestionada por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

– 16H04: Favreto no se da por vencido y ordena liberar a Lula de inmediato: “Reitero el contenido de las decisiones anteriores, determinando el inmediato cumplimiento de la medida de liberación en el plazo máximo de una hora”, escribe.

A las 18H30, Lula seguía preso en Curitiba

“Determino que la autoridad coautora” de la orden y la Policía Federal “se abstengan de practicar cualquier acto que modifique la decisión colegiada” del tribunal, escribió en su despacho el juez Joao Pedro Gebran Neto, encargado de la operación anticorrupción Lava Jato en el tribunal TRF4 de Porto Alegre (sur).

Previamente, el juez de guardia de esa corte de apelaciones había expedido la orden para liberar a Lula, de 72 años, que desde el 7 de abril cumple una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero en la sede de la Policía Federal de Curitiba (sur).

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Esa orden, que tomó por sorpresa a todo el mundo, estipulaba que la liberación de Lula debía tener lugar en “régimen de urgencia, en el día de hoy”.

La decisión del juez de guardia Rogério Favreto del TRF4, la corte de apelaciones que aumentó de nueve años y medio a 12 años y un mes la pena de cárcel para el expresidente (2003-2010), aceptaba una demanda de Habeas Corpus presentada el viernes por varios diputados del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).

Y argumentaba que su encarcelamiento, “ilegal e inconstitucional”, no podía restringir los derechos políticos ni los “actos inherentes a la condición de precandidato” de Lula.

Inmediatamente después de esa orden, y pese a estar oficialmente de vacaciones, el juez de primera instancia Sergio Moro, el que condenó a Lula en julio de 2017, afirmó que Favreto carecía de competencia para ordenar la liberación y pidió formalmente al juez Joao Pedro Gebran Neto, “el relator natural del caso”, que tomara cartas en el asunto para “revocar” la medida.

“El juez federal de guardia, con todo el respeto, es una autoridad absolutamente incompetente para sobreponerse a la decisión del colegiado” del TRF4 y también “del plenario del Supremo Tribunal Federal”, que ya negó la liberación de Lula recientemente, adujo Moro en su despacho.

La Fiscalía General también pidió a la corte de apelaciones suspender la concesión del Habeas Corpus por considerar que el juez Favreto no tiene competencia para liberar a Lula y que no hubo ningún acto “ilegal” en la orden de prisión decretada por Moro.

“¡Lula libre!”

“¡Lula libre ahora!” se podía leer en la cuenta de Twitter del exmandatario poco después de que se publicara la orden de liberación.

Los mensajes de júbilo de figuras destacadas del PT pasaron a ser de descalificación de los jueces una vez suspendida la orden.

“Gebran, el relator de vacaciones, que no está de guardia y por tanto no tiene autoridad para determinar cualquier acción judicial, en colusión con la Policía Federal, quiere mantener a Lula preso. ¡Rotas las garantías constitucionales y de derecho! ¡Todos a Curitiba, todos a las calles!”, proclamó en Twitter la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, en Twitter.

“La decisión judicial precisa ser obedecida, aunque contraríe la posición del juez federal de Paraná (Sergio Moro) que oficialmente está de vacaciones y no podría manifestarse”, dijo, de su lado, la expresidenta Dilma Rousseff, destituida en 2016.

Unos 500 manifestantes se concentraron con banderas de “Lula libre” a las puertas de la sede policial en Curitiba, observó un fotógrafo de la AFP.

Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista ofrecido por la constructora OAS, a cambio de mediaciones para obtener contratos en Petrobras.

El expresidente, imputado en otros seis casos, niega que ese apartamento sea suyo y considera su condena parte de un complot de las élites para que no pueda volver al poder.

Aunque hubiera sido liberado, la candidatura de Lula debería ser invalidada por el tribunal electoral al estar condenado en segunda instancia, según la ley brasileña.

Lula lidera todas las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre, con un tercio de las intenciones de voto.

© Agence France-Presse

Un juez de Brasil ordenó la liberación inmediata del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien fue recluido en abril por cargos de corrupción.

El juez Rogerio Favreto, del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, concedió un “habeas corpus” solicitado por el Partido de los Trabajadores y ordenó que Lula da Silva salga de la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde cumple una condena de 12 años.

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Además, el juez Favretó argumentó que al estar privado de la libertad a Lula se le está impidiendo ejercer sus derechos como precandidato a la presidencia de Brasil en las elecciones que tendrán lugar en octubre.

Aunque Lula da Silva estará inhabilitado para estos comicios, lidera la mayoría de las encuestas.

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Por su parte, el juez Sérgio Moro, quien llevó el caso por corrupción contra el expresidente, cuestionó la decisión del juez Favreto, pues según él, carece de autoridad para ordenar la libertad de Lula.

Según la Justica brasileña, Lula es culpable de recibir un apartamento en la costa de São Paulo por parte de la constructora OAS, como retribución por favorecer con contratos a la petrolera estatal Petrobras.

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