Una misión conjunta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) está en Guatemala y durante esta semana evaluará la situación de la libertad de prensa en el país, luego de que Bernardo Arévalo tomó la Presidencia del país.

Según información de la SIP, la delegación la encabeza el presidente de la esa entidad, Roberto Rock, y el director de programa del CPJ, Carlos Martínez de la Serna.

Se informa que la delegación se reunirá con el presidente Arévalo la tarde de este 25 de enero  en el Palacio Nacional de la Cultura.

La delegación está integrada, además, por otras autoridades de la SIP, incluyendo al vicepresidente primero de la entidad, José Roberto Dutriz, la presidenta del Comité Ejecutivo, Gabriela Vivanco, y el director ejecutivo, Carlos Lauría.

“El objetivo principal de la misión es abordar la compleja situación que enfrentan los periodistas guatemaltecos en el ejercicio de su labor informativa. Los delegados sostendrán encuentros con representantes de los medios locales, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia Oscar Cruz Silva. También tienen previsto visitar a José Rubén Zamora, presidente y fundador de elPeriódico, encarcelado desde julio de 2022 en represalia por su trabajo de investigación periodística”, se lee en un comunicado de la SIP.

La SIP expresó, en octubre de 2023, su satisfacción por la decisión de la Segunda Corte de Apelaciones de Guatemala de anular la condena de seis años de prisión de Zamora y ordenar un nuevo juicio, el cual comenzará el 5 de febrero.

El CPJ instó a las autoridades guatemaltecas que respeten el derecho de Zamora a un juicio justo en su nuevo proceso. Como consecuencia de las presiones políticas y económicas elPeriódico cesó sus operaciones el 15 de mayo de 2023.

“Tanto la SIP como el CPJ y otras organizaciones internacionales han documentado la persecución judicial contra los periodistas críticos por parte del Ministerio Público (MP) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad que, además del encarcelamiento de Zamora, ha obligado a huir del país a un grupo de periodistas por temor a las represalias y detenciones arbitrarias”, se lee en la información.

Agrega el comunicado que el MP ha acusado a seis periodistas y tres columnistas de elPeriódico de obstrucción de justicia por opinar sobre el caso, incluido el expresidente de la SIP Gonzalo Marroquín Godoy, primo de José Rubén Zamora.

El 8 de enero una jueza dio cierre al caso penal y lo trasladó a un Tribual de Imprenta como requiere la legislación sobre libertad de prensa, el que fue apelado por el Ministerio Público.

“La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1 mil 300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos. El CPJ es una organización independiente, sin fines lucrativos, que trabaja para salvaguardar la libertad de prensa alrededor del mundo”, cierra el comunicado.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó este 14 de agosto un mensaje en su cuenta de Twitter, ahora X, en el que condena el crimen contra dos periodistas en Guatemala, y pide que se investigue el caso y que se haga justicia.

Almagro escribió: “El asesinato de periodistas es uno de los crímenes más aberrantes contra la libertad de expresión y la democracia. Nuestras condolencias a sus familias. Se debe de investigar y hacer justicia”.

El mensaje va acompañado de un tuit de Pedro Vaca V., relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Vaca escribió en sus redes sociales: “#Guatemala Condeno y rechazo el asesinato de los periodistas Edin Alonso y Hugo Gutiérrez. Las autoridades deben investigar los crímenes de manera efectiva y sancionar a los responsables.  Preocupan los reportes sobre periodistas enterrados, desterrados y encerrados”.

El asesinato de periodistas es uno de los crímenes más aberrantes contra la libertad de expresión y la democracia. Nuestras condolencias a sus familias. Se debe de investigar y hacer justicia. https://t.co/1tBWiNN9Ri

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 14, 2023

El ataque

El pasado viernes 11 de agosto, los primos Edin Frangely Alonzo López, de 32 años  y Hugo Rolando Gutiérrez Alonzo, de 33, fueron ultimados a balazos cuando retornaban de hacer una transmisión en vivo.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 21 horas en la calle de terracería que conduce hacia el sector La Montaña, en el Parcelamiento Caballo Blanco, Retalhuleu en donde ambos residían.

Los primos eran conocidos en el lugar donde residían por la labor informativa que realizaban, además brindaban servicio social, cobertura a eventos deportivos, sucesos y publicidad de comercios de la localidad.

La publicidad les permitía agenciarse de ingresos para el sustento diario.

Desde agosto de 2021,  Edin Alonzo se dedicó por completo a la página de Facebook Noticias Caballo Blanco y junto a su primo Hugo.

Edin y Hugo realizaron una transmisión en vivo desde una taquería en Caballo Blanco, en donde cenaban y publicitaban el negocio.

Edin se despidió de los seguidores de su página, al salir de lugar condujo la motocicleta acompañado de Hugo.

Autoridades manejan como hipótesis que desconocidos los seguían en motocicleta, al llegar a un área deshabitada y a menos de 500 metros de donde residían, fueron alcanzados y les dispararon en repetidas ocasiones mientras ellos iban en ruta.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados junto a La motocicleta por vecinos, minutos después de escuchar los múltiples disparos y dieron aviso a las autoridades.

No hubo testigos del crimen, agentes de la Policía Nacional Civil aseguran que se trata de un ataque directo y han descartado que sea por asalto.

En medio de la preocupación por los constantes ataques a periodistas y La criminalización de estos y medios de comunicación la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) en conjunto con las cámaras de prensa del país presentaron un amparo en la Corte Suprema de Justicia con la que se busca se deje de criminalizar la libre expresión del pensamiento y violentar el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Las entidades de prensa APG, Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, Cronistas Deportivos Guatemaltecos, Asociación de Cronistas Deportivos, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y Red Rompe El Miedo Guatemala presentaron un amparo que va encaminado a que se respete la Constitución y que no se vulnere con una ley ordinaria.

Según las entidades de prensa, la acción de amparo fue presentada ante una sala de apelaciones, por considerar que: “a la fecha se pueda incurrir en vulnerar la Constitución con una ley ordinaria, y con ello el debido proceso y la libertad de expresión, al perseguir judicialmente a periodistas y ciudadanos que hacen uso de ese derecho establecido en la carta magna”.

El objetivo de la acción, según un comunicado, es que se respete la preminencia de la Ley de Emisión del Pensamiento, pero también solicitarle al sistema de justicia penal de Guatemala garantizar el debido proceso y al Ministerio Público, el estricto cumplimiento de las leyes constitucionales del país.

Las entidades de prensa firmantes destacan que prevalece la amenaza cierta y el riesgo inminente de que el MP se aleje de los principios de objetividad, transgreda su mandato legal de velar por el estricto cumplimiento de la ley y que se violenten los derechos de seguridad y certeza jurídica, así como la Libertad de Prensa.

“La procedencia del amparo en este caso, se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado”, se lee en el comunicado.

Preocupacion

Las entidades de prensa señalaron que les preocupa que se esté utilizando la Ley Contra la Delincuencia Organizada, específicamente en su artículo 9: Obstrucción de justicia, en contra de la preminencia de la Ley de Emisión del Pensamiento, que tiene rango constitucional y que especifica: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”.

Es por ello que estas organizaciones piden que se declare con lugar el mencionado amparo, con el objeto de que se mantengan los derechos fundamentales que se encuentran amenazados y como consecuencia se ordene al MP, que con base al principio de objetividad y velando por el estricto cumplimiento de la ley, “se abstenga de ejercitar la acción penal y se agote el procedimiento establecido en la Ley de Libre Emisión del Pensamiento”.

También resaltaron que el artículo 35 de la ley constitucional, establece que “no constituyen delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales, en el ejercicio de sus cargos, aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.

Añadieron que esto también , situación que incumbe a la población guatemalteca en general que tiene el derecho de expresarse por el actuar de los gobernantes y autoridades de su comunidad.

“Por tal motivo, la instancia de entidades de prensa, hace un llamado para que cese el hostigamiento contra los periodistas y los medios de comunicación que, haciendo uso de su derecho a investigar y de informar, promueven la libertad de expresión en la sociedad, ya que sin periodismo critico e independiente no hay democracia”, se lee en el comunicado.

Byron Barrera, presidente de la APG, comentó que esperan que este recurso sea resuelto favorablemente y se instruya al MP y a los jueces a que respeten la ley y que cumplan con el debido proceso.

Exigen que el MP se apegue a la ley

“No estamos en contra de que el Ministerio Público cumpla sus funciones,  lo que exigimos es que se apegue a la ley, que se apegue a lo establecido, principalmente en la Constitución de la República de Guatemala. Si las autoridades no respetan la Constitución de la República creo que estaríamos ante una situación de inestabilidad y de irrespeto a la misma institucionalidad del país”, comentó Barrera.

“Cualquier ciudadano que emita una opinión en un determinado asunto corre el riesgo de ser enjuiciado por la vía penal por parte del Ministerio Público y jueces irresponsables que no conocen la Ley de Emisión del Pensamiento y que por lo tanto irrespetan la constitución”, dijo Barrera.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) se pronunció este 15 de mayo sobre el cierre de elPeriódico de Guatemala y dijo que acciones como esa equivalen a la muerte del periodismo. En esta fecha circuló la última edición diaria de ese medio de comunicación debido a la persecución

En un comunicado de prensa, la APG, señaló: “ante el anuncio del cierre de elPeriódico manifiesta públicamente su solidaridad con su presidente y personal de redacción y denuncia nacional e internacionalmente que los motivos de esta infausta noticia no es más que el constante acoso, criminalización y ahogamiento económico del que ha sido objeto este rotativo por su lucha contra la corrupción y la libertad de expresión en el país”.

Agrega que la decisión del cierre de este medio de comunicación por esas razones, “representa un retroceso a la libertad prensa y fundamentalmente a la democracia en donde los medios de comunicación juegan un papel importante en el debate público de los problemas nacionales y en mayor medida la auditoría social a las instituciones del Estado”

Hace referencia a la declaración de Chapultepec, en la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México el 11 de marzo de 1994, en donde se estableció que sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia y sin libertad de expresión no puede haber libertad.

Cita la aludida declaración y menciona que: “Una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación”.

La APG demanda y exige que cesen las medidas y políticas dirigidas a “censurar, perseguir y criminalizar a medios y periodistas, quienes, al amparo de la Ley de Emisión del Pensamiento, que ostenta rango constitucional, realizan su labor en defensa del derecho de buscar, indagar e informar a la población”.

También solicita el debido proceso y libertad a Jose Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico, quien está preso por un caso la APG señala de “malicioso y a todas luces político que pone en duda el sistema judicial en Guatemala. En este momento crucial y atentatorio a la libre expresión”.

Hace un llamado a las distintas organizaciones de prensa y la sociedad guatemalteca a cerrar filas y defender este derecho que es de toda la sociedad.

Cierre de elPeriódico

El pasado 12 de mayo, elPeriódico anunció el cierre definitivo de su edición diaria a partir del 15 de mayo.

El medio de comunicación atribuyó la decisión a la persecución en su contra, de sus periodistas y columnistas, así como de sus anunciantes.

Explicó que el 29 de julio de 2022 su presidente Jose Rubén Zamora fue capturado, pues el Ministerio Público lo señala de supuesto lavado de dinero, pero que fue un caso que se articuló en 72 horas luego de varias publicaciones de corrupción en el Gobierno.

Diez meses antes de la captura, el medio ya había denunciado que se estaba fabricando un caso en contra de Zamora.

Debido a la captura de Zamora, el 22 de noviembre de ese 2022 elPeriódico dejó de publicar su edición impresa, pero mantuvieron la edición digital y una publicación diaria en PDF.

Este 15 de mayo, fue el último día de ambas publicaciones.

En la última edición de elPeriódico se publican artículos de opinión sobre el cierre del medio, un artículo de Zamora y de trabajadores de ese medio, pero además noticias relevantes que el medio publicó durante los últimos años sobre corrupción en el Gobierno.

Uno está titulado “Los contratos turbios del gobierno de Alejandro Giammattei”, que detalla que este gobierno ha tenido los presupuestos más altos de la historia del país. Sin embargo, una porción de los recursos públicos ha sido comprometida en negocios cuestionados.

Como el de proyectos a la empresa Asfaltos y Petróleos, cuyos propietarios fueron señalados por EE. UU. de incurrir en “importante corrupción” por entregar sobornos a cambio de contratos estatales. La empresa habría obtenido Q919.21 millones en contratos.

También el otorgamiento de contratos millonarios a entidades mercantiles vinculadas a partidos políticos o diputados.

La organización Acción Ciudadana interpuso este 10 de marzo un amparo por la resolución del juez Décimo Penal, Jimi Bremer en la que ordenó investigar a periodistas.

El pasado 28 de febrero tras la resolución del juez Bremer, se acepta investigar a nueve periodistas y columnistas del diario elPeriódico y Prensa Comunitaria, por posible obstrucción a la justicia, a raíz de la labor crítica ejercida por los comunicadores en la cual fiscalizan a funcionarios públicos.

Eddie Cux, de Acción Ciudadana, dijo que el juez determinó certificar lo conducente contra los periodistas y creen que esa resolución es ilegal.

Señaló que básicamente los argumentos que plantean es que los periodistas están amparados en el artículo 35 de la Constitución Política de la República que establece que hay libertad de prensa y que ninguna  publicación en contra funcionario público puede constituir delito o falta.

Además, que si un funcionario público se siente ofendido por las publicaciones tiene que acudir a una jurisdicción privativa, que significa que tiene que acudir a un juicio de imprenta.

“Nosotros pues lamentamos la resolución que se emitió puesto que el juez debió inhibirse de conocer sobre esa esa petición y debió haber remitido a un juicio de imprenta ese caso, como cualquier otro caso por publicaciones que da la prensa en Guatemala”, dijo Cux.

Afirmó que lo que se pretende con el amparo es que se deje sin efecto esa parte de la audiencia, en donde se certifica lo conducente contra de los periodistas, y que se conmine al Ministerio Público (MP) o a la persona ofendida, en este la fiscal, a que presente su queja ante el Tribunal de Honor o en un juicio de imprenta, que es lo que lo que procede.

“Con este amparo se detendría la investigación… yo creo que sería un precedente muy importante, porque pues hay antecedentes de incluso periodistas o personas que se han manifestado en contra funcionarios públicos que tienen expedientes abiertos en el Ministerio Público y eso no puede ser así, se tendría que respetar la jurisdicción privativa y proteger el derecho de libertad de expresión”, dijo Cux.

Rechazan persecución a la prensa

Organizaciones internacionales rechazaron el jueves 9 de marzo la “persecución infundada” contra periodistas en Guatemala y criticaron la investigación de las finanzas de los medios de comunicación, pues ello “amenaza gravemente la libertad de prensa” en el país.

Entre algunos de los firmantes del pronunciamiento se encuentran el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Latin America Working Group, Fundación para el Debido Proceso, Robert F. Kennedy Humans Rights, Jotay, Wola, GHRC, Impunity Watch, Article 19, Be Just y American Jewish World Service.

Las organizaciones expresaron su preocupación por el “agravamiento de la regresión democrática que vive Guatemala”, luego de la resolución del juez Jimi Bremer, que aceptó investigar a los nueve periodistas y columnistas del diario elPeriódico y Prensa Comunitaria.

“La Constitución guatemalteca y los tratados y convenios internacionales a los que se ha adscrito Guatemala establecen que no se puede perseguir penalmente a los periodistas derivado de sus publicaciones; sin embargo, el Ministerio Público se ha constituido en un ente de persecución arbitraria contra muchos periodistas que son considerados incómodos al gobierno y a los grupos de poder”, explica el documento firmado por las organizaciones.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Byron Barrera Ortiz, concedió este 2 de marzo una entrevista a La Red, en donde dio detalles de la reunión que sostuvieron el pasado miércoles con la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, por el tema de la decisión de un juez de investigar a periodistas y columnistas de elPeriódico y a medios de comunicación, esto en medio de un caso que se sigue contra Jose Rubén Zamora.

Barrera dijo que fue una reunión que duró unas 3 horas y que en ella participaron la fiscal general, Consuelo Porras, acompañada de sus asesores, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche; la fiscal Cinthya Monterroso y el secretario contra la Corrupción.

Por parte de la APG participaron Barrera, el vicepresidente de esa entidad, Mario Recinos Lima y el asesor jurídico Walter Juárez Estrada.

Barrera puntualizó que la reunión giró en torno a las amenazas de persecución penal que existen contra varios periodistas.

Comentó que la APG ha emitido pronunciamiento bastante fuerte sobre esta situación denunciándola como una persecución contra la prensa.

El presidente de la APG dijo que les explicaron a los funcionarios del MP que durante el conflicto armado hubo muchos asesinatos de periodistas, persecución, desaparición, y exilios, pero que la entidad de prensa no deseaba que se volviera a una situación similar a esa.

“-Les dijimos que – Veíamos con preocupación estas formas de proceder por parte del Ministerio Público y de algunos jueces al iniciar procedimientos penales contra periodistas, lo cual no es normal ni tampoco legal”, dijo Barrera en la entrevista con La Red.

Añadió que plantearon que existe la Ley de Emisión del Pensamiento y que es muy clara en cuánto a que los periodistas e incluso las personas que cometan algún tipo de delito o falta contra la moral, vida privada, honor, la imagen deben ser remitidos a dicha legislación.

Dijo que las personas que se sienta agraviada por la difusión de mensajes de esta naturaleza a través de los medios de comunicación puede recibir apercebimiento a través de la citada Ley de Emisión del Pensamiento, que es un tribunal de imprenta.

“Solicitamos concretamente que el Ministerio Público se regule, en  su relación con los periodistas y la prensa, a esta Ley de Emisión del Pensamiento, ese fue nuestro planteamiento central”, dijo Barrera.

Además, comentó que se solicitó al MP que se agilice el procesamiento de denuncias de amenazas contra periodistas.

No hay política de persecución

Según Barrera, el MP les afirmó que no tiene una política de persecución contra la prensa, que lo que existe son procedimientos ligados al caso contra el periodista Jose Rubén Zamora.

Dijeron que esa petición se planteó en la audiencia del caso Zamora, pues parecía que había indicios de una campaña que buscaba crear obstáculos al proceso y que estaba orquestado, que estaba planificado y que eso habían sido expuestos ante el juez. (Juez Décimo Penal, Jimi Bremer).

El MP explicó, según Barrera, que fue el juez  el que solicitó el procedimiento que se iniciaran las diligencias -contra los periodistas- dentro de un procedimiento penal, pero que jurisdiccionalmente a dicho juzgador le corresponde trasladar a otro esta solicitud y un juez determinará si existen indicios o no y si no se encontrara nada podría sobreseerse el caso e incluso desestimarlo.

Sin embargo, en la audiencia en donde el juez décimo, Jimi Bremer, ligó a proceso a Zamora por obstrucción de la justicia, la fiscal Cinthia Monterroso le pidió al juzgador que investigara a los comunicadores pues habrían incurrido en el delito de obstrucción a la justicia.

La fiscal Monterroso cree que los comunicadores colaboran con Zamora y señaló directamente a  Édgar Gutiérrez, Jerzón Ortiz, Julia Corado, Gonzalo Marroquín Godoy, Christian Velix, Alexánder Valdez, Ronny Ríos y Denis Aguilar.

Se siente acosada

El presidente de la APG también dijo en la entrevista que la fiscal Monterroso les dijo que se siente presionada y acosada mediáticamente, pero ellos le hicieron ver que es normal y que cualquier persona en una situación de trabajo público está expuesto a eso.

Barrera dijo que entendían la presión del caso, pero que eso no puede dar lugar a acciones y penales contra un periodista que escriba una opinión o que un medio publique una determinada información que no le guste o no le parezca.

Afirmó que los tribunales de imprenta o la Ley de Emisión del Pensamiento existe y aunque no guste a algunos, hay que aplicarla.

Reuniones mensuales

Según Barrera, en la reunión se llegó a la conclusión de que el MP asegura que no existe una política de persecución contra la prensa; que el MP reconoció que los tribunales de imprenta existen y los van a respetar y finalmente que ahora corresponde al juez determinar si hay indicios o no hay indicios de alguna falta en el caso de estos periodistas.

Agregó que por último se estableció una mesa de trabajo entre la APG y el MP para tratar mensualmente las denuncias de casos que puedan presentarse de algún tipo de amenaza y otras que pudieran existir y afecten a la labor periodística, de periodistas o medios de comunicación.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presenta resultados de un estudio que se hizo en 22 países de América y revelan que Guatemala ocupa el puesto 19 con una categoría de alta restricción a la libertad de prensa.

En el marco de la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se lleva a cabo en Madrid, España, la entidad presentó este viernes 28 de octubre los resultados del Índice Chapultepec sobre libertad de prensa en el que Guatemala se ubicó en el puesto 19 de 22 con una alta restricción para periodistas.

Los resultaros fueron presentados por Armando Castilla y Carlos Jornet de la SIP y se refiere a un estudio que se hizo en el período de agosto de 2021 a agosto de 2022 en 22 países de América.

Esta es la tercera publicación del Índice Chapultepec cuyo objetivo es observar en qué condiciones está a libertad de prensa en el continente.

Guatemala se sitúa en el puesto 19 de este índice, tan solo por debajo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son los tres peores países de América en el tema de libertad de expresión y prensa, y están categorizados lugares sin libertad de expresión.

Según el estudio, hay cinco categorías en los que están clasificados los países según la libertad de prensa y expresión que tienen los periodistas y estas son:

• Libertad de expresión plena
• Baja restricción
• Parcial restricción
• Alta restricción
• Sin libertad de expresión

Guatemala es el único país, en este 2022 que se encuentra en la categoría de Alta restricción, puesto que anteriormente estaba en el de parcial restricción.

Los expositores indicaron que los países obtienen un puntaje de 0 a 100, según los parámetros de ciudadanía informada, ejercicio del periodismo, violencia e impunidad y control de medios, y que según este índice el promedio global es de 53.69.

En el caso de Guatemala, su puntuación este 2022 fue de 38.40, que se obtuvo de la sumatoria de 9.14 puntos en ciudadanía informada; 5.14 en ejercicio del periodismo; 7.12 en violencia e impunidad y 17 en control de medios.

Según el índice, Guatemala está en categoría roja en el tema de violencia e impunidad y en verde en control de medios.

Cae dos puestos

Guatemala cayó dos puestos en el índice de este 2022, pues en el 2021 ocupaba el número 17 y en el 2020 estaba en el puesto 15.

Tanto en el estudio de 2020 como en el de 2022, el país se encontraba en el rango de naciones con parcial restricción a la libertad de prensa y expresión, pero ahora cayó a la categoría de alta restricción.

Los mejores países

Según el Índice Chapultepec 2022, los países con libertad de expresión plena son Canadá y Jamaica.

Los países con baja restricción son Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Paraguay y Panamá.

Con clasificación de parcial restricción aparecen Colombia, Perú, Argentina, Honduras, Ecuador, Brasil, Bolivia, México y El Salvador.

Guatemala está en la categoría de alta restricción mientras que los países sin libertad de expresión son Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Según el estudio, entre el país mejor calificado, Canadá, y el peor calificado, Nicaragua, existe una brecha de 70.91 puntos.

“Existe un profundo deterioro de la libertad de prensa”

El Índice Chapultepec se presenta el mismo día en que la SIP emite informe sobre Guatemala y señala que hay un profundo deterioro de la libertad de prensa debido a acciones del Gobierno, en especial del Ministerio Público y del Congreso de la República.

De acuerdo con la SIP, “desde el inicio de su gestión, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha tenido una relación tirante con la prensa independiente” y detalla que “cualquiera que opine diferente es considerado un enemigo, opositor o agitador”.

La SIP continúa y refiere que “en este ambiente de animadversión contra la prensa, el Ministerio Público (MP) arremetió contra destacados periodistas críticos, conocidos por su constante denuncia sobre hechos de corrupción pública”.

En el informe, la SIP recuerda que el 29 de julio recién pasado, el MP ordenó la detención Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, quien permanece encarcelado bajo los cargos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje.

Posturas

Tanto el Gobierno como el MP dieron su postura sobre el informe de la SIP.

El vocero presidencial, Kevin López Oliva, señaló que “es totalmente falso que durante la administración del Doctor Alejandro Giammattei se hayan registrado ataques sistemáticos a periodistas o se haya restringido de alguna manera la labor periodística en el país”.

El MP respondió:  “Bajo ninguna circunstancia. De conformidad con su mandato legal y constitucional, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar toda denuncia que se presenta, sin excepción alguna, y sin que esto signifique criminalización, en absoluto”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló durante su 78 Asamblea General, en Madrid, España, que en Guatemala “existe un profundo deterioro de la libertad de prensa debido a acciones del Gobierno, en especial del Ministerio Público (MP) y del Congreso (de la República)”.

De acuerdo con la SIP, “desde el inicio de su gestión, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha tenido una relación tirante con la prensa independiente” y detalla que “cualquiera que opine diferente es considerado un enemigo, opositor o agitador”.

La SIP continúa y refiere que “en este ambiente de animadversión contra la prensa, el Ministerio Público (MP) arremetió contra destacados periodistas críticos, conocidos por su constante denuncia sobre hechos de corrupción pública”.

En torno a ese señalamiento la SIP asegura que “el caso más flagrante es el encarcelamiento de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, y de Flora Silva, la gerente financiera de elPeriódico, un matutino que investiga y denuncia corrupción, así como los casos de Juan Luis Font, del medio digital y televisivo ´Con Criterio´, y de Carlos Choc, de Prensa Comunitaria, a quienes un juez declaró sin lugar las acusaciones que se les hicieron como consecuencia de la cobertura de una manifestación en contra de una mina en Izabal”.

“Los ataques contra la prensa se originan con acusaciones por supuesto delitos desde el Ministerio Público o por parte de organizaciones como la oficial Fundación contra el Terrorismo (FCT), que conducen los abogados Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, incluidos recientemente en la Lista Engel de EE. UU., acusados de obstrucción a la Justicia. Los ataques también provienen del actual fiscal contra la impunidad, Rafael Curruchiche”, refiere el informe de la SIP emitido desde Madrid, España.

La entidad de prensa señala que “la FCT es querellante adhesiva o ha promovido en el último año numerosos procesos penales contra operadores de justicia independientes, en su mayoría jueces y exfiscales que investigaron casos de corrupción de alto impacto. También ha apoyado a militares acusados de violaciones a los derechos humanos y condenó que se juzgara por genocidio al exgeneral Efraín Ríos Montt”.

“La estrategia del Ministerio Público sobre casos de alto interés de la ciudadanía ha sido mantenerlos bajo reserva, con lo cual no entrega ninguna información ni confirma que el caso exista”, detalla la SIP.

En el informe, la SIP recuerda que el 29 de julio recién pasado, el MP ordenó la detención Zamora, quien permanece encarcelado bajo los cargos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje.

“A Zamora le están aplicando las medidas típicas de los atrasos en procesos legales: detención un día viernes, presentación ante juez un sábado, con lo que el detenido permanece en prisión preventiva –no se le otorgan medidas sustitutivas–, atraso en la primera audiencia ante el juez e imposición de una demora por juicio de tres a cuatro meses, para mantener a la persona encarcelada”, detalla la SIP.

El informe refiere que “cuando detuvieron a Zamora, también allanaron las oficinas de elPeriódico. Los fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) retuvieron durante 16 horas a ocho empleados e impidieron que ingresaran al diario los trabajadores de la planta de impresión. El diario pudo circular al día siguiente debido a que otros medios imprimieron sus ejemplares”.

También detalla que el 20 de agosto pasado, el MP también detuvo y acusó por lavado de dinero a Flora Silva, gerente financiera de elPeriódico, “involucrándola en el caso de Zamora”.

“Los medios que dieron cobertura a los allanamientos y detenciones de Zamora y Silva mostraron que en los operativos participaron vehículos no identificados, con placas tapadas. Los organismos responsables dijeron que desconocían quienes utilizaron esos vehículos”, agrega la SIP.

El pronunciamiento de la SIP también agrega que, “según familiares de Zamora y periodistas, las pruebas del Ministerio Público tienen poco sustento. El caso ante la Fiscalía se basa en el testimonio de una persona que fue acusada por lavado de dinero en 2016 y 2017. La defensa de Zamora denuncia una posible alteración de la evidencia por parte del Ministerio Público”.

También menciona que en abril de 2022, el periodista Juan Luis Font salió del país ante rumores sobre su inminente detención y “desde entonces transmite su programa de opinión ´Con Criterio´ desde una ubicación no especificada” y detalla que “no hay acción conocida en su contra ni información. El periodista reclama que teme por su seguridad física y jurídica”.

Añade la SIP que varios periodistas “siguen recibiendo acusaciones o se les investiga por el supuesto delito de feminicidio”.

“Es el caso de los directivos del diario La Hora Óscar Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquín. Una jueza les ordenó que no pueden perturbar a Alejandra Carrillo, exdiputada y actual directora del Instituto para la Víctima. El diario publicó investigaciones que cuestionan el trabajo de Carrillo por otorgar plazas a favor de allegados a diputados. Carillo es esposa del diputado Felipe Alejos, incluido en la lista Engel de EE. UU., acusado de favorecer a las élites de la corrupción”, añade el informe de la SIP.

“Fiscales del Ministerio Público también ordenaron a varios periodistas y medios revelar sus fuentes de información en casos en que jueces y fiscales denunciaron amenazas e intimidación”, continúa el informe.

La SIP también hace referencia al informe semestral de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) que fue presentado el 29 de julio pasado y en el que se registran 66 violaciones a la libertad de expresión.

Dicho informe, según la SIP, “indica que los principales agresores son la Presidencia de la República, la Justicia y la Policía Nacional”.

“En este periodo se incrementó el uso de netcenters que serían manejados por allegados al gobierno para desacreditar y atacar a periodistas. Los ataques se realizan en las redes sociales a través de información privada de los periodistas o fotos de familiares cercanos y cónyuges. También se intimida a los periodistas publicando fotos en sus perfiles en momentos que están trabajando o haciendo entrevistas”, prosigue la SIP en su informe.

Agrega que “los funcionarios suelen negarse a brindar información a los periodistas, ya sea evadiendo conferencias de prensa o clasificando información. También se han dado casos de presiones por parte del gobierno contra anunciantes privados para que retiren o disminuyan la publicidad en medios críticos”.

Concluye haciendo referencia a que “este año fue archivado el proyecto de Ley Contra la Ciberdelincuencia, que permitía a los funcionarios públicos demandar a quien consideren que les ofende en redes sociales. También fue archivado un proyecto de ley que autorizaba a la Policía Nacional Civil y al Ejército a disolver de forma violenta las manifestaciones civiles”.

Se solicitó una postura oficial a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, pero no han respondido; además, se hico el mismo pedido a la Oficina de Información y Prensa del MP, pero tampoco han contestado las interrogantes planteadas.

Postura

Respecto al pronunciamiento de la SIP, el Gobierno de Guatemala refirió que el señalamiento que se hace “es totalmente falso” y que durante el último año se ha promovido el acceso a las fuentes de información por medio de conferencias de prensa semanales.

El vocero presidencial, Kevin López Oliva, señaló que “es totalmente falso que durante la administración del Doctor Alejandro Giammattei se hayan registrado ataques sistemáticos a periodistas o se haya restringido de alguna manera la labor periodística en el país”.

Asegura que “la Secretaría de Comunicación social de la Presidencia, durante el último año ha promovido el acceso a las fuentes de información por medio de conferencias de prensa semanales, contabilizando más de 40, en las que participan funcionarios de distintos ministerios y dependencias”.

Refiere que “se ha respondido un total de 645 consultas directas de medios nacionales y extranjeros sobre diversos temas y nuestra plataforma de recursos multimedia para periodistas denominada Sala de Prensa, contabiliza un total de 2 millones 739 mil 363 visitas del 1 de enero al 25 de octubre del presente año”.

“El gobierno de Guatemala rechaza rotundamente el señalamiento del uso de los denominados ´netcenter´ por parte de alguna institución del mismo, al contrario, se han recibido ataques sistemáticos de cuentas falsas hacia la gestión presidencial y gubernamental en general.

“Hemos sido testigos de señalamientos infundados que únicamente buscan debilitar el sistema democrático del país, contabilizando más de 6 mil ataques a la figura presidencial, de forma continua, irresponsable y por supuesto, infundada”, agregó López Oliva.

Añade que “desde el gobierno de Guatemala, hacemos un llamado a trabajar por el fortalecimiento de la democracia, mediante un ejercicio periodístico objetivo, independiente y sin sesgos políticos, que consoliden el estado de derecho y no dividan a nuestra sociedad”.

 Postura del MP

Al ser consultado el MP sobre el pronunciamiento de la SIP, el MP respondió:  “Bajo ninguna circunstancia. De conformidad con su mandato legal y constitucional, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar toda denuncia que se presenta, sin excepción alguna, y sin que esto signifique criminalización, en absoluto”.

Según la popstura, la función del MP “es atender las denuncias e investigar, existe un debido proceso y el propio sistema legal establece los mecanismos para plantear cualquier acción dentro del proceso penal. Ninguna persona es superior a la ley por lo que es a través de la investigación que un juez podrá determinar si existe responsabilidad en la comisión de un ilícito”.

“Alegar persecución y criminalización es totalmente alejando de la realidad pues la función natural del Ministerio Público es investigar con el fin de averiguar la verdad histórica de los hechos, sin que esto signifique criminalización o persecución política, sino el cumplimiento al deber ser del ente investigador como en cualquier país democrático del mundo”, se lee en la información que envió el MP.

Añade que un tema tema a considerar es que el caso de Carlos Choc no tiene ninguna relación con la Feci.

Explica que es el juez de garantías quien resuelve y “ante los medios contundentes presentados por el MP, el juez contralor resolvió ligar a proceso y enviar a prisión preventiva a Zamora y a Flora Silva”, explica en el caso del periodista Zamora y la gerente financiera de elPeriódico.

La información del MP añade que Zamora Marroquín fue ligado a proceso penal por el juez contralor por los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje y tráfico de influencias. Mientras Silva Flores por lavado de dinero u otros activos.

“El delito de lavado de dinero u otros activos está regulado en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto 67-2001: ARTICULO 2. Del delito de lavado de dinero u otros activos. Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí, o por interpósita persona: a) Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito; b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito; c) Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito”, concluye la información.

“El periodista guatemalteco Jose Rubén Zamora Marroquín debe ser liberado inmediatamente de la prisión preventiva injustificada” es la petición que le hace a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un grupo de abogados internacionales pro bono organizado por el Vance Center for International Justice (Centro Vance para la Justicia Internacional).

En un comunicado de prensa difundido por el Centro Vance para la Justicia Internacional, se detalla que la detención de Zamora se produjo tras la publicación, por parte de elPeriódico de varias denuncias de supuesta corrupción del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei.

En el documento mencionan que la petición califica la prisión preventiva como una persecución política y un ataque a la libertad de prensa de los periodistas de elPeriódico y de toda la prensa nacional e internacional de Guatemala, por lo cual solicita la inmediata puesta en libertad de Zamora.

El comunicado recuerda que “las autoridades guatemaltecas detuvieron a Zamora el 29 de julio de 2022, y el 9 de agosto el juez Fredy Raúl Orellana Letona ordenó que permaneciera en prisión preventiva al menos hasta el 8 de diciembre de 2022. El 25 de agosto, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible un recurso de apelación y confirmó la decisión del juez”.

Según el documento, la petición  detalla que las decisiones judiciales carecen de un análisis de la posibilidad de establecer medidas alternativas como el arresto domiciliario o la prohibición de comunicarse con sus empleados o de visitar las instalaciones de elPeriódico. La legislación guatemalteca prevé estas medidas alternativas y los abogados de Zamora las solicitaron.

“La petición destaca que el caso del Sr. Zamora es un ejemplo del uso que hace Guatemala de las medidas punitivas para intimidar el trabajo periodístico, tal y como han reconocido la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión.

Este viernes 2 de septiembre, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Guatemala. También externó su preocupación por los reportes recibidos e hizo un llamado al Estado a garantizar de forma plena y efectiva estos derechos fundamentales.

La CIDH añadió que en los últimos meses, la Relatoría Especial ha recibido varios reportes que reclaman atención de la Oficina con respecto a la libertad de expresión en Guatemala, principalmente relativos a agresiones, intimidaciones y acoso judicial con alegados fines de silenciamiento.

Señaló que en particular, el procesamiento judicial de periodistas coincide con la vigencia de balances de la CIDH sobre el debilitamiento de la independencia judicial en Guatemala.   

Resaltó que de acuerdo a la información recibida, Jose Rubén Zamora y Flora Silva – presidente y directora financiera del medio de elPeriódico, respectivamente – han sido objeto de persecución judicial por parte del Ministerio Público (MP).

Indicó que las autoridades del Estado han señalado que el proceso penal no está relacionado con actividades periodísticas; y que las diligencias judiciales alrededor de su caso se realizan en estricto apego al marco legal y los derechos humanos.

En contraste, la información reportada a esa Oficina por representantes de la sociedad civil indica que el procesamiento judicial de Zamora y Silva podrían tener relación con la labor periodística.

En ese sentido, la Relatoría ha informado al Estado que está haciendo seguimiento al proceso, y manifestó que la libertad de prensa comprende no sólo actividades editoriales, sino también aquellas relativas a la sostenibilidad de los medios de comunicación.

Según pudo conocer la referida Oficina, agentes del MP y de la Policía Nacional Civil (PNC) habrían allanado las viviendas de Jose Rubén Zamora, presidente de El Periódico, el 29 de julio; y de Flora Silva, la directora financiera, el 19 de agosto.

Ambos habrían sido detenidos por la supuesta comisión de delitos vinculados al lavado de activos, entre otros.

Para leer más: SIP pide a Giammattei liberación de Jose Rubén Zamora y elPeriódico señala irregularidades

Asimismo, el 29 de julio se habrían allanado las oficinas de Aldea Global S.A., una entidad comercial que –al estar a cargo de la gestión administrativa del medio de comunicación– comparte las instalaciones con elPeriódico.

Zamora con medidas cautelares

Recordó que Zamora es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH desde 2003, cuando la Comisión entendió que existía un riesgo inminente a su vida e integridad personal con motivo de una serie de ataques físicos y amenazas recibidas en el ejercicio de su profesión, y del contexto de violencia contra la prensa en Guatemala.

Informó que conforme a las facultades que otorga el mecanismo de medidas cautelares, la CIDH y su Relatoría Especial han solicitado recientemente al Estado una visita de trabajo para constatar la situación de Zamora.

Señaló que a estos hechos se suman otros casos que han llegado a conocimiento de la RELE, relacionados con denuncias calificadas como espurias y dirigidas a impedir la publicación de investigaciones sobre asuntos de relevancia pública y política.

Entre otros reportes documentados, en septiembre de 2021, un exministro de Comunicaciones habría interpuesto una denuncia en contra del periodista Juan Luis Font, director del espacio informativo Con Criterio, por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita y colusión.

Añadió que el reportero confirmó a esa Oficina haber salido de Guatemala y denunció hostigamiento y represalias vinculadas a su labor que le disuaden de continuar ejerciendo el periodismo desde Guatemala.

Al respecto, el Estado señaló que dicho proceso se encuentra bajo reserva legal y que el ente investigador continúa con las diligencias para dilucidar la comisión o no de los hechos señalados.

Agregó que las autoridades enfatizaron que la denuncia aquí mencionada fue interpuesta por un tercero y no por el MP, y que el Estado no persigue al periodista por su labor informativa.

Asimismo, en junio de este año, el MP abrió una investigación contra periodistas de Agencia Ocote luego de que entrevistaran a una fiscal en prisión y produjeran un pódcast sobre su caso. Asimismo, en 2021 la Relatoría registró en su informe anual la activación de acciones penales contra los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid por parte de personas funcionarias y exfuncionarias del gobierno, supuestamente luego de que publicaran investigaciones periodísticas que los involucraban.

El Estado señaló que “no hay una persecución particular ni por su labor periodística ni existe acoso profesional contra ambos periodistas”. Además, agregó que “el proceso penal iniciado contra los agentes de la PNC por las agresiones denunciadas por ambos periodistas es prueba del compromiso estatal por llevar justicia a todos”.

Cuentas anónimas en redes

En este marco, la Relatoría también ha sido informada sobre el incremento de comportamientos inauténticos coordinados por parte de cuentas anónimas en redes sociales, que según se ha señalado difunden información estatal de carácter reservado, o anuncian actos que luego son ejecutados por parte del Estado, por ejemplo, en relación con juicios penales.

Sobre este punto, el Estado ha informado que “dichas publicaciones en ningún momento han sido ventiladas por cuentas oficiales del Estado de Guatemala, así como tampoco por sus funcionarios públicos, por lo que no es atribuible al Estado”.

En el contexto antes descrito, la CIDH señaló que preocupa especialmente a la Relatoría Especial los casos de Anastasia Mejía y Michelle Mendoza, entre otras mujeres periodistas y comunicadoras que investigan asuntos vinculados a corrupción e impunidad en Guatemala que también han reportado sobre el deterioro de las garantías a su libertad de expresión.

La información documentada indica que las amenazas a través de redes sociales, como también los procesos judiciales que enfrentan las mujeres periodistas integran elementos de violencia de género que el Estado debe considerar.

Muerte de periodista

Adicionalmente, en su función de monitoreo la RELE ha documentado el asesinato del periodista Orlando Villanueva en Puerto Barrios, Izabal, entre otros hechos de violencia, que incluyen alegadas agresiones y destrucción de equipos de trabajo de reporteros.. Sobre el crimen del periodista, el Estado reafirmó su compromiso en la realización de una investigación que esclarezca los hechos y resulte en las sanciones correspondientes.

En ese sentido, informó a esa Oficina que la Fiscalía de Delitos contra Periodistas ha realizado diversas acciones y establecido una línea de investigación. Además, la Relatoría se ha pronunciado previamente sobre las vulneraciones de derechos y los obstáculos específicos que enfrentan las y los comunicadores comunitarios en Guatemala.

La Oficina también ha dado particular seguimiento a los casos de los periodistas Juan Bautista Xol, Baudilio Choc y Carlos Choc, quienes han denunciado públicamente procesos judiciales en su contra y operativos policiales en sus residencias luego de que dieran cobertura a una serie de manifestaciones de la población maya Q’eqchi’ en El Estor, Izabal, y sobre el uso de la fuerza pública para dispersarla, en octubre de 2021.

Si bien la Oficina fue informada de que existirían dos procesos penales vigentes en contra del periodista Carlos Choc, el Estado informó que no hay denuncias interpuestas en su contra, y que no existen acciones estatales para impedir su actividad periodística.

Ley contra Ciberdelincuencia

Finalmente, la Relatoría también tomó conocimiento de que el Congreso de la República archivó la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, luego de que se aprobaran una serie de objeciones y observaciones de diputados. La RELE afirmó que saluda la decisión del órgano legislativo de desestimar esta norma, que contenía disposiciones que por su vaguedad otorgaban amplios márgenes de discrecionalidad en su aplicación y que corrían el riesgo de ser utilizadas en detrimento del derecho a la libertad de expresión.

La información recopilada por la RELE indica que estos hechos se insertan en un contexto de intensa judicialización a personas que cumplen un rol relevante en la vida pública y contribuyen al debate democrático en Guatemala. A juicio del Estado, el hecho de que existan diversas acciones legales interpuestas contra comunicadores –en algunos casos iniciadas por particulares– se enmarca en los derechos constitucionalmente garantizados.

Frente a las consideraciones expuestas, la referida Oficina recordó que el sistema interamericano de derechos humanos protege de manera reforzada los discursos de interés general y sobre conductas de funcionarios públicos ya que resultan indispensables en una sociedad plural para ejercer el control público sobre los actos de gobierno y administración.

Los anterior implica, según sostuvo la Corte Interamericana, que la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente en estos casos. La Relatoría ha informado al Estado que está haciendo seguimiento de los procesos judiciales contra periodistas por hechos que puedan tener relación con su labor y aquellos que investigan violencias contra la prensa, incluyendo los referenciados en este comunicado.

Asimismo, la CIDH y la Corte Interamericana han enfatizado que una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el Estado de Derecho. Sobre este punto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que la utilización del poder y recursos del Estado con el objetivo de presionar y/o castigar a periodistas y medios de comunicación en función de sus líneas informativas atenta directamente contra la libertad de expresión.

Pide garantizar libertad de expresión

La Relatoría Especial hace un llamado al Estado de Guatemala a redoblar sus esfuerzos para garantizar de forma plena y efectiva los derechos a la libertad de expresión y de prensa.

Señaló que es deber del Estado generar las condiciones necesarias para que las y los periodistas puedan realizar su trabajo en un entorno libre y seguro; y para que la sociedad en su conjunto pueda estar informada y recibir la mayor cantidad y diversidad posible de ideas y opiniones.

La Relatoría estima crucial que el Estado maximice sus esfuerzos para asegurar que cualquier restricción a las libertades fundamentales de periodistas y comunicadores –ya sea que involucre al poder público o a terceros– cumpla con estándares internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

MP responde

El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado en el que enfatiza, como en otros casos, que es su deber investigar “toda denuncia que se presenta”.

Agrega que toda investigación se hace en “forma imparcial y objetiva”.

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Ministerio Público informa: pic.twitter.com/gqWfjh6sLS

— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 3, 2022