A principios de noviembre 2019, un comando de sicarios atacó a las familias mormonas Miller, Langford y LeBarón dejando víctimas fatales, entre ellas mujeres y niños.

Un video muestra los últimos momentos de Rhonita Miller y sus cuatro hijos, integrantes de la familia LeBarón.

En la grabación, sicarios de La Línea discuten cómo asegurarse de que están muertos: con fuego.

Milenio informó que esa evidencia está en manos de la Fiscalía General de la República de México.

El 3 de noviembre de 2019, al menos un centenar de sicarios de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, sentenciaron sin saber a 16 personas de una familia que horas más tarde fueron emboscadas.

El día de los crímenes se reunieron en un rancho perteneciente a su líder, el grupo se trataba de 100 personas fuertemente armadas que determinaron recuperar la región de Agua Prieta, en Sonora, que estaba en manos de sus rivales del Cártel de Sinaloa.

Los criminales se dividieron en dos grupos: uno de 60 sicarios al mando de El Gil y otro de 40 sicarios bajo órdenes de Freddy Calles Romero El Tolteca, quien actualmente está vinculado a proceso en México por el ataque contra los LeBarón.

La orden del ataque

Luego, los sicarios de El Tolteca se colocaron en dos puntos carreteros estratégicos y se les dio la orden: “disparar a cualquiera, ya sea un civil o policía, a cualquiera”.

Por eso cuando la camioneta en la que viajaba Rhonita con sus cuatro hijos por el primer punto y Christina y Dawna en otros dos vehículos con otros 10 niños pasaron ahí, los atacaron a tiros.

El 4 de noviembre, aproximadamente a las 9:30 horas, una caravana de tres camionetas salió del rancho de la Mora.

Rhonita Miller viajaba con sus cuatro hijos, Christina Langford con su bebé y Dawna Ray con otros nueve niños. El primer ataque fue contra el vehículo que manejaba Rhonita junto a sus cuatro hijos de 12, 10 y dos gemelos de 8 meses, añadió la publicación de Milenio.

Por qué se retrasó el viaje

El viaje se retrasó debido a que el auto en el que viajaba se descompuso; sin embargo, regresó a su hogar en un rancho en La Mora, Sonora, y tomó otra camioneta.

Sin embargo, momentos después, ya sobre la carretera llegó a uno de los puntos estratégicos establecidos por los sicarios de La Línea.

La mujer y sus cuatro hijos menores de edad se enfrentaron a cinco minutos de fuego intenso de rifles automáticos, rifles de precisión y ametralladoras.

Más de 900 disparos

Les dispararon 923 veces, 321 disparos impactaron en el vehículo. Según los familiares de las víctimas, aún encuentran casquillos en la zona derivado de la magnitud del ataque armado.  

Los LeBarón presentaron evidencias para demostrar que a Rhonita y a sus hijos los quemaron vivos, porque consiguieron que Enrique Baeza, de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República en México, presentara ante el juez estadunidense partes de un video en el que los sicarios que dispararon contra la camioneta luego se acercaron para prenderle fuego.

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Conversación

De los sucedido, el gobierno mexicano tiene evidencia y presentó ante una corte de Estados Unidos.

Esta es la conversación que se alcanza a distinguir:

“Ah, no, ya lo hicieron un desastre en serio, hombre”. “Van a terminarlo, viejo.”

“No viejo, ellos se quedaron” “Míralo. No, no debe ver nada.”

“Dispárale, no lo des por hecho”. “Quémala” “Oye, no lo rodees, detente” “Ok, ok” “Esto está jodido”.

Según la investigación, uno de los niños intentó escapar del vehículo, pero no lo logró, y que otro murió en el suelo junto al automotor.

Expertos contratados por la familia LeBarón para analizar la escena de los hechos aseguran que los sicarios arrojaron gasolina o algún combustible dentro del vehículo antes de incendiarlo.

Además, de acuerdo con las autoridades mexicanas que fueron consultadas para la demanda civil que se presentó contra el Cártel de Juárez y La Línea, esta última organización ha tomado como su firma personal la quema de vehículos tras sus agresiones y ejecuciones, esto con la intención de intimidar a civiles y políticos.

A poco más de 14 kilómetros, Christina Langford y su bebé de 7 meses fueron emboscadas en un segundo ataque.

De acuerdo con la evidencia que se presentó en Estados Unidos, Christina salió del auto, levantó las manos y suplicó por su vida y por la de su bebé, pero igual la mataron con cuatro tiros.

Su bebé quedó abandonado en medio del desierto y al final fue rescatado con deshidratación severa. Minutos después, Dawna Ray llegó al lugar donde habían asesinado a Christina.

La mujer intentó ayudarla, pero los sicarios lo evitaron: comenzó de nuevo la lluvia de balas y ella solo alcanzó a gritarle a los pequeños que se agacharan y se protegieran.

La asesinaron a ella y a dos de los niños, al resto los abandonaron en el desierto. Según la reconstrucción de los hechos, realizada por doctores y expertos contratados por los LeBarón, Dawna pudo ver, durante su agonía, cómo sicarios armados hasta los dientes y con camuflaje, asesinaban a uno de sus hijos.

Los demás, siete menores tuvieron que soportar el frío y las heridas antes de ser rescatados. Uno de ellos tenía un daño en la quijada por un disparo lo que causó que hasta la fecha le hagan falta algunos de sus dientes.

Luego, tras casi 10 horas de búsqueda, fueron encontrados con vida.

El múltiple crimen fue declarado por un juez federal de Estados Unidos como un acto terrorista, fue tan brutal que estableció que el Cártel de Juárez, identificado como una entidad ligada al narcotráfico internacional, debe pagar más de US$4 mil millones a las familias Miller, Langford y Ray a manera de reparación del daño.

Los familiares de los LeBarón, que fueron atacados por miembros de un supuesto cartel, aseguraron este miércoles que las autoridades cuentan con una grabación inédita sobre el ataque en el que murieron nueve de sus miembros en La Mora, México.

De acuerdo con las versiones de Julian LeBarón, el video fue grabado en el preciso momento en que los sicarios mataron a mansalva a varios miembros de la familia.

Esto desmentiría la versión oficial de que la familia fue atacada por un grupo de sicarios porque los confundieron. 

“Según el activista, los sicarios, vestidos de negro, dispararon desde una camioneta, luego bajaron de la unidad gritando ‘¡quémenlos, quémenlos!”’, dice el noticiero Infobae. 

Presuntos narcotraficantes ultimaron hace dos semanas a nueve miembros de la familia LeBarón, escindida de los mormones, entre ellos a varios niños, cuando atacaron a balazos tres camionetas, que además incineraron.

De acuerdo con la publicación, podría celebrarse una reunión entre el presidente Manuel López Obrador y miembros de la familia LeBaron. 

El estado mexicano lleva 13 años combatiendo con las fuerzas de seguridad a las organizaciones criminales, sin haber podido desmantelarlas. El ejército estadounidense ha intervenido masivamente desde 2001 en Afganistán y en Irak desde 2003 sin acabar con las milicias en los dos países.

En los tres casos los grupos armados han ganado poder, se multiplicaron y diversificaron. Una intervención militar de Estados Unidos incrementaría la violencia, y retrasaría soluciones de largo plazo.

Inmediatamente después de la matanza de miembros de una comunidad mormona por parte de criminales mexicanos, el presidente Donald Trump ofreció ayuda militar a México para que “libre la guerra a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el ofrecimiento, pero indicó que es un asunto que “corresponde resolver al gobierno de México”. En 2017 Trump amenazó al expresidente Enrique Peña Nieto con enviar el ejército para frenar a los “malos hombres” mexicanos que quieren entrar en Estados Unidos.

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La compleja relación entre México y Estados Unidos se ha vuelto más crítica sobre cómo luchar contra las organizaciones traficantes de droga (DTO, en sus siglas en inglés). Se calcula que el 90% de la droga que entra en Estados Unidos proviene de México, y que las organizaciones criminales obtienen unos beneficios de US$60.000 millones anuales.

En octubre pasado, el frustrado intento de apresar a un hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán (el Chapo) en la ciudad de Culiacán mostró las limitaciones del Estado ante la capacidad operativa y de fuego que tiene el crimen organizado.

El Gobierno admitió haber lanzado la operación sin prever una respuesta tan contundente por parte del cartel de Sinaloa, y que continuar con ella habría supuesto más víctimas.

En círculos del gobierno de Estados Unidos aumentan las críticas hacia el gobierno de López Obrador por haber cedido ante los criminales.

El subsecretario de Estado para cuestiones internacionales de narcóticos y aplicación de la ley, Richard Glenn, dijo ante el Congreso en Washington: “es de gran importancia que en este momento México desarrolle y comparta con nosotros una estrategia amplia para enfrentar al crimen transnacional organizado. Si eso no ocurre no veremos progresos”.

El presidente mexicano criticó esa intervención como interferencia en la soberanía.

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Estados Unidos y México llevan muchos años cooperando contra el crimen organizado, con pocos resultados exitosos.

Paradójicamente, la política militar del Estado mexicano, especialmente durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), de enfrentar a las organizaciones criminales no logró desmantelarlas, sino que se multiplicaron y volvieron más violentas.

Esta fragmentación es una característica de los conflictos violentos no convencionales en los que se cruzan crimen, competencia por la explotación de recursos y producciones ilícitas, control de comunidades, mercados y rutas de comercialización, corrupción, e internacionalización.

Neutralizar a los jefes

Desde 2016 hasta fin de 2017, Washington invirtió US$2.900 millones en la lucha contra los carteles en México, aparte de US$108 millones en el programa de informantes.

La ayuda contempla reforma de la política y del sector de la justicia, y controlar los movimientos ilícitos de dinero. Pero la estrategia central ha sido apresar o matar a los jefes de los carteles (kingpin strategy, en inglés).

Esta fue promovida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en sus siglas en inglés) desde la década de 1990 en Colombia y luego en México. Fue exitosa por el número de jefes presos o muertos (y con gran impacto mediático, como se ha visto en el juicio de El Chapo). Sin embargo, acarrea consecuencias indeseadas.

Diversas investigaciones muestran que, al descabezar a las organizaciones criminales, estas se fragmentan y reproducen, los mandos intermedios pugnan brutalmente por el poder, y las dinámicas se vuelven más violentas. La falta de control de los líderes genera un vacío que produce más enfrentamientos.

Entre tanto, se debilitan los esfuerzos del Estado en desmantelar las estructuras del crimen organizado.

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Según el Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., en 2006 había seis grandes organizaciones de narcotraficantes en México. Actualmente hay diez: cartel de Sinaloa, Los Zetas, Tijuana/Alejandro Félix, Juárez/Vicente Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, el Golfo, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el Cartel Jalisco-Nueva Generación, y los CUINIS.

Estos, a la vez, subcontratan a grupos criminales locales y regionales, cubriendo diversas actividades ilícitas (extorsión, prostitución, tráfico de emigrantes, robos, entre otras).

La implantación social de los carteles se debe también a la falta de presencia y legitimidad del Estado, el uso brutal de la violencia y la provisión de servicios sociales (básicos) y mecanismos de resolución de conflictos a la población que controlan, como indica un estudio de Brookings Institution.

Violaciones de derechos humanos

La ofensiva del gobierno de Calderón (proseguida durante la presidencia de Enrique Peña Nieto) fue acompañada de acusaciones de violación de derechos humanos por parte del ejército contra la población civil.

Por su lado, las organizaciones criminales incrementaron los asesinatos masivos y extra judiciales, secuestros, extorsiones, y desapariciones. Diversas comunidades se organizaron militarmente para defenderse (y fueron, a la vez, cooptadas por los carteles de la droga).

La falta de control civil sobre el ejército y las violaciones de derechos humanos llevaron a la Corte Suprema a pronunciarse en 2017 en contra de la Ley de Seguridad Interior que pretendía aprobar el gobierno.

El presidente López Obrador ha creado una Guardia Nacional de 60.000 miembros, que sustituye a la policía (mal pagada, mal entrenada y, en general, corrompida).

Según Gema Santamaría, profesora en Loyola University (Chicago) el conflicto mexicano es plural por el alto número de actores, dinámico por la rápida capacidad de adaptación de los actores armados, e híbrido porque del mismo forman parte actores estatales y no estatales.

Entre esos actores se dan alianzas, confrontaciones y subordinaciones que desmienten que haya una línea clara de “nosotros contra ellos”. El ambiente menos propicio para una intervención extranjera.

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Insurgencia criminal

El impacto social de la ofensiva del Estado y la respuesta de las organizaciones criminales ha sido devastador.

Desde 2006 murieron asesinadas 250.000 personas, y otras 40.000 han desaparecido. En 2018 los homicidios superaron los 33.000 casos, un 33% más que el año anterior.

Entre enero y junio de 2019 han sido asesinadas 17.000 personas. La mayor violencia se da en los estados donde enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de producción, tráfico y venta de droga, y con las fuerzas de seguridad.

Un estudio del centro británico Chatham House dice que en México hay una “insurgencia criminal”. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, el número víctimas producido por la violencia mexicana le equipara a una guerra.

Sin embargo, no es una guerra convencional, ni puede ser sólo enfrentada como la imagina Trump.

Combatir las complicidades

El presidente Obrador ha cuestionado la política de sus predecesores, poniendo el énfasis en programas educativos para jóvenes, planes de desarrollo y políticas de diálogo con las organizaciones criminales.

También ha especulado con una amnistía para quienes no hayan cometido crímenes de sangre. Pero su plan es poco concreto.

La organización Justice in Mexico, de la Universidad de San Diego, considera que además de ocuparse de los déficits socioeconómicos que llevan a muchos hombres jóvenes a integrarse en grupos criminales, el Estado debe hacer responsable a los actores violentos, y combatir la corrupción y vínculos con el narcotráfico que tienen funcionarios de gobierno y grupos de la élite económica en los niveles regionales y locales.

Son esas complicidades las que sostienen al crimen organizado.

Se debe, así mismo, remediar la impunidad que permite la falta de condenas a socios “de cuello blanco” del narcotráfico que lavan dinero, cometen fraudes y manejan esquemas de manejo de fondos y evasión. Para ello se precisa capacidad de análisis e investigación y seguimiento a los desafíos al estado de derecho,

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Otras medidas, en las que coinciden expertos como Santamaría, son priorizar los planes sociales en zonas altamente afectadas por la violencia, invertir más en prevención que en castigo, prevenir el reclutamiento de niños, jóvenes e inmigrantes, y proveer protección a políticos no corruptos (en particular alcaldes), comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Migración, tráfico de armas y el mercado del Norte

Parte del problema de México es la demanda de droga en Estados Unidos y otros países. En vez de ofrecer el ejército para continuar una estrategia errada, el presidente Trump debería plantearse combatir a los intermediarios del mercado interno estadounidense, e interrogarse por las razones que producen esa demanda masiva.

Otra cuestión que la Casa Blanca podría revisar es la compra de armas estadounidenses que realizan las organizaciones criminales mexicanas.

Armas automáticas y semi-automáticas (altamente letales) son adquiridas sin restricciones por intermediarios en Texas y otros estados para ser revendidas en México, donde rige una prohibición muy estricta sobre posesión de armamento.

Según la Government Accountability Office siete de cada 10 armas que son confiscadas en ese país a grupos armados provienen de su vecino del Norte.

La preocupación principal del presidente de Estados Unidos respecto de México es que el gobierno de ese país colabore en frenar la migración centroamericana y mexicana, y obtener ventajas en el marco del tratado de libre comercio (NAFTA, en sus siglas en inglés) con ese país y Canadá.

Después de haberlo presionado y chantajeado durante meses, Trump agradeció a López Obrador que México haya desplegado miles de efectivos en la frontera con Guatemala para bloquear el paso a miles de centroamericanos que tratan de emigrar a Estados Unidos.

En reciprocidad, acaba de ofrecerle el ejército, algo que resuena bien entre su base electoral, y que aceleraría la inseguridad en México.

Mariano Aguirre es analista de cuestiones internacionales. Autor de Salto al vacío. Crisis y declive de Estados Unidos (Icaria editorial, Barcelona, 2017).

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, dijo a medios que ya existen detenidos pero que el caso ya está en manos de las fiscalías.

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“Hay detenidos, pero no nos corresponde proporcionar información, ya que la investigación está ya en manos tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y de la Fiscalía General de la República”, dijo Durazo a medios.

Abordado por medios tras la segunda reunión regional de Conferencias de Secretarios de Seguridad Pública y Seguridad Pública Municipal, llevada a cabo este día en Ciudad de México, el funcionario se limitó en su comentarios sobre el caso.

“No nos vamos adelantar (…) a partir de que se abre la carpeta de investigación corresponde a las fiscalías estatal y general”, añadió.
Luego de una semana de la masacre y tras las primeras investigaciones, hasta ahora solamente hay un sospechoso detenido por su probable responsabilidad en lo que se presume fue un enfrentamiento entre grupos criminales entre Sonora y Chihuahua, que derivaron en el crimen de los integrantes de la familia de la comunidad mormona.

Sobre la participación de agentes del Buró Federal de Investigación (FBI), Durazo dijo que ya están en el país apoyando a las autoridades mexicanas en el caso.

El domingo 10 de noviembre, el Gobierno mexicano invitó al FBI, la principal agencia de investigación criminal en aquel país, a colaborar en la investigación de la masacre en el estado Sonora, el 4 de noviembre.

Acompañar investigación

Mediante una nota diplomática dirigida a la embajada de Estados Unidos en México, la Cancillería solicitó transmitir al FBI la invitación.
La convocatoria fue para “acompañar la investigación sobre el suceso en el que fueron víctimas ciudadanos de nacionalidad estadounidense en el municipio de Bavispe, Sonora”, apuntó la nota.

La nota indicó que los agentes “únicamente podrán hacer diligencias en conjunto con las que hagan las autoridades de la Fiscalía General de la República y no estarán armados”.

El 4 de noviembre un comando de sicarios atacó a las familias mormonas Miller, Langford y LeBarón dejando nueve víctimas mortales, -tres mujeres y seis niños- además de varios menores heridos, un caso que conmocionó al país por su nivel de violencia.

“Me siento muy triste es horrible lo qué le pasó a mi hija y a mis nietos, es algo muy serio que nos dolerá toda la vida, Dawna era una persona que amaba la vida, amaba a la gente”, aseguró a Efe Karen Woolle, madre y abuela de las víctimas.

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Según la versión oficial, criminales del cártel de La Línea atacaron el lunes 4 de octubre tres camionetas con miembros de una comunidad mormona cuando estos se dirigían de Bavispe (estado de Sonora) hacia Janus (estado de Chihuahua), regiones fronterizas con Estados Unidos, probablemente al ser confundidos por una banda rival.

El macabro saldo final fue de tres mujeres y seis menores asesinados, además de varios niños heridos.

En el funeral de cuerpo presente este jueves, miembros de la familia Langford despidieron a su tres allegados fallecidos, la madre Dawna Ray Langford y dos de sus hijos, Trevor Harvey Langford y Rogan Jay Langford, quienes murieron acribillados a balazos.

Dawna Ray era madre de 13 niños, y el día del ataque armado viajaba en una camioneta junto a sus nueve hijos más pequeños.

De esto murieron Trevor, de 11 años, y Rogan, de tan solo dos años.

Del resto de menores, cinco resultaron heridos de gravedad por balas de grueso calibre.

Cuando los deudos llegaron al patio de la familia Langford, donde se llevó a cabo el funeral, de la casa salieron tres féretros de madera, seguidos de algunos de los sobrevivientes quienes con muletas acompañaron al cortejo.

Después del entierro, los menores heridos, a quienes se les permitió acompañar a su madre en el último adiós, regresarán al hospital en Arizona (EE.UU.) donde están recibiendo tratamiento médico.

“Sobre las autoridades siento que en realidad deben hacer algo y tomar con seriedad la amenaza porque esto es algo muy serio que no debió pasar. A las tres mujeres y a los niños los hirieron y mataron, les hicieron cosas terribles. Y mis nietos están luchando por sobrevivir”, agregó Karen Woolle antes de romper en llanto.

Los allegados de las familias Langford, Miller, LeBarón y Woolle rezaron y cantaron canciones religiosas como “I need thee every hour” y “Be still, my soul”.

Uno a uno, pasaron al frente para recordar anécdotas de las víctimas, condenar la violencia de grupos criminales y rechazar la actuación de las autoridades en México.

Después del funeral, el cortejo partió hacia el panteón del rancho La Mora para el entierro.

Pasado el mediodía se llevó a cabo el funeral para Rhonita María Miller, quien murió carbonizada junto a sus cuatro hijos, Howard Jacob de 12 años, y Krystal Bellaine, de 10 años; así como los gemelos Titus Alvin y Tiana Gricel de apenas ocho meses de nacidos.

Este viernes 8 de octubre en Galeana, en el norteño estado de Chihuahua, será el funeral de Christina Marie Langford, quien dejó huérfana a Faith Marie, sobreviviente al ataque.

Además de las familias Miller, Langford y LeBarón, en los funerales estuvieron presentes la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich y otros funcionarios estatales.

“Después de una pérdida como esta creo que el mejor apoyo que les puedo brindar es justicia, con la colaboración de todas las instancias del Gobierno por supuesto, dado que la brutalidad de este crimen y la cobardía de estos monstruos”, declaró la gobernadora de Sonora, quien ofreció ayuda a los sobrevivientes.

En la comunidad de La Mora hay 31 casas para igual número de familias. Pero 10 de estas ya están abandonadas por la amenaza de grupos criminales a los residentes.

Además de la violencia de grupos criminales, varios de los Langford, Miller y LeBarón advirtieron este jueves que abandonarán la región entre Sonora y Chihuahua para mudarse hacia los Estados Unidos, porque afirman que las autoridades mexicanas son corruptas y omisas.

Actualmente solamente hay un sospechoso detenido por su probable responsabilidad en los enfrentamientos violentos entre grupos criminales entre Sonora y Chihuahua, que derivaron en el crimen de las familias mormonas.

Aunque se tiene poca información, el arrestado se ha identificado como Leonardo, de 30 años, detenido por las autoridades federales en posesión de una camioneta blindada, un arsenal y dos personas que mantenía amordazadas y secuestradas.

“Queremos ver qué podemos hacerle de funeral”, le dice a BBC Mundo.

Han pasado poco más de 24 horas desde que tres mujeres y 14 niños de la comunidad LeBarón fueron atacados en una brecha en los límites de Sonora y Chihuahua, en el norte de México.

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Dos de las mujeres iban a visitar a sus parientes en Chihuahua, y otra planeaba encontrarse con su esposo en el aeropuerto de Phoenix, Arizona.

No llegaron a su destino. Al mediodía del lunes 4 de noviembre, la camioneta donde viajaba parte de la familia fue atacada a balazos.

El vehículo se incendió. Rhonita y sus hijos, dos de ellos con unos meses de edad, murieron en el fuego.

Minutos después llegó el resto de la familia y encontró la camioneta incendiada. Siguieron el camino para pedir ayuda pero kilómetros adelante fueron atacados.

Los niños que sobrevivieron le contaron a Julián que una de las mujeres bajó del auto con las manos en alto.

Quiso decir a los agresores que sólo viajaban mujeres y niños. No la escucharon.

Los sicarios le dispararon en el pecho. El saldo de los dos ataques fue de nueve muertos.

Tres mujeres adultas, Rhonita María Miller, Christina Marie Langford Johonson y Dawna Ray Langford, así como seis de sus hijos menores de edad.

Seis niños más resultaron heridos, algunos de gravedad. Una niña permaneció desaparecida unas horas.

Vecinos de la zona la encontraron caminando a unos 10 kilómetros del lugar donde ocurrió el ataque.

Más de un día después de la masacre la comunidad LeBarón no tiene claro lo ocurrido, ni tampoco quiénes son los responsables.

Sólo saben que perdieron a parte de su familia. “No tenemos idea de cuáles hayan sido los motivos”, afirma Julián LeBarón.

“Se hizo con saña y con una malicia inimaginable. ¿Qué tipo de hombres asesinan a mujeres y niños?”.

La masacre

La comunidad se enteró del ataque porque algunos niños sobrevivientes lograron llegar al rancho La Mora, en Chihuahua.

Caminaron más de 15 kilómetros “cargando a sus hermanos”, explica Julián. Algunos estaban heridos.

Un menor recibió un disparo en la mandíbula, una niña “tiene un pie destrozado”, otra caminó con un disparo en la espalda y un bebé de unos meses de edad recibió un impacto cerca del pecho.

Los menores fueron trasladados a un hospital de Phoenix, Arizona.

La familia pidió ayuda a las autoridades mexicanas y después solicitaron apoyo al gobierno de Estados Unidos, pues los LeBarón son también ciudadanos de ese país.

Pero tuvieron que esperar varias horas antes de llegar a los sitios de la masacre.

Julián cuenta que encontró el cuerpo de su prima Christina, y a unos metros en la camioneta que conducía estaba una de sus hijas.

“Es una niña de pecho”, dice. “Estuvo varias horas en el asiento, cuando la encontré abrió los ojos. La camioneta estaba toda baleada”.

En el lugar estaban los cuerpos de los seis niños fallecidos, pero algunos más que viajaban en los vehículos estaban extraviados.

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Para ese momento, la tragedia era conocida en todo el país. Los LeBarón pidieron a través de algunos medios un helicóptero para rastrear a los sobrevivientes.

La información era confusa. En algún momento se mencionó que los menores habían sido asesinados, pero horas después se supo que estaban a salvo.

De los agresores sólo quedaron los casquillos de las balas que dispararon.

“Barrer a los monstruos”

La masacre provocó una ola de indignación en México y también la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su cuenta de Twitter el mandatario ofreció ayuda a México “para barrer a esos monstruos”, en referencia a los agresores de la familia LeBarón.

“Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva” insistió Trump.

“No necesitamos de gobiernos extranjeros para resolver esos casos”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Luego en una conversación telefónica con Trump se comprometió a capturar a los responsables de la masacre.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, la zona donde ocurrió el ataque es disputada por grupos de narcotráfico. Uno de ellos es la banda de Los Salazar, vinculada al Cartel de Sinaloa.

El convoy de camionetas en que viajaba la familia Le Barón “pudo haber sido confundido por los grupos que se disputan el control de la región”, dijo el funcionario.

¿Los familiares de las víctimas están de acuerdo con la versión oficial?

“No sabemos qué creer pero el camino a la justicia tiene que empezar con la verdad de los hechos”, responde Julián LeBarón.

“Nosotros vamos a exigir la verdad hasta que estemos satisfechos de cómo sucedieron las cosas, que sepamos dónde están (los responsables) y por qué lo hicieron”.

“No nos vamos”

La comunidad de los LeBarón está formada por unas cinco mil personas. Muchos viven en pueblos de Chihuahua y Sonora, donde llegaron las primeras familias en los años 20.

Desde el principio han sido prósperos agricultores y ganaderos. Durante varias décadas convivieron sin problemas con sus vecinos pero desde hace algunos años enfrentaron algunos conflictos, sobre todo por la explotación del agua.

A partir de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, los LeBarón enfrentan además el asedio de bandas de delincuentes.

En 2008, por ejemplo, fue secuestrado Erick LeBarón, de 17 años de edad. La comunidad se negó a pagar el rescate. De hecho criticaron en varios medios la creciente inseguridad por la guerra de Calderón.

El adolescente fue liberado pero meses después su hermano Benjamín y Luis Wimar Stubbs, otro miembro de la comunidad, fueron asesinados.

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Julián LeBarón se integró al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fundado por el poeta Javier Sicilia, que recorrió casi todo el país en la Caravana del Dolor para reunirse con miles de víctimas de la violencia.

LeBarón se retiró del Movimiento y durante casi una década se concentró en su comunidad. Pero en varios momentos denunció amenazas y agresiones de narcotraficantes.

De hecho antes de la masacre habían recibido varias advertencias. “Nada que nos indicara que iban a matar a mujeres y niños. Es algo inimaginable“, cuenta.

Después de la masacre en la comunidad hay un sentimiento de unidad ante la mayor tragedia que han sufrido en su historia, asegura. “Creemos que la libertad nos la da Dios y es nuestra obligación defenderla siempre”.

Y el primer paso es saber por qué la violencia extrema contra la familia. Los LeBarón no van a descansar hasta conocer a los responsables y saber quién los protege.

“Vamos a buscar ayuda, si es necesario internacional o de donde venga hasta que estemos satisfechos de que se habla con la verdad”, insiste.

“Esas personas no pueden operar de esa manera sin que estén solapadas por las autoridades por nuestra propia sociedad, eso tiene que cambiar”.

Mientras la comunidad se prepara para el funeral de sus familiares, el gobierno mexicano desplegó soldados y elementos de la Guardia Nacional para custodiarlos.

No está claro cuánto tiempo permanecerán en la región, pero la familia tiene claro que no se dejará intimidar, ni mucho menos abandonarán sus tierras en México advierte Julián LeBarón.

“No nos vamos a ir, aquí nacimos, es nuestro país y no se lo vamos a entregar a unos delincuentes”.

Al menos tres mujeres y seis niños de la familia LeBarón fueron asesinados mientras iban en tres vehículos hacia otro asentamiento conocido como La Mora, en el estado de Chihuahua.

Según declararon varios familiares a medios locales, otros ocho menores de edad viajaban en el convoy. Varios resultaron heridos aunque su situación es estable.

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Las víctimas, que tienen nacionalidad mexicana y estadounidense, vivían en una comunidad mormona escindida hace décadas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

El motivo detrás del ataque es una incóginta, aunque el secretario de Seguridad de México, Alfonso Durazo, dijo este martes que el convoy de camionetas en que viajaba la familia LeBarón “pudo haber sido confundido por los grupos que se disputan el control de la región”.

¿Qué se sabe de las personas que viajaban en los tres vehículos?

“Por razones de seguridad”

El ataque se registró cerca de la ciudad de Bavispe en el estado mexicano de Sonora, que limita con Estados Unidos.

Miembros de la familia declararon que las tres madres viajaban con sus 14 hijos en tres vehículos cuando sufrieron una emboscada.

Kendra Lee Miller, cuya cuñada Rhonita Maria Miller murió en el ataque, le dijo a CNN que el grupo se dirigía a lugares distintos pero estaban viajando juntos por seguridad.

Miller dijo que Rhonita, de 30 años, viajaba con cuatro de sus siete hijos para recoger a su esposo en Arizona, donde estaba trabajando.

Relató que el auto de su cuñada fue atacado por personas armadas y mataron a todos quienes estaban en su interior.

Algunos testigos dijeron haber visto una explosión en la zona donde estaba el vehículo. Imágenes de la escena mostraron que el auto quedó totalmente calcinado y cubierto de agujeros de bala.

“Mi papá, Andre y un par de tíos y parientes fueron a revisar el vehículo. Todo lo que encontraron fueron restos carbonizados, cenizas y huesos”, dijo Miller a CNN.

Las víctimas más jóvenes, Titus y Tiana, eran mellizos de ocho meses. Howard, de 12 años, y Krystal, de 7, también murieron en ese auto, dijo Miller en una publicación de Facebook.

Una bebé sobreviviente

Christina Marie Langford Johnson, de 31 años, viajaba en el segundo vehículo y fue otra de las víctimas mortales del ataque.

La familia dijo que su hija de 7 meses de edad, Faith, viajaba con ella pero logró sobrevivir al ataque.

Julián LeBarón, activista e integrante de la familia, dijo que él mismo encontró a la bebé gracias a que su madre la escondió en el piso del auto antes de salir y ser disparada.

Dawna Ray Langford, de 43 años, fue asesinada en el tercer vehículo junto a dos de sus hijos, Trevor y Rogan, de 11 y 3 años.

Siete de sus otros hijos, con edades comprendidas entre los 9 meses y 14 años, sobrevivieron y fueron rescatados, según publicó en Facebook Kendra Lee Miller.

Cinco de ellos resultaron heridos en el ataque. Algunos de los niños mayores ayudaron al grupo a esconderse tras escapar del lugar.

Tras ser encontrados por equipos de búsqueda que rastrearon la zona, fueron trasladados a un hospital local.

Este martes, los cinco fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Armada a un centro médico de Phoenix, Estados Unidos, por decisión de la familia.

Para informarles que en estos momentos, están siendo trasladados los pacientes con personal médico de Salud Sonora @ssaludsonora en una unidad de la Fuerza Aérea Mexicana. pic.twitter.com/Cosl8plwCV

— Enrique Clausen (@Enrique_Clausen) November 5, 2019

“Una familia masiva”

Una página creada en el sitio GoFundMe para ayudar a las víctimas asegura que la comunidad vivía entre Estados Unidos y México.

Familiares le dijeron a CNN que la comunidad en la que vivían tiene unos tres mil miembros.

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Tiffany Langford, una mujer cercana al círculo familiar, aseguró que los miembros del grupo tenían una variedad de creencias, pero en general la comunidad practicaba el mormonismo fundamentalista.

“Somos una familia masiva”, declaró Langford a CNN.

“Nos amamos y apoyamos mutuamente sin importar nuestras creencias individuales. Nunca había visto tanta fuerza de unidad y amor en una familia tan grande como la nuestra. Esta es la tragedia de nuestras vidas”.

Así lo dijo este martes Julián LeBarón al informar a los medios sobre la emboscada que mató a al menos nueve miembros de su familia, la mayoría niños.

Los hechos ocurrieron en el límite de los estados de Chihuahua y Sonora, en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos.

La “masacre”, como la describió Julián LeBarón a los medios, ocurrió cuando tres mujeres que viajaban en tres vehículos con 14 niños fueron emboscadas por un comando armado. Al menos nueve personas murieron, entre ellos seis niños, y ocho menores lograron escapar.

Las mujeres se estaban trasladando desde un asentamiento en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora, hasta otro en La Mora, en Chihuahua.

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Era un viaje que realizaban rutinariamente, según LeBarón, porque en ambas localidades están establecidos miembros de la familia que forman parte de la Colonia LeBarón, una rama fundamentalista de mormones que se estableció en la zona en los 1920.

También es una región de las sierras de Sonora y Chihuahua donde operan carteles de narcotraficantes.

Y en años recientes algunos miembros de la familia LeBarón se han visto enfrentados con habitantes de comunidades locales por el uso del agua en la región.

Tal como le dijo Julián LeBarón a Radio Fórmula, hasta ahora no se sabe quiénes eran los hombres armados que perpetraron el ataque.

“No sabemos, aquí operan los carteles y todo tipo de matones”, declaró.

Quiénes son los LeBarón

La comunidad fue establecida en la zona alrededor de 1924 por Alma Dayer LeBarón con varios miembros de su familia.

LeBarón se separó de la organización en Estados Unidos y emigró a México.

Dos de sus hijos, Joes y Ervil LeBarón fundaron en 1955 la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos y la comunidad, que prosperó en la región principalmente con la producción de nueces, vivió de forma aislada en la zona manteniendo el inglés como principal idioma.

Fue en 2009 cuando el nombre LeBarón llegó a los titulares de los medios mexicanos junto con los graves problemas de inseguridad por el crimen organizado en la zona.

Primero fue el secuestro de Erick LeBarón, de 17 años, por cuya liberación se exigió un millón de dólares.

La comunidad de los LeBarón anunció públicamente su decisión de no pagar el rescate y se manifestó tanto en medios nacionales como internacionales contra la creciente inseguridad de la región durante la llamada “guerra contra las drogas” que declaró el entonces presidente Felipe Calderón.

Así lograron que el joven fuera liberado. Pero meses después Benjamín, el hermano de Erick, y Luis Widmar Stubbs, otro miembro de la comunidad, fueron secuestrados y posteriormente asesinados.

Los responsables colocaron una manta frente a sus casas en la que indicaban que el asesinato era en respuesta al activismo de la familia contra la inseguridad.

Desde entonces los habitantes de la colonia LeBarón pidieron la creación de una policía civil para protegerse de los grupos criminales.

La medida fue apoyada inicialmente por algunos funcionarios públicos pero posteriormente fue rechazada.

Investigación

Tal como le dijo Julián LeBarón a Radio Fórmula, antes de los hechos de este lunes la familia había tenido amenazas.

“Se denuncio que hubo amenazas y le informamos a las autoridades (federales). Hubo la denuncia y estas son las consecuencias”, declaró LeBarón.

No se sabe, sin embargo, quiénes pueden ser los responsables.

Una teoría es que las mujeres y los niños, que viajaban en vehículos SUV similares a los que usan los grupos de crimen organizado, fueron confundidos con grupos rivales.

La zona en el norte de México es disputada por dos grupos rivales, La Línea, que tiene vínculos con el cartel de Juárez, y “Los Chapos” que son parte del cartel de Sinaloa.

Ambos grupos se disputan la ruta de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Pero los miembros de la familia LeBarón también se han visto involucrados en enfrentamientos con agricultores locales.

En 2018 algunos miembros de la familia tuvieron una fuerte confrontación con ejidatarios que protestaron por lo que dijeron era el uso excesivo de agua de la comunidad LeBarón que estaba plantando cada vez más árboles de nogal que requieren una gran cantidad de agua para su producción.

Los reclamos de los ejidatarios, que comenzaron desde 2013, indicaron que esa “sobrexplotación del agua” había dejado sin el líquido a las comunidades aledañas.

Según informó entonces la revista Proceso, “los encargados y empleados del rancho (de los LeBarón) recibieron a los inconformes con disparos de arma de fuego e hirieron a un hombre en la rodilla”.

Los gobiernos de Chihuahua y Sonora emitieron una declaración conjunta indicando que se lanzó una investigación para esclarecer los hechos y que se enviaron fuerzas de seguridad adicionales a la zona.

La #SSPC informa a través de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Sonora que se instruyó el reforzamiento del estado de fuerza en Bavispe con motivo de las denuncias sobre la desaparición y agresión a varias personas que se desplazaban a La Mora. (1/2)

— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 5, 2019

Los violentos hechos del lunes han provocado una fuerte respuesta en redes sociales tanto en México como Estados Unidos ante lo que muchos ven como la creciente violencia en el país.

“El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que ha adoptado una política de no violencia y no confrontación con los poderosos carteles del país, pero sus críticos lo acusan de carecer de una estrategia de seguridad coherente”, señala Will Grant, corresponsal de la BBC en México.

“La presión sobre el gobierno está creciendo después de un episodio vergonzoso el mes pasado, cuando la policía en Sinaloa liberó al Ovidio Guzmán López, ‘El Ratón’, hijo del narcotraficante preso Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, luego de que sus hombres los superaran”, añadió.

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Al menos tres mujeres y seis niños de una comunidad mormona estadounidense asentada en el norte de México desde hace más de un siglo murieron este lunes en un ataque lanzado por presuntos criminales, informó Julián Lebarón, uno de los líderes del grupo religioso.

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Lebarón, activista que ha denunciado a grupos criminales que actúan en la zona, dijo que el ataque ocurrió en Rancho de la Mora, en el límite de los norteños estados de Sonora y Chihuahua, fronterizos con Estados Unidos.

“Mi prima Rhonita iba por su esposo al aeropuerto en Phoenix (Estados Unidos). Los emboscaron, le dispararon a la camioneta y los quemaron a ella y a sus cuatro niños (…). Fue una masacre”, dijo Lebarón a Radio Fórmula.

https://twitter.com/AlexLebaron1/status/1191502207818051593?s=08

El activista aseguró que sus familiares localizaron la camioneta en el lugar del ataque prácticamente del todo calcinada y con los cuerpos de la mujer y los cuatro menores.
Los atacantes secuestraron además dos camionetas que eran conducidas cada una por mujeres que llevaban consigo a menores de edad para sumar entre 8 y 9 nueve niños, según el relato de Lebarón.

Horas después, dijo Lebarón con voz agitada a la televisora Milenio, localizaron los otros dos vehículos con las mujeres que los conducían muertas por heridas de bala, además de dos menores, un niño y una niña, también fallecidos.

Entre cinco y seis menores más consiguieron llegar caminando a su casa, aunque uno de ellos con herida de bala, mientras que al caer la noche miembros de la comunidad mormona acompañados de policías y militares trataban de localizar a otra menor que habría corrido al bosque para esconderse.

“Zona de guerra”

Interrogado sobre quiénes podrían ser los agresores, Lebarón dijo que el sitio donde se produjo el ataque es una “zona de guerra” donde actúan cárteles de las drogas y todo tipo de “matones”.
Pudo ser un “fuego cruzado o un error, no sabemos cuál es la causa”, añadió el activista, aunque reconoció que la comunidad había sido blanco recientemente de amenazas.

César Augusto Peniche, fiscal de Chihuahua, dijo a Milenio que “la información ha sido confusa en cuanto al saldo de víctimas” debido al difícil terreno de la zona donde ocurrieron los hechos y que las autoridades retoman por ahora el recuento realizado por Lebarón.

El gobierno federal no se ha pronunciado sobre estos hechos pese a los constantes llamados de Lebarón a la secretaría de Seguridad para que enviara helicópteros de apoyo para localizar a las víctimas.

La zona donde se registró el ataque es una brecha cercana a un área montañosa y boscosa, donde la comunicación también se dificulta, añadió el fiscal.

En redes sociales, usuarios que se identifican como miembros de esta comunidad han compartido imágenes de las víctimas al tiempo que pedían rezar por las mujeres y sus pequeños.

Según medios mexicanos, los mormones han pedido la ayuda de la embajada de Estados Unidos ya que la mayoría de la comunidad tendría la doble nacionalidad, mexicana y estadounidense.

Los Lebarón son parte de una comunidad de mormones acogida por México a finales del siglo XIX tras ser perseguidos en Estados Unidos por su tradiciones, en especial la poligamia.

Con el recrudecimiento de la violencia ligada al narcotráfico, estas comunidades se vieron afectadas y Benjamín Lebarón, hermano de Julián, se convirtió en un activista al formar la organización SOS Chihuahua que denunciaba grupos criminales.

Benjamín fue asesinado por un comando armado junto con su cuñado en julio de 2009 tras encabezar manifestaciones por el secuestro de su hermano de 16 años.
Los mormones se negaron a pagar el rescate y el joven Lebarón fue finalmente liberado.

En medio de la violencia ligada al tráfico de drogas, más de 250.000 personas han muerto en México desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo antidrogas, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos estarían ligados a la criminalidad.

Lamentan ataque

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México lamentó el ataque contra los integrantes de la Colonia Lebarón.

En un comunicado, dijo: “Nos sentimos desconsolados tras conocer la tragedia que ha afectado a estas familias en Chihuahua. Aunque entendemos que no son miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nuestro amor, oraciones y compasión están con ellos mientras lloran y recuerdan a sus seres queridos.”