El Departamento de Estados de los Estados Unidos informó este 21 de diciembre sobre una nueva actualización de la lista Engel, actores guatemaltecos vinculados a acciones antidemocráticas y a favor de la corrupción, en donde destaca la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y un grupo de fiscales del Ministerio Público.

El informe divulgado por el gobierno estadounidense señala que las personas incluidas en el listado habrían cometido “acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos”, así mismo son relacionados con prácticas a favor de la corrupción.

“La facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso mediante el lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales”, señala el informe.

Silvia Patricia Valdés fue magistrada y presidenta de la CSJ, y a criterio del Departamento de Estado utilizó su puesto para colocar a un grupo de jueces afines a ciertos intereses, “socavó procesos o instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la CSJ y los tribunales de Apelaciones con jueces corruptos”.

Fue hasta hace unas semanas que Valdés dejó la CSJ, ya que luego de cuatro años de retraso el Pleno del Congreso decidió renovar a las autoridades judiciales.

Silvia Patricia Valdés ocupó la presidencia interina de la CSJ estos cuatro años por ser la vocal primera de la CSJ. En su oportunidad fue la magistrada electa por el Congreso con la mayor cantidad de votos.

Dicha CSJ, fue electa mediante una alianza entre los ahora desaparecidos partidos políticos Libertad Democrática Renovada (Líder) y Partido Patriota (PP).

Fiscales

Entre las personas incluidas en esta nueva lista de actores antidemocráticos y a favor de la corrupción aparecen tres fiscales del Ministerio Público (MP), dos de ellos integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).

Se trata de Leonor Eugenia Morales Lazo y Pedro Hernández González, ambos integrantes de la Feci. Son señalados por el Departamento de Estado por participar en una investigación “por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial”, dice el informe.

También se incluye en la lista al fiscal Noé Rivera Vásquez, fiscal de asuntos internos, por aparentemente “presentar cargos por motivos políticos contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad”.

En respuesta, el MP dijo que “es una institución autónoma que no se encuentra subordinada a ningún ente internacional, toda vez que su actuar se desarrolla conforme a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala”.

Agregaron que la inclusión de más fiscales del MP a la lista Engel es “nuevamente, se trata de una evidente violación a los derechos humanos, mediante señalamientos sin ningún sustento legal para acusar a funcionarios del Ministerio Público por el simple hecho de cumplir con su obligación legal, cuando estos no han sido investigados y sobre todo, vencidos en juicio, por lo que la lista Engel es un mecanismo que violenta los principios fundamentales de presunción de inocencia y del debido proceso, que además no tiene ningún tipo de validez legal en Guatemala”.

Dos exministros y un viceministro del gobierno del presidente Alejandro Giammattei fueron sancionado este martes 31 de octubre por EE. UU., debido a que “sus acciones corruptas socavaron el estado de derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala”, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

La sanción impuesta por Washington señala que los exfuncionarios y sus familias son considerados “como generalmente no elegibles para ingresar a los Estados Unidos”.

“Estados Unidos designa a Gendri Rocael Reyes Mazariegos (“Reyes”) , ex Ministro del Interior,  a Alberto Pimentel Mata (“Pimentel”) , ex Ministro de Energía y Minas (MEM), y a Óscar Rafael Pérez Ramírez (“Pérez”) , Viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, generalmente no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos, debido a su participación en corrupción significativa”.

Añade que “Reyes, Pimentel y Pérez aceptaron sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante sus mandatos. Sus acciones corruptas socavaron el estado de derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala”.

El documento detalla que “Estados Unidos apoya a los guatemaltecos que trabajan para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos”.

“También reafirmamos nuestro compromiso de contrarrestar la corrupción a nivel mundial, que perjudica el interés público, debilita el estado de derecho y las instituciones democráticas, obstaculiza la prosperidad económica y restringe la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las necesidades de sus pueblos”, refiere el documento.

Según el Departamento de Estado, “la corrupción socava la democracia y la confianza pública en las instituciones”, por lo que “Estados Unidos sigue comprometido a utilizar todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Guatemala, incluidos aquellos que intentan socavar las elecciones del 20 de agosto”.

“Estas designaciones públicas se realizan en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados, Operaciones Extranjeras y del Departamento de Estado de 2023, según lo dispuesto por la Ley de Asignaciones Continuas”, detalla la nota.

Además, dice que “el Departamento -de Estado- también está designando a la hija adulta de Reyes, Melanny Elizabeth Reyes Argueta, a los hijos menores de Reyes, a la esposa de Pimentel, Ana Isabel Carrillo Fabián de Pimentel, a los hijos menores de Pimentel y a la esposa de Pérez, Elbia Carolina Cruz Muralles, como generalmente no elegibles para ingresar a los Estados Unidos”.

Postura

El viceministro Óscar Rafael Pérez Ramírez dijo sobre la sanción que le impuso EE. UU. que “estoy seguro que las investigaciones a fondo, sobre cualquier acción u omisión de mi parte, concluirán que se han conducido de acuerdo al marco legal vigente.   Eventualmente, cualquier señalamiento será resuelto”.

Sobre si se le ha notificado por qué caso específico se emite esa decisión el funcionario dijo que “hasta el momento no he sido notificado, me he enterado de las restricciones por medio de redes sociales”.

Además, dijo que, de momento no tomará acciones para evitar la sanción. “Estoy a la espera de más información sobre los motivos de la sanción, y de momento, no tomaré acción alguna al respecto”.

Una embajadora

Entre las personas que fueron sancionadas por EE. UU. figura una embajadora del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se trata de Ana Isabel Carrillo Fabián de Pimentel, quién es designada como no elegible para entrar a Estados Unidos por ser esposa del exministro de Energía y Minas Alberto Pimentel.

Carrillo Fabián se desempeña como directora general de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

En sus redes sociales, Carrillo Fabián se denomina embajadora, pues dada la naturaleza de su cargo debe coordinar acciones con organismo internacionales sobre política multilateral, integración, cooperación, derechos humanos, pueblos indígenas y derecho internacional humanitario.

Al respecto Presidencia de la República señaló que “en el caso de María Isabel Carrillo, se realizó la consulta respectiva ante la embajada de Estados Unidos, que se pronunció en el sentido que debido al puesto que desempeña, no debería tener inconvenientes en viajes oficiales relacionados con sus atribuciones”.

Otras sanciones

Estados Unidos restringió visas a una docena de funcionarios y particulares de Guatemala por contribuir a “socavar la democracia” en el país, informó este martes el Departamento de Estado.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden “rechaza los continuos esfuerzos por socavar la transición pacífica del poder” al presidente electo guatemalteco, Bernardo Arévalo, afirma el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.

“Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala”, donde la tensión ha ido en aumento con protestas tras allanamientos al tribunal electoral y acciones judiciales para suspender al partido de Arévalo, Semilla, añade.

El presidente electo estima que las acciones de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana forman parte de un “golpe de Estado en curso”.

Washington lleva semanas pidiendo una transición política pacífica.

Destacó que Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el estado de derecho en Guatemala.

Explicó que según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, están imponiendo restricciones de visa a más de una docena de personas y a sus familiares directos, por socavar la democracia y el estado de derecho.

https://x.com/StateDeptSpox/status/1719462146306679085

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este 19 de julio el listado de personas extranjeras que a sabiendas han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

El el caso de Guatemala, el listado incluye a 10 personas entre las que destacan fiscales, jueces, el rector de la Usac y el sindicalista Joviel Acevedo.

1. Cinthia Edelmira Monterroso Gómez: “Actual fiscal, socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.
2. Edgar Humberto Navarro Castro: “expresidente del administrador del Mercado Mayorista de Energía de Guatemala, incurrió en una importante corrupción al brindar beneficios oficiales a cambio de sobornos y comisiones ilegales, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático”.
3. Fredy Raúl Orellana Letona:  “juez actual, socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.
4. Gendri Rocael Reyes Mazariegos:  “Exministro del interior, -Ministerio de Gobernación- involucrado en una importante corrupción.
5. Joviel Acevedo Ayala: “el actual líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), incurrió en una importante corrupción al brindar apoyo político a STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos”.
6. Jimi Rodolfo Bremer Ramírez:  “actual juez, socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.
7. Lesther Castellanos Rodas:, “exjuez y actual relator guatemalteco contra la tortura, socavó procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos.
8. Melvin Quijivix Vega , el actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación, incurrió en una importante corrupción al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada.
9. Omar Ricardo Barrios Osorio , actual presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria, desvirtuó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.
10. Walter Ramiro Mazariegos Biolis , Rector de la Universidad San Carlos, desvirtuó procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 tras un proceso de selección fraudulento.

Las personas extranjeras identificadas en el informe presentado al Congreso de EE. UU. generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos y cualquier visa actual será revocada inmediatamente y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada, según el Departamento de Estado.

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, y el presidente Nayib Bukele conversaron sobre diversos temas de “interés mutuo” en la relación bilateral entre las naciones, informó el jueves 13 de julio un portavoz de la sede diplomática.

La fuente añadió, sin brindar más detalles, que la reunión tuvo lugar el miércoles 12 de julio en El Salvador.

“Aprecio la oportunidad de hablar con el Presidente @nayibbukele sobre temas de interés mutuo en la relación bilateral entre El Salvador y Estados Unidos”, expresó el diplomático, según un mensaje publicado en Twitter por la Embajada estadounidense.

El tuit fue acompañado de una fotografía en la que se ve a Duncan y Bukele sentados.

#EmbajadorDuncan: “Aprecio la oportunidad de hablar con el Presidente ⁦@nayibbukele⁩ sobre temas de interés mutuo en la relación bilateral entre El Salvador y Estados Unidos.” pic.twitter.com/vPGyohNKS0

— Embajada EEUU en ES (@USEmbassySV) July 13, 2023

Este sería al menos el segundo encuentro entre el presidente salvadoreño y el embajador norteamericano, luego que Duncan presentara en febrero pasado sus cartas credenciales al mandatario.

El embajador estadounidense afirmó a su llegada al país centroamericano, el pasado 26 de enero, que EE. UU. tiene un vínculo sólido con El Salvador en un “momento importante” de su relación bilateral.

El país norteamericano no tenía embajador en El Salvador desde enero de 2021, cuando Ronald Johnson finalizó su misión y asumió el Gobierno de Joe Biden.

Desde esa fecha, la representación diplomática recayó sobre sucesivos encargados de negocios, entre ellos Jean Manes, quien se había desempeñado anteriormente como embajadora en este país.

El Gobierno del presidente Bukele mantenía una relación tensa con la Embajada de Estados Unidos y se ha enfrentado en Twitter con funcionarios de la Administración de Biden.

El Departamento de Estado sancionó a inicios de diciembre del 2022 al secretario jurídico de la Presidencia de Bukele, Conan Castro, y al ministro de Trabajo, Rolando Castro, por supuesta corrupción.

El Gobierno estadounidense también ha sancionado e incluido en listas de corrupción a otros funcionarios cercanos al presidente Bukele, entre ellos la jefa de su Gabinete, Carolina Recinos.

Según La Prensa Gráfica, en los próximos días el Departamento de Estado de EE. UU. debe entregar al congreso estadounidense la actualización anual de la lista de actores corruptos y antidemocráticos de El Salvador, conocida como lista Engel.

La presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés, se pronunció en un comunicado contra la Lista Engel de corrupción, publicada recientemente por EE. UU.

En esa designación figuran dos magistrados de la CSJ y dos jueces del OJ, lo que fue confirmado por Valdés en el pronunciamiento.

Valdés dijo que la publicación de la lista “constituye una flagrante violación a la Constitución Política de la República” y viola “específicamente el principio de derecho de defensa, que establece que la defensa de la personas y sus derechos son inviolables”.

La misiva enfatiza en que “toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente”.

Agrega que la designación “vulnera el debido proceso”, carece de legitimación y constituye “una intolerable intromisión en la administración de justicia”, ya que, a su criterio, señala de forma infundada y “sin ningún medio probatorio” a los funcionarios de OJ.

Advierte de que por “su alta investidura”, los jueces y magistrados “deben ser respetados por guatemaltecos y extranjeros” y los mismo gozan de “prerrogativas que les otorga la Constitución Política de la República”.

Reclama que si hubiese un presunto hecho delictivo este se debe canalizar a través de las instancias correspondientes “y no a través de publicaciones de prensa y redes sociales”.

La magistrada resalta que la Lista Engel constituye “una legal intromisión en las funciones constitucionales que le corresponden con exclusividad al OJ.

“Por tal razón, en mi calidad de presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, rechazo categóricamente la intromisión extranjera en las funciones constitucionales que únicamente le competen a este alto Organismo de Estado”, puntualiza la misiva.

Cumpliendo con la Ley de Compromiso Mejorado de Estados Unidos, el 2 de julio último se presentó la lista de corruptos del Triángulo Norte Centroamericano, en donde Guatemala destaca con funcionarios, exfuncionarios y activistas a quienes el Departamento del Estado señala de favorecer la impunidad.

La lista sanciona con la cancelación de visa o calificar de no elegibles para visitar EE. UU. a quienes la integran, pero aunque las amonestaciones se puedan limitar en la regulación migratoria, el peso moral que recae sobre cada uno de los que ahí figuran y en las instituciones que representan es mayor, según analistas consultados.

El Gobierno guatemalteco también emitió el viernes 22 de julio un comunicado en el que “lamenta y rechaza” que la Lista Engel de corrupción, publicada por EE. UU. recientemente, “incluya a personas guatemaltecas”.

“Se debe cuestionar la utilización de este instrumento político que promueve la condena social de las personas que allí son señaladas, la cual generalmente se deriva de elucubraciones y acusaciones mediáticas infundadas”, dijo en un comunicado.

Los señalados

Entre los guatemaltecos fueron incluidos Dennis Billy Herrera Arita, un abogado guatemalteco; Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Universidad de San Carlos (Usac); José Rafael Curruchiche Cacul, actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público; Axel Arturo Samayoa Camacho, propietario de varias empresas de transporte y transporte marítimo; Ramiro Mauricio López Camey, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro); Ramón Campollo Codina, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala; y Geisler Smaille Pérez Domínguez, actual juez del Tercer Juzgado Penal.

Además, Sofia Janeth Hernandez Herrera, la actual representante en el Congreso por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala; Mayra Alejandra Carrillo de León, actual Directora del Instituto de Víctimas; Erick Gustavo Santiago de León, exjuez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil; Nery Oswaldo Medina Méndez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Vitalina Orellana y Orellana, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia; Mauricio López Oliva, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro); Víctor Manuel Cruz Rivera, actual Juez de lo Penal; y José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020.

#PresidenteOJ informa: pic.twitter.com/I1q4reCH2r

— Organismo Judicial (@OJGuatemala) July 25, 2022

El Gobierno guatemalteco emitió este viernes 22 de julio un comunicado en el que “lamenta y rechaza” que la Lista Engel de corrupción, publicada por EE. UU. recientemente, “incluya a personas guatemaltecas”.

“El Gobierno de Guatemala respecto a la reciente publicación de la denominada Lista Engel por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, manifiesta que, si bien esta es una decisión interna de ese país, lamenta y rechaza que la publicación incluya a personas de origen guatemalteco sometidas a juicios de valor”, dice el texto.

La misiva recrimina que la responsabilidad que conllevan dichas acusaciones “sin garantizar la legítima defensa por medio de una debido proceso judicial” es preocupante, ya que “es una clara violación al principio universal de todos los seres humanos relacionado con la presunción de inocencia”, agrega la misiva.

“Se debe cuestionar la utilización de este instrumento político que promueve la condena social de las personas que allí son señaladas, la cual generalmente se deriva de elucubraciones y acusaciones mediáticas infundadas”, agrega el comunicado.

El miércoles 20 de julio el Departamento de Estado publicó el documento que contiene la Lista Engel, que incluye a funcionarios, exfuncionarios y empresarios de Guatemala, El Salvador y Honduras que supuestamente están vinculados a actos de corrupción.

Este es un informe al Congreso de EE. UU. sobre Personas Extranjeras que a sabiendas han incurrido en acciones que atentan contra procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, de conformidad con la Sección 353(b) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, según el Departamento de Estado.

Entre los guatemaltecos fueron incluidos Dennis Billy Herrera Arita, un abogado guatemalteco; Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Universidad de San Carlos (Usac); José Rafael Curruchiche Cacul, actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público; Axel Arturo Samayoa Camacho, propietario de varias empresas de transporte y transporte marítimo; Ramiro Mauricio López Camey, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro); Ramón Campollo Codina, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala; y Geisler Smaille Pérez Domínguez, actual juez del Tercer Juzgado Penal.

Además, Sofia Janeth Hernandez Herrera, la actual representante en el Congreso por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala; Mayra Alejandra Carrillo de León, actual Directora del Instituto de Víctimas; Erick Gustavo Santiago de León, exjuez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil; Nery Oswaldo Medina Méndez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Vitalina Orellana y Orellana, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia; Mauricio López Oliva, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro); Víctor Manuel Cruz Rivera, actual Juez de lo Penal; y José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020.

“‘The rule of law’, el imperio de la ley, principia por respetar la justicia”, enfatiza el gobierno este viernes en su comunicado.

#Comunicado | El Gobierno de Guatemala lamenta y rechaza que en la publicación de la denominada Lista Engel se incluyan a personas de origen guatemalteco sometidas a juicios de valor.https://t.co/3P6CZDoMSy pic.twitter.com/bYUyyq1e7t

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) July 23, 2022

El miércoles 20 de julio el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la Lista Engel 2022 en la que señala de actores corruptos a funcionarios, exfuncionarios y a algunos empresarios guatemaltecos.

Al ser consultado al respecto Luis Fernando Leal, presidente para Asuntos Institucionales de Asazgua y vicepresidente del Cacif acerca de la nueva Lista Engel que emitió el Departamento de Estado de Estados Unidos, y que ahora incluyó a un empresario que se desarrolla en el sector azucarero, el ejecutivo mencionó que no han emitido una posición gremial.

Expuso que se tiene muy poca información acerca de los criterios que utilizan para conformar esa lista.

“Es una ley vigente en Estados Unidos y existe la obligación de cumplirla (en ese país), pero eso al final es una decisión política de Estados Unidos y creo que a todos nos gustaría tener más información sobre los criterios que utilizan porque igual que las listas anteriores, sacan un listado, pero dan una justificación muy vaga al respecto”, indicó.

Añadió que tampoco ha salido información posteriormente cuando se han emitido las listas anteriores, “han hecho anuncios, ponen y una frase de 10 palabras y nunca más se vuelve a saber por qué”.

Al ser consultado acerca de la nueva Lista Engel, que incluyó a algunos empresarios, el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Hermann Girón, comentó que “la relación comercial entre Estados Unidos y Guatemala es una relación importantísima y desde el sector empresarial, más que de la designación de una persona en una lista sobre la cual no tenemos influencia ni conocimiento, nos interesa que la relación bilateral entre Guatemala y Estados Unidos se mantenga y se mejore”.

Agrega que desde el sector empresarial han emitido propuestas y están encaminando esfuerzos para buscar erradicar la corrupción, pero que en Guatemala la corrupción es un problema de décadas, “no es un problema de hoy y las soluciones conllevan un cambio de la sociedad guatemalteca”.

Girón expuso que por ello la propuesta de acciones, que presentaron este 21 de julio, que incluyen reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, va en la línea de que los ciudadanos guatemaltecos tengamos más opciones políticas para elegir a quienes llevarán las riendas del destino a Guatemala, pero agregó que “es un proceso que no se puede resolver desde un sector, es un esfuerzo de la sociedad guatemalteca erradicar la corrupción desde la denuncia, desde la participación de personas con ética y valores en los puestos políticos, desde que los empresarios no se presten para procesos en los cuales existen esas faltas de ética, todos somos parte de la solución”.

Al ser consultado si le sorprendió esta nueva Lista Engel, que integró empresarios, incluso uno de ellos relacionados con el sector azucarero y de energía, Girón indicó que “no conocemos cómo se conforma la lista y creemos que es importante que cada una de las personas que sea designada dé a conocer cómo resuelven su tema y por qué están designados”.

Sobre la Lista Engel, Girón insistió en que no conocen cómo se conforma y se designa. Pero comentó que la corrupción abarca todos los niveles, por lo que desde el sector privado están haciendo esta propuesta de transparencia.

Añadió que el sector privado también acompaña a la Conferencia Episcopal de Guatemala, respecto de que todos los guatemaltecos debemos ejercer nuestras acciones y funciones de forma transparente.

Empresario se pronuncian

Los empresarios guatemaltecos Ramón Campollo Codina y Steffan Lehnhoff Hernández expresaron su rechazo a la sanción emitida por el Gobierno de Estados Unidos sobre acusaciones de corrupción en el país centroamericano, informó este jueves 21 de julio EFE.

Campollo Codina y Lehnhoff Hernández indicaron que niegan “categóricamente los señalamientos” del Departamento de Estado de Estados Unidos, según un comunicado divulgado en las últimas horas por la Asociación de Azucareros de Guatemala.

Ambos empresarios fueron incluidos en el listado de 60 personas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos con el retiro de su visa y la prohibición de ingresar a su territorio.

El secretario de Estado, Antony Blinken, acusó el miércoles 20 de julio en un comunicado a esas personas de “corrupción significativa”, de buscar obstruir las investigaciones al respecto y de socavar los procesos democráticos y las instituciones de sus países.

Por ello, Blinken afirmó que contribuyen a “la migración irregular y a la desestabilización de las sociedades”.

Otros señalados

Algunos de los guatemaltecos señalados además de Campollo Codina y Lehnhoff Hernández son los jueces de la Corte Suprema de Justicia Nery Osvaldo Medina Méndez y Vitalina Orellana y Orellana; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, y la directora del Instituto de las Víctimas, Alejandra Carrillo.

Para leer más: Lista Engel: Quiénes son los otros incluidos en el listado señalados de actos de corrupción

Campollo Codina fue identificado en el informe del Gobierno estadounidense como “el propietario de Corporación Energías de Guatemala, involucrado en significativos actos de corrupción al sobornar a funcionarios de modo que ha dañado los intereses comerciales de Estados Unidos y las metas para mejorar el uso eficiente de la energía”.

Sobre Lehnhoff Hernández, el Gobierno que preside Joseph Biden lo describió también como propietario de Corporación de Energías de Guatemala y lo catalogó de la misma manera que a Campollo Codina.

Los empresarios guatemaltecos resaltaron en el comunicado en conjunto que “nos ponemos a las órdenes del Departamento de Estado” de EE. UU. para “proveer cualquier información y aclarar señalamientos realizados con hechos verificables”.

El registro de los nombres fue difundido en cumplimiento de la “Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte”, aprobada en diciembre de 2020 y promovida por el ahora excongresista demócrata Eliot Engel.

Blinken dijo en su nota de prensa el miércoles que los “ciudadanos de Centroamérica se merecen y esperan Gobiernos que respeten sus derechos humanos, cumplan con la ley y creen las condiciones para que los individuos y las comunidades florezcan”. EFE

El Gobierno de Guatemala, a través del secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, fijó su postura sobre la reciente publicación de la Lista Engel, en la que Estados Unidos incluyó a varios guatemaltecos quienes son señalados de corrupción y también sobre la visión que tienen los obispos católicos de Guatemala, que la crisis del país se debe a la corrupción y la miopía política de los funcionarios del Estado.

López Oliva participó este jueves en una conferencia de prensa en la que los ministros de Finanzas, Economía y Energía y Minas ofrecieron detalles sobre los avances que han tenido en los programas que implementó el Gobierno por los efectos que tiene la crisis entre Rusia y Ucrania.

Durante la ronda de preguntas, a López Oliva se le consultó la postura del Gobierno ante la publicación de la Lista Engel y respondió que dentro de esta no figuraba ningún funcionario del Organismo Ejecutivo.

Comentó que la lista es un mecanismo o una medida interna de dicho país que el Ejecutivo ha sido muy enfático en salvaguardar el respeto a la no injerencia en los asuntos internos de Guatemala y eso se ha dicho en múltiples espacios.

“Desde el Ejecutivo no tenemos ninguna opinión específica en el tema, debido que no hay ningún funcionario del ejecutivo que en esta en esta publicación”, comentó López Oliva.

Es que el pasado miércoles 20 de julio El Departamento de Estado publica la Lista Engel 2022 en la que señala de actores corruptos a funcionarios, exfuncionarios y a algunos empresarios que estarían involucrados en acatos de corrupción.

Este es un informe al Congreso de EE. UU. sobre Personas Extranjeras que a sabiendas han incurrido en acciones que atentan contra procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, de conformidad con la Sección 353(b) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, según el Departamento de Estado.

Acá puede encontrar el listado de los guatemaltecos sancionados en la Lista Engel 2022.

Postura de los obispos sobre la corrupción

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia también fue consultado sobre la postura que dieron a conocer los obispos católicos, desde la Conferencia Episcopal de Guatemala, sobre que la crisis del país es debido a la corrupción y a la miopía política de los funcionarios del Estado y respondió que el gobierno de Guatemala es respetuoso de la libertad de expresión en todos los sectores de la sociedad.

Aclaró: “rechazamos categóricamente los señalamientos vertidos en un comunicado lleno de elucubraciones. Reafirmamos que desde los programas de la política general de gobierno ha impulsado una serie de acciones estratégicas en las áreas que se mencionan, estando los resultados a la vista y pueden ser consultados desde los distintos portales de transparencia del Gobierno”.

López Oliva añadió que comparten que sí se debe mantener la esperanza en medio de la pandemia, la crisis económica y los desastres naturales.

“Guatemala sigue mal y en muchos sentidos se deteriora. El funcionamiento del Estado y de la democracia depende de la objetividad en el orden constitucional y los órganos en los que éste se expresa, como también de las leyes subalternas y ordinarias que regulan su funcionamiento y el de la sociedad. El Estado solamente cumplirá sus funciones si los actores que le dan vida tienen sentido ético y moral, pueden pervertir el ordenamiento legal, o en cambio suplir con su rectitud moral sus lagunas y deficiencias”, se leía en el comunicado de la Conferencia Episcopal, difundido el miércoles.

Añadía que “el problema de nuestro país es que la corrupción, irresponsabilidad, intereses y miopía política de los funcionarios en todos los órganos del Estado han corrompido el sistema, han abusado de él, y creado un Estado disfuncional incapaz de cumplir su función de crear el bien común”.

Viaje del presidente a Ucrania

El secretario Oliva también fue consultado sobre si el presidente Alejandro Giammattei viajará a Ucrania en los próximos días y este expresó que el tema ha sido de dominio público y que el mandatario lo ha expresado en las entrevistas que ha concedido tanto a medios nacionales e internacionales.

Recordó que el mismo Giammattei ha dicho que durante la llamada que tuvo con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenki, donde se le expresa la solidaridad, respaldo y el apoyo al pueblo ucraniano “en estas horas tan oscuras que está viviendo su historia” se contempla la posibilidad de la realizar un viaje a ese país.

Afirmó que el viaje está siendo coordinado cual está siendo pues coordinado dentro de las cancillerías de ambos países y cuando se tenga alguna fecha específica se comunicará oficialmente.

Afirmó que es un es un tema de seguridad nacional de ambos países; sin embargo, que está la posibilidad que el viaje sea en las últimas semanas de julio o en agosto.

“El presidente va agotar todas las medidas necesarias, incluyendo esta medida diplomática, para disminuir y mitigar el impacto de este conflicto a los guatemaltecos y sobre todo el impacto pues global que está teniendo”.

Foto principal: Kevin López Oliva, secretario de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Captura de video Gobierno de Guatemala)

El Gobierno de Estados Unidos señaló este miércoles por corrupción a 60 funcionarios y exresponsables gubernamentales de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, así como a jueces y fiscales de esos países.

El secretario de Estado, Antony Blinken, acusó en un comunicado a esas personas de “corrupción significativa”, de buscar obstruir las investigaciones al respecto y de socavar los procesos democráticos y las instituciones de sus países.

Por ello, Blinken afirmó que contribuyen a “la migración irregular y a la desestabilización de las sociedades”.

Los individuos fueron incluidos en la conocida como “lista Engel” de actores corruptos y antidemocráticos, a quienes se les negará la entrada a EE. UU. y no podrán obtener visados para viajar a este país.

A diferencia del listado del año pasado, donde no había ningún nicaragüense, EE.UU. incluyó este año a 23 jueces y fiscales de Nicaragua.

También hay seis salvadoreños, 16 guatemaltecos y 15 hondureños.

Entre los nicaragüenses están los fiscales Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, Jorge Luis Arias Jarquín, Marling de Jesús Castro Rodríguez y Andrea del Carmen Salas, del Ministerio Público en Managua; así como Perla de los Ángeles Baca, procuradora jefa del departamento de Chinandega, y Luis Alberto Mena Gámez, fiscal de Nueva Segovia.

De Honduras, EE.UU. ha designado, entre otros, al vicepresidente del Congreso, Rasel Antonio Tomé Flores; al diputado Edgardo Antonio Casaña Mejía; al exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, y al exministro de Sanidad Javier Rodolfo Pastor Vásquez.

Algunos de los guatemaltecos señalados son los jueces de la Corte Suprema de Justicia Nery Osvaldo Medina Méndez y Vitalina Orellana y Orellana; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, y la directora del Instituto de las Víctimas, Alejandra Carrillo.

De El Salvador, EE. UU. ha incluido al exministro de Seguridad Pública René Mario Figueroa Figueroa y a su esposa, Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa; al alcalde de San Miguel, José Wilfredo Salgado García; al asesor legal de la Presidencia Francisco Javier Argueta Gómez y al secretario de Prensa presidencial José Ernesto Sanabria.

El registro de los nombres fue difundido en cumplimiento de la “Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte”, aprobada en diciembre de 2020 y promovida por el ahora excongresista demócrata Eliot Engel y se trata del segundo listado de este tipo que difunde el Gobierno de EE. UU.

Blinken dijo en su nota que los “ciudadanos de Centroamérica se merecen y esperan Gobiernos que respeten sus derechos humanos, cumplan con la ley y creen las condiciones para que los individuos y las comunidades florezcan”.

“EE. UU. seguirá colaborando con los funcionarios y organizaciones que muestren dedicación para combatir la corrupción y fortalecer el gobierno democrático”.

Este miércoles 20 de julio el Departamento de Estado publicó el documento que contiene la Lista Engel, que incluye a funcionarios, exfuncionarios y empresarios de Guatemala, El Salvador y Honduras que supuestamente están vinculados a actos de corrupción.

Este es un informe al Congreso de EE. UU. sobre Personas Extranjeras que a sabiendas han incurrido en acciones que atentan contra procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, de conformidad con la Sección 353(b) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, según el Departamento de Estado.

En la Lista Engel de este 2022 fueron incluidos abogados, un exrector de la Usac y el actual jefe de la Feci, entre otros.

En el caso de Guatemala el número de incluidos en la lista se mantiene con respecto a la filtrada el 15 de julio recién pasado.

Incluidos en el listado

Dennis Billy Herrera Arita, un abogado guatemalteco, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar las Cortes Suprema y de Apelaciones con jueces corruptos.

Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Universidad de San Carlos (Usac), socavó el proceso o las instituciones democráticas al usar su posición en la comunidad legal para influir en los miembros de la comisión de nominación judicial en la facilitación del esquema “Comisiones Paralelas 2020” llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

Jefe de la Feci

También José Rafael Curruchiche Cacul (Rafael Curruchiche), el actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público, obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra la Feci. fiscales, abogados particulares y exfiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), según el Departamento de Estado.

Axel Arturo Samayoa Camacho, propietario de varias empresas de transporte y transporte marítimo que operan en los puertos gubernamentales EMPORNAC (Atlántico) y EPQ (Pacífico), se involucró en una importante corrupción al confabularse indebidamente con funcionarios públicos y pagar sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos contratos.

Ramiro Mauricio López Camey, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.

Ramón “Moncho” Campollo Codina , actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, participó en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.

Geisler Smaille Pérez Domínguez, actual juez del Tercer Juzgado Penal, socavó los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores del esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

Sofia Janeth Hernandez Herrera, la actual representante en el Congreso por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), socavó el proceso o las instituciones democráticas al abusar de sus poderes oficiales para intimidar a sus opositores políticos. También solicitó sobornos y amenazó con convertir en arma los propósitos legítimos del congreso de Guatemala de tomar represalias contra sus enemigos para beneficio personal.

Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, se involucró en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.

Mayra Alejandra Carrillo de León (Alejandra Carrillo), actual Directora del Instituto de Víctimas, socavó el proceso o las instituciones democráticas al usar su posición oficial para facilitar el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

Erick Gustavo Santiago de León, exjuez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil, incurrió en una importante corrupción y obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al solicitar sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables en los casos ante él.

Nery Oswaldo Medina Méndez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

Para leer más: Fiscal general dice que la Lista Engel es una ley extranjera que no aplica en Guatemala y no afecta su proceso de reelección

Vitalina Orellana y Orellana, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

Mauricio López Oliva, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.

Víctor Manuel Cruz Rivera, actual Juez de lo Penal, entorpeció las investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales.

José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020, incurrió en una importante corrupción cuando solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su cargo oficial y recibir sobornos de contratistas, y facilitó la transferencia de ganancias de corrupción.

Listado del Departamento de Estado