Un juzgado de Guatemala ordenó este miércoles la captura de los brasileños Marcos de Cequeira Lima Machado y Luiz Antonio Mameri, ambos exdirectivos de la constructora Odebrecht, involucrada en una trama de corrupción en este país centroamericano.

El juez Juan José Jiménez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, declaró en rebeldía a los empresarios brasileños y ordenó su aprehensión debido a que no se presentaron a una citación este miércoles en el Organismo Judicial de la Ciudad de Guatemala.

Los abogados de los brasileños solicitaron la suspensión de la audiencia para poder estudiar la acusación contra los exdirectivos de Odebrecht; sin embargo, sus argumentos fueron rechazados por el juez Jiménez, quien insistió que los implicados tenían que estar presentes.

El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, sancionado por corrupción por Estados Unidos, acusa a Lima Machado y Mameri de haber recibido de forma anómala beneficios de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), encabezada Iván Velásquez, ahora ministro de Defensa de Colombia.

En 2022, Curruchiche anuló los testimonios que ambos brasileños habían brindado en 2017, en los que acusaban al exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al excandidato presidencial Manuel Baldizón de recibir sobornos de Odebrecht por US$18 millones a cambio de otorgar proyectos a la constructora brasileña.

El pasado 11 de enero, Baldizón, condenado por lavado de dinero en Estados Unidos, recuperó su libertad en Guatemala gracias a la anulación de los testimonios de los empresarios brasileños que lo vinculan a recibir sobornos millonarios entre 2010 y 2011.

Además, hace dos semanas el fiscal Curruchiche advirtió que no descartaba acciones legales contra el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por su supuesta vinculación a anomalías en el caso Odebrecht, cuando fungía como director de la Cicig (2013-2018).

El caso Odebrecht se vincula a investigaciones internacionales de corrupción como los casos Lava Jato, en Brasil, y el caso Odebrecht en Estados Unidos, por el cual se investiga el pago de sobornos en 12 países de Latinoamérica.

En Guatemala, varios expertos advierten que las actuales autoridades del Ministerio Público  están persiguiendo a los operadores de justicia que en el pasado descubrieron redes criminales de corrupción incrustadas en el Estado.

Este 1 de febrero, el MP de Guatemala publicó un video del jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, en el que este menciona que los exdirectivos de Odebrecht no comparecieron a la audiencia judicial en calidad de sindicados,  de la cual habían sido notificados, y que a través de los abogados, estos presentaron una serie de recursos legales para impedir la realización de dicha audiencia.

Afirma que fue la Feci la que solicitó la rebeldía y el juez Jiménez ordenó la inmediata aprehensión estas personas.

“Estas personas fueron beneficiadas por el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez; la exfiscal general, Thelma Esperanza Aldana Hernández; el exfiscal de la Feci, Juan Francisco Sandoval Alfaro, y el expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana,  Juan Pablo Carrasco de Groote y  hoy otros coimputados”, dice Curruchiche.

Agrega que la Feci continuará emprendiendo las acciones legales correspondientes en contra de todas aquellas personas que resulten implicadas. Aclaró que el caso va avanzando significativamente y no van a descansar hasta esclarecer los hechos.

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La Fiscalía Especial contra la Impunidad informa: pic.twitter.com/rCQryLcuUt

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 1, 2023

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) informó este lunes 28 de noviembre que a requerimiento de ellos, el Juzgado de Mayor Riesgo D, dejó sin efecto, y por consiguiente sin valor jurídico alguno, la audiencia de primera declaración de los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado, celebrada el 8 de septiembre de 2017 en el caso Odebrecht.

Añadió que, a requerimiento de la Feci, también se dejan sin efecto los beneficios concedidos a los ciudadanos brasileños, por los exfuncionarios de la Feci, Juan Francisco Sandoval Alfaro, Eva Siomara Sosa Pérez, así como exmandatarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y demás personas que, según el MP, “se prestaron para avalar actos posiblemente ilegales y corruptos en agravio del Estado de Guatemala”.

El comunicado del MP explica que dicho juzgado “en aras de garantizar el principio de inmediación, ha señalado audiencia de primera declaración de los sindicados Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado para el 1 de febrero de 2023 a las 9:00 horas, bajo apercibimiento que los sindicados deberán comparecer personalmente a dicha audiencia”.

“La Fiscalía Especial contra la Impunidad reitera que no se escatimarán esfuerzos para garantizar el esclarecimiento de la verdad, y que todas las personas que resulten responsables enfrenten todo el peso de la ley”, cierra el comunicado.

En un video difundido por el MP, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, dice que con la resolución del juzgado se abre la posibilidad para que la Procuraduría General de la Nación pueda accionar con todas la formalidades de ley.

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar una apelación que promovió la defensa del exministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, y confirmó la orden de captura  por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita en el caso “Red de Poder, Corrupción y Lavado”.

En la resolución también se mantiene la declaración de rebeldía y el arraigo decretado por la jueza contra el exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales.

La defensa del exministro buscaba anular la resolución dictada por la exjueza de mayor riesgo “D”, Erika Aifán, en febrero del 2020.

La resolución se dio el 16 de junio pasado en el expediente 209-2022, en la que la CC examinó la sentencia del 28 de junio de 2021, dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, constituida en Tribunal de Amparo, en la que la defensa de Valladares Urruela, promovió una acción de inconstitucionalidad contra la jueza de mayor riesgo D.

La defensa reclamaba que el 13 de febrero de 2020 el juzgado de Mayor Riesgo D reiteró la orden de aprehensión, declaró la rebeldía y ordenó el arraigo de Acisclo Valladares Urruela, dentro del proceso penal que se sigue en su contra y de otros procesados por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Según la acción de inconstitucionalidad, las violaciones que denunciaba la defensa de Valladares Urruela era al derecho de defensa y al principio jurídico constitucional del debido proceso.

En el documento se menciona que la defensa explicó que, ante la Jueza Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riesgo, grupo D, se tramitaba la causa penal C-01073-2016-00359 contra Valladares Urruela, y otros procesados.

Añadía que Valladares Urruela, a través de una conferencia de prensa se enteró que se encontraba vinculado a dicho proceso, razón por la cual se puso a disposición de la fiscalía.

También menciona que se apersonó en varias ocasiones ante dicho juzgado e hizo su presentación espontánea,  pero la jueza en resolución de 15 de enero de 2020 señaló el 13 de febrero de ese mismo año para la audiencia de primera declaración de Valladares.

En rebeldía y con arraigo

Según el documento de la CC, ese 13 de febrero, Oscar Orlando Colindres Ortiz, actuando en su calidad de abogado defensor de Valladares Urruela, recusó a la jueza señalada, pero en la referida audiencia, la citada autoridad reiteró la orden de aprehensión, declaró la rebeldía y ordenó el arraigo de Acisclo Valladares Urruela a través de la resolución que constituye el acto reclamado.

Agregaba la defensa que según el informe remitido por la autoridad increpada, contra la referida resolución se interpuso actividad procesal defectuosa.

La defensa de Acisclo Valladares Urruela consideró vulnerados los derechos de su patrocinado, porque se violentó su calidad de sujeto procesal y no se notificaron las actuaciones previas a la audiencia en donde se emitió la resolución que señala como agraviante.

El abogado de Valladares también señalaba que la notificación de la resolución a través de la cual se fijó audiencia para su primera declaración se efectuó en un lugar diferente al que señalaron oportunamente. Y que si bien se les comunicó vía correo electrónico, la misma se practicó con menos de 24 horas de anticipación, por lo que no tenía la obligación legal de comparecer.

En el informe circunstanciado que presentó el juzgado a la CC se menciona que el 1 de octubre de 2019 se recibió en el juzgado a su cargo un escrito de Acisclo Valladares Urruela, a través del cual se apersonó al proceso y promovió su presentación espontánea, que se declaró sin lugar en resolución de 21 de noviembre de ese año porque el solicitante no figuraba como sujeto procesal dentro de la causa penal número 01073-2016- 00359.

Agregaba que el 14 de enero de 2020, Acisclo Valladares Urruela presentó otro escrito de apersonamiento y presentación espontánea al a la referida carpeta judicial y el 15 de enero de ese mismo año, a solicitud del Ministerio Público, se giró orden de aprehensión en su contra, por la posible comisión de los delitos de Asociación ilícita y Lavado de dinero u otros activos.

También mencionaba que en esa misma fecha se resolvió la solicitud de Acisclo Valladares Urruela, señalándose audiencia para su primera declaración el 13 de febrero de 2020.

Explicaba que contra la resolución a través de la cual se decretó la orden de aprehensión, Acisclo Valladares Urruela interpuso recurso de reposición, que se declaró sin lugar.

Ese 13 de febrero se llevó a cabo la audiencia para recibir la primera declaración de Acisclo Valladares Urruela, quien no compareció, por lo que a solicitud del Ministerio Público, se decretó su rebeldía.

En esa misma fecha, el procesado recusó a ese órgano jurisdiccional y presentó escrito de actividad procesal defectuosa y el 10 de marzo resolvió los memoriales, en el sentido de que previo a resolver, en virtud de haberse declarado la rebeldía del sindicado Acisclo Valladares Urruela, debía comparecer personalmente o ser puesto a disposición del juzgado a su cargo.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, constituida en Tribunal de Amparo, consideró en la resolución de la petición que hizo la defensa de anular el proceso, que el abogado de Valladares Urruela no pudo acreditar motivo de la ausencia de su patrocinado en la audiencia de primera declaración y por eso se resolvió que se mantuviera la orden de captura, la rebeldía y el arraigo que decretó el Juzgado de Mayor riesgo D.

Resolución de la CC

Según la CC, en el audio de la audiencia respectiva consta que la jueza cuestionada hizo saber al abogado del sindicado que le concedía el uso de la palabra únicamente para que se pronunciara en torno a la inasistencia de su patrocinado, a fin de resguardar el derecho de defensa de éste; sin embargo, debido a que el derecho penal es personalísimo y, por lo tanto, no permite el juzgamiento de la persona en ausencia, lo que implicaba que el imputado no podía ser representado por su abogado defensor en una audiencia de primera declaración, no era atendible su requerimiento.

Añade que en este sentido la CC ya se ha pronunciado al respecto, al decir que “los derechos del acusado no pueden ser ejercidos en su ausencia al ser procesado por la posible comisión de un ilícito penal, por lo que se requiere que quienes enfrentan un proceso de esa naturaleza, asuman su responsabilidad en forma individual, y ello, porque una de las características del derecho penal es que la responsabilidad es personal y no puede ser delegada…”, según sentencia del 14 de noviembre de 2018 emitida en el expediente 1845-2018.

Es por esa razón que la CC concluye que no es atendible el agravio referido, por cuanto no existe una violación de rango constitucional que afecte los derechos del postulante que ameriten ser protegidos en esta vía.

La resolución de la CC menciona que “por las razones consideradas, el amparo solicitado deberá denegarse, dada su notoria improcedencia”.

Valladares se entregó en EE. UU.

Autoridades de Estados Unidos confirmaron que Acisclo Valladares Urruela, señalado de lavado de dinero,  se entregó a la justicia de ese país, pero permanecen libre bajo fianza luego de pagar US$500 mil.

El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la nómina de jueces que se postularon para ocupar el cargo que dejó vacante Erika Aifán en el Juzgado de Mayor Riesgo D.

Según la información oficial, solo los tres juzgadores mostraron interés en dirigir el juzgado que dejó Aifán luego de su renuncia el 21 de marzo de 2021, según ella a la persecución que sufría por su labor y las amenazas a su integridad y exiliarse en Estados Unidos.

Los aspirantes son Mario Efraín Najarro Quinteros, Abelina Cruz Tozcano y Juan José Jiménez Texaj, este último es hermano del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Walter Paulino Jiménez Texaj.

La desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), informó en julio de 2010 que había interpuesto ante el Ministerio Público una denuncia penal en contra de Mario Efraín Najaro Quinteros, mientras era juez Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, por los delitos de prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución y obstrucción de justicia.

Esto, según afirmaba la Cicig, por haber decretado la libertad de Napoleón Rojas Méndez, cuando le debió dictar prisión preventiva pues esta persona estuvo prófuga de la justicia por más de un año, favoreciéndolo con la medida improcedente de arresto domiciliario.

Rojas era señalado por el traslado de Q30 millones al Crédito Hipotecario Nacional de un desfalco millonario al Ministerio de la Defensa cuando era presidente Alfonso Portillo.

Entretanto, Abelina Cruz Tozcano, como juez suplente, habría beneficiado a la magistrada Blanca Stalling con arresto domiciliario, pese a que había intentado escapar de las autoridades usando un disfraz y una peluca.

La Sala Segunda de Mayor Riesgo, integrada por magistrados suplentes, favorecieron al exdiputado electo por el partido Líder Óscar Armando Escribá con la anulación de su proceso penal por posibles actos de corrupción.

En la apelación otorgada a favor de Escribá, los magistrados también separaron del caso a la jueza de Mayor Riesgo D Ericka Aifán y trasladaron el expediente al Juzgado Noveno Penal.

Este es un revés para la jueza Aifán que lleva varios procesos contra exfuncionarios que son señalados por actos de corrupción y que, a consecuencia de ello, ha sido asediada con recursos legales por parte de los acusados.

Tras la anulación del proceso penal, según resolución de la Sala, el exdiputado saldrá de la prisión preventiva en la que estaba recluido desde el 13 de enero de este 2020.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) investiga Escribá por los delitos de concusión y fraude por el caso Construcción y Corrupción, Fase 2.

El señalamiento de la Feci refiere que Escribá Morales mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones, por Q194.3 millones, cuando el congresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).

El diputado retrasó en varias ocasiones el retiro de inmunidad con múltiples recursos legales

Fue hasta el pasado 13 de enero que Escribá se presentó voluntariamente ante la justicia luego que el Ministerio Público ejecutara varios allanamientos donde no fue localizado.