En medio de la preocupación por los constantes ataques a periodistas y La criminalización de estos y medios de comunicación la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) en conjunto con las cámaras de prensa del país presentaron un amparo en la Corte Suprema de Justicia con la que se busca se deje de criminalizar la libre expresión del pensamiento y violentar el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Las entidades de prensa APG, Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, Cronistas Deportivos Guatemaltecos, Asociación de Cronistas Deportivos, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y Red Rompe El Miedo Guatemala presentaron un amparo que va encaminado a que se respete la Constitución y que no se vulnere con una ley ordinaria.

Según las entidades de prensa, la acción de amparo fue presentada ante una sala de apelaciones, por considerar que: “a la fecha se pueda incurrir en vulnerar la Constitución con una ley ordinaria, y con ello el debido proceso y la libertad de expresión, al perseguir judicialmente a periodistas y ciudadanos que hacen uso de ese derecho establecido en la carta magna”.

El objetivo de la acción, según un comunicado, es que se respete la preminencia de la Ley de Emisión del Pensamiento, pero también solicitarle al sistema de justicia penal de Guatemala garantizar el debido proceso y al Ministerio Público, el estricto cumplimiento de las leyes constitucionales del país.

Las entidades de prensa firmantes destacan que prevalece la amenaza cierta y el riesgo inminente de que el MP se aleje de los principios de objetividad, transgreda su mandato legal de velar por el estricto cumplimiento de la ley y que se violenten los derechos de seguridad y certeza jurídica, así como la Libertad de Prensa.

“La procedencia del amparo en este caso, se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado”, se lee en el comunicado.

Preocupacion

Las entidades de prensa señalaron que les preocupa que se esté utilizando la Ley Contra la Delincuencia Organizada, específicamente en su artículo 9: Obstrucción de justicia, en contra de la preminencia de la Ley de Emisión del Pensamiento, que tiene rango constitucional y que especifica: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”.

Es por ello que estas organizaciones piden que se declare con lugar el mencionado amparo, con el objeto de que se mantengan los derechos fundamentales que se encuentran amenazados y como consecuencia se ordene al MP, que con base al principio de objetividad y velando por el estricto cumplimiento de la ley, “se abstenga de ejercitar la acción penal y se agote el procedimiento establecido en la Ley de Libre Emisión del Pensamiento”.

También resaltaron que el artículo 35 de la ley constitucional, establece que “no constituyen delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales, en el ejercicio de sus cargos, aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.

Añadieron que esto también , situación que incumbe a la población guatemalteca en general que tiene el derecho de expresarse por el actuar de los gobernantes y autoridades de su comunidad.

“Por tal motivo, la instancia de entidades de prensa, hace un llamado para que cese el hostigamiento contra los periodistas y los medios de comunicación que, haciendo uso de su derecho a investigar y de informar, promueven la libertad de expresión en la sociedad, ya que sin periodismo critico e independiente no hay democracia”, se lee en el comunicado.

Byron Barrera, presidente de la APG, comentó que esperan que este recurso sea resuelto favorablemente y se instruya al MP y a los jueces a que respeten la ley y que cumplan con el debido proceso.

Exigen que el MP se apegue a la ley

“No estamos en contra de que el Ministerio Público cumpla sus funciones,  lo que exigimos es que se apegue a la ley, que se apegue a lo establecido, principalmente en la Constitución de la República de Guatemala. Si las autoridades no respetan la Constitución de la República creo que estaríamos ante una situación de inestabilidad y de irrespeto a la misma institucionalidad del país”, comentó Barrera.

“Cualquier ciudadano que emita una opinión en un determinado asunto corre el riesgo de ser enjuiciado por la vía penal por parte del Ministerio Público y jueces irresponsables que no conocen la Ley de Emisión del Pensamiento y que por lo tanto irrespetan la constitución”, dijo Barrera.

Han pasado 111 días desde que Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, fue capturado en un caso en el que se le señala de lavado de dinero, en un hecho que ha encendido las alarmas de organizaciones y entidades que velan por la libertada de prensa; sin embargo, este viernes 18 de noviembre, el rotativo anunció que dejará de circular en su versión impresa y señala que han sido víctimas de presiones que incluyen un boicot comercial.

“Desde el 29 de julio ha experimentado una escalada nunca antes vista en contra del medio y la libertad de prensa en Guatemala. Represión, intimidación, expansión del boicot comercial, allanamientos ilegales, detenciones y miembros del equipo en prisión preventiva o que se han visto obligados a salir del país en las últimas semanas debido al contexto actual de nuestro país”, señala una publicación de elPeriódico.

“La edición impresa dejará de circular el 1 de diciembre, pero elPeriódico mantendrá las suscripciones digitales y del PDF activas, innovando con las herramientas propias de los tiempos”, dice la publicación.

Julia Corado, directora del medio, señaló que, aunque el cierre de la edición impresa va acompañado de una estrategia para mantener informados a sus lectores por medio de la web, asegura que han recibido distintos tipos de presiones, las cuales “se intensificaron luego de la captura de Zamora”.

Corado añadió que “el boicot comercial” y “la forma con que atacan los netcenter” les genera presión, pues los mensajes que se les envían o etiquetan son “fuertes y en especial contra Jose Rubén Zamora”.

Además, confirmó que dos personas que trabajan en elPeriódico debieron salir del país, porque “han sido mencionados en casos donde supuestamente se habría revelado información reservada”.

“Es una incertidumbre completa la que estamos viviendo todos”, agregó Corado, quien además, dijo que en los últimos días se ha ido gente de la Redacción.

Refiere que las condiciones para cumplir con la libertada de prensa y poder desarrollarse como periodistas en Guatemala es complicada.

“Es un intento de callarnos, pero no lo han logrado, pero con el anuncio de no ir con la edición impresa se puede imaginar cómo estamos”, señaló Corado.

También dijo que varias entidades internacionales apoyan al Periódico, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés). “Hay mucho respaldo de prensa internacional”, dijo.

Reino Unido externa preocupación
Rita French, embajadora global de Gran Bretaña para los derechos humanos, visitó Guatemala este viernes y durante reunión con autoridades gubernamentales externó su preocupación por la situación de libertad de expresión, independencia judicial y cierre del espacio cívico en el país centroamericano.

La embajadora French estuvo en Guatemala el 17 y 18 de noviembre para observar el estado de respeto y vulneración de los derechos humanos de este país, según informó el gobierno de Gran Bretaña por medio de un comunicado oficial.

Durante su estancia en el país, French sostuvo una reunión con el canciller Mario Bucaro, con quien dialogaron acerca de “la preocupación internacional por la situación de los derechos humanos, como la invasión de Rusia a Ucrania”, de acuerdo con la misma fuente.

“Expresé mi preocupación por la reducción del espacio cívico, la libertad de prensa y la independencia del poder judicial”, escribió la embajadora French en su cuenta oficial de Twitter en referencia a la reunión con el canciller guatemalteco.

Además, la funcionaria británica también sostuvo reuniones con periodistas independientes de Guatemala, quienes le ilustraron que tipo de vulneraciones al derecho de libertad de expresión permanecen vigentes.

Este año la Asociación de Periodistas de Guatemala ha documentado más de 355 agresiones contra la prensa.

El juicio contra los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Ángel Isaías Fuentes Navarro y Orlin Alexánder Barrientos González empezó el pasado 29 de agosto en el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, donde este jueves 13 de octubre el Ministerio Público (MP) reveló el video en el que se observa que elementos de las fuerzas de seguridad agreden al comunicador, incluso, cuando estaba esposado con las manos hacía atrás.

El juicio contra los policías sigue su curso, y este jueves, luego de haber observado los videos y escuchar los audios presentados por la Fiscalía, la jueza del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, Mirian Andrea García Aguilar, señaló que el debate continuará el 19 de octubre próximo.

Figueroa fue detenido el 11 de septiembre de 2020 frente al Palacio Nacional de la Cultura, a donde, según dijo, llegó en busca de apoyo luego de haber sido asaltado por dos hombres que los despojaron de sus pertenecían, pero al identificarse como periodista, los agentes de la PNC Ángel Isaías Fuentes Navarro y Orlin Alexander Barrientos González lo agredieron.

En la grabación se observa que agentes de la PNC empujan y agreden al periodista y luego lo arrastran hasta ponerlo de pie, para luego subirlo a un autopatrulla en la que lo llevaron a la Torre de Tribunales.

Figueroa cuenta que el día del incidente, los dos sujetos que lo asaltaron los lanzaron al piso y como pudo se cruzó la calle para solicitar apoyo de los agentes que generalmente custodian el Palacio; sin embargo, lo que encontró fue agresiones en contra y una acusación de escándalo en la vía pública.

“Como pude me crucé la 6ª. calle para pedir apoyo de los agentes de la SAAS (a cargo de la seguridad presidencial) y lo primero que hacen es decir que estoy haciendo escándalo en la vía pública”, recuerda Figueroa.

Además, dijo que cuando se identificó como periodista, los agentes de la SAAS le cuestionaron por su labor critica de la actual administración gubernamental y solicitan apoyo de los agentes de la PNC, quienes, luego de agredirlo y lanzaron al suelo esposado y con las manos hacia atrás, lo consignan bajo los cargos de escándalo en la vía pública y luego por supuestamente haber intentado sobornar a los agentes captores.

Recuerda que en el parte policial se hace mención de que sacó de la bolsa delantera del pantalón un billete de Q100 para intentar sobornar a los policías, pero asegura que ese no era posible porque estaba con las manos hacia atrás y en la palangana de un autopatrulla.

Sin embargo, al día siguiente, el 12 de septiembre, un juez dictó la falta de mérito en su caso y ordenó que se investigara a los policías que participaron en el operativo de la captura.

Figueroa considera que su caso evidencia que en Guatemala hay un ambiente de hostilidad para la prensa independiente, “las fuerzas de seguridad tienen un discurso en el que señalan que los periodistas instamos a la violencia”.

También dijo que espera que la sentencia sea condenatoria, porque se busca sentar un precedente para el Gobierno y dejar claro que “los periodistas no somos el enemigo, sino que tenemos un papel fundamental para fortalecer la democracia de este país al fiscalizar a los funcionarios públicos”.

Además, considera necesario frenar ese tipo de abusos por parte de las fuerzas del orden, pues muchos de ellos se aprovechan del uniforme para agredir a periodistas y ciudadanos comunes y corrientes.

La publicación del video en juicio surge a pocos días de que en las redes sociales circulara una grabación en la que se observa como cuatro agentes de la PNC agreden a un comerciante de piñas, a quien bajan de su picop por la fuerza, los esposan, agreden físicamente y le lanzan gas pimienta en el rostro.

Ese incidente causó tal indignación en la sociedad, que las autoridades competentes ordenaron la captura de los policías y los enviaron a juicio y prisión preventiva.

Soldados testifican

De acuerdo con una publicación del medio Box Populi, los dos soldados que estaban de guardia el día de la detención de Figueroa dieron su testimonio ante la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas y fue leído en la audiencia del pasado martes.

En su declaración, según la publicación, el militar Jorge Alberto Pereira Godoy aseguró que tuvieron que tirar al suelo a Figueroa porque podría querer atentar contra el presidente Alejandro Giammattei.

“La persona se refirió también al ingeniero Miguel Martínez con palabras soeces y se quería meter al Palacio (Nacional de la Cultura)”, resalta el testimonio del soldado de Guardia Presidencial, Nelson Geovany Chimijhander Cuc Rax, recoge Box Populi.

Se solicitó una postura a las autoridades de la PNC sobre el video, pero aún no se han pronunciado.

El pasado 2 de septiembre, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó su preocupación por los reportes sobre amenazas para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Guatemala, e hizo un llamado al Estado a garantizar de forma plena y efectiva estos derechos fundamentales; sin embargo, el Ejecutivo asegura que dichas libertades son respetadas en el país.

La CIDH añadió que, en los últimos meses, la Relatoría Especial ha recibido varios reportes que reclaman atención de la Oficina con respecto a la libertad de expresión en Guatemala, principalmente relativos a agresiones, intimidaciones y acoso judicial con alegados fines de silenciamiento.

Señaló que, en particular, el procesamiento judicial de periodistas coincide con la vigencia de balances de la CIDH sobre el debilitamiento de la independencia judicial en Guatemala.

Además, resaltó que, de acuerdo con la información recibida, Jose Rubén Zamora y Flora Silva, presidente y directora financiera de elPeriódico, respectivamente, han sido objeto de persecución judicial por parte del Ministerio Público (MP).

En este marco, la Relatoría también ha sido informada sobre el incremento de comportamientos inauténticos coordinados por parte de cuentas anónimas en redes sociales, que según se ha señalado difunden información estatal de carácter reservado, o anuncian actos que luego son ejecutados por parte del Estado, por ejemplo, en relación con juicios penales.

Por lo anterior, este lunes 5 de septiembre, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), en representación del Ejecutivo, emitió un comunicado en el que asegura que Guatemala respeta dichos derechos con base en la legislación nacional y tratados internacionales.

“A la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional, hace saber que: el Estado de Guatemala respeta y garantiza la libertad de emisión del pensamiento”, refiere el documento.

La misiva oficial añade que ante el comunicado de la CIDH, se informa “que la COPADEH, siendo la dependencia del Organismo Ejecutivo que asesora y coordina con las distintas dependencias del Ejecutivo en la promoción de acciones y mecanismos encaminados a la efectiva vigencia y protección de los Derechos Humanos y el cumplimiento de todos los compromisos gubernamentales a nivel nacional e internacional, promueve y divulga acciones que aseguran el respeto de los derechos fundamentales como obligación del Estado”.

También dice que “Guatemala es respetuoso de los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y por lo tanto, asume la responsabilidad contenida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual en el artículo 19 indica que ´todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión´”.

Concluye: “el Estado de Guatemala reitera su compromiso por velar por la correcta aplicación de la ley y efectiva protección de las garantías fundamentales imperantes en el país para todos sus habitantes, sin discriminación alguna.

El Congreso de la República publicó este jueves 1 de septiembre, en el Diario de Centro América, el Acuerdo 14-2022 con el que se oficializa que el Decreto Número 39-2022, que contiene la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia sea archivado.

El 4 de agosto de 2022, el Congreso de la República emitió el Decreto Número 39-2022 en el que aprobó dicha ley, que creaba figuras delictivas y adecuaba normas penales frente a delitos cibernéticos, pero recibió varias objeciones de diversos sectores.

La normativa contenía 44 artículos en los cuales se intentaron regular los avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones, creando una ley especial que defina las conductas delictivas a fin de proteger los datos personales e intimidad informática con mayor énfasis a los niños y adolescentes, que son los más vulnerables a grupos ilícitos que operan a través de las redes sociales.

Expertos consideraban que ley vulneraba la libertad de expresión y podría callar críticas contra funcionarios y políticos.

El 24 de agosto pasado, con 112 votos a favor, diputados aprobaron las objeciones al decreto 39-2022, mejor conocido como ley de ciberdelitos y ordenaron archivarla.

Durante la plenaria, los congresistas también iban a conocer otras objeciones presentadas por opositores, que arguyen que el decreto podría servir como un instrumento para “acallar a la prensa y perseguir a opositores”. Sin embargo, estas observaciones no fueron debatidas porque la ley se archivó después de la primera votación.

En el Acuerdo 14-2022 publicado este 1 de septiembre de 2022, el Congreso hace referencia al Precedente Número 2-2017, aprobado el 15 de septiembre de 2017, el cual regula que si previo a enviar un decreto aprobado para su sanción y publicación, este recibiere observaciones y objeciones con respecto a la constitucionalidad, oportunidad o conveniencia nacional, Junta Directiva lo pondrá en conocimiento del Pleno del Congreso y si las observaciones fueron aceptadas por el Pleno del Congreso, como máxima autoridad del Organismo Legislativo, el Decreto aprobado no se remitirá al Organismo Ejecutivo y quedará en el Archivo de la Dirección Legislativa del Congreso de la República, haciéndose constar la decisión del Pleno en Acuerdo Legislativo.

Añade que como se recibieron observaciones invocando el precedente mencionado, esto llevó a un análisis exhaustivo sobre la oportunidad o conveniencia del Decreto Número 30-2022 del Congreso de In República.

Fue por eso que por decisión del Pleno del Congreso de la República, se suspende en definitiva el procedimiento de formación de la ley del Decreto Número 39-2022 del Congreso de la República, Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia y que como resultado de lo anterior, se instruya a la Junta Directiva observar la no remisión del mismo al Organismo Ejecutivo.

Añade que se ordena el traslado del Decreto Número 39-2022 del Congreso de la República al Archivo Legislativo de la Dirección Legislativa, poniendo de ese modo, “fin inmediato y en definitiva al procedimiento de formación de la ley del citado Decreto, a efecto que no cobre efecto jurídico alguno”.

El acuerdo entra en vigor inmediatamente y será publicado en el Diario Oficial.

Diputados sesionaron este miércoles 24 de agosto en el Congreso de la República y aprobaron las objeciones al decreto 39-2022, mejor conocido como Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia.

La referida ley que ha recibido críticas de expertos que señalan que vulnera la libertad de expresión, quedó archivada, no será enviada al Ejecutivo, ni entrará en vigor.

Para la aprobación de las objeciones, 112 diputados votaron a favor, 16 en contra y 32 ausentes.

Durante la plenaria, los congresistas también iban a conocer otras objeciones presentadas por opositores, que arguyen que el decreto podría servir como un instrumento para “acallar a la prensa y perseguir a opositores”. Sin embargo, estas observaciones no fueron debatidas porque la ley se archivó después de la primera votación.

Un grupo de diputados señaló que el contenido de la ley podría generar “interpretaciones diversas”.

Las observaciones en contra de la normativa fueron planteadas por cinco parlamentarios oficialistas: Aníbal Rojas, de VIVA; Cándido Leal, de VAMOS; Manuel Conde, de PAN; y Édgar Reyes Lee y Óscar Argueta, de la UNE. Los primeros cuatro votaron en favor de aprobar la ley durante la sesión del 4 de agosto, mientras que el último se ausentó a la reunión.

El recién pasado 4 de agosto, luego de varias horas de sesión, diputados aprobaron la referida Ley que crea figuras delictivas y adecúa normas penales frente a delitos cibernéticos.

La Ley fue creada gracias a la iniciativa 5601 y tiene como objetivo castigar las actividades de la Ciberdelincuencia que ha tomado auge por el uso de dispositivos con conexión a internet.

Entre algunos de los aspectos que contempla ley están: Proteger a los guatemaltecos y sus datos personales de los ciberdelincuentes y tipifica delitos como ciberdelincuencia, ciberdelitos, ciberdefensa, fraude informático y protección de datos personales en internet.

Expertos ven la necesidad de proteger a los menores de edad contra ciberdelitos, mientras que otros han advertido que podría atentar contra la libertad de expresión al callar críticas contra funcionarios y políticos.

Para leer más: APG rechaza contenido de Ley contra ciberdelincuencia e iniciativa de Fortalecimiento de las fuerzas de seguridad

La normativa, aunque detalla la definición de algunos términos crea nuevos delitos, como el acoso por medios cibernéticos o ciberacoso, creando una brecha legal con diversas interpretaciones que podrían, incluso, servir como herramienta legal con fines represivos, prohibiendo el divulgar imágenes de sátira o información sobre funcionarios  y políticos, que podrían alegar verse afectados por su honor, dignidad, la de su familia y otros entornos sociales.

La ley desde su aprobación encendió las alarmas sobre la posible violación al derecho constitucional de la libre emisión del pensamiento.

La entidad internacional puntualizó en un informe preliminar presentado en su 77 Asamblea General, a la espera de ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa, que el Gobierno guatemalteco también ha evitado la libre recopilación de información.

“El Gobierno limita la información a los medios de comunicación amparándose en la confidencialidad, en especial lo relacionado a la compra de vacunas para combatir la covid-19”, aseveró el informe de la SIP.

El documento detalla además que en el último año existieron “intimidaciones anónimas a través de las redes sociales” y con llamadas telefónicas a periodistas, y también “resoluciones de la Corte Suprema de Justicia” desfavorables para la libertad de expresión.

Específicamente, la SIP condenó que el pasado 27 de septiembre la Corte Suprema de Justicia ordenara iniciar un “caso penal” contra el medio impreso elPeriódico, después de que el matutino publicara evidencias de un caso de corrupción de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

El mismo Supremo determinó que no habían indicios de delitos por parte de Porras, sancionada en septiembre por Estados Unidos con el retiro de su visa al acusarla de “obstruir” la justicia en Guatemala en casos de alto impacto.

La SIP enfatizó que dicha sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra elPeriódico “contraviene” el artículo 35 de la Constitución de Guatemala, que apostilla que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos”.

El organismo periodístico internacional también recordó que el pasado 9 de junio fue allanada la casa del periodista José Corado, también de elPeriódico, sin que se conocieran los motivos por parte del Ministerio Público, después de que la policía local “le indicó” al comunicador que no había encontrado ilícitos en su residencia.

Desde 2020 a la fecha han sido asesinados tres periodistas en Guatemala por nexos con su labor, según recuentos de medios locales: Alfonso Guadrón Hernández, en agosto de este año; Bryan Guerra, en marzo de 2020 y Mario Ortega García, en noviembre de 2020.

Guadrón laboraba para un medio de su fundación en el departamento de Chiqumula (este); Guerra trabajaba para el canal de cable TLCOM también en Chiquimula, mientras que Ortega García era propietario del medio San José Total en el departamento de Escuintla (sur).

El presidente Alejandro Giammattei es señalado de vulnerar los derechos de los medios de comunicación y periodistas. El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó un amparo en contra del mandatario, en el que argumenta que la quinta disposición de reforma al Decreto 6-2021 vulnera los derechos anteriormente mencionados.

El @PDHgt @JordanRodas presenta amparo contra presidente @DrGiammattei debido a que la disposición 5ª de REFORMAS al Decreto 6-2021 vulnera el derecho a la libertad de información, libre acceso a las fuentes y la libertad de expresión de los medios de comunicación y periodistas pic.twitter.com/jBWCWAbRCG

— PDH Guatemala (@PDHgt) August 22, 2021

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