Jorge Alfredo Tejada Argueta, representante legal de la entidad Constructora Nacional Sociedad Anónima (Conasa), por medio del abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, presentó un escrito por medio del cual recusó a la juez del Juzgado de Mayor Riesgo “C”, Silvia de León, que lleva el caso Libramiento Chimaltenango.  

Según se informó, en el escrito Tejada Argueta aduce tener enemistad grave con la juzgadora y con esa causal quiere apartarla de dicho proceso penal en el que se investiga la construcción del Libramiento de Chimaltenango por más de Q500 millones y en el cual el Ministerio Público considera que hubo corrupción.  

Ahora, el caso se trasladó a la Sala Primera de Mayor Riesgo y ellos deben resolver la recusación.   

El pasado 27 de enero del 2022, l Juzgado de Mayor Riesgo C envió a juicio a 22 personas implicadas en el Caso Libramiento de Chimaltenango, un caso de corrupción durante la construcción de libramiento de Chimaltenango, una “mega obra” habilitada durante el gobierno de Jimmy Morales en la que se invirtieron más de Q500 millones, pero que ha presentado inconsistencias, informó el MP. 

Entre los 22 implicados figura Jorge Alfredo Tejada Argueta, quien era vicepresidente y representante de Conasa y quien está procesado por el delito de fraude. 

La investigación del MP estableció que los sindicados defraudaron al Estado de Guatemala, por medio del  Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en un evento de Licitación Pública para la construcción de la carretera Libramiento de Chimaltenango, en el que se benefició a la Constructora Nacional, S.A. por medio de Renova Ingenieros, S.A., como entidad oferente en el evento. 

El señalamiento agrega que esta empresa carecía de la capacidad técnica, económica y financiera, aun así, fue adjudicada por el monto de Q77 millones 798 mil 535.34  por la Junta de Licitación. 

Además, agrega que “se efectuó el pago de indemnizaciones a particulares en concepto de derecho de vía sin que fueran propietarios de los inmuebles y con documentos falsificados, lo que ocasionó una erogación por parte del Estado de Q15 millones 388 mil 357.35”, dinero que fue dispuesto por los señalados a través de distintas transacciones financieras, “con el fin de ocultar su destino final”. 

“También se pagó estimaciones de pago en forma anticipada, con datos falsos, por renglones de trabajo no ejecutados al momento de su emisión, por el monto de Q640 millones”, añade la Fiscalía.