La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, reapareció este miércoles 16 de febrero en las redes sociales de la Fiscalía para hablar de varios temas de coyuntura nacional, entre ellos la publicación de una investigación periodística de “El Faro”, en la que se vincula al presidente Alejandro Giammattei en actos de corrupción supuestamente  orquestados por el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, preso bajo cargos de lavado de dinero.

“El Faro”, un medio digital con sede en El Salvador reveló el lunes último un supuesto acuerdo entre Giammattei y Benito para recibir Q20 millones para su campaña electoral que provenían de sobornos a constructoras beneficiadas con contratos en el Gobierno. El supuesto pacto incluía la permanencia de Benito en el puesto durante el primer año del gobierno de Giammattei.

“El Faro” basa su nota en el audio de la declaración del Testigo A, a quien definen como un exhombre de confianza de Giammattei, pero que testificó en su contra al afirmar que el ahora presidente negoció la entrega de US$2.6 millones (unos Q20 millones) para financiar la campaña en 2019.

Por lo anterior, Porras señaló que el caso de Benito, quien está ligado a proceso y en prisión preventiva, está bajo reserva total y dijo que la filtración de información es preocupante, pues pone en riesgo el avance de las pesquisas.

“Este caso tiene reserva total y es preocupante que se vulnere la investigación mediante la difusión de información que es únicamente del conocimiento de las partes del proceso, en ese sentido, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad ha presentado denuncia penal por la filtración de dicha información y la misma ha sido remitida a la Fiscalía de Delitos Administrativos”, señaló Porras.

Además, la fiscal dijo que el Testigo A del cual hace mención la nota de “El Faro” interpuso una denuncia por supuestamente haber sido obligado a declarar información inexistente.

“En dicho caso también es importante mencionar que la persona a quien se menciona en la publicación como Testigo A presentó denuncia en el Ministerio Público indicando haber sido objeto de coacción y presiones para prestar declaraciones de hechos que no le constaban”, refirió Porras.

Niega criminalización

Además, la fiscal general negó que se esté criminalizando a operadores de justicia como se ha dicho “en redes sociales y algunos medios de comunicación”, y aseguró que lo que se hace es cumplir con lo que establece la ley.

En torno a ese tema, Porras sacó a colación la solicitud de retiro de inmunidad del juez de mayor riego Pablo Xitumul, quien, según la fiscal, valiéndose de su cargo en 2019 evitó que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) revisaran el vehículo de una persona que al parecer es su hijo y quien se cree estaba en estado de ebriedad, con lo que obstaculizó la labor policial, lo que fue objeto de denuncia y “se procede conforme a la ley”.

También mencionó el caso de las abogadas Leily Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y Eva Sosa, exfical de la Feci, quienes fueron detenidas como parte de una investigación sobre sus actuaciones en esos organismos, aunque el caso ha sido señalado por defensores de derechos humanos y la comunidad internacional de persecución contra quienes lucharon contra la corrupción y la impunidad.

“Respecto al Caso Cooptación y Corrupción Judicial debo de manifestar que el mismo se encuentra bajo reserva judicial, razón por la cual no es posible ahondar en detalles respecto del mismo, pero sí puedo indicar que las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas”, afirmó Porras.

Agregó que “en ese sentido también se estará solicitando el retiro de inmunidad de la juez -Erika Aifán, quien conoció el caso por el cual fueron detenidas- por su posible participación en dicha acción ilegal no constituyendo todo lo anterior en criminalización ni venganza, sino por el contrario implica el estricto cumplimiento de la ley”.

“De conformidad con las múltiples denuncias recibidas en el Ministerio Público por posibles ilegalidades y violaciones de Derechos Humanos de las personas a través de una transgresión de la ley por parte de algunos trabajadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad se iniciaron diversas investigaciones, entre ellas por coacción y amenaza de elaborar casos o revocar medidas a una persona con el fin de declarar hechos falsos en contra de otras personas por coacción a personas para que renunciaran a sus derechos básicos fundamentales como el derecho a la defensa y el acceso al expediente”, refirió.

Envía mensaje a EE. UU.

Las capturas y denuncias en contra de operadores de justicia ha llamado la atención de la comunidad internacional, quien han emitido pronunciamientos solicitando el respeto del debido proceso y mantener la democracia en el país; sin embargo, Porras pidió a varios funcionario que han sido críticos del actuar de la Fiscalía a que se acerquen a conocer el trabajo que desempañan.

“Hago pública la invitación al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados señor Diego García-Sayán, a la señora Samantha Power, administradora de USAID, y al subsecretario de Estado de Estados Unidos señor Brian Nichols a que se acerquen al Ministerio Público para poder conocer la veracidad de las investigaciones que se están realizando”, señaló Porras.

Agregó: “No se dejen sorprender por un pequeño grupo de personas que tiene interés particular de desestabilizar al país. No es correcto emitir comunicados ni declaraciones sin conocimiento de la totalidad de los hechos y menos aún dejarse influenciar por un grupo de personas que desean que exista impunidad para su grupo de personas a quienes señalan sus aliados que es justicia selectiva para sus opositores políticos enfocada a sus intereses”.

La abogada Leyli Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), detenida desde el jueves último bajo cargos de obstaculizar la acción de la justicia reveló este martes 15 de febrero los temores que le genera estar privada de libertad en una prisión en la que cumplen condena muchas de las personas señaladas de corrupción y narcotráfico que en su momento ella procesó.

“Lo que pasa es que yo lo que veo es una sed de venganza y lo que debería de ser categorizado como una acción de defensa ahora ellos lo vinculan como un delito,entonces todos los defensores deberíamos de estar privados de la libertad por hacer acciones a favor de la defensa”, señaló Santizo, luego de que la audiencia de primera declaración fuera suspendida este martes.

“El día de ayer fue golpeada la persona que me lleva a la comida por unas personas que apoyan a estos dentro de Mariscal Zavala y se me ha hecho la amenaza directa de que mi vida corre peligro, yo ya he externado que yo no puedo estar privada de la libertad y existe la mala intención de dejarme privada de la libertad, ya que estos casos de narcotráfico tiene a personas detenida (…) en todos los centros carcelarios donde yo puedo recibir alguna amenaza o mi integridad física puede ser comprometida”, señaló Santizo.

Santizo hizo un llamado a la comunidad internacional para que le pongan atención a su caso, pues asegura que por su trabajo es altamente vulnerable a sufrir algún atentado, principalmente si comparte prisión con personas que la Cicig llevó tras las rejas, principalmente de los casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

La defensa de Santizo y de la exfiscal de la Feci Eva Sosa también monstro preocupación por la integridad de las dos profesionales detenidas.

“Responsabilizamos al Ministerio de Gobernación y al Sistema Penitenciario por la vida e integridad de nuestras dos defendidas en virtud de que fueron enviadas al Mariscal Zavala y sabemos que en ese lugar se encuentra con mucha vulnerabilidad y en riesgo”, dijo una de las abogadas defensoras, quien agregó que el lunes pasado hubo un incidente que ya está en manos de las autoridades correspondientes.

Además, personal de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (Udefegua) denunció agresiones por parte de parientes de reos de la cárcel Mariscal Zavala durante una verificación del estado de Santizo, por lo que hacen un llamado a las autoridades competentes para que garanticen la seguridad de la abogada.

Jorge Santos, director de Udefegua, señaló que hacen un llamado a las autoridades del Sistema Penitenciario y al juez “que lleva la causa en la medida en la que muchos de los implicados en casos de corrupción e impunidad se encuentran guardando prisión allí en ese centro de detención, tanto quienes ya han sido sentenciados; por ejemplo, como en el Caso Génesis, donde miembros de la familia Mendoza han sido sentenciados como otras personas que están en prisión preventiva esperando su proceso penal correspondiente, entonces por supuesto que es un riesgo que una persona que haya litigado y que haya sido mandataria de la Cicig en muchos de estos casos de alto impacto estén también guardando prisión en el mismo lugar que la abogada Leyli Santizo”.

Santos también dijo que fueron agredidos por una persona no identificada en el interior de la cárcel, quien lanzó amenazas debido a que se llegaba a visitar a la abogada que “metió a la cárcel a su papá”. Señaló que ante las agresiones ningún agentes o autoridad del Sistema Penitenciario intervino para evitarlo.

“Recordemos que la abogada en particular llevó varios casos de alto impacto en donde habían implicadas estructuras de poder económico, militar, crimen organizado, inclusive, que hy están guardando prisión por las actividades tan importantes que desarrollo la Cicig y la Feci”, agregó Santos, quien solicitó a la PDH que haga visitas permanentes para garantizar la seguridad de Santizo.

De acuerdo con una publicación en Twitter de Ruda, personal de las embajadas de Reino Unido, Canadá, la Unión Europa y las Naciones Unidas acudieron a la Sala de Audiencia “A” donde sería escuchada Santizo.

Sosa también fue acompañada por personal de la Embajada de Canadá y defensores de derechos humanos.

Sin embargo, horas después, el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que exige que a los diplomáticos acreditados en el país que no interfieran en asuntos internos, pero no dejaron claro a qué se referían.

“El Gobierno de Guatemala, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Manifiesta: Que Guatemala norma sus relaciones con otros Estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados”, señala la primera parte del comunicado.

Agrega “que siendo Guatemala Estado parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, exige a los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno, que se abstengan de intervenir en los asuntos internos de Guatemala, en estricto apego a lo establecido en el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.

Activistas de derechos humanos manifestaron en las afueras de la Torre de Tribunales para exigir la libertad de Santizo, por lo que colocaron pancartas en las que exigen el respeto al estado de derecho.

#LasQueLuchan En el Mariscal Zavala corre peligro la vida de Santizo. “Es un riesgo que una persona que haya litigado, que haya sido mandataria de la Cicig en casos de alto impacto” , expresa Jorge Santos de @UDEFEGUA
Angie Ross pic.twitter.com/3koSDAusXB

— Ruda (@ruda_gt) February 15, 2022

#AHORA La audiencia de 1era declaración de Leily Santizo fue suspendida y reprogramada para el viernes. Hace un llamado a organismos internacionales por el peligro que corre su vida en cualquier centro carcelario del país por los casos que litigó en CICIG.
@jovannagarcon pic.twitter.com/cm0RdGVqRn

— No-Ficción (@noficciongt) February 15, 2022