La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar una apelación que promovió la defensa del exministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, y confirmó la orden de captura  por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita en el caso “Red de Poder, Corrupción y Lavado”.

En la resolución también se mantiene la declaración de rebeldía y el arraigo decretado por la jueza contra el exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales.

La defensa del exministro buscaba anular la resolución dictada por la exjueza de mayor riesgo “D”, Erika Aifán, en febrero del 2020.

La resolución se dio el 16 de junio pasado en el expediente 209-2022, en la que la CC examinó la sentencia del 28 de junio de 2021, dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, constituida en Tribunal de Amparo, en la que la defensa de Valladares Urruela, promovió una acción de inconstitucionalidad contra la jueza de mayor riesgo D.

La defensa reclamaba que el 13 de febrero de 2020 el juzgado de Mayor Riesgo D reiteró la orden de aprehensión, declaró la rebeldía y ordenó el arraigo de Acisclo Valladares Urruela, dentro del proceso penal que se sigue en su contra y de otros procesados por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Según la acción de inconstitucionalidad, las violaciones que denunciaba la defensa de Valladares Urruela era al derecho de defensa y al principio jurídico constitucional del debido proceso.

En el documento se menciona que la defensa explicó que, ante la Jueza Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riesgo, grupo D, se tramitaba la causa penal C-01073-2016-00359 contra Valladares Urruela, y otros procesados.

Añadía que Valladares Urruela, a través de una conferencia de prensa se enteró que se encontraba vinculado a dicho proceso, razón por la cual se puso a disposición de la fiscalía.

También menciona que se apersonó en varias ocasiones ante dicho juzgado e hizo su presentación espontánea,  pero la jueza en resolución de 15 de enero de 2020 señaló el 13 de febrero de ese mismo año para la audiencia de primera declaración de Valladares.

En rebeldía y con arraigo

Según el documento de la CC, ese 13 de febrero, Oscar Orlando Colindres Ortiz, actuando en su calidad de abogado defensor de Valladares Urruela, recusó a la jueza señalada, pero en la referida audiencia, la citada autoridad reiteró la orden de aprehensión, declaró la rebeldía y ordenó el arraigo de Acisclo Valladares Urruela a través de la resolución que constituye el acto reclamado.

Agregaba la defensa que según el informe remitido por la autoridad increpada, contra la referida resolución se interpuso actividad procesal defectuosa.

La defensa de Acisclo Valladares Urruela consideró vulnerados los derechos de su patrocinado, porque se violentó su calidad de sujeto procesal y no se notificaron las actuaciones previas a la audiencia en donde se emitió la resolución que señala como agraviante.

El abogado de Valladares también señalaba que la notificación de la resolución a través de la cual se fijó audiencia para su primera declaración se efectuó en un lugar diferente al que señalaron oportunamente. Y que si bien se les comunicó vía correo electrónico, la misma se practicó con menos de 24 horas de anticipación, por lo que no tenía la obligación legal de comparecer.

En el informe circunstanciado que presentó el juzgado a la CC se menciona que el 1 de octubre de 2019 se recibió en el juzgado a su cargo un escrito de Acisclo Valladares Urruela, a través del cual se apersonó al proceso y promovió su presentación espontánea, que se declaró sin lugar en resolución de 21 de noviembre de ese año porque el solicitante no figuraba como sujeto procesal dentro de la causa penal número 01073-2016- 00359.

Agregaba que el 14 de enero de 2020, Acisclo Valladares Urruela presentó otro escrito de apersonamiento y presentación espontánea al a la referida carpeta judicial y el 15 de enero de ese mismo año, a solicitud del Ministerio Público, se giró orden de aprehensión en su contra, por la posible comisión de los delitos de Asociación ilícita y Lavado de dinero u otros activos.

También mencionaba que en esa misma fecha se resolvió la solicitud de Acisclo Valladares Urruela, señalándose audiencia para su primera declaración el 13 de febrero de 2020.

Explicaba que contra la resolución a través de la cual se decretó la orden de aprehensión, Acisclo Valladares Urruela interpuso recurso de reposición, que se declaró sin lugar.

Ese 13 de febrero se llevó a cabo la audiencia para recibir la primera declaración de Acisclo Valladares Urruela, quien no compareció, por lo que a solicitud del Ministerio Público, se decretó su rebeldía.

En esa misma fecha, el procesado recusó a ese órgano jurisdiccional y presentó escrito de actividad procesal defectuosa y el 10 de marzo resolvió los memoriales, en el sentido de que previo a resolver, en virtud de haberse declarado la rebeldía del sindicado Acisclo Valladares Urruela, debía comparecer personalmente o ser puesto a disposición del juzgado a su cargo.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, constituida en Tribunal de Amparo, consideró en la resolución de la petición que hizo la defensa de anular el proceso, que el abogado de Valladares Urruela no pudo acreditar motivo de la ausencia de su patrocinado en la audiencia de primera declaración y por eso se resolvió que se mantuviera la orden de captura, la rebeldía y el arraigo que decretó el Juzgado de Mayor riesgo D.

Resolución de la CC

Según la CC, en el audio de la audiencia respectiva consta que la jueza cuestionada hizo saber al abogado del sindicado que le concedía el uso de la palabra únicamente para que se pronunciara en torno a la inasistencia de su patrocinado, a fin de resguardar el derecho de defensa de éste; sin embargo, debido a que el derecho penal es personalísimo y, por lo tanto, no permite el juzgamiento de la persona en ausencia, lo que implicaba que el imputado no podía ser representado por su abogado defensor en una audiencia de primera declaración, no era atendible su requerimiento.

Añade que en este sentido la CC ya se ha pronunciado al respecto, al decir que “los derechos del acusado no pueden ser ejercidos en su ausencia al ser procesado por la posible comisión de un ilícito penal, por lo que se requiere que quienes enfrentan un proceso de esa naturaleza, asuman su responsabilidad en forma individual, y ello, porque una de las características del derecho penal es que la responsabilidad es personal y no puede ser delegada…”, según sentencia del 14 de noviembre de 2018 emitida en el expediente 1845-2018.

Es por esa razón que la CC concluye que no es atendible el agravio referido, por cuanto no existe una violación de rango constitucional que afecte los derechos del postulante que ameriten ser protegidos en esta vía.

La resolución de la CC menciona que “por las razones consideradas, el amparo solicitado deberá denegarse, dada su notoria improcedencia”.

Valladares se entregó en EE. UU.

Autoridades de Estados Unidos confirmaron que Acisclo Valladares Urruela, señalado de lavado de dinero,  se entregó a la justicia de ese país, pero permanecen libre bajo fianza luego de pagar US$500 mil.

Erika Aifán, jueza de Primera Instancia del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Mayor Riesgo “D” presentó su renuncia irrevocable a ese cargo debido a “presiones, amenazas y hostigamientos” en su contra.

La renuncia fue presentada este lunes 21 de marzo de 2021 a las 9.21 horas en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y luego en redes sociales, la hasta entonces jueza publicó un video en el que afirma que seguirá luchando por sus ideales desde otros espacios.

Aifán ocupaba el cargo desde el 7 de julio de 2016 y laboró como jueza durante 19 años.

La carta de renuncia está dirigida al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En el documento la jueza Aifán colocó 3 numerales con los motivos por los cuales renunció al cargo.

“1) Las presiones, amenazas y hostigamientos en mi contra, me hacen imposible continuar desempeñando este cargo sin poner en riesgo inminente mi vida, libertad e integridad, así como las de mi familia, situaciones que se han agravado en los dos últimos meses por tener a mi cargo entre otros, el único proceso penal en la historia del país en el que se realiza una investigación en contra de funcionarios de los tres poderes del Estado, y se han sumado múltiples violaciones al debido proceso que me obstaculizan el acceso a la justicia y el derecho de defensa”. Se lee en la carta.

“2) He sido víctima de múltiples amenazas, vigilancias y seguimientos con vehículos sin placas de identificación, espionaje, filtración de información y sustracción de documentos de mi despacho”, agrega el documento.

“3) He sido criminalizada injustificadamente con más de 100 procesos penales, cerca de 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, aproximadamente 30 Antejuicios y otras denuncias ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia. A esto se suman campañas mediáticas de desprestigio y odio hacia mi persona, mi cargo como jueza y a mi condición de mujer, buscando con ello obstaculizar mi trabajo, el que he realizado con independencia judicial en la búsqueda de una justicia pronta y cumplida”, menciona la carta.

La jueza Aifán, también menciona en el documento, que por esos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me otorgó medidas cautelares en 2019, pero que el hostigamiento continúa,  “como son las acciones más recientes provenientes del Ministerio Público que atentan contra la independencia de la judicatura”, se lee.

“A pesar de verme en la necesidad de no poder continuar mi carrera como jueza, vocación a la que he dedicado mi vida, me siento satisfecha de haber desempeñado una labor por más de 19 años, habiendo sido evaluada con calificaciones sobresalientes, de haber tenido el honor de ser reconocida a nivel nacional e internacional, incluyendo el premio Mujer Destacada del Organismo Judicial, así como el prestigiado reconocimiento “Mujer de Coraje 2021” que otorga el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y el premio Franco-Alemán de los Derechos Humanos”.

#AHORA | Erika Aifán renunció al cargo de jueza de Mayor Riesgo "D" en el que conocía casos de corrupción. Aifán argumenta que su dimisión es por "presiones y amenazas" en su contra. pic.twitter.com/uLGawXS38v

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) March 21, 2022

Sale al exilio

Según el medio digital El Faro, de El Salvador, Aifán salió al exilio la noche del pasado miércoles 9 de marzo sin avisar a su equipo de guardaespaldas.

Aifán cruzó por tierra la frontera con El Salvador para después volar a Costa Rica y de allí a Estados Unidos.

https://twitter.com/aifan_erika/status/1505939275388526592

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, reapareció este miércoles 16 de febrero en las redes sociales de la Fiscalía para hablar de varios temas de coyuntura nacional, entre ellos la publicación de una investigación periodística de “El Faro”, en la que se vincula al presidente Alejandro Giammattei en actos de corrupción supuestamente  orquestados por el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, preso bajo cargos de lavado de dinero.

“El Faro”, un medio digital con sede en El Salvador reveló el lunes último un supuesto acuerdo entre Giammattei y Benito para recibir Q20 millones para su campaña electoral que provenían de sobornos a constructoras beneficiadas con contratos en el Gobierno. El supuesto pacto incluía la permanencia de Benito en el puesto durante el primer año del gobierno de Giammattei.

“El Faro” basa su nota en el audio de la declaración del Testigo A, a quien definen como un exhombre de confianza de Giammattei, pero que testificó en su contra al afirmar que el ahora presidente negoció la entrega de US$2.6 millones (unos Q20 millones) para financiar la campaña en 2019.

Por lo anterior, Porras señaló que el caso de Benito, quien está ligado a proceso y en prisión preventiva, está bajo reserva total y dijo que la filtración de información es preocupante, pues pone en riesgo el avance de las pesquisas.

“Este caso tiene reserva total y es preocupante que se vulnere la investigación mediante la difusión de información que es únicamente del conocimiento de las partes del proceso, en ese sentido, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad ha presentado denuncia penal por la filtración de dicha información y la misma ha sido remitida a la Fiscalía de Delitos Administrativos”, señaló Porras.

Además, la fiscal dijo que el Testigo A del cual hace mención la nota de “El Faro” interpuso una denuncia por supuestamente haber sido obligado a declarar información inexistente.

“En dicho caso también es importante mencionar que la persona a quien se menciona en la publicación como Testigo A presentó denuncia en el Ministerio Público indicando haber sido objeto de coacción y presiones para prestar declaraciones de hechos que no le constaban”, refirió Porras.

Niega criminalización

Además, la fiscal general negó que se esté criminalizando a operadores de justicia como se ha dicho “en redes sociales y algunos medios de comunicación”, y aseguró que lo que se hace es cumplir con lo que establece la ley.

En torno a ese tema, Porras sacó a colación la solicitud de retiro de inmunidad del juez de mayor riego Pablo Xitumul, quien, según la fiscal, valiéndose de su cargo en 2019 evitó que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) revisaran el vehículo de una persona que al parecer es su hijo y quien se cree estaba en estado de ebriedad, con lo que obstaculizó la labor policial, lo que fue objeto de denuncia y “se procede conforme a la ley”.

También mencionó el caso de las abogadas Leily Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y Eva Sosa, exfical de la Feci, quienes fueron detenidas como parte de una investigación sobre sus actuaciones en esos organismos, aunque el caso ha sido señalado por defensores de derechos humanos y la comunidad internacional de persecución contra quienes lucharon contra la corrupción y la impunidad.

“Respecto al Caso Cooptación y Corrupción Judicial debo de manifestar que el mismo se encuentra bajo reserva judicial, razón por la cual no es posible ahondar en detalles respecto del mismo, pero sí puedo indicar que las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas”, afirmó Porras.

Agregó que “en ese sentido también se estará solicitando el retiro de inmunidad de la juez -Erika Aifán, quien conoció el caso por el cual fueron detenidas- por su posible participación en dicha acción ilegal no constituyendo todo lo anterior en criminalización ni venganza, sino por el contrario implica el estricto cumplimiento de la ley”.

“De conformidad con las múltiples denuncias recibidas en el Ministerio Público por posibles ilegalidades y violaciones de Derechos Humanos de las personas a través de una transgresión de la ley por parte de algunos trabajadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad se iniciaron diversas investigaciones, entre ellas por coacción y amenaza de elaborar casos o revocar medidas a una persona con el fin de declarar hechos falsos en contra de otras personas por coacción a personas para que renunciaran a sus derechos básicos fundamentales como el derecho a la defensa y el acceso al expediente”, refirió.

Envía mensaje a EE. UU.

Las capturas y denuncias en contra de operadores de justicia ha llamado la atención de la comunidad internacional, quien han emitido pronunciamientos solicitando el respeto del debido proceso y mantener la democracia en el país; sin embargo, Porras pidió a varios funcionario que han sido críticos del actuar de la Fiscalía a que se acerquen a conocer el trabajo que desempañan.

“Hago pública la invitación al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados señor Diego García-Sayán, a la señora Samantha Power, administradora de USAID, y al subsecretario de Estado de Estados Unidos señor Brian Nichols a que se acerquen al Ministerio Público para poder conocer la veracidad de las investigaciones que se están realizando”, señaló Porras.

Agregó: “No se dejen sorprender por un pequeño grupo de personas que tiene interés particular de desestabilizar al país. No es correcto emitir comunicados ni declaraciones sin conocimiento de la totalidad de los hechos y menos aún dejarse influenciar por un grupo de personas que desean que exista impunidad para su grupo de personas a quienes señalan sus aliados que es justicia selectiva para sus opositores políticos enfocada a sus intereses”.

La Fundación contra el Terrorismo presentó este lunes 24 de enero una solicitud de antejuicio en contra la jueza de Mayor Riesgo Erika Aifán, con la que la juzgadora, que ha sido ampliamente elogiada por Estados Unidos, acumula tres procesos de ese tipo.

La solicitud fue planteada por dicha fundación porque, según argumentan, Aifán ha conocido, sin autorización de la Cámara Penal, procesos que no han sido elevados a Mayor Riesgo.

De esa cuenta se le señala de haber cometido los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato.

Además, el Ministerio Público (MP) solicitó el martes 18 de enero, por segunda vez en una semana, el retiro de inmunidad para la jueza Aifán.

Dicha solicitud de antejuicio (retiro de inmunidad) obedece a la “posible” participación de la jueza en los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato”, según detalló el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

Hace unos días, Estados Unidos acusó al Gobierno de Guatemala de “debilitar” el sistema judicial del país e intentar “obstruir las investigaciones sobre corrupción” después de que el Ministerio Público emitiera el 13 de enero la primera solicitud de retiro de antejuicio para Aifán.

Dicha solicitud contra Aifán “es un intento flagrante de obstruir las investigaciones sobre corrupción y una afrenta a la integridad de los tribunales de mayor rango en Guatemala”, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.

La primera solicitud de retiro de inmunidad contra la jueza, la del 13 de enero, se originó por un caso sobre los amaños en la elección de la Corte Suprema de Justicia entre 2019 y 2020, mientras que el del martes 18 de enero tiene como base un caso contra el periodista Juan Luis Font por la trama Odebrecht.

El portavoz del departamento de Estado recordó el domingo que el año pasado Aifán fue galardonada con el premio internacional Mujer de Coraje, otorgado por el Departamento de Estado estadounidense, “por sus esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho en Guatemala”.

Aifán es titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D” del Organismo Judicial guatemalteco y maneja varios casos de alto impacto, incluido el de los amaños en 2020 para la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, un proceso que debió realizarse en 2019 y permanece detenido.

La mencionada elección, que incluye también la designación de otros 200 jueces, es clave para la lucha anticorrupción de Guatemala durante los próximos años, en opinión de expertos.

El Ministerio Público aseguró de igual forma ese martes, en la nota de prensa, que Aifán “posiblemente abusó de su cargo” al “arrogarse una competencia” que no la había sido otorgada por la Corte Suprema de Justicia en el caso contra Font, que se “encuentra bajo reserva judicial”.

Las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala se enfriaron en septiembre pasado, cuando Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, al acusarla de obstruir la Justicia en casos de alto impacto.

De igual forma, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no invitó al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, ni a los líderes de Honduras y El Salvador a una cumbre virtual sobre la democracia que organizó en diciembre.

Recientemente, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llamó por teléfono a Giammattei y le pidió garantizar “que los actores corruptos rindan cuentas, al subrayar que la corrupción erosiona la confianza del público y socava la capacidad de gobernar de forma efectiva y responsable”, según la Casa Blanca.

Harris fue designada por Biden para solucionar la crisis migratoria de la región, ya que cada año más de 500 mil hondureños, guatemaltecos y salvadoreños intentan emigrar de manera irregular a EE. UU. en busca de mejores condiciones de vida, alejados de la pobreza en Centroamérica.

El lunes por la noche, el Gobierno de Giammattei informó que promoverá sus “intereses” en Estados Unidos mediante un contrato de servicios de “lobby” en la nación norteamericana, con el apoyo de la cooperación de Taiwán.

Con información de EFE

La jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, solicitó al jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos, del Ministerio Público (MP), Juan José Mendizábal, que comience una investigación contra la fiscal María José Reynoso, quien se habría negado a trasladar información a la juzgadora del caso de supuesta filtración de información del despacho de la fiscal general, Consuelo Porras.

Según se informó, la jueza Aifán considera que la fiscal Reynoso pudo incurrir en los delitos de desobediencia, asociación ilícita y obstrucción a la justicia al no haber querido responder al requerimiento que hizo con un plazo de tres días.

En un documento enviado por Aifán al fiscal Mendizábal, se menciona que la fiscal Reynoso tiene resistencia a cumplir con resoluciones judiciales que la jueza ha dictado en el marco de sus facultades y ha ocultado información a la judicatura.

Aifán añade que la fiscal también pudo haberse concertado con funcionarios o empleados de la Supervisión Auxiliar de Tribunales para que procedieran en su contra sin seguir el procedimiento establecido en la Ley.

Aclara que no quedó documentada la supuesta denuncia, quién la formuló o cómo se originó el supuesto proceso disciplinario en su contra, la comparecencia de la fiscal con el supervisor auxiliar de tribunales al juzgado que Aifán dirige, lo hechos denunciados en su contra ni el resultado de la supuestas investigación a la que la juzgadora se refiere y por eso considera que estos hechos están al margen de la ley y constituyen intimidación, acoso laboral y hostigamiento para obstaculizar el proceso.

En el documento Aifán también pide que se tomen las acciones necesarias para evitar el ocultamiento de información y garantizar la independencia judicial en ese caso.

Además, el cese de las acciones intimidantes y amenazantes generadas con la comparecencia conjunta de empleados del MP con el supervisor auxiliar de Tribunales, para ejercer acciones en contra de la juzgadora, sin que exista registro de un procedimiento disciplinario y por ende con vulneración del debido proceso en contra de Aifán.

También se pide que se tomen acciones necesarias para cumplir con lo ordenado en la resolución de fecha cuatro de noviembre de 2021, emitida dentro del proceso penal 01073-2016-00359 a cargo de ese juzgado de Mayor Riesgo D.

También que se tomen acciones necesarias para cumplir con las medidas cautelares que le fueron otorgadas a Aifán por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se garantice el respeto y observancia de la independencia judicial.

Finalmente, Aifán pide que se informe de las acciones tomadas a efecto de comunicarlas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El caso

En julio de 2021, el MP informó, mediante un comunicado, que haría una investigación respecto de una nota publicada en un diario nacional sobre supuestas filtraciones de información que se dieron dentro del MP sobre casos relevantes llevados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

La nota, publicada en un medio guatemalteco, se basa en la supuesta declaración otorgada a la Feci por el abogado Marco Aurelio Alveño Hernández, en calidad de sindicado, el 13 de julio de ese año.

En el supuesto testimonio, en el que también se adjuntan otras pruebas como la impresión de correos electrónicos, imágenes y conversaciones, Alveño delata el papel de Claudia Paola Mansilla Figueroa dentro del MP.

Alveño revela que Mansilla fue su compañera de estudios en la Universidad de San Carlos, le comentó en junio del 2020 que laboraba como asesora de Héctor Aníbal de León Velasco, que a la vez era asesor de la fiscal General, Consuelo Porras, y quien tenía a su cargo los proyectos de apartamiento de fiscales en el Despacho Superior del MP.

En la presunta declaración testimonial, Alveño cuenta que Édgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, de quien era abogado, le dijo el 15 de mayo de 2020 que estaba preocupado porque policías se encontraban haciendo preguntas en su domicilio en la zona 16 capitalina, y que luego tuvieron información de que se trataba de una investigación sobre el caso Bancafé.

Alveño dijo que por ese caso, Barquín había tenido “un acercamiento” con la fiscal General “por instancias del Presidente de la República” a través de Ángel Pineda.

EL abogado dijo que, entre otras acciones, se le instruyó que “se solicitara el apartamiento de los fiscales a cargo del caso”.

Barquín también le pidió que fuera con el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del caso, para obtener más información sobre la orden de aprehensión, quien le confirmó que no podía emitir una orden de aprehensión sin fundamento.

“Plan elaborado”

De acuerdo con la supuesta declaración testimonial de Alveño, en agosto de 2020 se reunió con Claudia Mansilla y el exjuez Mynor Moto, donde le revelaron un plan para señalar que la jueza Érika Aifán “era incompetente de conocer el caso Comisiones Paralelas”, pero que dicho plan, elaborado junto con Dennis Billy Herrera, iba a ser rechazado, por lo que pidieron asesoría, ampliaron la solicitud y fue así como el 29 de octubre de 2020 fue declarado con lugar el planteamiento.

Alveño asegura que, aparte de las reuniones personales, todas las comunicaciones se dieron a través de Telegram, pero con mensajes “autodestruibles”.

Relata que después de que el caso fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Transnacionales, tal y como Mansilla se los había adelantado, ella llegó a su despacho para exigirle Q50 mil por el “apartamiento del Lic. Édgar Barquín, y que, además, le pidió que se reuniera con Maynor Moto para apoyarlo en la campaña para su elección como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Casos de la Feci

Alveño asegura que el 11 de noviembre del 2020, Mansilla lo visitó en su apartamento para recibir un adelanto de  Q30 mil del pago requerido, quedando pendientes 20 mil.

Asegura que ese día, Mansilla llevó un informe con todos los casos que se llevaban en la Feci y le ofreció una copia; sin embargo él se negó a recibirla, pero anotó los números de casos y personas en un documento que le fue incautado después por las autoridades durante un allanamiento.

El abogado continúa diciendo que el 18 de noviembre de 2020 se reunió personalmente con Moto y Mansilla, en donde le volvieron a pedir su apoyo para la elección a la CC.

“Me señaló Mynor Moto que la Licda. Éricka Aifán había comenzado con sus berrinches respecto de la discrepancia planteada; Paola Mansilla agregó que el Lic. Juan Francisco Sandoval estaba necio con operativizar el caso, pero que la Fiscal General no lo había dejado, según ella había escuchado en el Despacho Superior”, relata el abogado en la supuesta declaración testimonial.

Alveño también declaró que en una ocasión Francisco García Gudiel le contó que estaba siendo investigado por la Feci y que un agente del Deic le confirmó la investigación, por lo que le pidió que se reunieran para ver si le podía ayudar.

Cuenta que en la reunión llamaron a Mansilla y esta les confirmó que el caso en el que estaba involucrado García Gudiel era del Construcción y Corrupción. Mansilla también les habría pedido US$9 mil, la mitad por adelantado, por el apartamiento del caso, de lo que pagaron US$4 mil 500 el 23 de enero de 2020.

Además, el 26 de febrero de 2021, Alveño se enteró de que la Feci estaba efectuando allanamientos por una filtración de información que se le hizo llegar al sindicado Gustavo Alejos, exsecretario presidencial.

Alveño cuenta que, preocupado llamó a Mansilla, y esta le dijo que él estaba “clean” (limpio).

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegaron este martes 21 de septiembre las tres recusaciones interpuestas por la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, en contra de los togados Vitalina Orellana y Orellana, Sergio Amadeo Pineda Castañeda y Nery Osvaldo Medina Méndez.

Los tres magistrados fueron confirmados para conocer la solicitud de antejuicio presentada por el exjuez Mynor Moto, quien busca que Aifán sea investigada por el Ministerio Público (MP), por considerar que incurrió en un delito al autorizar su orden de detención.

Además, la CSJ volvió a imponer una multa de Q500 a la jueza y al abogado que planteó los recursos legales contra los magistrados en mención.

El pasado 5 de agosto, la CSJ dio trámite a las recusaciones promovidas por Aifán, pero fueron resueltas por el pleno hasta este martes.

El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Erika Aifán, que ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

Aifán firmó la orden de captura a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que vincula a Moto en el caso “Comisiones paralelas 2020” y a quien consideró no idóneo para el cargo de magistrado.

El 10 de febrero 2021, Aifán también pidió a la CSJ que los magistrados Silvia Valdés y Manuel Duarte no conocieran el antejuicio promovido en su contra por Moto. La juzgadora argumentó en esa ocasión de que ambos opinaron y pidieron informe por allanamiento a Juzgado Tercero, que estuvo a cargo de Moto.

Demanda al Estado de Guatemala

Aifán demandó recientemente al Estado de Guatemala debido a “fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en Guatemala, incluso dentro del poder judicial”, según un comunicado difundido el martes 7 de septiembre.

La petición fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su equipo legal probono de King & Spalding y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional (Vance Center), quien emitió un comunicado con la información.

Recuerda que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Aifán en 2019, pero que recientemente han surgido nuevas amenazas en procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que buscan retirar su inmunidad judicial mediante antejuicios.

La petición presentada por Aifán contra el Estado de Guatemala es por denuncias de violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Erika Aifán, jueza de mayor riesgo D, demandó al Estado de Guatemala, debido a “fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en Guatemala, incluso dentro del poder judicial”, según un comunicado difundido este martes 7 de septiembre.

La petición fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este mismo 7 de septiembre por su equipo legal probono de King & Spalding y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional (Vance Center), quien emitió un comunicado con la información.

Según el comunicado, la jueza Aifán tiene a su cargo casos de corrupción de alto nivel y crimen organizado. Añade que en marzo de 2021 ella fue descrita como un “ícono de la lucha contra la corrupción en Guatemala”, recibió el Premio Internacional Mujeres de Coraje 2021 del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y es integrante de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, apoyada por el Vance Center.

Recuerda que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Aifán en 2019, pero que recientemente han surgido nuevas amenazas en procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que buscan retirar su inmunidad judicial mediante antejuicios.

“Esto permitiría procesarla penalmente por supuestos excesos en sus actuaciones judiciales en casos llevados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Hace un mes, el jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval fue destituido por la fiscal general María Consuelo Porras y obligado a abandonar el país, por temor a su vida”, se lee en el comunicado.

La petición presentada por Aifán contra el Estado de Guatemala es por denuncias de violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta busca “no solo reivindicar los derechos individuales a la independencia judicial, la vida, la integridad personal, el debido proceso legal, y la protección judicial de
una jueza que lucha contra la corrupción en Guatemala, la Jueza Erika Aifán, sino también apoyar al Estado de Derecho en ese país, en el contexto de ataques fuertes en contra del
mismo por círculos poderosos, públicos y privados, que favorecen la continuidad de la corrupción y de la impunidad, incluso dentro de la misma administración de justicia”, se lee en la petición presentada.

Además, que la jueza Aifán goza de Medida cautelar No. 682-18, solicitada por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y por CEJIL, otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión”) el 23 de octubre de 2019 por Resolución 55/2019.

Violaciones contra Aifán

El documento refiere que la petición tiene el objetivo de “señalar las múltiples violaciones de los derechos humanos en el fondo del mismo asunto tratado por las medidas cautelares, así como subrayar el cumplimiento meramente parcial por parte del Estado con las medidas cautelares, y el grave empeoramiento reciente, a pesar de las medidas, de la situación de independencia judicial de la Peticionaria y del Estado de Derecho en Guatemala”.

Añade que luego que se le otorgaron las medidas cautelares a Aifán, los ataques a la independencia judicial de ella y al Estado de Derecho en Guatemala incluyen:

• a) Procesos infundados y parcializados de antejuicio, el rechazo arbitrario del amparo, y una multa infundada por una Recusación indebidamente rechazada, violando a los artículos 8 y 25.1 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención.

• b) Denuncias penales en contra de la Jueza, o bien infundadas o fundadas en sus labores jurisdiccionales, y no administrativas, violando al artículo 8 en relación con el artículo 1.1 y 2 de la Convención.

• c) Amenazas en contra de la vida y la integridad física y moral de la Jueza, violando a los artículos 4 y 5 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• d) Actos de hostigamiento, intimidación y agresión, violando a los artículos 4, 5, y 8 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• e) La falta de responder y procesar oportunamente y con apego al debido proceso legal los hechos denunciados por la Jueza Aifán, violando a los artículos 8 y 25.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• f) La designación al juzgado de personal de apoyo incompetente y corrupto, sin sanciones correspondientes a sus infracciones graves, y la falta de asignación de recursos humanos adecuados, violando al artículo 8 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• g) Dos procesos disciplinarios infundados ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, violando a los artículos 8 y 25.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• h) La omisión legislativa para tipificar como delito el atentar contra la independencia judicial, tal como dispone textualmente el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala: “A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.” violando el artículo 8 en relación con el artículo 2 de la Convención.

Incumplimiento de medidas cautelares

El documento también refiere que Guatemala es responsable por la falta de cumplimiento pleno con la Medida Cautelar resuelta por la Comisión, en particular la falta de cumplimiento pleno con las medidas precisadas en la Resolución:

• a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad
  personal de la señora Érika Lorena Aifán.

• b) adopte las medidas necesarias para garantizar que la beneficiaria pueda llevar a cabo sus labores como juez sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones.

• c) concierte las medidas a implementarse con la beneficiaria y sus representantes.

Petición completa de la jueza Erika Aifán

La audiencia de reparación digna para dos personas que eran colaboradores eficaces del Ministerio Público en caso Construcción y Corrupción deberá repetirse luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgó una apelación a la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La PGN se opuso a esa parte del proceso ya que consideró que se había dejado al Estado en indefensión al no haber sido tomados en cuenta y por eso presentó una apelación a la CC, que finalmente le fue otorgada.

La CC le ordena a la jueza Érika Aifán que repita la audiencia de reparación digna y deberá llevar a cabo una nueva diligencia en la que se discutirá el resarcimiento que deben pagar Jesús María Ordóñez Jop y Julio Carlos Porras Zadik por el daño causado al estar vinculados al caso Construcción y Corrupción.

El 29 junio de 2017, Ordóñez Jo y Porras Zadik fueron condenados, mediante procedimiento abreviado, por lavado de dinero y otros activos y financiamiento electoral ilícito.

Porras Zadik, exgerente de una empresa de telefonía, fue condenado a tres años de cárcel por el delito de financiamiento electoral ilícito, pero goza de la suspensión de la ejecución de la condena.

Además, se le impuso una multa de Q500 mil y como reparación digna debía pagar la construcción de dos salas de videoconferencia en el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ).

Porras, quien era colaborador eficaz del MP en el Caso Construcción y Corrupción, admitió a investigadores la entrega de Q15 millones a través de 12 cheques a seis empresas vinculadas a Alejandro Sinibaldi, ex ministro de Comunicaciones del Partido Patriota (PP).

El dinero llegó a Impresos Urbanos, Arqco Outsourcing, Inversiones ASA y Seguridad ASA.

Esos pagos fueron parte del acuerdo en 2011 al que Porras, en nombre de la empresa, llegó con Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Estados Unidos y exasesor del gobierno del PP, que ideó la estrategia para que esa empresa telefónica llegara a un acuerdo con la compañía rival quien tenía a su favor resoluciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y que significaban el pago de US$400 millones.

Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario de la Presidencia vinculado a cinco casos de corrupción en Guatemala, recobró su libertad y estará bajo arresto domiciliario luego que la jueza Erika Aifán declaró clausura provisional en el caso Red de poder, corrupción y lavado de dinero.

Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien fue secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de  Álvaro Colom, integra la Lista Engel que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el jueves 1 de julio del 2021 que contiene un listado que envió al Congreso de aquel país sobre personas señaladas en actos de corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Alejos está vinculado en los casos de corrupción Red De Poder, Transurbano, Cooptación del Estado, Financiamiento UNE, Negociantes de la Salud y Comisiones Paralelas 2020.

La jueza Aifán declaró la clausura provisional del caso Red de poder, corrupción y lavado de dinero con lo cual Alejos pudo abandonar la cárcel de Mariscal Zavala, en donde estaba en prisión preventiva.

Alejos recobró su libertad y guardará arresto domiciliario mientras la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (Feci) incorpora al caso otros medios de prueba que fueron solicitados fuera del país.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, dijo que la decisión de la jueza fue debido a que existe información financiera que se encuentra fuera del país y que en el momento oportuno fue solicitada a Panamá por medio de Asistencia Judicial Internacional y está pendiente de ser incorporada al proceso, por lo que se dio un plazo para que ser reciba la información.

Dijo que cuando esta información ya esté disponible la Feci ya podrá hacer requerimientos como la apertura a juicio de ese caso.

Según se informó, Alejos Cámbara logró la libertad debido a que en los otros procesos que se le siguen también había sido beneficiado con medida sustitutiva.

La lista Engel

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el 1 de julio del 2021 un listado que envió al Congreso de aquel país sobre personas señaladas en actos de corrupción en Guatemala, y también en El Salvador y Honduras.

Entre los políticos señalados en el listado, resalta el expresidente de la República, Álvaro Colom; el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Néster Vásquez; los excandidatos presidenciales Mario Estrada y Alejandro Sinibaldi, entre otros.

Jueces de Mayor Riesgo se presentaron hoy a la sede central del Ministerio Público y solicitaron la revisión de las denuncias en su contra porque aseguran son parte de un plan para atacarlos e intimidarlos.

Los juzgadores que solicitaron anular denuncias en su contra son Erika Aifán, Yassmín Barrios, Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez, ellos pidieron a la Fiscal General, Consuelo Porras, que desestime denuncias en su contra. Estos jueces conocen casos de alto impacto y los procesos que surgieron de la lucha contra la corrupción en 2015.