Edmond Mulet, candidato a la Presidencia de la República por el partido Cabal, presentó una querella contra el juez Jimi Bremer, quien ordenó que el Ministerio Público (MP) investigara a periodistas y columnistas de elPeriódico, así como a otros medios de comunicación.

El juez ordenó las investigaciones en contra de periodistas luego de que aceptara una solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que los vincula con el caso que se lleva en contra del presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora.

De acuerdo con Mulet, quien dio una conferencia de prensa, en la denuncia se señala al juez Bremer de la posible comisión de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y violación a la Constitución.

Se informó que la querella en contra del juez Bremer se tramita como una solicitud de antejuicio, por lo que deberá ser remitida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual deberá conocer la solicitud del retiro de inmunidad del juzgador y establecer si el MP debe investigar para determinar si cometió los delitos que se le señalan.

“No se puede permitir que se quiera acallar a la prensa, solo los dictadores, tiranos y totalitaristas se oponen a su escrutinio”, señala un comunicado de Cabal, que agrega que “la Libertada de prensa Salvaguarda la democracia de una nación”.

“Las resoluciones recientes del juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez de pretender investigar a periodistas por sus publicaciones sienta un terrible precedente para nuestra nación. La Ley es muy clara: es libre la emisión del pensamiento y no podrá ser restringida, ni perseguida”, escribió Las resoluciones recientes del juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez de pretender investigar a periodistas por sus publicaciones sienta un terrible precedente para nuestra nación. La Ley es muy clara: es libre la emisión del pensamiento y no podrá ser restringida, ni perseguida” escribió Mulet en su cuenta de Twitter.

El pasado 28 d febrero, el juez Jimi Bremer ordenó investigar a nueve periodistas y columnistas del diario elPeriódico y Prensa Comunitaria, por posible obstrucción a la justicia, a raíz de la labor crítica ejercida por los comunicadores en la cual que fiscalizan a funcionarios públicos.

El 9 de marzo pasado, organizaciones internacionales rechazaron la “persecución infundada” contra periodistas en Guatemala y criticaron la investigación de las finanzas de los medios de comunicación, pues ello “amenaza gravemente la libertad de prensa” en ese país.

Entre algunos de los firmantes del pronunciamiento se encuentran el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Latin America Working Group, Fundación para el Debido Proceso, Robert F. Kennedy Humans Rights, Jotay, Wola, GHRC, Impunity Watch, Article 19, Be Just y American Jewish World Service.

Las organizaciones expresaron su preocupación por el “agravamiento de la regresión democrática que vive Guatemala”.

“La Constitución guatemalteca y los tratados y convenios internacionales a los que se ha adscrito Guatemala establecen que no se puede perseguir penalmente a los periodistas derivado de sus publicaciones; sin embargo, el Ministerio Público se ha constituido en un ente de persecución arbitraria contra muchos periodistas que son considerados incómodos al gobierno y a los grupos de poder”, explica el documento firmado por las organizaciones.

Según el pronunciamiento, estos hechos contradicen el mandato de “fortalecer” y “garantizar” el derecho a la libertad de expresión de la prensa, reafirmado con el establecimiento de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas de Guatemala.

“La libertad de expresión es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. En este sentido, se debe resaltar la labor de las personas periodistas, ya que juegan un rol esencial al informar a la ciudadanía sobre procesos judiciales donde se alegan violaciones a derechos humanos y realizar críticas al desempeño de autoridades o particulares con exposición pública”, cita el texto.

Las organizaciones recordaron que en 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado de Guatemala abstenerse de utilizar procesos penales cuando se difunden informaciones periodísticas sobre asuntos de interés público, sobre funcionarios públicos o sobre candidatos a ejercer cargos públicos.

Con información de EFE

Los jueces del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal dictaron sentencia condenatoria contra dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que fueron procesados por haber agredido al periodista Sonny Figueroa frente al Palacio Nacional de la Cultura, a donde llegó en busca de ayuda tras haber sido asaltado por dos sujetos, informaron fuentes judiciales.

El juicio contra los agentes de la PNC Ángel Isaías Fuentes Navarro y Orlin Alexánder Barrientos González empezó el pasado 29 de agosto y concluyó con sentencia condenatoria este martes 25 de octubre.

De esa cuenta, los agentes fueron condenados cuatro años y nueve meses de cárcel por haber cometido el delito de abuso de autoridad; además, fueron suspendidos de funciones públicas.

“La condena marca un precedente para ponerle un fin las agresiones en contra de los periodistas por parte de las fuerzas de seguridad”, comentó Figueroa luego de conocer el fallo de los jueces.

Agregó que “espero que con la sentencia se envíe el mensaje a los policías de que es entendible que el uniforme les da autoridad, pero también tienen una responsabilidad que es velar por la vida e integridad de las personas. Ese uniforme no les da derecho de agredir a cualquier persona”.

“Con los indicios presentados por la Fiscalía de Delitos contra Periodistas se logró condena de 4 años y 9 meses de prisión contra de Ángel Isaías Fuentes Navarro y Orlyn Alexander Barrientos González, agentes de la Policía Nacional Civil, por el delito de abuso de autoridad. Como pena accesoria se los prohibió optar a cargos públicos”, señaló por su parte el MP.

Agrega que “la Fiscalía demostró ante el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal del departamento de Guatemala que el 11 de septiembre de 2020 los agentes agredieron al periodista Sonny Armando Figueroa Alvarado”.

El MP también informó que “se programó audiencia de reparación digna para el 28 de octubre.

Durante el juicio se presentaron videos del momento en que Figueroa llega al Palacio Nacional de la Cultura y es agredido por los agentes que estaban a cargo de la seguridad de ese lugar, luego llegan otros elementos que lo consignan y trasladan a la Torre de Tribunales, bajo el argumento de escándalo en la vía pública.

Recientemente, Figueroa contó que el día del incidente, los dos sujetos que lo asaltaron los lanzaron al piso y como pudo se cruzó la calle para solicitar apoyo de los agentes que custodiaban el Palacio; pero lo que encontró fue agresiones en su contra y una acusación de escándalo en la vía pública.

“Como pude me crucé la 6ª. calle para pedir apoyo de los agentes de la SAAS (a cargo de la seguridad presidencial) y lo primero que hacen es decir que estoy haciendo escándalo en la vía pública”, recuerda Figueroa.

Además, dijo que cuando se identificó como periodista, los agentes de la SAAS (seguridad presidencial) le cuestionaron por su labor critica de la actual administración gubernamental y solicitan apoyo de los agentes de la PNC, quienes, luego de agredirlo y lanzaron al suelo esposado y con las manos hacia atrás, lo consignan bajo los cargos de escándalo en la vía pública y luego por supuestamente haber intentado sobornar a los agentes captores.

Figueroa dijo en esa oportunidad que su caso evidencia que en Guatemala hay un ambiente de hostilidad para la prensa independiente, “las fuerzas de seguridad tienen un discurso en el que señalan que los periodistas instamos a la violencia”.

Ahora la iniciativa también busca sancionar las opiniones de personas que de forma injuriosa critiquen a otras y destruyan su credibilidad en las redes sociales.

De aprobarse, los usuarios de redes sociales que se identifiquen con una máscara, un nombre ficticio o apodo serán perseguidos por el Ministerio Público, si “atentan contra la honorabilidad de las personas”.

También podrán sancionar a las personas con capacidad de contratar a otras para que ataquen a las personas de forma sistemática en plataformas digitales.

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“Son acciones donde se difama, se calumnia, se desacredita ante su familia y la sociedad. Actos que incluso podrían hacer que la persona quiebre de forma económica y en su honorabilidad, y la pregunta es: ¿Quién castiga eso?”, expuso el diputado oficialista.

Galdámez asegura que su intención no es ser intolerante a la crítica, pero no está de acuerdo en que “los guatemaltecos entren en una discordia y en una posición encontrada a través de mentiras, injuria y sin bases para hacerlo”.

Nuevos delitos

La propuesta original pretende reformar el Código Penal para que se creen nuevos delitos que permitirán ejercer control en las redes sociales, esta fue apoyada por las diputadas Eva Monte, Delia Bac, Karla Martínez y Dolores Beltrán.

Uno de estos delitos es el de acoso político, contra aquellos que realicen actos de presión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes o electas de la función política durante o después del proceso electoral por cualquier medio de difusión o plataforma digital

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También se crea el delito de violencia política, este establece que quien realicen una agresión física o psicológica o cualquier otro tipo de coacción, contra los postulantes o personas electas de la función política, durante o después del proceso electoral, con el fin de suspender, menoscabar u obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos, mandato o función, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Diversos sectores sociales han manifestado su repudio a esta iniciativa, por considerar que viola el derecho a la libre expresión.

El asesinato de periodistas, la represión de manifestaciones populares y las “fake news” amenazan la libertad de expresión en América Latina, afirmaron esta semana expertos en Washington.

Esta situación preocupa en un año en que dos de cada tres latinoamericanos elegirán nuevos gobernantes, concluyó un foro que analizó el último informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según el reporte, en 2017, 22 periodistas fueron asesinados en las Américas y decenas denunciaron intimidaciones. “Buena parte de estos delitos permanece en preocupante impunidad”, subrayó.

Guatemala

“Zonas en México, Guatemala, Honduras, incluso en la frontera entre Brasil y Paraguay, enfrentan una violencia estructural, donde el crimen organizado está infiltrado en las instituciones estatales, y eso pone a América Latina en el lugar del mundo sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo”, dijo a AFP el titular de la RELE, Edison Lanza.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) divulgó el miércoles un reporte que señala a México, con 11 periodistas asesinados en 2017, como el segundo país más mortífero para la prensa después de Siria.

Valdez, caso “emblemático”

Tracy Wilkinson, veterana corresponsal en México del diario Los Angeles Times, consideró el caso del fundador del semanario Riodoce y colaborador de AFP Javier Valdez, asesinado en Sinaloa el año pasado, como “emblemático” de la violencia que sufren los profesionales de la información en Latinoamérica.

“Había escrito tantos libros y ganado tantos premios que pensó que su fama lo protegería. Pero lo mataron”, dijo con dolor sobre su “maestro y amigo”.

Valdez, muerto a balazos en plena calle y a la luz del día, había denunciado la mafia liderada por el capo narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, hoy preso en Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas informaron el lunes la detención de uno de los coautores del crimen, y reconocieron que a Valdez lo mataron por su trabajo.

“Dudo de que haya mucha voluntad política de enfrentar esta situación”, se lamentó Wilkinson, sobre las perspectivas tras las presidenciales mexicanas.

Según Lanza, en México el 98% de los crímenes a periodistas sigue impune.

Alarma en la frontera

“En Colombia ha habido también un repunte de la violencia a pesar de avances en la protección de periodistas en riesgo y la lucha contra la impunidad”, añadió Lanza.

El reciente secuestro y asesinato en la frontera colombo-ecuatoriana de tres miembros del diario El Comercio de Quito por disidentes de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) genera fuerte alarma en la región.

“Es una señal de que estos grupos no solamente van contra defensores de derechos humanos, sino que también buscan silenciar periodistas”, dijo Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Tras la paz con las FARC, en Colombia disminuyeron “de manera significativa” las cifras generales de homicidios, pero aumentaron los asesinatos selectivos a líderes sociales en zonas rurales por luchas por el control del territorio, apuntó.

Casi 300 líderes sociales fueron asesinados desde 2016, muchos por su apoyo al pacto de paz, según la Defensoría del Pueblo colombiana.

Abusos y noticias falsas

Los abusos oficiales para frenar protestas sociales, que provocaron decenas de muertes a mediados del año pasado en Venezuela, hace unos meses en Honduras, y en los últimos días en Nicaragua, donde un periodista fue asesinado, también generan inquietud.

“Esperamos que la represión en Nicaragua no se transforme en algo rutinario y generalizado como en Venezuela”, dijo a AFP Margaux Ewen, directora ejecutiva de RSF en Norteamérica.

El reporte de RSF destacó el número récord de detenciones arbitrarias y actos de violencia contra periodistas en Venezuela y los “excesos autoritarios” del mandatario Nicolás Maduro.

En su informe, la RELE denunció el despliegue “excesivo y desproporcionado” de la fuerza pública contra manifestantes y llamó a proteger el derecho de la población a expresar su descontento.

Lanza señaló asimismo el reto que suponen las “fake news”, o la difusión deliberada y malintencionada de desinformación en internet, muchas veces para perjudicar a un candidato político, con el consiguiente riesgo de que los gobiernos reaccionen imponiendo una excesiva regulación.

“Nos preocupa y más en contextos electorales. Pero tenemos que cuidar que la respuesta de los Estados no sea la censura masiva”, subrayó.

Lanza llamó a los medios de comunicación a ser rigurosos en la verificación de datos para evitar reproducir noticias falsas, y a los usuarios, a recurrir a “medios tradicionales con trayectorias probadas” para comprobar información dudosa.