La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente este 2 de marzo la reforma a la ley de ONG

Los magistrados ampararon provisionalmente a varias ONG que accionaron contra el decreto 4-2020.

El fallo fue firmado por los cinco magistrados titulares de la corte. Votaron a favor de la suspensión Bonerge Mejía, Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Neftaly Aldana. Dina Ochoa votó en contra y razonó su voto.

En un comunicado, la CC indicó que la vigencia del decreto conlleva amenaza de violación de derechos humanos, por lo que suspendió el acto de aprobación del decreto, que se refiere a la tercera lectura, aprobación por artículos y redacción final, la sanción de Giammattei y su posterior entrada en vigencia, el 7 de marzo.

Agregó que el derecho a la libertad de asociación está reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; menciona además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha delineado que los derechos a la libertad de reunión y asociación brindan protección contra la interferencia del Estado y son “fundamentales para la existencia y funcionamiento de una sociedad democrática”.

Esta es la resolución:

El mandatario afirmó que recibió las reformas a la referida ley  y que después de consultas a tres constitucionalistas y la Secretaría General se concluyó que no hay inconstitucionalidad.

Con las reformas a la Ley de oenegés se requiere información del uso de los recursos financieros de estas organizaciones.

Agregó que el objetivo de sancionar es para impulsar la transparencia que piden los guatemaltecos y porque es necesario fiscalizar cómo manejan los recursos públicos.

El presidente Giammattei asegura que no está en contra de las oenegés y que quienes protestan por las reformas son quienes han manejado mal los recursos.

Sobre la decisión de sancionar las reformas a la referida ley, argumentó que es una decisión de país y no de otras naciones que se pronunciaron en contra de su vigencia.

Manifestó que no dará los nombres de los abogados constitucionalistas porque la consulta fue personal, aunque sí les consultará si puede dar sus nombres.

Pese a que hay solicitudes de amparo en la Corte de Constitucionalidad para que no entren en vigencia las reformas a la ley de ONG, esto no ha sido notificado al Ejecutivo por lo que se sanciona, asegura Giammattei.

El funcionario restó importancia a las recomendaciones de congresistas estadounidenses para que vetara la ley. También dijo que un embajador le llamó para que vetara la ley, pero no proporcionó el nombre.

Al menos 64 onegés fueron incluidas para recibir fondos del presupuesto general del Estado 2019.  El monto asciende a Q706 millones 591 mil 430.

Unas 115 onegés reciben financiamiento de donantes internacionales y el monto asciende a Q79 millones 149 mil 168, según datos del 2017.

También 28 onegés, muchas de estas, están vinculadas a políticos y trabajadores del Estado, las cuales se intentaron incluir el año pasado el presupuesto general 2020.

Diputados aprobaron este 11 de febrero reformas para fiscalizar los fondos que reciben las ONG y evitar que los usen para “alterar” el orden público.

Con apenas 82 y 83 votos, la alianza oficialista hizo los cambios al decreto 2-2003, en medio de reclamos de bloques de oposición.

La iniciativa no estaba consensuada, pero entró al pleno gracias a una moción de los diputados Manuel Conde, Jorge García Silva y Mynor Mejía. Luego se promovió otra moción que hizo que la iniciativa se conociera luego de que el Congreso instó al Ejecutivo a adoptar medidas para evitar contra el brote de coronavirus.

Algunos diputados de UNE y URNG abandonaron posteriormente el hemiciclo, mientras que otros señalaron que las prácticas que desprestigian al Congreso han vuelto.

Durante la última fase de la aprobación, Allan Rodríguez, presidente del Congreso, dijo en Twitter que las ONG necesitan un marco regulatorio actual y moderno “que impida la manipulación política y mal manejo de fondos públicos”.

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Lo aprobado

Las ONG deberán registrarse según estas orientaciones: caridad, servicios, participativa, incidencia, investigación, deportiva, cultural, defensa, generación de ingresos desde lo local, fortalecimiento institucional, medio ambiente y formación ciudadana. Según su área de actuación: base comunitaria o nacionales, y según su forma de constitución: desarrollo, asociación, fundación, federación y confederación.

El artículo 7 aprobado establece que las ONG deberán responder con su patrimonio por las obligaciones que contraigan.

Según el artículo 10, para obtener la personería jurídica, las ONG deberán inscribirse en el Registro de las Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación y luego deberá inscribirse en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) únicamente al momento de constituirse y al hacer cambios en su escritura de constitución o cambio de directiva o representación legal. Si manejan fondos públicos deberán registrarse en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Contraloría.

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El artículo 13 establece que ninguna donación o financiamiento puede usarse para actividades que alteren el orden público o será cancelada y sus directivos deberán responder civil o penalmente. En el caso de los asociados no podrán formar parte de una ONG dentro de un plazo un menor de dos años. Lucrecia Hernández Mack, de Semilla, dijo que ese artículo, así como otros de la ley, violan derechos civiles y políticos. Por su parte, Lázaro Zamora, de Unionista, señaló que este artículo salva la soberanía de la nación.

El artículo 14 ordena que las organizaciones deberán publicar en cualquier medio su balance general al cierre de operaciones de cada ejercicio contable. También deberán llevar libros de contabilidad y estados financieros en sistemas electrónicos, habilitados por la SAT.

Los diputados improbaron el artículo 22 que daba facultades al Estado para vigilar a las ONG y de intervenirlas cuando el interés u orden público lo requiriera.

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