El relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, visitó este lunes 12 de febrero al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín en una prisión de Guatemala, donde se encuentra detenido desde el 29 de julio de 2022.

De acuerdo con la CIDH, el relator Vaca se encuentra en Guatemala por invitación del gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, para constatar la situación de libertad de expresión en el país.

Vaca ingresó este lunes a la prisión ubicada en el cuartel de Mariscal Zavala, en el norte de la capital guatemalteca, para constatar la situación en la que se encuentra Zamora Marroquín, quien fue beneficiado con medidas cautelares de la CIDH en julio de 2023.

La misión de la CIDH que ingresó a la celda del periodista está encabezada por la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum, y durante su estadía en Guatemala sostendrán distintas reuniones con funcionarios gubernamentales.

El 29 de julio de 2022, Zamora Marroquín, de 67 años, fue detenido tan solo cinco días después de lanzar fuertes acusaciones de corrupción en su medio de comunicación, elPeriódico, al círculo más cercano del entonces presidente, Alejandro Giammattei (2020-2024).

El periodista se encuentra a la espera de que un juzgado penal de Ciudad de Guatemala inicie la repetición del juicio por lavado de dinero en su contra, debido a que la sentencia de 6 años de prisión que le fue impuesta en 2023 fue anulada por una sala de apelaciones, al considerar que se habían cometido errores en el proceso anterior.

Durante su tiempo en prisión, Zamora Marroquín ha denunciado diversas violaciones a sus derechos, entre ellos destaca que en el juicio al que fue sometido se le impidió presentar documentos de descargo, así como testigos.

La semana pasada, Zamora Marroquín aseguró a periodistas que, desde la llegada del nuevo Gobierno, el pasado 14 de enero, sus condiciones en prisión han mejorado con garantías mínimas como acceso a agua caliente y más horas al aire libre.

En 2023, la familia del periodista denunció que el Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei retrasó la aprobación de permisos para posibilitar visitas de observadores internacionales a Zamora Marroquín en prisión.

Una fuente del Ejecutivo confirmó a EFE que esta tarde el relator Vaca y la secretaria Reneaum serán recibidos por Arévalo de León en una reunión en el Palacio Nacional de la Cultura.

Además, durante el día la delegación de la CIDH se reunió con el canciller, Carlos Ramiro Martínez, para discutir sobre cooperación en temas relacionados a derechos humanos.

Otra visita

El subsecretario de Estado adjunto de EE. UU. para América Central, Eric Jacobstein, también visitó a Zamora en la prisión, un encuentro que asegura es parte del compromiso de Washington con el periodismo independiente y la libertad de expresión.

“Me siento honrado de haber podido reunirme con el respetado periodista José Rubén Zamora, quien está en prisión desde hace 563 días. Un momento crucial que reafirma el compromiso de #EEUU con el periodismo independiente y la libertad de expresión en #GUA”, escribió Jacobstein en X, antes Twitter, en un mensaje publicado por la Embajada de EE. UU. en Guatemala.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó este lunes 5 de febrero un escrito ante un tribunal de Guatemala en defensa de ocho periodistas guatemaltecos que fueron procesados y acusados de obstrucción a la justicia, en un caso que se encuentra bajo apelación y que se conocerá en los próximos días.

En marzo de 2023, la Justicia guatemalteca procesó a un grupo de periodistas por una serie de artículos publicados acerca del juicio contra el fundador y presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín.

Zamora Marroquín se encuentra en prisión desde julio de 2022 por sus investigaciones periodísticas sobre corrupción tras “un proceso plagado de vicios e irregularidades, en evidente represalia” por su trabajo informativo crítico, señaló la SIP en un comunicado.

Los periodistas y columnistas señalados son: Denis Obdulio Aguilar González, Julia Catalina Corado Flores, Gerson Allende Ortiz, Édgar Armando Gutiérrez Girón, Gerli Alexander Valdez, Ronnie Alexander Ríos García y Gonzalo Marroquín Godoy, expresidente de la SIP.

Los periodistas acusados en este caso promovido por fiscales sancionados por Estados Unidos tuvieron que salir exiliados del país y no han podido continuar con su labor informativa durante los meses que el caso en su contra se mantuvo activo, dijo la SIP, con sede en Miami.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 personas, entre periodistas, jueces, fiscales y activistas, tuvieron que abandonar Guatemala, tras denunciar persecución política en su contra, según informes de prensa.

El escrito legal “amicus curiae” firmado por la SIP sostiene que, según el Ministerio Público, “los periodistas con sus publicaciones posiblemente han intentado amenazar o coaccionar a los miembros del Organismo Judicial, Ministerio Público y Auxiliares de la Administración de Justicia, afectando su integridad física y su honor, con el fin de influir en su comportamiento”.

La SIP destaca que la Fiscalía “de manera arbitraria e ilegal también solicitó que se ordenara investigar las fuentes de financiamiento, porque según ella las publicaciones de los periodistas, están siendo orquestadas por más gente, pidiendo también que se investigue organizaciones que los financian”.

El escrito legal indica que, con esas maniobras, se está “violentando lo regulado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que también establece que la actividad de los medios de comunicación social es de interés público y estos en ningún caso podrán ser expropiados”.

El análisis de los abogados subraya que “las publicaciones sobre las cuales el Ministerio Público pretende realizar investigación penal, por el delito de obstrucción de justicia, se refieren a actuaciones realizadas por funcionarios públicos, en el pleno ejercicio de su cargo”.

Agrega que estas publicaciones, críticas o denuncias fueron hechas por periodistas guatemaltecos, del diario elPeriódico, y “constituyen ese ejercicio legítimo del derecho a la libre emisión del pensamiento, reconocido y garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala”.

En ese sentido, añade, “no resulta legalmente viable investigar penalmente las publicaciones realizadas por periodistas, puesto que lo legalmente establecido es que sea conocido por un Tribunal de Honor, conforme lo regula la Ley de Emisión de Pensamiento”.

El procesamiento de los periodistas por acusaciones de obstrucción de justicia contradice estándares internacionales en materia de libertad de expresión y la constitución guatemalteca, incluyendo artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y de la Constitución Política de la República de Guatemala, además de la Ley de Emisión de Pensamiento.

RSF condena irregularidades

Además, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó este lunes las irregularidades, vicios y falta de transparencia que han marcado la nueva audiencia del caso en contra Zamora.

El periodista cumple más de 500 días preso en Guatemala y su juicio por supuesto lavado de dinero está estancado por diversas acciones judiciales pendientes de resolver, mientras ha acusado estar secuestrado.

“El episodio ilustra categóricamente la arbitrariedad que rodea el caso contra el periodista”, señaló RSF en su posicionamiento.

Además, criticó que, como a decenas de periodistas y representantes de delegaciones diplomáticas de diferentes países, a RSF se le impidió asistir a la breve audiencia de este lunes.

Sobre la audiencia precisó que “solo sirvió para prolongar una vez más el juicio, basándose en argumentos burocráticos”.

En este sentido, RSF exigió a las autoridades judiciales de Guatemala actuar con responsabilidad y garantizar el derecho del periodista de obtener un juicio justo y transparente.

“Pedimos a las autoridades judiciales que dejen de actuar irresponsablemente y garanticen el derecho a un juicio justo y transparente”, dice el pronunciamiento de RSF.

Integrantes de la misión conjunta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) se reunieron este jueves 25 de enero con el presidente Bernardo Arévalo para “evaluar” la situación de la prensa en el país y destacaron el compromiso del Ejecutivo por respetar la libertad de prensa y de expresión.

En el encuentro, tanto la SIP como el CPJ destacaron la criminalización a la que han sido sometidos varios periodistas en Guatemala, destacando el caso de Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, quien lleva 18 meses en prisión por un caso que, de acuerdo con su percepción, fue encausado por la Fiscalía.

El mexicano Roberto Rock, presidente de la SIP, dijo que la reunión con Arévalo fue “muy estimulante” en tres sentidos, pues aparte de la apertura que demostró el mandatario también se comprometió a analizar la declaración de Chapultepec para evaluar si la firma o no.

Uno de los sentidos que destacan como positivo es que Arévalo haya recibido a la misión conjunta a pocos días de su toma de posesión, pues, de acuerdo con Rock, eso “habla del compromiso del nuevo gobierno de Guatemala con la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

“En estos tiempos se necesita este tipo de voluntad política en favor de las libertades en general, y en particular de la libertad de prensa y la libertad de expresión”, agregó el presidente de la SIP.

“Tuvimos una larga conversación con el presidente Arévalo, donde se habló de todos los temas, él fue muy sincero, fue muy abierto, mostró distintas preocupaciones, y lo vimos cómo alguien muy convencido de sus propósitos, muy comprometido con el tema de libertades y muy comprometido también con la necesidad de una Guatemala más libre, más unida y justa”, señaló Rock.

También destacó que la perspectiva, las definiciones y los compromisos de Arévalo generan expectativa, principalmente “El compromiso expreso de que su gobierno no tendrá ninguna acción orientada a la judicialización, se ha comprometido a no realizar ningún acto en contra del ejercicio de la libertad de prensa o la libertad de expresión”.

“Le expresamos la preocupación de lo qué está ocurriendo con distintos colegas como Chepe Zamora, por ejemplo, que está en prisión desde hace 18 meses, cuando no debió haber pisado la cárcel, debió haber enfrentado los cargos que se le enderezaron en libertad y le dijimos que esperemos que los jueces que llevan la causa, que el ámbito judicial y la Fiscalía que le enderezó estas acusaciones le permitan regresar con su familia y con sus colegas lo antes posible”, señaló Rock.

También señaló que le mostraron su preocupación por los periodistas que han salido del país “por temor a procesos de judicialización amañada, tanto por parte de la Fiscalía como de jueces y él mostró preocupación en este tema”.

Además, Rock dijo que saben que no está en manos del mandatario tomar acciones para liberar a Zamora, pero “él mostró, sin duda, simpatía con este tema”.

“Le hicimos llegar la declaración de Chapultepec, que es un decálogo en temas de libertad de prensa y expresión, y la declaración de Salta, que está orientada a cómo se expresan estas libertades en el ámbito digital, en el nuevo mundo digital y él ofreció estudiarlos, ofreció que con su equipo consultor jurídico iba a analizar que se conciliara con el marco jurídico del país, y mostró el interés de que eventualmente firmaría ambas declaraciones”, detalló el presidente de la SIP.

Por su parte,Carlos Martín de La Serna, director de Programas en el Comité para la Protección de los Periodistas, dijo que “Guatemala viene de un periodo muy oscuro, de ataques a la prensa, de ataques a periodistas y de criminalización del periodismo, pero con el cambio de Gobierno considera que se abre una oportunidad.

“Es una administración que se compromete con la libertad de prensa, con los derechos humanos, con la libertad de expresión. Nuestro trabajo tiene que consistir en monitorear que las medidas que se toman en el país, que el estado de la prensa en el país mejora y no se repitan las situaciones que se han vivido, al menos con las dos últimas administraciones”, refirió De La Serna.

Además, dijo que hay muchas cosas que se pueden hacer para proteger a la prensa en distintos ámbitos, por ejemplo, protegerla de la “acción excesiva y punitiva del Ejecutivo”, pero también frente a otros riesgos, como la violencia del crimen organizado a la que están expuestos los periodistas por la naturaleza de su de su trabajo.

“Para que los periodistas en el exilio y cualquier periodista que hace una labor muy crítica, especialmente los periodistas que hacen periodismo de investigación puedan primero volver y continuar ejerciendo su trabajo tiene que haber certeza de que no existe ninguna reacción punitiva ante eso.

El cierre de elPeriódico y el juicio en contra de su fundador, el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, son evidencia del deterioro acelerado de la Libertada de Prensa y la democracia en Guatemala, según la percepción de Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En una entrevista con Prensa Libre, Vaca Villarreal analizó la situación que se vive en Guatemala respecto a la Libertad de Prensa y al derecho de los guatemaltecos de permanecer informados, esto en el marco del anuncio hecho por elPeriódico de cerrar sus operaciones a partir del 15 de mayo próximo.

“Con profunda tristeza, nos vemos obligados a detener la edición diaria de elPeriódico” después de casi 27 años de existencia, anunció el medio en un comunicado.

“elPeriódico dejará de publicar cualquier tipo de notas el día 15 de mayo. La empresa editora Aldea Global seguirá abierta funcionando para hacerle frente a las responsabilidades que todavía tiene”, dijo a la AFP Ramón Zamora, hijo del propietario del diario.

elPeriodico señaló que recibió un “golpe contundente” cuando Zamora fue detenido por cargos de lavado de dinero el 29 de julio de 2022.

El medio de comunicación elPeriódico anunció su cierre de operaciones por persecución y hostigamiento. ¿Qué opinan de la decisión y cómo impactará esto en la libertad de prensa de Guatemala?

“La vida democrática requiere siempre de más —y nunca menos— periodismo. El cierre de cualquier medio de comunicación es una noticia trágica para la vida en comunidad cuando se aspira a convivir como sociedades diversas y tramitar los desacuerdos con más informaciones y opiniones”.

“Cuando las razones alegadas para el cierre de medios apuntan a las condiciones institucionales para ejercer el periodismo, lo que se reta es la vigencia de la democracia para todas las personas y voces. Menos oferta informativa puede derivar en un ambiente más cómodo para las autoridades, pero es un sacrificio para la sociedad; la ciudadanía es la principal afectada, porque cuenta con menos fuentes de información para construir por cuenta propia una comprensión del entorno en que vive y con ello tomar decisiones sobre su futuro”.

“El cierre de un medio de tanta trayectoria en vísperas de unas elecciones no es un hecho que pueda pasar inadvertido y que da pie a que se resten credenciales de pluralismo cuando lo que se espera de los Estados son mayores garantías para el ejercicio de derechos y libertades”.   

“Desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) hemos monitoreado la situación que ha denunciado El Periódico y en este punto debo manifestar que el cierre como consecuencia de alegada asfixia económica y notable falta de confianza en las garantías de libertad para ejercer el periodismo, es algo que se registra dentro de nuestra observación internacional a efectos de documentar si lo que está pasando constituye una vulneración a la libertad de prensa y si —de conformidad a como se nos reporta— el intenso despliegue institucional desatiende las obligaciones internacionales que el Estado de Guatemala voluntariamente aceptó”.

“Para que esta tarea pueda ser desarrollada con imparcialidad se requiere de observación en terreno, es indispensable poder escuchar a José Rubén Zamora, es algo que hemos solicitado de forma respetuosa y reiterada, y es algo que el Estado no ha facilitado a pesar de que, a muy alto nivel, desde octubre del año pasado se comprometieron a ello”.

El director del medio de comunicación, Jose Rubén Zamora, enfrenta juicio. ¿Qué análisis hacen del caso fuera de Guatemala?

“En las Américas, toda persona que esté en la situación de José Rubén Zamora debe tener el derecho a ser visitada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, facilitar esas condiciones es lo que caracteriza a una democracia abierta a la observación internacional. Llama la atención, por ejemplo, que el periodista no ha tenido continuidad en su defensa, lo que ha llevado a cambios de abogados de manera reiterada y por diversas razones, incluso, se ha reportado la activación de procesos judiciales a quienes lo defendieron y algunos de ellos también están en prisión. En nuestra experiencia institucional, si la respuesta a la solicitud de visita llegara a ser negativa, nos corresponderá llegar a conclusiones con la información disponible a distancia”.

Autoridades del país aseguran que en Guatemala se respeta la libertad de prensa. ¿Comparten esas valoraciones?

“El Estado de Guatemala ha informado a la RELE que reconoce el valor fundamental que tiene la libertad de expresión en todo sistema democrático y lo relevante que resulta para el debate público. Asimismo, ha indicado que los procesos penales contra Jose Rubén Zamora no estarían relacionados con actividades periodísticas, y que las diligencias judiciales alrededor de su caso se realizan en estricto apego al marco legal y los derechos humanos. En contraste, la información reportada a esta Oficina por numerosos actores de la sociedad civil, indica que el procesamiento judicial de Jose Rubén Zamora y otros directivos del medio, además de investigaciones iniciadas contra periodistas y columnistas del medio, podrían tener relación con la labor periodística”.

“El panorama que observamos desde la Relatoría Especial, que hemos registrado a través de nuestro monitoreo y visibilizado a través de distintos comunicados de prensa, nos muestra un deterioro acelerado de la confianza para ejercer el derecho a la libertad de expresión, particularmente con un incremento en el uso del derecho penal sobre personas que ejercen el periodismo. Hay reportes de miedo y autocensura para hablar del poder judicial y el Ministerio Público o sobre asuntos de interés común en un país donde buena parte de la deliberación democrática involucra las variables justicia e impunidad”.

“Las garantías a la libertad de expresión no se agotan en un esfuerzo de textos legales y declaraciones generales, el respeto por la libertad de expresión pasa, sobre todo, por la confianza que tienen las personas críticas al poder de turno para hablar de forma abierta y desinhibida sobre asuntos de interés general sin temor a represalias por hacerlo”.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia rechazó una denuncia contra un juez que ordenó investigar a periodistas de elPeriódico, y de otros medios de comunicación. ¿Qué mensaje envía con esto el poder judicial? 

“El sistema de frenos y contrapesos que controle el ejercicio del poder público es un elemento fundamental en cualquier democracia y constituye una garantía para la vigencia de los derechos humanos. En la historia democrática de la libertad de expresión, los poderes judiciales suelen ser garantes trascendentales del derecho a la información, en la historia no democrática de la libertad de expresión el poder judicial suele instrumentarse como un brazo censor”.

“Desde la Relatoría Especial reiteramos nuestro llamado al Estado guatemalteco para garantizar que toda investigación penal contra periodistas se desarrolle conforme a estándares internacionales en materia de libertad de expresión, que son muy estrictos, sobre los cuales hay vasta jurisprudencia internacional aplicable y que un Estado democrático está llamado a considerar”.

 ¿Visualizan ataques contra otros medios de comunicación en Guatemala o cual es el pronóstico que tienen para el país en cuanto a la libertad de prensa?

“Tal como señala el informe anual 2022 de la RELE, la situación de la libertad de expresión en Guatemala continúa deteriorándose. Según la información recibida por la Relatoría, periodistas y medios de comunicación que investigan sobre asuntos de interés público, especialmente corrupción, irregularidades en la gestión pública y violaciones de derechos humanos, suelen ser blanco de violencia física, hostigamientos, intimidaciones, campañas de acoso en redes sociales y procesamiento judicial”.

“A la RELE le preocupa, además, el incremento de uso del derecho penal, tanto contra periodistas como también otras personas y grupos de personas que tienen un papel relevante en la vida pública y democrática”.

“En una audiencia sobre la situación de libertad de expresión en Guatemala celebrada en el segundo semestre del año 2022, las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que al menos seis periodistas han tenido que salir de Guatemala a raíz de actos de acoso y amenazas, y la falta de garantías para el ejercicio de la labor periodística”.

“Hace una semana nos reportaron que se estima que al menos 22 periodistas de Guatemala estarían en el exilio, la mitad de ellos habrían salido del país en los meses de marzo y abril pasados, poco después de la apertura de una investigación contra nueve periodistas que hicieron publicaciones sobre el caso Zamora”.

“Es importante destacar, además, que las denuncias sobre criminalización de periodistas que investigan asuntos de interés público se insertan en un contexto de intensificación de persecución judicial en contra de distintos grupos de personas que cumplen un rol relevante de escrutinio del poder público en Guatemala, conforme señaló la Comisión Interamericana en sus informes anuales 2021 y 2022”. 

Guatemala enfrenta un proceso de elecciones generales. ¿Han visto propuestas de los candidatos a favor de la libertad de prensa o es un tema que no se aborda por los políticos?

“La libertad de expresión cobra una importancia especial en períodos electorales. En el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto la CIDH como la Corte Interamericana han subrayado que la libertad de expresión ´es una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los electores, que fortalece la contienda política entre los distintos participantes, provee instrumentos de análisis de las propuestas de cada uno de ellos y permite así una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y su gestión; y nutre la formación de la voluntad colectiva manifestada en el sufragio´. Asimismo, la RELE ha señalado que  ´el sano debate democrático exige que exista el mayor nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones respecto de los candidatos, sus partidos y sus propuestas durante el período que precede a unas elecciones, principalmente a través de los medios de comunicación, de los candidatos, y de quienes deseen expresarse´”.

 ¿Cuáles han sido los momentos recientes más tensos para el ejercicio periodístico que han identificado en Guatemala?

“Este es un momento particularmente difícil para la libertad de expresión en Guatemala, el abismo entre las denuncias de la prensa y las declaraciones oficiales es enorme. Guatemala lleva dos años consecutivos en el capítulo IVB del informe anual de la CIDH, la sección dispuesta para los Estados de mayor preocupación en materia de derechos humanos”.

“Las autoridades guatemaltecas ya saben las fechas que he sugerido para ir al país, quedaron de responder, aún no lo hacen y espero que cumplan su palabra”.

Edmond Mulet, candidato a la Presidencia de la República por el partido Cabal, presentó una querella contra el juez Jimi Bremer, quien ordenó que el Ministerio Público (MP) investigara a periodistas y columnistas de elPeriódico, así como a otros medios de comunicación.

El juez ordenó las investigaciones en contra de periodistas luego de que aceptara una solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que los vincula con el caso que se lleva en contra del presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora.

De acuerdo con Mulet, quien dio una conferencia de prensa, en la denuncia se señala al juez Bremer de la posible comisión de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y violación a la Constitución.

Se informó que la querella en contra del juez Bremer se tramita como una solicitud de antejuicio, por lo que deberá ser remitida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual deberá conocer la solicitud del retiro de inmunidad del juzgador y establecer si el MP debe investigar para determinar si cometió los delitos que se le señalan.

“No se puede permitir que se quiera acallar a la prensa, solo los dictadores, tiranos y totalitaristas se oponen a su escrutinio”, señala un comunicado de Cabal, que agrega que “la Libertada de prensa Salvaguarda la democracia de una nación”.

“Las resoluciones recientes del juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez de pretender investigar a periodistas por sus publicaciones sienta un terrible precedente para nuestra nación. La Ley es muy clara: es libre la emisión del pensamiento y no podrá ser restringida, ni perseguida”, escribió Las resoluciones recientes del juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez de pretender investigar a periodistas por sus publicaciones sienta un terrible precedente para nuestra nación. La Ley es muy clara: es libre la emisión del pensamiento y no podrá ser restringida, ni perseguida” escribió Mulet en su cuenta de Twitter.

El pasado 28 d febrero, el juez Jimi Bremer ordenó investigar a nueve periodistas y columnistas del diario elPeriódico y Prensa Comunitaria, por posible obstrucción a la justicia, a raíz de la labor crítica ejercida por los comunicadores en la cual que fiscalizan a funcionarios públicos.

El 9 de marzo pasado, organizaciones internacionales rechazaron la “persecución infundada” contra periodistas en Guatemala y criticaron la investigación de las finanzas de los medios de comunicación, pues ello “amenaza gravemente la libertad de prensa” en ese país.

Entre algunos de los firmantes del pronunciamiento se encuentran el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Latin America Working Group, Fundación para el Debido Proceso, Robert F. Kennedy Humans Rights, Jotay, Wola, GHRC, Impunity Watch, Article 19, Be Just y American Jewish World Service.

Las organizaciones expresaron su preocupación por el “agravamiento de la regresión democrática que vive Guatemala”.

“La Constitución guatemalteca y los tratados y convenios internacionales a los que se ha adscrito Guatemala establecen que no se puede perseguir penalmente a los periodistas derivado de sus publicaciones; sin embargo, el Ministerio Público se ha constituido en un ente de persecución arbitraria contra muchos periodistas que son considerados incómodos al gobierno y a los grupos de poder”, explica el documento firmado por las organizaciones.

Según el pronunciamiento, estos hechos contradicen el mandato de “fortalecer” y “garantizar” el derecho a la libertad de expresión de la prensa, reafirmado con el establecimiento de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas de Guatemala.

“La libertad de expresión es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. En este sentido, se debe resaltar la labor de las personas periodistas, ya que juegan un rol esencial al informar a la ciudadanía sobre procesos judiciales donde se alegan violaciones a derechos humanos y realizar críticas al desempeño de autoridades o particulares con exposición pública”, cita el texto.

Las organizaciones recordaron que en 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado de Guatemala abstenerse de utilizar procesos penales cuando se difunden informaciones periodísticas sobre asuntos de interés público, sobre funcionarios públicos o sobre candidatos a ejercer cargos públicos.

Con información de EFE

La investigación que fue ordenada por un juez en contra de periodistas y columnistas de elPeriódico continúa generando reacciones de organizaciones locales e internacionales, ante la preocupación de que en Guatemala se atenta contra la libertad de prensa.

Este jueves 2 de marzo, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó un mensaje en el que exige a las autoridades guatemaltecas garantizar procedimientos justos contra los periodistas que han sido señalados por el MP y pide garantizar el respeto de las garantías constitucionales.

“Nos preocupa la reciente decisión de investigar a 8 periodistas por informar críticamente sobre el caso de Chepe (Jose Rubén) Zamora. Las autoridades deben garantizar procedimientos justos y que cualquier limitación a la libertad de expresión sea legítima, necesaria y proporcionada”, señaló Türk.

Los periodistas y columnistas de prensa que serán investigados son Julia Corado, Ronny Ríos, Denis Aguilar, Gonzalo Marroquín Godoy, Christian Vélix, Édgar Gutiérrez, Alexánder Valdez y Jerson Ortiz.

La mayoría de los nombres divulgados por Monterroso corresponden a periodistas de elPeriódico, medio presidido y fundado por Zamora Marroquín.

En tanto, el movimiento Pro Justicia criticó la decisión del juez Jimi Bremer y detalló que “no extraña que el MP haya entrado en una fase más intensa de persecución contra sus críticos”.

Un comunicado de Pro Justicia señala que “con estupor hemos observado que el juez Jimi Bremer ordenó una investigación criminal contra periodistas y columnistas de elPeriódico, por el hecho de ejercer su trabajo, aplicar las herramientas que les permiten las leyes para informar a la población y expresarse con libertad”.

El documento refiere que “el MP considera que la crítica, la duda, la oposición, la búsqueda de información, la acción de informar a la población y la libre emisión del pensamiento son actividades criminales; y el juez concuerda. De lo contrario, su resolución habría sido de rechazo a la solicitud de la Fiscalía”.

“No extraña que el MP haya entrado en una fase más intensa de persecución contra sus críticos, pero es inconcebible que el juez haya autorizado abrir causas contra quienes ejercen la libertad de expresión y cuestionan las actuales dinámicas del sistema de justicia. Plantear cuestionamientos contra el desempeño de funcionarios, no constituye delito. Criticar a diputados, jueces, fiscales y magistrados no debe exponer a nadie a una persecución penal”, agrega Pro Justicia.

Además, resalta que “los jueces están obligados a fungir como defensores de los derechos humanos, porque su deber es garantizar el debido proceso a todas las personas sindicadas de delitos y la plena vigencia de los derechos y libertades de las personas. Por eso, el juez Bremer debió ejercer el control sobre la solicitud del MP y reorientar las pretensiones de la Fiscalía, para no crear lesiones de orden constitucional”.

“La decisión del juez debe ser cuestionada desde todos los enfoques democráticos, legales y constitucionales. Si esta acción no genera el repudio que merece, vendrán más acciones que ampliarán la ruta hacia más autoritarismo, censura y restricción de garantías constitucionales”, agrega el comunicado.

Además, el gobierno del presidente Joe Biden está “preocupado” por las investigaciones contra periodistas en Guatemala y estima que “criminalizar” el trabajo de la prensa “socava las normas democráticas”, afirmó este jueves el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.

“Estamos profundamente preocupados”, afirmó Price en un comunicado. “Instamos al sistema judicial guatemalteco a rechazar la criminalización de los periodistas independientes y apoyar el periodismo independiente como uno de los pilares de una sociedad democrática segura y próspera”, subrayó.

“Criminalizar el trabajo de los periodistas y de la sociedad civil socava las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión”, sostuvo Price en la nota.

El martes recién pasado el juez Décimo Penal, Jimi Bremer, abrió un segundo proceso penal contra Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico que se encuentra en prisión preventiva desde julio pasado. Según la acusación formal, el periodista supuestamente intentó frenar una investigación en su contra por supuesto lavado de dinero en 2021.

Ese mismo día, Bremer aceptó la petición del Ministerio Público (MP) de investigar a varios periodistas y columnistas de ese rotativo, el cual ha publicado reportajes sobre la corrupción estatal en Guatemala.

Zamora será sometido a un polémico juicio el 2 de mayo por una primera acusación de supuesto blanqueo de fondos. Según la Fiscalía, participó en una trama de chantaje y lavado por unos US$37 mil 500 contra empresarios a cambio de no publicar información que les perjudicaría.

El periodista, de 66 años, se autocalifica como un “perseguido político” y estima que las imputaciones fueron montadas por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras, para silenciar sus publicaciones sobre corrupción.

En 2021, Estados Unidos incluyó a Porras en una lista de implicados en actos de corrupción o que socavan la democracia tras su decisión de despedir a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y considerado por Washington como un “campeón anticorrupción”.

Con información de AFP

La decisión del juez Décimo Penal, Jimi Bremer, de ordenar investigar a periodistas y columnistas de elPeriódico, así como a otros medios de comunicación a solicitud del Ministerio Público (MP) genera repudio en entidades de prensa nacional e internacional que exigen respeto a la libertad de prensa y que se detengan las pesquisas.

La investigación fue solicitada por la fiscal Cinthia Monterroso, quien tiene a su cargo la acusación por parte de la Fiscalía contra Zamora Marroquín en dos casos: uno por supuesto lavado de dinero y otro por presunta obstrucción a la justicia. Según Monterroso, los comunicadores habrían incurrido en el delito de obstrucción a la justicia.

El abogado constitucionalista Gabriel Orellana explicó que si una publicación periodística se considera que dice mentiras corresponde a la persona potencialmente afectada formular la aclaración al medio, en el tiempo que establece la ley.

Luego acudir a un Tribunal de Honor, si es un funcionario público el afectado, o a uno de Imprenta si es un ciudadano común.

A juicio de Orellana, pareciera que “se está tratando de forzar o distorsionar un delito de acción personal sobre la base de un delito de obstrucción de la justicia”, lo cual genera dudas “porque la Constitución Política de la República señala la irrestricta libertad de emisión del pensamiento” lo que incluye opiniones y criterios de información.

El segundo párrafo del artículo 35 de la Carta Magna dice que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

Este principio, añadió, se refuerza en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Esperamos que la señora —la fiscal— recapacite o busque consejo legal apropiado antes de seguir cometiendo un error que puede ser nefasto para la libre emisión del pensamiento”, remarcó el abogado.

Por aparte, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) rechazó la investigación que ordenó el juez “en contra de un grupo de periodistas y columnistas del medio de comunicación, elPeriódico”.

“Tanto el MP como algunos jueces están trabajando como sepultureros de la democracia”, comentó Byron Barrera, presidente de la APG, quien agregó que el sector justicia “está trabajando intensamente para que la frágil democracia que se estableció hace unos años se termine”.

La APG considera “poco viable la presentación de acciones legales para contrarrestar el ataque jurídico que está sufriendo la libertad de expresión, y sobre todo el ejercicio periodístico en Guatemala”.

Según Barrera, sería “utópico” pensar que dichas acciones serán resueltas de manera favorable, por lo que la APG tiene pensado buscar incidencia, pero no en el campo jurídico nacional.

“Lo que corresponde en este caso, y lo vamos a considerar, es una campaña internacional de denuncia contra los jueces y MP, para que la comunidad internacional analice qué está pasando en Guatemala, y se tomen acciones concretas que incidan en la realidad”, refirió Barrera.

Agregó que los mismos que están llamados a proteger la ley “la están irrespetando”, recordando que la Constitución Política de la República de Guatemala protege la libertad de expresión.

Además, Elsie Sierra, presidenta de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, señaló que “ya solicitamos hoy en la tarde una reunión con personeros del Ministerio Públicos para saber de qué se trata este tema, y luego, así como lo hemos hecho en otros casos, dependiendo de la naturaleza y el tipo de investigación y si entra en el tema de libertad de expresión, pues tomar las medidas o procesos legales y apoyo para el gremio, para los periodistas”.

Por lo anterior Sierra dijo que “en primera instancia estamos esperando que nos den esta reunión (con el MP), porque si nos urge saber de qué se trata, e incluso, solicitamos por escrito que nuevamente queremos saber qué casos tienen en la Fiscalía para periodistas y queremos saber también en qué fase se encuentran, porque si de alguna manera esos procesos no están de acuerdo a derecho, tenemos que actuar en favor de todos los periodistas de Guatemala”.

Además, dijo que podrían fijar una postura con el resto de las organizaciones de prensa del país.

“Estamos tratando de fijar una reunión que va a ser próxima, me imagino mañana, con la asistencia de prensa (…) para determinar en forma unificada cuál es nuestro actuar en este tipo de temas”.

“Estamos pidiendo investigación, como periodistas profesionales que somos tenemos que buscar esos antecedentes, buscar la información, estudiarla que nuestros departamentos jurídicos lo hagan también así y por supuesto tener esta reunión de cámaras, de asociaciones (…) para fijar algunas posturas”.

Además, el Comité para la Protección de los Periodistas hizo un llamado al MP a detener “cualquier investigación a columnistas y empleados del diario elPeriódico, liberar incondicionalmente a su presidente, Jose Rubén Zamora, y permitir que el personal del diario trabaje libremente”.

“Las autoridades guatemaltecas deben detener de inmediato cualquier investigación sobre los columnistas y empleados de elPeriódico y cualquier enjuiciamiento adicional de su presidente, Jose Rubén Zamora”, señaló Carlos Martínez de la Serna, director de programas del CPJ en Nueva York.

Agregó que “el hecho de que las autoridades atacaran al personal de la publicación después del arresto de Zamora por cargos financieros dudosos es un claro intento de los fiscales de intimidar y hostigar a un medio de investigación y a los periodistas que trabajan incansablemente para exponer la corrupción”.

El pasado 2 de septiembre, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó su preocupación por los reportes sobre amenazas para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Guatemala, e hizo un llamado al Estado a garantizar de forma plena y efectiva estos derechos fundamentales; sin embargo, el Ejecutivo asegura que dichas libertades son respetadas en el país.

La CIDH añadió que, en los últimos meses, la Relatoría Especial ha recibido varios reportes que reclaman atención de la Oficina con respecto a la libertad de expresión en Guatemala, principalmente relativos a agresiones, intimidaciones y acoso judicial con alegados fines de silenciamiento.

Señaló que, en particular, el procesamiento judicial de periodistas coincide con la vigencia de balances de la CIDH sobre el debilitamiento de la independencia judicial en Guatemala.

Además, resaltó que, de acuerdo con la información recibida, Jose Rubén Zamora y Flora Silva, presidente y directora financiera de elPeriódico, respectivamente, han sido objeto de persecución judicial por parte del Ministerio Público (MP).

En este marco, la Relatoría también ha sido informada sobre el incremento de comportamientos inauténticos coordinados por parte de cuentas anónimas en redes sociales, que según se ha señalado difunden información estatal de carácter reservado, o anuncian actos que luego son ejecutados por parte del Estado, por ejemplo, en relación con juicios penales.

Por lo anterior, este lunes 5 de septiembre, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), en representación del Ejecutivo, emitió un comunicado en el que asegura que Guatemala respeta dichos derechos con base en la legislación nacional y tratados internacionales.

“A la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional, hace saber que: el Estado de Guatemala respeta y garantiza la libertad de emisión del pensamiento”, refiere el documento.

La misiva oficial añade que ante el comunicado de la CIDH, se informa “que la COPADEH, siendo la dependencia del Organismo Ejecutivo que asesora y coordina con las distintas dependencias del Ejecutivo en la promoción de acciones y mecanismos encaminados a la efectiva vigencia y protección de los Derechos Humanos y el cumplimiento de todos los compromisos gubernamentales a nivel nacional e internacional, promueve y divulga acciones que aseguran el respeto de los derechos fundamentales como obligación del Estado”.

También dice que “Guatemala es respetuoso de los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y por lo tanto, asume la responsabilidad contenida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual en el artículo 19 indica que ´todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión´”.

Concluye: “el Estado de Guatemala reitera su compromiso por velar por la correcta aplicación de la ley y efectiva protección de las garantías fundamentales imperantes en el país para todos sus habitantes, sin discriminación alguna.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó oficialmente este jueves 21 de abril el SIP Bot, una herramienta de inteligencia artificial que permitirá a los periodistas rastrear el tratamiento del tema de la libertad de prensa en medios y redes sociales en tiempo real.

Se trata de una página web que recorre las webs de medios de comunicación y Twitter para detectar y desplegar los temas sobre la libertad de prensa, los protagonistas y las tendencias sobre esta materia en todo el continente americano, tanto en inglés como en español, y en un futuro en portugués.

Esta herramienta permite además desglosar estas conversaciones en cada uno de los países de la región, así como en días o periodos de tiempo, según se explicó en su presentación en la tercera y última jornada de la reunión semestral de la SIP, realizada de manera virtual.

En palabras de Nohora Galán, de la empresa Whale & Jaguar, que desarrolló esta aplicación para la SIP, este bot permite tener en un solo espacio toda la información disponible sobre la “conversación digital” sobre la libertad de prensa para poder “tomar acción” al respecto.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, destacó que esta herramienta complementa la información que ya ofrecen con sus informes semestrales sobre la libertad de prensa en el hemisferio y el Índice Chapultepec, que anualmente mide factores que influyen en forma negativa y positiva en esta materia en 22 países.

Otro de los elementos claves de esta aplicación web es un buzón de denuncias donde periodistas y medios de comunicación de la región pueden hacer llegar a la SIP alertas sobre violaciones a la libertad de prensa, explicó Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, que aclaró, sin embargo, que la organización no tiene espíritu de “policía o fiscalía” para investigar los hechos.

Pero sí podrá “amplificar” la denuncia y dar paso a otras organizaciones y Gobiernos para que tomen acción al respecto.

Destacó además que esta herramienta permitirá a los periodistas recabar información y buscar historias sobre la libertad de prensa.

SIP Bot cuenta además con un boletín semanal con un resumen de noticias sobre la libertad de prensa.

En un futuro, esta herramienta dispondrá de un apartado llamado “Estigma oficial” en el que se podrá dar seguimiento a declaraciones públicas de políticos en las que se repita el “grave problema” de los ataques verbales a periodistas y medios que se vive en todos los países del hemisferio.

La Asociación de Periodistas de Guatemala y la Asociación de Periodistas de Quetzaltenango condenaron este miércoles 10 de noviembre las agresiones y censura a las que han sido sometidos reporteros de varios medios de comunicación en Sololá y Quetzaltenango, hechos que “representan un grave delito contra los derechos humanos”.

“La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala repudia los actos de acoso y censura en contra de tres periodistas de la cabecera de Sololá, corresponsales de distintos medios, por parte de integrantes de los Consejos Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Sololá, quienes se oponen a que los reporteros cubran las audiencias judiciales de un polémico caso familiar y el proceso en contra del exlíder de un Cocode” señala un comunicado de la APG.

Se sabe que algunos líderes comunitarios de Sololá ejercen presión sobre los reporteros, porque se niegan a que estos den cobertura a las audiencias de un caso en el que se le vincula; sin embargo, de acuerdo con esa entidad, eso es un atropello en contra de la libertad de prensa.

“Las acciones de las autoridades comunitarias representan un grave delito contra los derechos humanos y un peligro que en un futuro puedan incurrir en arbitrariedades similares en contra de más periodistas o para censurar otros temas que no deseen que se divulguen. Esto además es un reflejo de pocos, pero malos liderazgos comunitarios, en este y otros departamentos, que arremeten y pretenden censurar a la prensa cuando se divulga información que afectaría sus intereses o los intereses de allegados”, reitera la APG.

Añade que la Comisión de Libertad de Prensa “demanda a la Fiscalía de Delitos cometidos en contra de Periodistas para que inicie inmediatamente una investigación en contra de los miembros de estos Cocodes y solicite los análisis de riesgo para estos tres comunicadores”.

También solicita a la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que acompañe a las víctimas en este proceso.

“Esta Comisión reitera su preocupación por el grave retroceso de las garantías para que los periodistas puedan desempeñar libremente su labor, sin restricciones ni represiones de ningún sector. Durante este año, el Observatorio de los Periodistas de la APG ha registrado más de 115 ataques y restricciones de distinta índole, una cifra apenas menor a la reportada en el mismo periodo del 2020”, concluye el comunicado.

Agresión policial

En tanto, la Asociación de Prensa Quetzalteca (APQ) condenó las agresiones que sufrió el periodista Rubén Jocol por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes lo retuvieron en una estación policial por haber grabado una captura en una calle de la Ciudad Altense.

“La APQ condena de manera contundente y rotunda la agresión, retención ilegal y violación a su derecho periodístico de informar en contra de nuestro colega Rubén Jocol a manos de agentes de las unidades QUE-140 y DCSP-40 de la PNC la noche del lunes 8 de noviembre en la diagonal 12 y 26 avenida de la zona 1 de Quetzaltenango”, refiere un comunicado de esa entidad.

Añade que Jocol cubría un hecho de tránsito y cuando lo documentaba tres agentes de la PNC, “aparentemente asignados a la subestación del barrio Las Flores, lo sometieron tras doblarle los brazos con violencia para esposarlo y retuvieron obligándolo a borrar videos y todo el material periodístico de su celular; además lo acusaron de obstruir el procedimiento policial.

Al periodista Jocol lo retuvieron esposado por 45 minutos y luego de borrar las evidencias fue dejado en libertad, refiere el comunicado de la APQ.

“Como APQ exigimos a la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público no sumar este caso a la impunidad en que mantiene otros delitos cometidos contra periodistas de este departamento y el país. También exigimos a la Inspectoría General de la PNC cumplir con su investigación contra los agentes involucrados de forma imparcial a fin de sancionar como corresponde a los causantes de este hecho y que el mismo no se repita en contra de otro colega más y sobre todo en contra de la población en general”, agrega la misiva.

Los hechos

Enrique Pablo, corresponsal de Emisoras Unidas y Noti 7 en Sololá, fue intimidado por familiares de un hombre de la tercera edad que fue despojado de su casa y sus propiedades, y de cuyo caso el comunicador hizo una nota, lo que causó la inconformidad de los parientes que le exigen que se retracte de lo publicado.

En la playa pública del Lago de Atitlán murió una persona en la desembocadura del río San Francisco. Los reporteros llegaron para cubrir la nota, pero los lancheros los intimidaron porque, según ellos, esas publicaciones le dan “mala fama” al lugar.

En esa oportunidad, Ábner Chumil, reportero de canal 6 Panadish, fue empujado y su equipo lanzado al suelo; además, intimidaron a Gilberto Xingo, corresponsal de Azteca Guate en Sololá.

A otros reporteros, entre ellos Enrique Pablo y Fredy de León, les advirtieron que no podían documentar el hecho.

El tercer caso fue el de Alfonso Guárquez, corresponsal de Nuestro Diario, y Fredy de León, de Radio Sonora, quienes el lunes pasado cubrirían una audiencia de primera declaración en el Juzgado de Primera Instancia de Sololá en contra de líderes comunitarios involucrados en el supuesto desalojo de una mujer de la tercera edad.

Dichos periodistas llegaron al juzgado y afuera estaban los líderes comunitarios y otros miembros de Cocodes. Los intimidaron, les impidieron entrar a la audiencia e impidieron el desarrollo de otras diligencias mientras exigían que cerraran el caso en el que se les vincula.

El juez Otto Vásquez no pudo hacer nada y solo pidió refuerzos de la PNC para resguardar la integridad de las partes procesales. A los periodistas los empujaron, los insultaron y les hicieron reclamos. Varias personas quedaron retenidas en el Juzgado.

Fredy de León publicó un post en la página de Facebook de Noticias Sololá sobre la retención, pero lo supuestos líderes fueron a buscar al periodistas Ángel Julajuj, propietario de la página en mención. Lo llevaron a la sede de las autoridades comunitarias y lo obligaron a llamar a Fredy de León. Luego lo obligaron a borrar el mensaje, a retractarse y a eliminar como administrador de la página a De León. Lo hizo para salvaguardar su integridad.

También obligaron a Julajuj a firmar un acta en la que señalaba que la nota era falsa. Lo tuvieron en ese lugar por más de dos horas y advirtieron que si seguían con las publicaciones iban a tomar acciones contra Fredy de León.

Caso Xela

El reportero de Stereo 100, Rubén Jocol, estaba de turno el lunes pasado. A eso de las 20 o 20.30 horas fue a comprar comida a un lugar que está por la 8ª. calle de la zona 1 de Xela, cerca del parque de El Calvario.

Cuando esperaba por los alimentos una grúa con dos tripulantes a bordo pasó “botando una venta de papas en el sector”. Cerca había agentes de la PNC cenando y procedieron a perseguir al vehículo pesado, por lo que el reportero también los siguió para documentar el hecho, pero fu agredido por los policías que le dieron alcance a los responsables del accidente. Las patrullas en las que iban los policías que agredieron a Jocol son la QUE-140 y la DCSP-40.

“Me bajé del carro para documentar la consignación. A una distancia prudencial tomé fotos y vídeos con el celular, cuando de repente un elemento se me acercó y sin decirme nada me engrilletó la mano izquierda y como no me dejaba engrilletar por uno, llegaron otros dos y con fuerza me sometieron y subieron a la patrulla”, comentó el reportero.

Lo llevaron a una subestación que está por el barrio Las Flores, zona 1, lo bajaron junto con el piloto y copiloto de la grúa. La condición para dejarlo ir era que borrara todo el material que había documentado.