El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su intervención en la Asamblea General de la ONU este martes 19 de septiembre alertó sobre la posibilidad de un “golpe” en Guatemala.

En su condición de presidente de Brasil, como es tradición en la ONU, Lula pronunció el primer discurso de la Asamblea General de 2023 ante un pleno en el que se encontraba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En su discurso denunció que la intervención judicial del Ministerio Público (MP) en el proceso electoral guatemalteco, que podría poner en duda la victoria en las urnas del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

Según Lula, “en Guatemala hay riesgo de un golpe, que impediría la investidura del ganador de unas elecciones democráticas”, una situación frente a la cual consideró que la comunidad internacional está obligada a “velar” por la preservación del Estado de derecho y la democracia.

El 1 de septiembre recién pasado, el presidente electo, Bernardo Arévalo, denunció en una conferencia de prensa un intento de golpe de Estado y aseguró que este se está promoviendo desde instancias como el MP y el Congreso.

“Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”, señaló Arévalo en esa ocasión.

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En esa oportunidad señaló directamente como responsables de estas acciones a la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras; al titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, al juez séptimo de instancia penal, Fredy Orellana y los integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República.

El 5 de septiembre, la fiscal general Consuelo Porras dijo durante una conferencia de prensa que existe una campaña de desprestigio en contra de la Fiscalía, en referencia a las denuncias hachas recientemente sobre que ella estaría detrás de un plan para ejecutar un “golpe de Estado”.

Durante la conferencia, que tuvo casi dos horas de retraso, Porras tildó de falsos, irresponsables y antidemocráticos los señalamientos hechos en contra de la Fiscalía y que las investigaciones que tienen en curso son parte del “seguimiento a las denuncias presentadas por las víctimas”; además, dijo que lo que se pretende es interrumpir su periodo constitucional al frente del MP.

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Un juez de ejecución de penas determinó que ya “no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia”, después que la corte suprema decidiera el jueves que nadie puede ser encarcelado mientras tenga recursos legales disponibles.

La excarcelación de Lula fue solicitada hoy por su defensa, en base a un fallo adoptado la noche del jueves por la máxima corte del país, que, en una ajustada votación por 6 a 5, determinó que la prisión de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos es inconstitucional.

El juez Danilo Pereira Jr, de la 12 Sala Criminal de la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, analizó el pedido presentado por los abogados y autorizó su libertad, lo que podría ocurrir en los próximos minutos u horas.

Advogado de Lula, Cristiano Zanin protocola pedido de soltura do ex-presidente na Justiça Federal de Curitiba. #LulaLivreAgora

Foto: Cláudio Kbene pic.twitter.com/EAHNd0011e

— Lula (@LulaOficial) November 8, 2019

Lula está en prisión desde el 7 de abril de 2018, cuando empezó a cumplir una pena de ocho años y diez meses por corrupción tras ser condenado en segunda instancia, acusado de recibir a modo de soborno un apartamento de playa de la constructora OAS, a cambio de beneficios para la adjudicación de contratos con Petrobras.

La sentencia fue confirmada luego en una tercera instancia, pero aún le resta una apelación ante la Corte Suprema, que ya presentó, pero sobre la cual el Supremo todavía no se ha pronunciado.

Lula se benefició así del fallo de la Corte, que anuló una jurisprudencia que había establecido en 2016 y con la que había autorizado ejecutar una pena de prisión después de que ésta se confirmará en segunda instancia, pese a que en esa fase quedaban aún dos apelaciones pendientes en tribunales superiores.

Según la nueva decisión, la prisión solo podrá ordenarse cuando, como establece la Constitución, se complete el “tránsito en juzgado” (“cosa juzgada” en español) y se hayan agotado todos los recursos posibles, con lo que la culpabilidad estará plenamente determinada.

Los integrantes de la operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil, rechazaron la nueva decisión del Supremo y expresaron su temor de que “afecte a los resultados de su trabajo”.