El juicio del Caso La Línea sigue su curso y este miércoles 31 de agosto el turno de presentar pruebas de descargo fue para Anthony Segura Franco, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores de la SAT, quien defendió su inocencia aduciendo que en varias oportunidades denunció actos de corrupción.

Segura Franco defendió su inocencia con la presentación de notas periodísticas publicadas por varios medios de comunicación, en las que, según él, denunció actos de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y en las adunas.

Con esos argumentos, el exsindicalista dijo a los jueces que él no participó en la estructura criminal La Línea, la cual, de acuerdo con la Fiscalía, era dirigida por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos procesados en el Caso La Línea.

Las notas periodísticas presentadas por Segura Franco son de 2014 y corresponden a publicaciones de una emisora local y dos canales de televisión, en los cuales se publicaron entrevistas en las que él hace dichos señalamientos.

Según Segura, esas publicaciones prueban que él denunció corrupción y no cometió ilícitos en la organización de La Línea, pues en una de las entrevistas dijo que denunció que en Aduanas había estructuras de defraudación.

Además, en otras de las entrevistas dijo que Carlos Muñoz no tenía capacidad para dirigir la SAT.

El Caso La Línea surgió de una denuncia sobre una red de defraudación aduanera que, presuntamente, era dirigida el binomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Las primeras capturas en ese caso ocurrieron el 16 de abril de 2015, año en el que también se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción.

La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, y el primer proceso de esa era fue el Caso La Línea.

La investigación del MP y de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), alertaba de una red de defraudación en las aduanas, que estaba siendo operada por altos funcionarios.

La exvicepresidenta Roxana Baldetti declaró este lunes 29 de agosto ante los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo “B” durante el juicio del Caso La Línea y defendió su inocencia, al tiempo de desvirtuar las investigaciones del Ministerio Público (MP) y los análisis de peritos de la extinta Cicig.

La exmandataria aseguró que la Fiscalía ha cometido errores y que otras personas son las que deberían estar ante la justicia; además, dijo que los “verdaderos evasores son de grandes ligas”.

“Si hicieran una investigación formal estoy segura de que hoy nos vamos para nuestras casas”, indicó Baldetti, quien, además, intentó desacreditar los informes de Aníbal Argüello, exinvestigador de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de quien dijo que no tenía capacidad para ser perito.

“Aparece un tal Miao Miao, pero los verdaderos evasores son de grandes ligas y eso lo sabe el MP”, señaló Baldetti sin profundizar en detalles sobre a qué se refería.

Además, Baldetti dijo ante el Tribunal que las declaraciones de su exsecretario Juan Carlos Monzón y Salvador González, alias “Eco” quien habría delatada la participación del binomio presidencial en el Caso La Línea” no son sustentables y que “ellos dos son los que tendrían que estar sentados aquí -en el juicio-“.

“A ´Eco´ no le pagaba el Ejecutivo… Y yo le pagaba a Estuardo González por la administración de mis cinco empresas” aseguró Baldetti, quien solicitó la reproducción de una llamada que tuvo con González.

Baldetti aseguró que en la llamada con Estuardo González le pidió que “poco a poco fuera pasando las empresas porque en cuatro años iban a estar inhabilitadas” por el período presidencial y menciona que en las interceptaciones telefónicas solo se menciona “a la R y a la 2”

La persecución penal “es personalisima y no tengo porque responder por actos de mi exsecretario” refiriéndose a Juan Carlos Monzón Rojas, quien figura como colaborador eficaz en el Caso La Línea.

Además, la exvicepresidenta Baldetti señaló que el MP se equivocó en la investigación y que quien debía estar preso es Omar Nájera, exempleado del RIC, y no Omar Franco, exintendente de Administración Tributaria.

Baldetti aseguró que “no han logrado determinar el monto de la referida cola” que en la carpeta judicial se refiere a las supuestas ganancias de la aparente defraudación aduanera.

“Yo jamás gire una instrucción para elegir al titular de la SAT, porque es una decisión del presidente” dijo Roxana Baldetti y agregó que no existe ningún documento que demuestre que recibió algún monto producto de defraudación aduanera.

Baldetti informó sobre la intención de realizar un careo con Omar Nájera “porque él es quien debería estar aquí” y aseguró que la detención de Omar Franco responde a “una confusión que llora sangre”.

Al termina su declaración, Baldetti le pregunta a su abogado, César Calderón, si le fue bien o no en la exposición y él le responde que tuvo un 90 (puntos).

La audiencia fue suspendida y reprogramada para el martes 30 de agosto a las 10 de la mañana.

Caso La Línea

Las primeras capturas en el Caso La Línea ocurrieron el 16 de abril de 2015 contra una red de defraudación aduanera presuntamente liderada por el binomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

En 2015 se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción. La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, y el primer proceso de esa era fue el Caso La Línea.

La investigación del MP, en conjunto con la Cicig, alertaban de una red de defraudación en las aduanas, que estaba siendo operada por altos funcionarios.

El Tribunal de Mayor Riesgo “B” convocó a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, para que declare en el juicio contra los acusados del caso La Línea.

La convocatoria es para el próximo 20 de junio por videoconferencia y se prevé que dicha declaración dure tres días.

Dentro del caso por supuesta defraudación aduanera, Monzón figura como testigo como parte de un convenio de colaboración eficaz.

Él declarará por videoconferencia ya que actualmente se encuentra fuera del país, luego de las medidas que obtuvo por aportar información.

Goza de libertad desde el 15 de junio de 2015, luego de cumplir con los convenios de colaboración eficaz en los casos La LíneaJuan Carlos Monzón, exsecretario de Baldetti, deberá declarar por videoconferencia en caso La Línea y Cooptación del Estado.

Al ser colaborador eficaz de la fiscalía, Monzón fue clave en los procesos penales en contra Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina.

Luego de permanecer prófugo de la justicia, se entregó el 5 de octubre del 2015 y permaneció dos años y ocho meses en prisión.

El caso

Las primeras capturas ocurrieron el 16 de abril de 2015 contra una red de defraudación aduanera presuntamente liderada por el binomio presidencial de Pérez Molina y Baldetti.

En el 2015 se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción. La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, y el primer proceso de esa era fue el caso La Línea.

La investigación del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), alertaban de una red de defraudación en las aduanas, que estaba siendo operada por altos funcionarios.

Los primeros allanamientos contra la presunta red criminal dejaron más de una docena de capturas.

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por la jueza octava penal de aquel momento, Marta Sierra de Stalling.

Según la investigación preliminar, el presunto líder de esta red criminal era Juan Carlos Monzón, secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.

La audiencia de primera declaración apuntaba a que había indicios serios contra los detenidos, pues la fiscalía a cargo del proceso respaldó sus señalamientos con una serie de interceptaciones telefónicas.

Pérez Molina y Baldetti se encuentran en prisión actualmente.

El Juzgado de Extinción de Dominio resolvió este miércoles 18 de agosto extinguir Q5.8 millones a Carlos Muñoz, exsuperintendente de Administración Tributaria.

La medida fue tomada debido a que la Fiscalía de Extinción de Dominio logró probar que el dinero que Muñoz captó provenía de comisiones ilegales.

De acuerdo con las pesquisas, el exsuperintendente cobró por priorizar el pago de crédito fiscal a empresas de Mario Roberto Leal y Giovanni Marroquín Navas.

“Existe la imposibilidad material para determinar qué parte del patrimonio (del señalado) es lícito y cuál es ilícito (…) por lo tanto, es necesario en este caso proceder a la extinción”, resolvió el juzgado.

Carlos Muñoz fue nombrado por Otto Pérez Molina como superintendente de la SAT en 2013 y estuvo al frente del ente recaudador hasta el 5 de enero de 2015

Involucrado en el caso La Línea,  fue arrestado el 16 de abril de 2015, acusado de facilitar desde la Superintendencia de Administración Tributaria el control de las aduanas del país.

Según las pesquisas, tuvo conocimiento de la organización y no hizo nada por evitar involucrarse o denunciarlo. Terminó siendo un enlace con otros integrantes de La Línea.

Sus acciones dentro de la SAT beneficiaron a varios funcionarios aduaneros, sin los cuales no hubiera sido posible la operación de la estructura y él lo sabía, según las autoridades.

La extinción de dominio fue declarada por los siguientes bienes: 

Cuentas

1. Q60 mil 978.64
2. Q31 mil 519.54
3. Q22 mil 958.43

Cheques

1. Q500 mil
2. Q390 mil
3. Q100 mil
4. Q745 mil
5. Q745 mil
6. 3 millones 240 mil

Total

Q5 millones 835 mil 456.61

“¡Por favor, respóndanme!”, suplican. “¡No me hagan esperar!”.

Muchas dicen que llaman en nombre de “una amiga”.

Prácticamente todas están desesperadas por tener más información sobre lo mismo: cómo poner fin a un embarazo no deseado de forma segura.

Pero esta es una práctica que, en su país, las puede llevar a la cárcel.

• “A mi hija me la dejaron morir”: el impacto de la prohibición total del aborto en República Dominicana

Prohibición total del aborto

El aborto en Honduras es ilegal en cualquier circunstancia, incluidos los casos de violación e incesto y de peligro para la salud de la madre o el feto.

Así, el Código Penal hondureño establece que “el aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto”.

Sin embargo, los abortos no desaparecen.

Dada su ilegalidad no se conocen las cifras exactas, pero según un reciente informe de la organización Human Rights Watch (HRW), cada año se practican entre 50.000 y 80.000 abortos en el país centroamericano.

En esta situación, un grupo de mujeres ideó la manera de ofrecer información a aquellas decididas a interrumpir su embarazo: una línea telefónica.

Atención confidencial y gratuita

Al tratarse de un servicio de información sobre una práctica ilegal que puede conllevar pena de cárcel, La Línea nació como un recurso clandestino.

“La idea de comenzar La Línea surge a través de capacitaciones recibidas con la organización Women Help Women en 2016”, le cuenta a BBC Mundo una de sus fundadoras, que prefiere mantenerse en el anonimato por razones de seguridad.

“Se da apertura a la línea en 2017. Iniciamos con alguna propaganda en Facebook e Instagram, con una llamada al mes”, prosigue.

“Luego repartimos volantes con el número en mercados, a la entrada de colegios públicos, universidades y en los baños de los sitios que visitábamos. Logró llegar hasta una llamada a la semana o varias consultas vía WhatsApp”.

Corte de línea

Hace casi un año, a finales de agosto de 2018, la línea telefónica dejó de funcionar.

Poco antes de que la línea cayera, el personal de La Línea quiso ampliar su alcance e intentó colocar un anuncio que incluía su número de teléfono en el periódico hondureño La Tribuna.

El diario se negó a publicar el anuncio.

Unos días después, el teléfono celular de la organización recibió un mensaje de error que decía que no se podía contactar con el servidor.

Vuelta a la actividad

Las voluntarias de La Línea pensaron entonces cómo reabrir la línea sin buscarse un problema.

“Si el periódico había denunciado el número de teléfono a las autoridades”, llevar el teléfono a una de las oficinas de la compañía telefónica podía dejarlas al descubierto, se lee en el reporte de HRW.

Hace unos meses, simplemente probaron a comprar un teléfono nuevo manteniendo el mismo número y funcionó.

Se mantienen en la clandestinidad y no saben por cuánto tiempo podrán seguir activas.

“Luego de ese parón, desde que volvimos a encender el teléfono resulta que la línea recibe muchas más llamadas”, explica la cofundadora que aceptó hablar con BBC Mundo.

“Somos unas cinco mujeres de profesiones varias, capacitadas en temas de educación sexual y procedimiento de aborto seguro de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, señala.

Qué preguntan las mujeres

Si bien cada llamada es diferente, la principal pregunta que hacen las mujeres que acuden a La Línea es dónde pueden conseguir pastillas para abortar.

“Nosotras solo brindamos la información que necesitan. En cuanto a peligros y amenazas, sufrimos los mismos que todas las feministas en Honduras: insultos, prejuicios, amenazas y temor”, indica la cofundadora de La Línea.

“Particularmente tratamos de ser muy discretas en cuanto al tema de la línea; es decir, sobre quiénes atienden y cómo lo hacen, por temas de seguridad”.

“Una de las medidas de seguridad que tomamos es que hablamos solamente con mujeres. Les preguntamos su edad”, precisa.

“También dejamos que ellas hablen primero para saber de qué va el asunto y si se escucha como que solo desea curiosear o si realmente necesita ayuda”.

Posición del gobierno

Honduras es uno de los seis países de América Latina y el Caribe que prohíbe el aborto sin excepciones.

Tres están en Centroamérica: Honduras, El Salvador y Nicaragua. Los otros son República Dominicana, Haití y Surinam.

La situación no parece que vaya a cambiar próximamente.

El Congreso hondureño rechazó en 2017 despenalizar el aborto en tres causales:

• cuando el embarazo es producto de una violación sexual
• cuando pone en grave riesgo la salud y la vida de la mujer embarazada
• cuando existen graves malformaciones congénitas del feto incompatibles con la vida.

Con motivo de aquel debate parlamentario, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, expresó su firme rechazo al aborto y declaró que “el único que puede dar y quitar la vida es Dios”.

Su postura y la de su formación, el Partido Nacional, no ha cambiado desde entonces.

El Código Penal del país contempla penas de entre 3 a 10 años de cárcel por someterse a un aborto o practicarlo.

De acuerdo a los datos suministrados por la Fiscalía General de Honduras, en los últimos tres años siete personas han sido acusadas de practicar o someterse a un aborto y dos fueron detenidas, pero nadie ha sido condenado por estos motivos.

Las mujeres que están detrás de La Línea evitan entrar en la discusión política y explican que su intención es que disminuya el número de mujeres que recurren a métodos peligrosos para interrumpir un embarazo no deseado.

“Quiero asegurarme de que las mujeres no experimentan eso”, concluye su cofundadora.

Entre los casos investigados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se encuentran:

• Rosenberg, que tuvo nueve procesados y los nueve fueron condenados, con penas entre los 8 y 38 años de cárcel.
• Víctor Rivera, de los 11 procesados, ocho condenados entre 5 y 34 años de cárcel. Tres fueron absueltos.
• IGSS Chiquimula 21 procesados, de ellos nueve fueron absueltos y 12 condenados con penas de prisión  de 6 años y tres meses.
• Agua mágica fueron 13 procesados, tres sentencias absolutorias y 10 condenas, una de ellas fue la de la exvicepresidenta Roxana Baldetti  que obtuvo la pena más alta de 15 años y tres meses de cárcel por fraude, tráfico de influencias y dirigir una organización criminal.
• Bus de Nicaragua en el que los ocho procesados fueron condenados, entre ellos Marvin Montiel, alias El Taquero a 820 años de cárcel,  por lavado, por comercio trafico y almacenamiento ilícito y por asesinato.
• Construcción y corrupción en el que hubo 11 sentencias condenatorias y se llevó por procedimiento abreviado. Los constructores aceptaron que pagaron sobornos al exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi.

En total son 47 casos que han obtenido una sentencia. Entre los casos que están en los tribunales de justicia, se encuentran:

• La línea con 34 procesados, entre ellos el binomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, el caso se encuentra en fase intermedia. Se registra una sentencia, la de Estuardo González, alias ECO, que declaró como colaborador eficaz.
• Cooptación de Estado tiene 57 procesados. Está en fase intermedia y  también se encuentra Estuardo González, sentenciado.   
• Plazas fantasma del congreso, es uno de los que más procesados tiene, en total 67 y está en fase intermedia.

En total de los casos de investigación se registran 1,065 procesados y más de 100 prófugos.

Por Andrea Orozco

El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió no solo rechazar las visas pendientes a varios investigadores claves de la Comisión, sino que revocó las visas que ya había otorgado, hasta la visa de una pequeña de dos años quien viajaba con su padre, elemento importante de CICIG. Algo que según el Jimmy Morales se debió a que los funcionarios están señalados de “instalar bombas”.

VEA: VIDEO: Jimmy Morales negó visas a funcionarios de CICIG “por haber puesto bombas en edificios del Estado”

Por ello en las instalaciones del Ministerio Público la Fiscal General y Jefa del MP, María Consuelo Porras Argueta, manifestó “estar sumamente preocupada por la no renovación de visas a los investigadores” de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Fiscal General y Jefa del @MPguatemala María Consuelo Porras Argueta, manifiesta estar sumamente preocupada por la no renovación de visas a los investigadores de la @CICIGgt pic.twitter.com/I8xV81TQ93

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 17, 2018

Porras indicó que “muchos investigadores están llevando su labor en casos conjuntos MP-CICIG; mi preocupación obedece fundamentalmente a que estas investigaciones deben concluirse”, por ello le ha solicitado públicamente al presidente Morales que ordene al Minex que dé marcha atrás y conceda las visas.

Estos investigadores son “sumamente importantes” por varios casos

Fiscal General manifiesta que la presencia del personal de @CICIGgt es importante. Por lo que solicita que se tome en cuenta la petición por parte del #MinisterioPúblico para resolver en favor de los investigadores para que puedan continuar y culminar con las investigaciones. pic.twitter.com/NcQxTHKPv4

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 17, 2018

Los acusa de colocar bombas

Previo a la petición de Porras  Morales indicó que a los funcionarios se les negó la visa de cortesía ya que están señaladas de “haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado”.

“Nosotros no vamos a aceptar dentro de nuestro territorio personas que han sido señaladas por haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado” que arreglen su situación de primero señala Jimmy Morales al referirse de las visas no renovadas a trabajadores de la CICIG.

Visas revocadas a funcionarios claves

El Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido por Sandra Jovel, revocó y denegó las visas de investigadores de CICIG claves en la lucha contra la corrupción e impunidad.

Por ejemplo, el investigador financiero del caso de Financiamiento Electoral Ilícito de FCN Nación había recibido una visa el pasado 18 de septiembre pero fue revocada tras exponer ante la comisión Pesquisidora del Congreso por el antejuicio a Jimmy Morales.

Luis Fernando Orozco, abogado, investigador responsable del caso La Línea y mandatario de CICIG en el caso de Financiamiento Ilícito de FCN Nación, lleva 10 años trabajando en CICIG y cada año sin falta recibe renovación de visa, excepto esta vez.

El Gobierno de Guatemala también denegó la visa de cortesía a César Rincón, abogado investigador del caso IGSS Pisa y Botín Registro de la Propiedad. Este último caso involucra directamente al hermano y al hijo del presidente Morales. Rincón también lleva más de 10 años de trabajo en CICIG, es decir le han renovado más de 10 veces.

Las autoridades guatemaltecas también denegaron la visa de cortesía a la investigadora financiera del caso Traficantes de Influencias, que involucra a Felipe Alejos, vicepresidente del Congreso. Igualmente, al investigador uruguayo que capturó a Blanca Stalling. Cabe destacar que la propia Blanca Stalling estuvo en Cancillería requiriendo información sobre él, según fuentes allegadas a CICIG.

También se quedaron sin visa de cortesía, la coordinadora y el investigador financiero de la sede de CICIG en Xela, luego de conocido el caso de corrupción en Xela.

En un recorrido que realizó  el presidente Jimmy Morales a la casa modelo de las viviendas que se entregarán a los damnificados por la erupción del Volcán de Fuego, señaló el motivo por el cual no renovaron la visas del personal de la CICIG.

El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió no solo rechazar las visas pendientes a varios investigadores claves de la Comisión, sino que revocó las visas que ya había otorgado, hasta la visa de una pequeña de dos años quien viajaba con su padre, elemento importante de CICIG.

Los acusa de colocar bombas

Según Morales a los funcionarios se les negó la visa de cortesía ya que están señaladas de “haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado”.

“Nosotros no vamos a aceptar dentro de nuestro territorio personas que han sido señaladas por haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado” que arreglen su situación de primero señala Jimmy Morales al referirse de las visas no renovadas a trabajadores de la CICIG.

Visas revocadas a funcionarios claves

El Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido por Sandra Jovel, revocó y denegó las visas de investigadores de CICIG claves en la lucha contra la corrupción e impunidad.

Por ejemplo, el investigador financiero del caso de Financiamiento Electoral Ilícito de FCN Nación había recibido una visa el pasado 18 de septiembre pero fue revocada tras exponer ante la comisión Pesquisidora del Congreso por el antejuicio a Jimmy Morales.

Luis Fernando Orozco, abogado, investigador responsable del caso La Línea y mandatario de CICIG en el caso de Financiamiento Ilícito de FCN Nación, lleva 10 años trabajando en CICIG y cada año sin falta recibe renovación de visa, excepto esta vez.

El Gobierno de Guatemala también denegó la visa de cortesía a César Rincón, abogado investigador del caso IGSS Pisa y Botín Registro de la Propiedad. Este último caso involucra directamente al hermano y al hijo del presidente Morales. Rincón también lleva más de 10 años de trabajo en CICIG, es decir le han renovado más de 10 veces.

Las autoridades guatemaltecas también denegaron la visa de cortesía a la investigadora financiera del caso Traficantes de Influencias, que involucra a Felipe Alejos, vicepresidente del Congreso. Igualmente, al investigador uruguayo que capturó a Blanca Stalling. Cabe destacar que la propia Blanca Stalling estuvo en Cancillería requiriendo información sobre él, según fuentes allegadas a CICIG.

También se quedaron sin visa de cortesía, la coordinadora y el investigador financiero de la sede de CICIG en Xela, luego de conocido el caso de corrupción en Xela.

Las visas de cortesía, no son visas de trabajo, por lo que los funcionarios referidos pueden seguir prestando sus funciones en la CICIG, como expertos en Misión de Naciones Unidas, explican profesionales del derecho como Oswaldo Samayoa. Los funcionarios internacionales de CICIG se rigen como Expertos en Misión de Naciones Unidas en el marco del derecho internacional público, sobre lo acordado por Guatemala y ONU en el convenio de creación de CICIG, Samayoa amplía:

La Comisión tiene un mandato específico en el convenio entre Guatemala y la ONU, ahí el gobierno se comprometió en el artículo 6 a proporcionar asistencia necesaria para la realización de sus funciones y conforme a eso, le permite tener libertad de movimiento sin restricción alguna en el territorio de Guatemala al personal de la misma.  El artículo 10 explica que tanto el comisionado como el personal de la CICIG tienen exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y otros registros de extranjeros, así mismo tienen la posibilidad de circular.

Samayoa asegura que tomando en cuenta lo anterior, los trabajadores solo necesitan comprobar que tienen un contrato vigente de trabajo con CICIG firmado por el jefatura titular o adjunta de la misma.

CICIG responde

En un comunicado, la CICIG lamentó lo decidido por el Gobierno de Guatemala e indicó que estudiará una reacción legal.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) recibió el día 15 de octubre dos notas de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, con fecha 11 de octubre, en las cuales se informa que se revocan las visas de cortesía otorgadas y actualmente vigentes a tres funcionarios de la Comisión y se deroga la emisión de visas a ocho funcionarios y dos de sus familiares.

La Cancillería no ha informado cuál es el motivo que fundamenta su decisión.

La Comisión lamenta esta decisión y estudiará las acciones a seguir con el objeto de preservar el cumplimiento del Acuerdo de creación de la CICIG firmado entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas.

A primera hora se requirió una explicación de Cancillería sin embargo, al cierre de esta nota, seguimos esperando ya que las comunicadoras de la institución indicaron que no tienen información al respecto.

Luego de que fuera condenada a 15 años con 6 meses de prisión por el caso Agua Mágica Baldetti presenta “ideación de planeación suicida” y se sugiere un exámen psiquiátrico de emergencia por parte del Inacif.

Según la nota enviada al juzgado se adjuntó un informe médico de la Clínica Médica del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa en la zona 18, donde se refleja el estado de salud donde solicitan una Evaluación Psiquiátrica Forense de Emergencia para Baldetti por presentar ideación y planeación suicida franca.

Además señalan que “Baldetti se encuentra en mal estado físico y emocional”.

Roxana Baldetti podría tener tendencias suicidas, juez confirma que recibió a las 11:00 de la mañana los oficios para que el INACIF atienda la solicitud. pic.twitter.com/xMIqKQmYEp

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) October 11, 2018

El juez Xitumul ordenó de urgencia que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) mande médicos a realizarle una evaluación.

Primera condena

La ex vicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti fue condenada el pasado martes a más de 15 años de prisión, por participar en un fraude para la adjudicación de un contrato millonario para descontaminar un lago cercano a la capital.

La sentencia es la primera de cuatro acusaciones de corrupción que pesan sobre Baldetti, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Guatemala (2012-2015).

TAMBIÉN PUEDE LEER: El caso del “agua mágica” por el que condenaron a Roxana Baldetti, exvicepresidenta de Guatemala, a 15 años de prisión

Baldetti “participó y lideró” la “red criminal” para “defraudar al Estado de Guatemala”, determinó el juez Pablo Xitumul que la sentenció a 15 años y seis meses de cárcel por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude, luego de cuatro meses de juicio por el caso revelado en febrero de 2016.

El tribunal estableció penas entre 3 y 15 años y medio contra Baldetti y otras nueve personas por tejer, entre 2014 y 2015, una red para el desvío de unos 2,5 millones de dólares de los 18 millones destinados a la compra de una fórmula química para descontaminar el Lago de Amatitlán, 20 km al sur de la capital.

Baldetti, vestida completamente de negro, escuchó sin mayor sobresalto la resolución judicial y se negó posteriormente a dar declaraciones a la prensa.