Este miércoles el Senado en Argentina votará uno de los proyectos de ley que más ha dividido al país en la última década: la despenalización del aborto.

Ningún tema ha polarizado tanto a los argentinos desde la aprobación del matrimonio gay en 2010.

Según las encuestas, quienes apoyan la legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo son una leve mayoría, pero lo cierto es que en muchas familias, grupos de amigos y hasta en los chats de WhatsApp hay puntos de vista opuestos.

Y nadie permanece ajeno al tema, que se ha colado en todos los ámbitos de la vida. En especial después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto en junio pasado, después de un debate que duró 23 horas y que concluyó con una diferencia de solo cuatro votos a favor.

Se espera que el debate en la Cámara alta sea igual de reñido, aunque -como también ocurrió antes de que se votara en diputados- los pronósticos anticipan que habrá una mayoría de rechazos al proyecto.

Pero si volviera a darse la sorpresa y el proyecto se aprobara, ¿qué significaría concretamente?

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Qué ocurre hoy en día

La interrupción voluntaria del embarazo es ilegal en Argentina desde 1886, cuando se sancionó el primer Código Penal.

En ese entonces todas las causales de aborto estaban penalizadas, algo que se modificó en 1921, cuando se permitió el aborto en dos supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de un abuso a una mujer con discapacidad, “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente”.

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Así Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en legalizar el aborto en ciertas condiciones.

Pasaría casi otro siglo (2012) para que se agregara otra causa no punible de aborto: el embarazo causado por una violación.

No fue a través de un cambio de legislación sino gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que estableció que toda mujer embarazada como resultado de un abuso sexual tiene derecho a acceder a un aborto, sin importar su capacidad intelectual.

El tribunal supremo determinó que no hace falta una autorización judicial previa para acceder a la práctica ni tampoco se debe denunciar la violación. La víctima solamente debe completar una declaración jurada manifestando que su embarazo es producto de un delito.

Como parte de su mismo dictamen la CSJ exhortó al Estado, tanto a nivel nacional como provincial, a que sancione protocolos hospitalarios que garanticen el acceso de las mujeres a los abortos no punibles.

Si bien el Ministerio de Salud de la Nación publicó un protocolo tres años más tarde, muchas jurisdicciones aún no han acatado el pedido de la Corte. Y muchos médicos también han alegado razones de conciencia para no practicar los abortos permitidos.

Estos son dos de los motivos por los que los defensores del derecho a abortar consideran que es necesaria una nueva ley.

¿Tendencia?

De aprobarse el aborto en todas las causales Argentina se uniría a Cuba, Uruguay y Ciudad de México, donde la práctica ya es legal, al igual que en casi todos los países desarrollados.

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Y seguiría los pasos de Irlanda, otra nación católica que en mayo pasado despenalizó el aborto.

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Una legalización también podría dar mayor impulso a un proyecto para despenalizar completamente el aborto en la vecina Chile, que en 2017 permitió la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la mujer y embarazos producto de violación.

Hasta entonces el país sudamericano era uno de solo seis en todo el mundo en los que el aborto está completamente prohibido, incluso cuando la vida de la madre está en peligro.

Tres de esos seis países están en América Latina (El Salvador, Nicaragua y República Dominicana), aunque en la mayor parte de la región el aborto está permitido en ciertos casos.

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Qué dice la norma que se vota en Argentina

El proyecto legislativo que recibió media sanción de la Cámara baja el pasado 14 de junio otorga a toda mujer derecho a optar voluntariamente por la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación.

Pasado ese período, el aborto solamente es no punible en casos de violación, riesgo a la vida de la madre o mala salud del feto.

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La legislación permite, además, que el aborto pueda realizarse en cualquier hospital o clínica y obliga a los prestadores de salud tanto públicos como privados a cubrir el costo, no solo del procedimiento sino de los medicamentos y de las terapias de apoyo que sean necesarias.

Este es uno de los puntos más polémicos que tiene la ley. Los defensores de la norma aducen que debería ser gratuito porque se trata de un problema de salud pública. Citan las casi 66.000 hospitalizaciones de mujeres que se producen cada año como consecuencia de abortos mal hechos, de acuerdo con cifras oficiales.

Pero quienes se oponen consideran que no es un problema de salud pública ya que las estadísticas también muestran que en la actualidad mueren cerca de 40 mujeres cada año como consecuencia de abortos clandestinos, una cifra mucho menor que otras problemáticas de salud femeninas que no son cubiertas por el Estado.

Incluso algunas personas que están a favor del derecho de la mujer a elegir creen que el sistema de salud público no puede afrontar el gasto de los cerca de medio millón de abortos que, según estiman algunas organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, se realizan en la actualidad cada año en Argentina.

Objeción de conciencia

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Otro de los temas más controvertidos del proyecto de ley de aborto es el de la objeción de conciencia.

Si bien la norma permite que los profesionales de la salud queden eximidos de la obligación de practicar abortos si manifiestan su objeción previamente y por escrito, no permite dicha objeción en caso de que la mujer gestante “requiera atención médica inmediata e impostergable”.

Tampoco permite que un hospital o una clínica se rehúse a realizar la práctica, incluso si es un establecimiento confesional.

“Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario“, especifica en su artículo 11.

Esto llevó a que un grupo de centros de salud católicos denunciara que sus directivos podrían recibir penas de cárcel y el sanatorio incluso podría ser cerrado si se aprueba la ley y ellos no aceptan realizar abortos.

Del otro lado, quienes apoyan el derecho de las mujeres a elegir señalan que si se permite que todo un establecimiento sanitario se rehúse a realizar abortos algunas mujeres, en especial las que viven en zonas con pocos centros de salud, podrían no tener garantizado su acceso a la práctica dentro de las 14 semanas que prevé la ley.

Además, recuerdan que el alto número de objetores de conciencia es uno de los motivos por los cuales muchas niñas y mujeres que fueron violadas hoy no tienen acceso a un aborto seguro, a pesar de que así lo dispone la justicia.

¿Una ley alternativa?

Uno de los escenarios posibles es que el Senado apruebe una ley que permita el aborto, pero que le introduzca varias modificaciones.

El derecho a la objeción de conciencia institucional sería una de ellas.

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Otra sería la reducción del plazo legal para interrumpir el embarazo, que se limitaría a 12 semanas (en vez de las 14 originales).

También se eliminaría las penas para los médicos que se rehúsan a practicar abortos y se habilitaría la producción pública de misoprostol, un medicamento utilizado para interrumpir embarazos.

En caso de que la Cámara alta apruebe esta versión alternativa la norma volvería a la Cámara de Diputados, donde se descuenta que sería sancionada.

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Este escenario sería considerado igualmente un triunfo de los “verdes”, el color con el que se identifican los partidarios del derecho a elegir.

En cambio, si el Senado rechaza cualquier tipo de legalización del aborto habrán ganado los “celestes”, que -con la Iglesia católica al frente- se unen bajo el lema “Salvemos las dos vidas“.

En Corea del Sur, donde la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es ilegal excepto en caso de violación, incesto o amenaza para la salud de la madre, el Tribunal Constitucional examina el jueves un recurso contra esta ley de 1953 muy poco aplicada en la actualidad.

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Al día siguiente, los irlandeses están llamados a pronunciarse en referéndum sobre la liberalización del aborto, totalmente prohibido desde 1983 por la Constitución salvo, desde 2013, en caso de que la vida de la madre corra peligro. La IVE está penada con hasta 14 años de cárcel.

 Prohibición total

Malta, donde el catolicismo es religión de Estado, es el único país de la Unión Europea (UE) que prohíbe totalmente el aborto. En caso de infracción, la pena es de entre 18 meses y 3 años de cárcel. La IVE también es ilegal en Andorra, San Marino y el Vaticano, que no son miembros de la UE.

En el resto del mundo, el aborto está prohibido en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Surinam, Haití y República Dominicana en América; Egipto, Gabón, Guinea-Bisáu, Madagascar, Mauritania, República del Congo, República Democrática del Congo (RDC) y Senegal en África; Filipinas, Palaos y Laos en Asia.

En El Salvador, donde el aborto se castiga con duras penas de prisión, dos casos recientes provocaron una gran conmoción: los de Teodora Vásquez y Maira Figueroa, dos mujeres que pasaron al menos 10 años en prisión por perder a los hijos que esperaban, antes de ser liberadas. Ambas habían sido condenadas a 30 años de reclusión.

 Acceso restringido

Muchos otros países imponen fuertes restricciones.

El aborto es posible sólo en caso de peligro para la vida de la madre en países como Guatemala, Paraguay, Venezuela, Costa de Marfil, Libia, Uganda, Sudán del Sur, Irak, Líbano, Siria, Afganistán, Yemen, Bangladés, Birmania y Sri Lanka.

En septiembre de 2017, Chile puso fin a 30 años de prohibición total del aborto, ahora autorizado en tres casos: riesgo para la vida de la madre, violación e inviabilidad del feto.

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En Brasil, el acceso al aborto, ya de por sí muy limitado -en caso de violación, riesgo para la madre o grave malformación del feto- está amenazado por un proyecto de ley que podría excluir estos supuestos.

Un derecho bajo presión

Las mujeres de Europa y América del Norte son las que se benefician de legislaciones más liberales, con algunas excepciones notables.

Contrariamente al resto del Reino Unido, el aborto es ilegal en la provincia de Irlanda del Norte, incluso en caso de violación, incesto o malformación grave del feto. Está autorizado únicamente si el embarazo amenaza la vida de la madre. Las infractoras pueden ser condenadas a cadena perpetua.

Otro país de la UE que dispone de leyes muy restrictivas es Polonia, que sólo tolera el aborto en caso de violación, incesto o malformación irreversible del feto. A principios de 2018, un intento de los ultraconservadores de limitar todavía más el acceso a la IVE provocó importantes manifestaciones en todo el país.

En otros países occidentales, los opositores al aborto se movilizan. Así, en Croacia, miles de personas se manifestaron la semana pasada para exigir la supresión del derecho al aborto, garantizado desde 1978.

En Estados Unidos, donde el aborto fue legalizado en 1973, el debate sigue vivo entre los “provida” y los “proelección”. El estado de Iowa adoptó a principios de mayo la ley más restrictiva del país, que prohíbe el aborto desde el momento en que se detectan los latidos del corazón, es decir a partir de la sexta semana de embarazo.

]]> 185312 https://www.guatevision.com/noticias/internacional/presentan-demanda-para-impugnar-la-ley-de-aborto-mas-restrictiva-en-eeuu Tue, 15 May 2018 20:50:59 +0000 https://www.guatevision.com/?post_type=post-noticias&p=182288

La ley, que entra en vigencia el 1 de julio, prohíbe los abortos a partir del momento en que se detectan latidos cardíacos fetales, lo que puede ocurrir a las seis semanas de embarazo.

Incluye excepciones para emergencias médicas, violación o incesto.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el proveedor de servicios de aborto Planned Parenthood presentaron una demanda en un tribunal de Iowa para bloquear la norma.

“Esta prohibición del aborto es más que extrema“, señaló en un comunicado Rita Bettis, de la ACLU en Iowa. “Ningún tribunal federal o estatal ha ratificado una ley tan peligrosa”.

Los opositores al aborto esperan que la prohibición de Iowa provoque una batalla legal que llegue hasta la Corte Suprema estadounidense, con la esperanza de ampliar las restricciones en todo el país.

“Entiendo y anticipo que esto probablemente será cuestionado en la corte“, dijo la gobernadora del estado, la republicana Kim Reynolds, en un comunicado después de firmar la legislación el 4 de mayo.

“Sin embargo, esto es más que solo una ley. Se trata de la vida. No voy a darme por vencida de lo que soy o en lo que creo”, agregó entonces.

Los opositores a la prohibición argumentan que la ley es demasiado restrictiva y podría eliminar el aborto como opción incluso antes de que una mujer sepa que está embarazada.

“Esta ley no debe entrar en vigencia“, dijo Planned Parenthood de Jill Meadows de Iowa en un comunicado.

“La evidencia es clara de que en lugares donde el aborto está prohibido o muy restringido personas desesperadas por terminar un embarazo no deseado recurren a métodos inseguros”, señaló.

El fiscal general de Iowa, el demócrata Tom Miller, se negó a defender la ley ante los tribunales, alegando que “socavaría los derechos y las protecciones para las mujeres”.

La Corte Suprema ha sido hostil a las leyes de “latido del corazón”.

En 2016, el máximo tribunal rechazó apelaciones de Dakota del Norte y Arkansas para preservar restricciones similares, que habían sido anuladas por tribunales inferiores.