Si bien las autoridades han indicado que las fuerzas de seguridad retomaron el control de los edificios de la Presidencia, el Congreso y el Poder Judicial en Brasilia, la crisis que estalló el domingo está lejos de concluir.

Apenas una semana después de ser investido en el cargo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó la intervención federal para asumir la seguridad en el Distrito Federal y sostuvo que habrá un “castigo ejemplar” a los responsables.

Lula se encontraba en São Paulo cuando ocurrió la invasión y regresó a Brasilia en la misma noche del domingo. La policía informó que unas 300 personas fueron detenidas.

Gobiernos del continente y otras regiones del mundo condenaron el ataque a la democracia brasileña por parte de extremistas que sostienen, sin prueba alguna, que la elección de Lula fue fraudulenta.

Repasamos las claves para entender lo que ocurrió y las interrogantes que han quedado planteadas:

¿Cómo se produjeron y organizaron los ataques?

Los atacantes partieron desde las inmediaciones del Cuartel General del Ejército, donde se concentraban bolsonaristas que piden una intervención militar tras el triunfo de Lula, y avanzaron unos ocho kilómetros hasta la plaza de los Tres Poderes en Brasilia para invadir los principales edificios de la República.

Vestidos con los colores de la bandera nacional, los miles de simpatizantes de Bolsonaro superaron las barreras de la policía e irrumpieron en las sedes del Legislativo, el Poder Judicial y la Presidencia, en unas escenas similares a la invasión del Capitolio de EE.UU. hace dos años.

Todo indica que esta estuvo lejos de ser una acción espontánea y una de las preguntas que han surgido es cómo se organizó el asalto.

Decenas de autobuses con participantes en el ataque habían llegado en las horas previas desde otros puntos de Brasil a la capital para engrosar el campamento bolsonarista.

El ministro de Justicia, Flávio Dino, sostuvo que han sido identificados 40 de esos autobuses y quiénes los financiaron.

Aseguró que a partir de este lunes el objetivo será seguir el rastro del dinero para identificar a los coautores.

Esto es algo que reclaman desde políticos hasta organizaciones de derechos humanos.

“La policía y el ministerio público precisan investigar inmediatamente no sólo aquellos que cometieron actos de violencia el 8 de enero, sino también aquellos que los iniciaron y financiaron”, sostuvo Maria Laura Canineu, directora de Brasil de la organización internacional Human Rights Watch.

También se han conocido convocatorias de grupos bolsonaristas por aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram para la “toma” de Brasilia el fin de semana.

“Es un nivel de organización fuerte”, dice Cristiano Noronha, analista de la consultora política Arko Advice con sede en Brasilia, a BBC Mundo.

¿Por qué falló la seguridad?

La facilidad con que los atacantes avanzaron hasta las sedes del poder en Brasilia e ingresaron en ellas levantó de inmediato interrogantes sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

Después de todo, existían desde antes advertencias de que la aspiración de muchos bolsonaristas radicales era repetir un ataque como el que realizaron seguidores del entonces presidente estadounidense Donald Trump en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Medios brasileños han divulgado videos que muestran pasividad de policías militares de la capital frente a los atacantes, incluso conversando distendidamente con ellos.

Quien estaba a cargo de la seguridad del Distrito Federal era Anderson Torres, un exministro de Justicia de Bolsonaro que fue destituido por el gobernador y cuya detención fue reclamada por la abogacía del gobierno.

Pero también han surgido cuestionamientos a la actuación o pasividad de otras entidades como la Policía Federal de Carreteras, el Ejército o el Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia.

Un desafío clave que expertos asignaban a Lula desde antes de iniciar su mandato es revertir la politización que hubo en las fuerzas de seguridad brasileñas bajo el gobierno de Bolsonaro, un excapitán del Ejército.

“Ese es el problema”, afirma Vera Chaia, profesora de ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.

“Lo que se está hablando es que debe ocurrir un proceso de acabar con la interferencia de Bolsonaro en las fuerzas militares“, dice Chaia a BBC Mundo.

¿Cómo respondió Lula?

Lula responsabilizó a su predecesor del ataque y dijo que hubo “incompetencia, mala voluntad o mala fe” de las fuerzas de seguridad del Distrito Federal, que dependían del gobernador local Ibaneis Rocha, separado del cargo por la Justicia el mismo domingo.

El presidente citó imágenes en que los policías “están guiando a las personas en la caminata hasta la plaza de los Tres Poderes”.

El mandatario prometió castigar con dureza a las personas que protagonizaron el asalto y les calificó de “nazis y fascistas” que representan “todo lo que es abominable” en política.

Lula viajó hasta la capital desde el Estado de Sao Paulo, en el que se encontraba de visita de trabajo, y revisó los daños ocasionados por los simpatizantes de Bolsonaro a las sedes de los tres poderes.

“Democracia siempre, buenas noches”, señaló en un tuit publicado a última hora de la noche del domingo junto a una foto de un encuentro con otras autoridades.

Estive agora à noite no Palácio do Planalto e no STF. Os golpistas que promoveram a destruição do patrimônio público em Brasília estão sendo identificados e serão punidos. Amanhã retomamos os trabalhos no Palácio do Planalto. Democracia sempre. Boa noite.

: @ricardostuckert pic.twitter.com/qkyVZHQQdz

— Lula (@LulaOficial) January 9, 2023

¿Qué dijo Bolsonaro y cómo le afectará lo ocurrido?

Tras el asalto en Brasilia, el expresidente Bolsonaro se manifestó mediante tuits y sostuvo que las depredaciones e invasiones de edificios públicos “escapan a la regla” de la democracia.

También aseguró que durante su gobierno cumplió con la Constitución. Y repudió las acusaciones de Lula de que estimuló los ataques de sus seguidores, afirmando que carecían de “pruebas”.

Bolsonaro está en Florida, EE.UU., desde antes del cambio de mando en Brasil y ha evitado reconocer de forma explícita el triunfo de Lula luego de sembrar durante meses dudas sobre la fiabilidad del sistema electoral de su país.

El expresidente ya enfrenta varias denuncias en Brasil que podrían pasar a la justicia ordinaria ahora que perdió los fueros privilegiados y una pregunta es cómo lo impactarán los actos vandálicos de sus seguidores.

“Esa invasión y destrucción de edificios públicos obviamente que no tiene respaldo institucional y debilita a Bolsonaro hasta como líder de la oposición”, dice Noronha.

De hecho, algunos aliados de Bolsonaro y representantes de diversos partidos políticos criticaron el asalto del domingo con más elocuencia que el propio expresidente.

¿Qué pasará ahora con los bolsonaristas radicales?

Muchos de los participantes del asalto en Brasilia regresaron al campamento frente al Cuartel General del Ejército en la misma noche del domingo.

Y otros bolsonaristas radicales bloquearon carreteras en cuatro estados de Brasil.

Pero también hay dudas sobre lo que ocurrirá con estos grupos movilizados.

El ministro del Supremo Tribunal brasileño Alexandre de Moraes ordenó que la policía militar desocupe los campamentos próximos a cuarteles y detenga a sus participantes.

Los arrestos podrían imprimir un nuevo giro a la crisis.

“A medida que las personas van siendo presas, eso puede eventualmente aumentar el nivel de tensión”, señala Noronha.

¿Cómo afecta esto al gobierno de Lula?

Los hechos del domingo marcaron la primera crisis significativa para el flamante gobierno de Lula. Y la forma como la resuelva lo podría afectar de forma negativa o positiva.

El presidente izquierdista admitió el domingo que quizás se cometieron errores dentro de su propia administración.

“Si hubo omisión de alguien del gobierno federal que facilitó eso, también será castigado“, aseguró Lula.

Por tratarse de invasiones a edificios federales y del propio lugar de trabajo del presidente, dice Noronha, el gobierno debería haber recibido información de inteligencia.

Si el gobierno actuó con tibieza frente a sus opositores radicales, podría pagar un costo político.

Pero otros creen que para Lula también pudo haberse abierto la oportunidad de actuar con eficacia con otros partidos y poderes del Estado contra el desafío extremista.

“Esto fortalece la visión de un frente amplio y un apoyo mayor que el gobierno tiene que tener para combatir a ese grupo más radical”, sostiene Chaia.

Foto principal: GETTY IMAGES

Tres años, un mes y 24 días después de salir de la cárcel por una condena de corrupción que parecía apagar su brillo político y resultó anulada, Luiz Inácio Lula da Silva vuelve a asumir la presidencia de Brasil este domingo 1 de enero de 2023.

Se trata de un retorno al poder que él mismo ha definido como “un proceso de resurrección” política.

“Intentaron enterrarme vivo y ahora estoy aquí para gobernar el país”, dijo el líder izquierdista el 30 de octubre al derrotar por estrecho margen de votos al mandatario saliente de ultraderecha, Jair Bolsonaro.

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Otrora un joven tímido y desinteresado en la política, Lula retoma ahora, con 77 años, la presidencia que ejerció en dos mandatos consecutivos entre 2003 y 2010, confirmándose como el líder más popular e influyente del siglo del mayor país de América Latina, pese a los escándalos que mancharon sus gobiernos.

“Lula es un fenómeno político y electoral que debería ser de gran interés para el mundo”, señala John French, profesor de historia en la universidad estadounidense de Duke y autor de una biografía sobre Lula.

“No hay ninguna razón para esperar que una persona de su origen llegara a donde llegó. Y cada etapa de su vida ha sido una sorpresa”, le dice French a BBC Mundo.

La primera liberación

Nacido el 27 de octubre de 1945 en Pernambuco, estado del noreste pobre de Brasil, Luiz Inázio fue el séptimo de ocho hijos de un matrimonio de agricultores analfabetos.

Su infancia fue compleja.

Su papá los abandonó poco antes de que él naciera, para trabajar como estibador en Santos, en el estado de São Paulo, donde formó otra familia con una prima de su esposa.

Lula lo conoció recién a los 5 años, cuando regresó a visitarlos brevemente.

Un par de años después —luego de que uno de sus hermanos mayores escribiera una carta haciéndose pasar por el padre para pedir que se reunieran con él—, la madre de Lula, “doña Lindu”, partió al sur con sus hijos.

Pero no duró mucho, y la familia original del patriarca migró otra vez, ahora a la gran ciudad de São Paulo.

Lula ha dicho que la separación de sus padres “en el fondo fue una gran liberación” para él, porque el papá era agresivo y contrario a la educación de sus hijos.

Soy “tornero mecánico”

Entre su niñez y adolescencia, Lula fue vendedor callejero, lustrador de zapatos, repartidor de una tintorería y ayudante de oficina.

Dejó la escuela a los 14 años y antes de los 20 se formó y trabajó en tornería mecánica, algo que con los años él mismo convirtió en una seña de identidad.

“Si me preguntan si soy de izquierda o derecha, voy a responderles: soy tornero mecánico de profesión, católico por opción religiosa y corinthiano (entusiasta del club Corinthians Paulista) por opción futbolística”, respondió en 2006, siendo presidente, cuando un periodista le preguntó sobre su ideología y eludió con astucia una definición más clara.

Una marca de su pasado obrero es visible hasta hoy: la falta del dedo meñique en su mano izquierda. Lo perdió tras un accidente laboral, cuando intentaba reparar una prensa averiada en una metalúrgica de São Paulo en 1964.

Aquellos años de penurias, sacrificios y búsqueda de oportunidades, que Lula suele evocar hasta hoy en sus discursos, le han permitido sintonizar mejor que otros políticos con los votantes de bajos recursos y escolaridad.

“Lula conoce mucho la cultura, los jeitos (costumbres) del pueblo brasileño. Y la política es también el arte de la comunicación: ese es su fuerte“, le dice a BBC Mundo el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, quien tiene una relación estrecha con Da Silva.

“Una escuela de política”

Según ha contado el propio Lula, su verdadera pasión de adolescencia y juventud fue el fútbol: jugarlo y seguirlo por las noticias. La política no le interesaba mayormente.

Eso comenzó a cambiar en 1969, cuando fue electo dirigente del sindicato de metalúrgicos de São Bernardo do Campo, un municipio obrero e industrial de São Paulo.

Da Silva entró a la vida sindical llevado por un hermano comunista y contra la opinión de su primera esposa, Maria de Lourdes, quien murió trágicamente en 1971, poco después de un año de matrimonio, por una hepatitis contraída durante su séptimo mes de embarazo.

El niño que esperaba también falleció.

Esa fatalidad dejó una huella duradera en él, quien en su momento afirmó sospechar de falta de cuidado médico.

Tras recuperarse de una depresión de meses, Lula tuvo una primera hija con una enfermera con la que nunca se casó. Y en 1974 contrajo matrimonio con Marisa Letícia, con quien tuvo tres hijos más.

Cada vez le dedicaba más tiempo a la actividad gremial y en 1975 fue elegido presidente de su sindicato, señal de un liderazgo en ascenso. Encabezó las grandes huelgas obreras organizadas a fines de esa década en la región industrial paulista, inesperadas en un Brasil bajo régimen militar (1964-1985).

A comienzos de 1980 fue encarcelado junto a otros dirigentes sindicales sin mandato judicial. Pasó 31 días en una celda del Departamento de Orden Político y Social (DOPS) del gobierno militar.

Ese mismo año, se volcó de lleno a la política y fundó junto a otros sindicalistas, activistas sociales y católicos de izquierda el Partido de los Trabajadores (PT).

El PT ha sido hasta hoy una organización de izquierda sin ideología única, que forjó relaciones con distintos movimientos izquierdistas de América Latina, desde más radicales hasta más moderados.

Mientras, la popularidad de Lula seguía creciendo.

Fue una figura central del movimiento que exigió el retorno de la democracia en Brasil. En 1986, lo eligieron diputado y luego de ser derrotado tres veces como candidato presidencial, en 2002 hizo historia al convertirse en el primer exobrero en alcanzar la cima del poder en su país.

French, su biógrafo, sostiene que aquellos años de sindicalista fueron “una escuela de política” que definieron el estilo de liderazgo de Lula, basado en “crear espacios de convergencia entre la diferencia”.

“En otras palabras, la idea de no dejarse capturar por ningún grupo, sino manejar las cosas en una relación de apertura con todos”, explica. “Eso permite ampliar tu potencial de acción”.

Mujica afirma que “Lula nunca dejó de ser un dirigente sindical, un deshacedor de entuertos”.

“No es un radical; es un negociador nato”, dice. “Un luchador nato, de esos que la derrota parece que los fortifica”.

Fama global

Su último éxito electoral en octubre se debió en buena medida al dulce recuerdo que tienen muchos brasileños de los años en que fue presidente, que contrastan con las duras crisis que siguieron.

Brasil vivió durante los gobiernos de Lula una bonanza económica impulsada por los altos precios de las materias primas. Millones de personas salieron de la pobreza y ascendieron a la clase media con programas asistenciales y educativos del Estado.

En 2011, Lula dejó la presidencia con un índice de aprobación superior al 80%.

Medios extranjeros lo destacaron como la personalidad del momento. Fue un referente para la izquierda latinoamericana, considerado más apegado a las reglas de la democracia liberal que líderes “bolivarianos” como el entonces presidente venezolano Hugo Chávez.

Universidades alrededor del mundo lo distinguieron como doctor honoris causa y el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, lo definió como “el político más popular del mundo”.

Dejó un Brasil emergente, que había descubierto grandes reservas de petróleo y fue elegido para albergar el Mundial de fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016 durante la presidencia de su sucesora y correligionaria del PT, Dilma Roussef.

Un legado inconcluso

Sin embargo, los gobiernos de Lula también son criticados por impulsar costosos proyectos públicos de dudosa viabilidad y recordados por grandes escándalos de corrupción.

El primero fue el mensalão o gran mensualidad, surgido en 2005: un esquema secreto de compra de votos en el Congreso que acabó con la condena de colaboradores cercanos de Lula y puso en riesgo su reelección.

Luego, ya en el gobierno de Rousseff y en medio de una creciente debacle económica, explotó el Lava Jato, un caso de sobornos por contratos multimillonarios de la petrolera estatal Petrobras con empresas constructoras, considerado el mayor escándalo de corrupción en América Latina.

En el marco de este caso, Lula fue acusado de recibir favores de constructoras privadas y condenado a prisión en 2018 por corrupción pasiva y lavado de dinero, en una megacausa conducida por el entonces juez Sérgio Moro.

Por segunda vez en su vida, Lula volvió a la cárcel, asegurando que era inocente.

En un mensaje grabado habló de “la honra del niño que cruzó el país para vencer el hambre y se volvió lustrabotas; del adolescente que se volvió un joven obrero; del hombre que se volvió padre y luchó con todas sus fuerzas para representar al pueblo brasileño”.

La condena le impidió postularse a las elecciones presidenciales de 2018, cuando encabezaba las encuestas tras la destitución de Rousseff en un juicio político en medio de una colosal crisis económica y política.

Bolsonaro ganó esos comicios y poco después designó a Moro como su ministro de Justicia.

Lula pasó 19 meses preso y fue liberado por el Supremo Tribunal Federal, que en 2021 anuló sus condenas por errores en los procesos y falta de imparcialidad de Moro.

Sus críticos sostienen que ese desenlace nunca fue una demostración de su inocencia. Él, en cambio, afirma que jamás tuvo conocimiento de la corrupción y que fue perseguido judicialmente por motivos políticos.

Lula, que sobrevivió a un cáncer de laringe en 2011, envuidó de Marisa Letícia en 2017 y se volvió a casar en mayo pasado con Rosângela da Silva, una socióloga de 56 años también conocida como “Janja”.

En su última campaña, destacó con voz ronca sus logros como gobernante e hizo poca autocrítica.

Brasil hoy parece desolado tras una pandemia de covid que ha matado más de 690.000 personas y fue desestimada por Bolsonaro, una recesión que volvió a sumergir a millones en la pobreza, un gasto fiscal disparado y una polarización política inquietante.

Los expertos creen que Lula enfrentará en su nuevo gobierno que se inicia este primer día de 2023 retos todavía mayores que los que tenía cuando llegó al poder por primera vez hace 20 años.

“El desafío de Lula es proponer políticas que sean sustentables y de hecho puedan cambiar este escenario, tanto desde el punto de vista macroeconómico como social”, apunta Magna Inácio, profesora de ciencia política en la Universidad Federal de Minas Gerais.

Y agrega que evitar nuevos escándalos de corrupción también será un reto vital del nuevo presidente.

“Desde el punto de vista de sobrevivencia del propio gobierno, esa es una cuestión muy sensible”, le dice Inácio a BBC Mundo. “Esperamos que sea un aprendizaje para el PT y que tenga estrategias más eficientes para lidiar con esos riesgos”.

Todo indica que el capítulo que marcará el legado final de Lula recién empieza a escribirse.

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“Ningún brasileño pasará hambre”, fue una de las consignas que marcó gran parte de los dos gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

Fueron ocho años en que no solo salieron de la pobreza cerca de 30 millones de personas, sino que también surgió la llamada “nueva clase media” en los brazos de una bonanza económica que generó empleos y ubicó al país entre las economías emergentes de mayor crecimiento.

Y este domingo, al ganar las elecciones por un estrecho margen sobre Jair Bolsonaro, volvió a repetirlo.

“El compromiso más urgente es acabar con el hambre”, dijo 12 años después de dejar el cargo.

“Brasil vivió la mayor transformación social que hemos visto hasta ahora”, dice Mónica de Bolle, investigadora senior del Peterson Institute for International Economics (PIIE), en Washington, DC, refiriéndose a la movilidad social que experimentó el país en esa época.

Según el Banco Mundial, entre 2001 y 2011, el PIB per cápita de Brasil (la suma de toda la riqueza producida en el país, dividida por el número de habitantes) creció un 32%, mientras que la desigualdad disminuyó un 9,4% y el porcentaje de personas en situación de pobreza y pobreza extrema se redujo a la mitad.

Si bien una parte de esos logros es atribuida por expertos a las políticas económicas iniciadas por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, predecesor de Lula, al presidente electo se le reconoce la habilidad de haber sacado adelante su agenda social con apertura a los mercados y responsabilidad fiscal, aprovechando los beneficios del boom de los commodities y aplacando los temores de los inversores cuando vieron que un socialista llegaba al poder.

Criticado por el aumento de la violencia y el narcotráfico cuando estuvo en el poder, y caído en desgracia luego que se destapara el escándalo de corrupción Lava Jato que lo llevó a la cárcel por 19 meses y por el cual aún tiene causas pendientes, Lula terminó su mandato con un porcentaje de aprobación de 82%.

Fuera de sus fronteras, analistas consideran que el exmandatario fue hábil a la hora de manejar las relaciones con países tan antagónicos como Venezuela o EE.UU. y al interior del

G20 (el grupo que reúne a las mayores economías del mundo), pese a las duras críticas que recibió por sus vínculos con Irán.

Doce años después de su salida, sin embargo, el mundo ha cambiado vertiginosamente y el contexto internacional que le tocará navegar es muy distinto al del inicio de los 2000, como también es distinto el Brasil que gobernará cuando llegue una vez más a Planalto en enero de 2023.

La lucha contra la pobreza y el crecimiento económico

Cuando el exlíder sindical y uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT) llegó al poder en 2003, la situación fiscal era compleja.

Con el empuje del fuerte crecimiento económico que experimentó el país de la mano del boom de los commodities, el gobierno de Lula tuvo a su disposición los recursos necesarios para financiar y expandir programas sociales como los emblemáticos Bolsa Familia o Hambre Cero.

“Bolsa Familia fue casi una revolución social en Brasil”, explica el investigador asociado del Consejo de Análisis de Políticas Públicas de la Fundação Getúlio Vargas (DAPP-FGV) y periodista, Thomas Traumann.

Las familias recibían una ayuda económica, cuenta, que era entregada directamente a las mujeres, una fórmula que también se aplicó en otros programas de entrega de viviendas o tierras, las cuales quedaban inscritas a nombre de las mujeres, algo considerado por el analista como un punto clave del éxito de esas iniciativas.

Un éxito de los programas sociales que otros analistas como Bruna Santos, asesora senior del Instituto Brasil del Centro de Estudios Wilson Center, considera como la continuidad de las políticas creadas por el expresidente Fernando Henrique Cardoso.

Un programa como Bolsa Familia “no sucede de la noche a la mañana”, argumenta, si no que es más bien el resultado de “innovaciones incrementales” que se venían gestando antes de su llegada al poder.

En los años previos, explica, ya se había creado una red de bienestar social con programas de apoyo económico a la agricultura familiar, la jubilación de las poblaciones rurales, subsidios al gas, asignaciones alimentarias y otras iniciativas que fueron el origen de las políticas que más tarde implementaría Lula.

Lo que cambió, dice Santos, es que se unificaron muchos de aquellos programas en uno solo: Bolsa Familia. Y esto ocurrió en un momento de gran flujo de capitales hacia el país que le ayudaron a gobernar “en abundancia de recursos y popularidad”.

Algo que destacan varios expertos es que el exobrero metalúrgico nacido en el seno de una familia analfabeta fue hábil en la elección de sus colaboradores.

“Lula logró hacer una buena mezcla”, apunta Traumann, con economistas más ortodoxos por un lado, y un equipo técnicamente calificado para estar a cargo de los programas sociales, que constantemente enfrentaban sus puntos de vista sobre cómo manejar las políticas gubernamentales.

Otra cosa importante que ocurrió en aquellos años es que el gobierno, además de controlar la inflación y la deuda, aumentó las reservas internacionales del país, una medida que le permitió enfrentar de mejor manera la crisis financiera de 2008, además de ganarse la confianza del sector empresarial y financiero al demostrar que estaba comprometido con la macroestabilidad económica.

En lo que coinciden los economistas de distintas tendencias es que a Lula le tocó un buen momento para dirigir el país.

Robert Wood, economista principal para América Latina y el Caribe del centro de estudios británico Economist Intelligence Unit, rescata la idea de que el exmandatario “en parte tuvo suerte” porque Brasil estaba navegando por el superciclo de las materias primas.

Eso generó las condiciones que permitieron aumentos del salario mínimo por encima de la inflación y, junto con reformas para impulsar el acceso al crédito, allanó el camino para el crecimiento del empleo.

Por otro lado, agrega, la expansión del gasto social le ayudó a reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos.

Sin embargo, “el progreso insuficiente en las reformas favorables al crecimiento”, argumenta Wood, dejó a Brasil expuesto cuando llegó el fin del boom de los commodities. “Desde entonces, el crecimiento ha sido decepcionante”.

¿Volverá a repetir el éxito de los programas sociales?

Muchos de los partidarios de Lula, especialmente aquellos de menores ingresos, votaron por Lula con la añoranza de volver a esa época de abundancia y fuerte gasto social que les permitió mejorar sus condiciones de vida.

En ese sentido, la nostalgia por aquellos buenos tiempos, forma parte de las razones que le dieron la victoria en un clima de altas expectativas en torno a la figura presidencial.

¿Logrará cumplir esas expectativas tan altas?, ¿crecerá la economía a un paso tan veloz que le permitirá financiar el gasto social para repetir el éxito de sus programas sociales?

La respuesta de los expertos consultados por BBC Mundo es que es prácticamente imposible que se generen las mismas condiciones que existían a inicios de los 2000.

“El país está en otra posición. No tiene los recursos para financiar ese tipo de programas o aumentar el salario mínimo como lo hizo antes”, afirma Mónica de Bolle.

Y no menos importante, Brasil no es el mismo país en el que gobernó Lula porque tras la llegada al poder de Jair Bolsonaro, ahora existe un fenómeno nuevo: el bolsonarismo.

“El bolsonarismo no está dispuesto a negociar ni a construir coaliciones”, dice la experta. Por lo tanto, uno de los mayores desafíos que tendrá Lula, será gobernar con un Congreso donde solo puede hacer coaliciones parciales y en el que existe un fuerte sentimiento contra el Partido de los Trabajadores.

La oposición proveniente de la base bolsonarista, de los empresarios agrícolas, de la iglesia evangélica, “será muy dura”, apunta Traumann. “Esta vez no habrá luna de miel y será una situación muy tensa desde el primer día”.

En el frente internacional, el mundo está pasando por un momento completamente distinto al escenario que existía cuando Lula fue presidente.

China, el principal motor del boom de los commodities está en un proceso de desaceleración económica; las relaciones entre Washington y Pekín están en una fase confrontacional; el mundo viene saliendo de una pandemia y la guerra en Ucrania ha desestabilizado gran parte de los equilibrios que existían en el pasado, haciendo que la política global se vuelva mucho más impredecible.

“Todo lo que fue beneficioso en sus gobiernos anteriores ahora está al revés”, dice de Bolle.

La apuesta de muchos brasileños que votaron por Lula estuvo en la línea de “quiero que me devuelvan la gloria”, señala Santos. El problema es que “nadie puede hacer retroceder el reloj de un auge de exportación de materias primas”.

Por eso, afirma, “no debemos esperar milagros en los próximos cuatro años”.

Con una alta probabilidad de que algunos de los países desarrollados entren en recesión, las expectativas de crecimiento económico de Brasil para 2023 son bastante bajas, con algunos expertos, como Robert Wood, proyectando un crecimiento de apenas 0,5%, que tendería a recuperarse en los años posteriores, a medida que las altas tasas de interés y la inflación disminuyan.

Pero el gasto fiscal estará limitado, agrega, por la elevada deuda pública. En este contexto, “será un desafío replicar la mejora en las condiciones socioeconómicas de los dos primeros mandatos de Lula y aunque todavía habrá algunas mejoras graduales, es probable que no alcance los logros de hace 20 años”.

Esto, sumado a la fuerte oposición bolsonarista, dice Wood, hace prever la llegada de tiempos difíciles plagados de tensiones sociales y políticas que pueden afectar la gobernabilidad.

El ‘timing’ era perfecto: dos días después de la eliminación de la Seleçao en la Copa del Mundo, los brasileños ya no estaban con la mente obnubilada por el fútbol y la política podía retomar sus derechos.

Y la defensa de Lula eligió precisamente el fin de semana en el que un juez supuestamente favorable a sus intereses estaba de guardia para presentar el enésimo pedido de Habeas Corpus a través de tres diputados del Partido de los Trabajadores (PT).

El expresidente (2003-2010), que purga desde hace tres meses una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción, encabeza las intenciones de voto para las elecciones presidenciales de octubre a pesar de que su candidatura tiene grandes chances de ser invalidada por la justicia electoral.

El domingo por la mañana, sin que nadie lo esperara, la noticia estalló como una bomba: el juez Rogerio Favreto, de la corte de apelaciones TRF4 de Porto Alegre (sur), ordenó liberar al ícono de la izquierda.

La prensa brasileña no pasó por alto que el magistrado fue miembro del PT durante cerca de 20 años y que trabajó en varias ocasiones como consejero del gobierno de Lula.

En un guión digno de telenovela, empezó un pulso de órdenes y contraórdenes entre Favreto y los jueces y fiscales que se oponen a la liberación de Lula.

Para poner fin a toda esa confusión, el presidente del TRF4 acabó decidiendo en la noche que Lula permanecería entre rejas.

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Para los seguidores del exobrero metalúrgico, el entusiasmo pasó rápidamente a la cólera.

“¡Qué vergüenza para el sistema judicial brasileño! Vale todo para perjudicar a Lula y, en consecuencia, a la democracia y al pueblo brasileño”, dijo la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.

“Decisión política”

Para numerosos juristas, la verdadera víctima de todo este enredo es el propio sistema judicial brasileño, cuya credibilidad quedó fuertemente en entredicho.

“La población brasileña no debería pagar el coste de la desmoralización de la justicia por una estrategia del PT”, dijo a la AFP Ivar Hartmann, profesor de derecho en la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Rio de Janeiro.

La realidad es que Lula, sin salir de la prisión, volvió a centrar todos los focos del gigante latinoamericano.

Según el grupo de análisis Eurasia Group, el ruido alrededor de la situación legal del exmandatario, de 72 años, “refuerza la capacidad del PT de propagar la narrativa de la ‘persecución política’ y aumenta las posibilidades de ese partido de llegar al segundo turno” en las elecciones.

La confusión en torno a la posible liberación de Lula “tiene un impacto sobre la campaña y deja más incierto un escenario electoral sujeto a intervenciones inesperadas de la justicia”, señaló el periódico económico Valor.

Muchos otros candidatos no esperaron a manifestarse.

El diputado de extrema derecha Jair Bolsonaro, que lidera las intenciones de voto si Lula fuera impedido de presentarse, remarcó en un vídeo publicado en las redes sociales que la decisión del juez Favreto fue antes que nada política.

“En Brasil, la ideología es peor que la corrupción”, denunció.

“Mantener a Lula o a cualquier otro ciudadano en prisión no puede ser una decisión política”, comentó, de su lado, el candidato de centroderecha Geraldo Alckmin en Twitter.

La exministra ecologista Marina Silva, que segunda en las encuestas sin Lula, lamentó en un comunicado que el juez Favreto hubiese “provocado turbulencias políticas que ponen en duda la autoridad de las decisiones judiciales”.

Para el analista Ivar Hartmann, el hecho de insistir en la persecución de Lula no es necesariamente la mejor estrategia a menos de tres meses de las elecciones.

“Predicaron sobre todo para los convencidos. No creo que los indecisos fueran convencidos por esta estrategia”, concluyó.

– 09H05 (12H05 GMT): El juez de guardia Rogério Favreto, del tribunal de segunda instancia de la 4ª Región (TRF4), con sede en Porto Alegre, ordena liberar a Lula, acogiendo un pedido de habeas corpus planteado por la defensa del expresidente.

– 12H05 (15H05 GMT): El juez anticorrupción de primera instancia Sérgio Moro, que condenó a Lula en primera instancia, afirma que Favreto carece de competencias para ordenar la liberación de Lula.

– 12H24: Favreto emite una nueva orden de liberar al líder de la izquierda, a la cabeza de los sondeos para las elecciones de octubre.

– 13H01: El Ministerio Público Federal (MPF) cuestiona, al igual que Moro, la competencia del juez de guardia y pide reconsiderar la decisión.

– 14H13: El juez Joao Pedro Gebran Neto, relator del juicio de Lula en el TRF4, anula la orden de liberación emitida por Favreto.

– 15H20: El juez Moro informa que aunque está de vacaciones hasta el 31 de julio, emitió su parecer al haber sido citado en el pedido de habeas corpus. Esa aclaración fue divulgada después de que su intervención fuera cuestionada por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

– 16H04: Favreto no se da por vencido y ordena liberar a Lula de inmediato: “Reitero el contenido de las decisiones anteriores, determinando el inmediato cumplimiento de la medida de liberación en el plazo máximo de una hora”, escribe.

A las 18H30, Lula seguía preso en Curitiba

“Determino que la autoridad coautora” de la orden y la Policía Federal “se abstengan de practicar cualquier acto que modifique la decisión colegiada” del tribunal, escribió en su despacho el juez Joao Pedro Gebran Neto, encargado de la operación anticorrupción Lava Jato en el tribunal TRF4 de Porto Alegre (sur).

Previamente, el juez de guardia de esa corte de apelaciones había expedido la orden para liberar a Lula, de 72 años, que desde el 7 de abril cumple una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero en la sede de la Policía Federal de Curitiba (sur).

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Esa orden, que tomó por sorpresa a todo el mundo, estipulaba que la liberación de Lula debía tener lugar en “régimen de urgencia, en el día de hoy”.

La decisión del juez de guardia Rogério Favreto del TRF4, la corte de apelaciones que aumentó de nueve años y medio a 12 años y un mes la pena de cárcel para el expresidente (2003-2010), aceptaba una demanda de Habeas Corpus presentada el viernes por varios diputados del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).

Y argumentaba que su encarcelamiento, “ilegal e inconstitucional”, no podía restringir los derechos políticos ni los “actos inherentes a la condición de precandidato” de Lula.

Inmediatamente después de esa orden, y pese a estar oficialmente de vacaciones, el juez de primera instancia Sergio Moro, el que condenó a Lula en julio de 2017, afirmó que Favreto carecía de competencia para ordenar la liberación y pidió formalmente al juez Joao Pedro Gebran Neto, “el relator natural del caso”, que tomara cartas en el asunto para “revocar” la medida.

“El juez federal de guardia, con todo el respeto, es una autoridad absolutamente incompetente para sobreponerse a la decisión del colegiado” del TRF4 y también “del plenario del Supremo Tribunal Federal”, que ya negó la liberación de Lula recientemente, adujo Moro en su despacho.

La Fiscalía General también pidió a la corte de apelaciones suspender la concesión del Habeas Corpus por considerar que el juez Favreto no tiene competencia para liberar a Lula y que no hubo ningún acto “ilegal” en la orden de prisión decretada por Moro.

“¡Lula libre!”

“¡Lula libre ahora!” se podía leer en la cuenta de Twitter del exmandatario poco después de que se publicara la orden de liberación.

Los mensajes de júbilo de figuras destacadas del PT pasaron a ser de descalificación de los jueces una vez suspendida la orden.

“Gebran, el relator de vacaciones, que no está de guardia y por tanto no tiene autoridad para determinar cualquier acción judicial, en colusión con la Policía Federal, quiere mantener a Lula preso. ¡Rotas las garantías constitucionales y de derecho! ¡Todos a Curitiba, todos a las calles!”, proclamó en Twitter la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, en Twitter.

“La decisión judicial precisa ser obedecida, aunque contraríe la posición del juez federal de Paraná (Sergio Moro) que oficialmente está de vacaciones y no podría manifestarse”, dijo, de su lado, la expresidenta Dilma Rousseff, destituida en 2016.

Unos 500 manifestantes se concentraron con banderas de “Lula libre” a las puertas de la sede policial en Curitiba, observó un fotógrafo de la AFP.

Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista ofrecido por la constructora OAS, a cambio de mediaciones para obtener contratos en Petrobras.

El expresidente, imputado en otros seis casos, niega que ese apartamento sea suyo y considera su condena parte de un complot de las élites para que no pueda volver al poder.

Aunque hubiera sido liberado, la candidatura de Lula debería ser invalidada por el tribunal electoral al estar condenado en segunda instancia, según la ley brasileña.

Lula lidera todas las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre, con un tercio de las intenciones de voto.

© Agence France-Presse

Un juez de Brasil ordenó la liberación inmediata del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien fue recluido en abril por cargos de corrupción.

El juez Rogerio Favreto, del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, concedió un “habeas corpus” solicitado por el Partido de los Trabajadores y ordenó que Lula da Silva salga de la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde cumple una condena de 12 años.

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Además, el juez Favretó argumentó que al estar privado de la libertad a Lula se le está impidiendo ejercer sus derechos como precandidato a la presidencia de Brasil en las elecciones que tendrán lugar en octubre.

Aunque Lula da Silva estará inhabilitado para estos comicios, lidera la mayoría de las encuestas.

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Por su parte, el juez Sérgio Moro, quien llevó el caso por corrupción contra el expresidente, cuestionó la decisión del juez Favreto, pues según él, carece de autoridad para ordenar la libertad de Lula.

Según la Justica brasileña, Lula es culpable de recibir un apartamento en la costa de São Paulo por parte de la constructora OAS, como retribución por favorecer con contratos a la petrolera estatal Petrobras.

Más información en breve.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, detenido el sábado, podría ser liberado rápidamente si la corte suprema modifica esta semana la norma que autoriza encarcelar a personas condenadas en segunda instancia que aún disponen de recursos judiciales.

Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, anunció que el próximo miércoles pedirá incluir en la agenda un nuevo debate que podría zanjar las divergencias internas que persisten en la corte sobre ese tema.

El STF denegó el 5 de abril un recurso presentado por la defensa de Lula para impedir su encarcelamiento mientras dispusiese de recursos ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ, tercera instancia) o ante el propio STF.

Pero la decisión fue adoptada por el estrecho margen de 6 votos contra 5; una de las magistradas que votó contra Lula, Rosa Weber, dio a entender que era favorable a modificar la jurisprudencia actual, aunque no al juzgar un caso específico, sino cuando el asunto fuese tratado de forma general.

La jurisprudencia que autoriza el encarcelamiento después de la condena en segunda instancia fue adoptada en 2016.

Corte podría beneficiar a muchos

Quienes abogan por el encarcelamiento anticipado lo hacen en nombre de la lucha contra la impunidad, porque los procesos suelen demorar meses o años hasta llegar a instancias superiores. Los partidarios de modificar la norma invocan el respeto de la presunción de inocencia.

Si se modificara la jurisprudencia, todos los condenados en segunda instancia actualmente detenidos deberían beneficiarse de la medida e ir a esperar en sus casas el resultado de sus apelaciones ante el STJ o el STF. A menos que se haya decretado contra ellos prisión preventiva por su peligrosidad, por riesgo de fuga o por interferir en los procesos.

Aunque el STF paute para esta semana el debate, la discusión podría suspenderse por tiempo indefinido si uno de los 11 jueces pide más tiempo para estudiar la cuestión.

“Hay un conflicto dentro del STF, entre quienes quieren discutir el asunto de manera general y los que se oponen. Y el único motivo por el cual el asunto tiene relevancia, es por [la incertidumbre] sobre el voto de Rosa Weber”, dijo a la AFP Thomaz Pereira, profesor de derecho de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) de Rio de Janeiro.

Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió este sábado en el primer expresidente brasileño encarcelado por un delito común y en la mayor presa de la Operación Lava Jato, que desde hace cuatro años sacude a una clase política gangrenada por la corrupción.

El exmandatario de izquierda (2003-2010) llegó por la noche en helicóptero a la sede de la Policía Federal de Curitiba (sur), donde una celda de 15 metros cuadrados con baño privado fue especialmente acondicionada para alojarlo.

Lula, de 72 años, fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por el juez Sergio Moro, figura emblemática de Lava Jato, que lo consideró beneficiario de un apartamento de lujo ofrecido por una constructora a cambio de facilidades para obtener contratos con Petrobras.

El exdirigente sindical, que enfrenta otros seis procesos penales, se declara inocente en todos y denuncia un acoso judicial para impedirle volver al poder en las elecciones de octubre, para las cuales es el gran favorito según todos los sondeos.

Pero Lula es también uno de los políticos que más rechazo suscita, y su detención fue tan celebrada como llorada en varias ciudades del país.

Frente a la sede policial, varios centenares de personas festejaron su llegada con fuegos artificiales, cornetas y silbatos, dando vítores a la “República de Curitiba”, la ciudad denominada “Capital de Lava Jato”.

“Gracias a esta detención existe ahora una pizca de esperanza en Brasil, de justicia”, dijo Felipe Ploencio, un guardián de seguridad, de 26 años.

Del otro lado de un vallado tendido por la policía, había igualmente unos cientos de lulistas.

Lula protagonista de una detención agitada

Lula se entregó a la policía en el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de Sao Paulo, donde estaba atrincherado y rodeado de miles de partidarios desde que el juez Moro emitió la orden de captura, 48 horas antes.

Como último desafío, asistió a una misa en memoria de su esposa fallecida el año pasado, que tuvo lugar frente a la sede sindical y en la que anunció su intención de someterse al fallo.

“Voy a cumplir la orden de cárcel (…) y cada uno de ustedes se transformará en un Lula”, proclamó el exmandatario, desencadenando un clamor unánime de “¡Soy Lula! ¡Soy Lula!”.

“Moro mintió al decir que esa apartamento era mío”, reiteró.

Y explicó lo que a sus ojos motivó su desgracia actual: “Hace mucho tiempo que soñé que era posible gobernar este país incluyendo a millones de personas pobres en la economía, en las universidades, creando millones de empleos”.

“Con Lula preso estamos todos presos”, atinó a decir Adriana Macedo, una profesora de 54 años.

Lula trató en su mitin de alentar a sus partidarios, rodeándose de jóvenes candidatos de otros partidos de izquierda y reafirmando un programa de defensa de los derechos sociales y de las empresas nacionales.

Su detención es un nuevo golpe para su fuerza política, el Partido de los Trabajadores (PT), después de la destitución en 2016 de la presidenta Dilma Rousseff, su heredera política, acusada de manipular las cuentas públicas, y de la detención o la acusación de muchos de sus dirigentes históricos.

Queda por ver ahora quién puede capitalizar la detención de Lula y si el dirigente indiscutible del PT puede, desde la cárcel, transferir su electorado a otro candidato.

El factor Lava Jato

Los abogados de Lula interpusieron hasta último momento recursos para impedir su encarcelamiento. Uno de ellos consistió en cuestionar ante la corte suprema la posibilidad -vigente desde 2016- de comenzar las ejecuciones de penas a partir de una condena firme en segunda instancia.

El Supremo Tribunal federal (STF) rechazó su demanda, pero uno de sus jueces dijo que pretende plantear una moción el próximo miércoles, para discutir una medida cautelar que libere a aquellos que aún no hayan sido condenados por una tercera instancia judicial. Una decisión que sacaría a Lula de la cárcel más rápido de lo previsto.

Y a muchos otros presos más de Lava Jato.

Otro juez del STF denunció una “operación de sofoco” de las investigaciones.

En otra ala de la sede de la PF en Curitiba purga su pena de 12 años de cárcel Antonio Palocci, que fue ministro de Hacienda de Lula y uno de los hombres fuertes del PT, pero dispuesto ahora a negociar una “delación premiada” contra su exjefe.

La Operación Lava Jato condenó a decenas de empresarios y políticos. El presidente conservador Michel Temer fue objeto de dos acusaciones por parte de la Fiscalía General, pero ambas fueron bloqueadas por la Cámara de Diputados, donde decenas de legisladores se hayan igualmente en la mira de la justicia.

Tanto políticos de derecha como de izquierda consideran que el Poder Judicial cobró una dimensión desproporcionada y el propio Lula acusa a los fiscales de Lava Jato y a Moro de “criminalizar la política”.

En julio pasado, el juez Moro ya había condenado al ícono de la izquierda a 9 años y medio de cárcel, por corrupción pasiva y lavado de dinero. Un fallo confirmado y una sentencia aumentada a 12 años y un mes en enero, por un tribunal de apelación.

Y el jueves apretó el nudo intimando a Lula a entregarse en un lapso de 24 horas en Curitiba (sur), la ciudad donde nació la Operación Lava Jato (lavadero de autos), que en cuatro años se convirtió en referente mundial de la lucha contra las mil y una maneras de falsear licitaciones, desviar dinero, vaciar los cofres de las compañías públicas y comprar apoyo político.

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La punta del ovillo estaba en Petrobras y tirando de ella tambalearon imperios como el de la constructora Odebrecht.

Pasaron por su juzgado presuntos intocables de las finanzas y de la política, de izquierda, de centro y de derecha. En todo caso, aquellos que no gozaban de fueros privilegiados gracias a sus cargos ministeriales o legislativos.

Y Lula se convirtió en su presa mayor.

Lula: “Moro estaba condenado a condenarme”

El interrogatorio al que lo sometió en mayo de 2017 fue una confrontación entre dos universos que en Brasil parecen totalmente ajenos entre sí: el que está saturado por la corrupción y el que está indignado por la miseria.

“Señor Presidente, quiero dejar claro que pese a algunas versiones, no existe de mi parte ninguna desavenencia personal con usted. El desenlace del juicio provendrá de las pruebas y de la ley”, recalcó antes de iniciar el interrogatorio del fundador del Partido de los Trabajadores (PT).

Cuando le preguntó si se siente responsable por la red de sobornos que se desveló en Petrobras, Lula repuso: “Doctor Moro ¿se siente usted responsable de que la Operación Lava Jato destruyera la industria de la construcción civil? ¿Se siente responsable por las [centenas de miles] personas que perdieron sus empleos en el sector del petróleo y el gas y de la construcción civil?”. 

Tras ser condenado como propietario de un apartamento ofrecido por la constructora OAS para ganar licitaciones en la estatal petrolera, Lula afirmó:

“El juez Sergio Moro, rehén de los medios, estaba condenado a condenarme. Los fiscales, presa de megalomanía, aseguran que el Partido de los Trabajadores (PT) quería el poder para robar”.

El cara a cara entre estos dos íconos antagónicos de Brasil empezó en marzo de 2016, cuando Sergio Moro ordenó a la policía irrumpir en casa de Lula en Sao Bernardo do Campo (Sao Paulo) para llevarlo a declarar por la fuerza.

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Ese mismo mes, el magistrado divulgó una conversación entre el exmandatario y su sucesora Dilma Rousseff (2011-2016), que sugería que ésta buscaba nombrarlo ministro para darle fueros que lo protegieran de la justicia ordinaria.

Lula juró su nuevo cargo, pero nunca pudo asumir.

“Yo, sinceramente, estoy asustado con la República de Curitiba. Porque a partir de un juez de primera instancia todo puede ocurrir en este país”, afirmó Lula en una conversación telefónica pinchada y difundida con autorización del propio juez.

En una entrevista con la AFP en marzo, Lula criticó a la “fuerza tarea” de los investigadores de Lava Jato, afirmando que “en verdad, quieren criminalizar la política”.

– “Manos Limpias” –

Moro nació hace 45 años en Maringá (Paraná, sur) y allí se licenció en Derecho, convirtiéndose en juez en 1996. Doctor y profesor universitario, completó su formación en la prestigiosa Harvard.

Muchos de sus pares lo definen como un magistrado rápido para decidir, preparado y resuelto. Sus detractores lo juzgan abusivo en el uso de las prisiones preventivas o de las delaciones premiadas.

Fascinado por descifrar los caminos del dinero sucio, al astro de la justicia brasileña siempre le deslumbró la histórica operación “Mani Pulite” (Manos Limpias), que desarticuló una compleja red de corrupción en la Italia de los 90.

La imagen de un juez preocupado ante todo por un mundo más justo se vio empañada este año, cuando justificó el polémico subsidio de residencia que los magistrados reciben, aunque residan en viviendas de su propiedad en sus ciudades de origen.

Ese subsidio, declaró, “compensa la ausencia de reajustes salariales desde el 1º de enero de 2015”.

Moro está casado con Rosângela Wolff, una ardiente defensora de su marido en las redes sociales, con quien tiene dos hijos.

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