Un día después de que el exjuez Miguel Ángel Gálvez anunciara su renuncia desde el exilio, el Organismo Judicial (OJ) comunicó este miércoles 16 de noviembre que su dimisión fue aceptada y que la plaza para dirigir el Juzgado de Mayor Riesgo “B” salió a convocatoria.

Rudy Esquivel, portavoz del OJ, confirmó que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justica (CSJ) determinó aceptar la renuncia de Gálvez, quien la noche del pasado martes durante una entrevista con la cadena CNN en Español se declaró oficialmente en el exilio, pues asegura que en Guatemala no hay garantías para regresar.

“En relación a la renuncia del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, se confirma que fue aceptada. También se ha ordenado sacar la plaza a convocatoria”, dice un mensaje de texto enviado por Esquivel.

Gálvez, quien condenó a Efraín Ríos Montt por genocidio y envió a prisión al expresidente Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción, renunció el martes pasado denunciando falta de independencia judicial en Guatemala.

“El día de hoy (martes) presenté mi renuncia al cargo de juez de primera instancia del ramo penal”, dijo Gálvez en un video difundido en la red social Twitter.

Gálvez salió a inicios de noviembre a Costa Rica a un foro, pero se desconoce su paradero y según ha confirmado el jurista se quedó en el extranjero, aunque el destino exacto se desconoce.

El juez enfrentaba un proceso para despojarlo de su inmunidad a petición de una organización que lo acusa de ordenar “detenciones ilegales” de militares retirados.

“En estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se está garantizando los procesos como corresponde”, afirmó Gálvez, quien desde 2016 cuenta con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La renuncia de Gálvez se suma a la salida del país de varios exfiscales antimafias y jueces debido a procesos en su contra impulsados por la fiscal general Consuelo Porras, designada en mayo pasado por el presidente Alejandro Giammattei por cuatro años más en el cargo.

Otros exfiscales han sido encarcelados a petición del Ministerio Público a cargo de Porras, sancionada el año pasado por Estados Unidos que la incluyó en una nómina de personas “corruptas y antidemocráticas”, o Lista Engel.

El Ministerio Público (MP) ha negado en varias oportunidades los señalamientos que hacen los exjueces y exfiscales que han salido del país y señala que es obligación constitucional que la Fiscalía investigue todas las denuncias interpuestas.

“El mandato legal y constitucional del Ministerio Público es claro: “es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, dijo recientemente la Fiscalía.

“Durante el tiempo laborado no había entendido como lo entiendo ahora que la justicia es cuestión de poder y no control de poder”, precisó Gálvez.

El juez cobró notoriedad en 2013 al enviar a juicio al exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) por genocidio. El general retirado fue condenado por un tribunal a 80 años de cárcel, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el juicio.

Ríos Montt falleció el 1 de abril de 2018, a los 91 años, mientras se desarrollaba el nuevo juicio a puerta cerrada y sin su presencia porque fue diagnosticado de demencia y otras enfermedades.

El juez también envió a prisión al expresidente Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) señalados de dirigir una estructura de defraudación en las aduanas, acusación que los obligó a renunciar en 2015. Un tribunal tiene previsto emitir una sentencia contra ambos en las próximas semanas.

Gálvez en su mensaje hizo un llamado a la población guatemalteca para que se organice y no le roben “las posibilidades de una justicia que añoramos”.

Con información de AFP

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ha cuestionado la designación del pesquisidor, Roaldo Chávez, para conocer la petición del retiro de su derecho a antejuicio y lo recusó porque justifica que tiene intereses en común con la Fundación contra el Terrorismo y procesados por corrupción en el caso Cooptación del Estado.

Gálvez, en la recusación expone que Chávez fue asesor del Ministerio de Gobernación cuando Mauricio López Bonilla lo dirigía, eso durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

En el documento, el juez señala que él ha conocido procesos de corrupción en contra de Bonilla.

Asimismo, Gálvez advierte que Chávez ya se conocía con el querellante, Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, debido a que estableció que se graduaron en la misma promoción y universidad.

Las inconsistencias de haber designado a Chávez que señala Gálvez no terminan, pues señala que Roaldo es hermano de Luis Chávez, quien fue diputado al Congreso de la República por el partido Líder y que el exvicepresidenciable de esa organización, Édgar Barquín, fue condenado por corrupción por él en el Juzgado de Mayor Riesgo B.

Rechazo

La recusación la conoció Chávez y no la aceptó, por lo que esos alegatos serán conocidos por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En su argumento el pesquisidor, Chávez, expuso: “Yo no tengo ningún tipo de interés directo o indirecto en las diligencias y tampoco tengo relaciones de amistad íntimas con el abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle como lo quiere hacer ver el interponente, pues, la amistad y el profesionalismo son cuestiones totalmente independientes”.

En el documento en el que se rechaza la recusación, Chávez no se refiere a la relación de su hermano que mantuvo con el cancelado partido Líder y su relación con el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, participó este lunes 5 de septiembre en una reunión virtual del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, donde se abordó la situación de jueces, fiscales y defensores de derechos humanos en Guatemala.

La exposición de Gálvez se centró sobre el riesgo que corre el estado de Derecho y la independencia judicial, así como el hostigamiento a jueces de tribunales de mayor riesgo, especialmente por procesos relacionados con conflicto armado y crimen organizado.

El 6 de mayo de 2022, el juez Gálvez dictó un fallo judicial que ordenaba enviar a juicio a nueve sindicados en el caso Diario Militar, por su presunta participación y responsabilidad de cometer delitos de lesa humanidad entre los años 1983 y 1985, hechos que afectaron a 183 personas.

Luego de la resolución Gálvez Aguilar denunció ser víctima de constante hostigamiento y acusaciones.

“Estamos siendo perseguidos por grupos que buscan ganar impunidad en el país”, dijo Gálvez ante el Parlamento Europeo, a quien le expuso que el sistema de justicia de Guatemala actúa de forma concertada con esos grupos y que “los jueces independientes estamos desprotegidos”.

También expuso que en Guatemala se perdió la separación de poderes y “prácticamente todas las instituciones están al servicio del poder político”. 

Respecto al retraso en el cambio de cortes en Guatemala, señaló que eso ha provocado un desgaste en la administración de justicia porque no hay garantías para que jueces ejerzan justicia independiente.

“El poder político de turno llegó a tomar todas las instituciones, especialmente el Organismo Judicial (OJ), que va para 4 años sin plazo constitucional, porque los diputados no han podido elegir magistrados”, dijo Gálvez. 

Gálvez concluyó su participación con tres solicitudes al Parlamento Europeo: que se conceda audiencia a operadores de justicia en Guatemala para “escuchar de primera mano la grave crisis de la administración de justicia”, que una delegación del Parlamento visite Guatemala para que “vean los riesgos que enfrentan los operadores de justicia” y que “se exhorte al Estado a que cumpla con obligaciones internacionales en materia de independencia judicial”.

Haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), le habría costado al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, enfrentarse a algún tipo de intimidaciones y transcurridos los días señala pasividad de parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para atender el tema, pues ninguno ha hecho algún pronunciamiento oficial al respecto, lo que a su criterio es el reflejo de la pérdida de credibilidad y confianza hacia el Organismo Judicial (OJ).

En una entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, el juez Gálvez dejó claro que lo que con esas acciones lo que se busca es sacarlo de la jugada, como lo han hecho con otros administradores de justicia independientes que, incluso, han tenido que exiliarse en otras naciones.

Agregó que, aunque tiene cierto temor, no se doblegará y continuará trabajando con apegó la ley, aunque asegura que, de acuerdo con los antecedentes de la persecución de sus colegas, ahora el tueno es suyo.

Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a nueve exmilitares y expolicías por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

Los crímenes documentados en el caso “Diario Militar”, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

Al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales anticorrupción y jueces, se encuentran actualmente exiliados debido a que han denunciado ser víctimas de una persecución judicial por parte del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras.

Hay un documento que se ha enviado a la CSJ y este tiene una razón de ser, cuéntenos cómo surge esa petición

“El tema que se está discutiendo es lo que corresponde a la independencia judicial. A mí no se me está amenazando como Miguel Ángel Gálvez, a mí se me está amenazando en mi función de juez, si sale una persona de una audiencia y no da la conferencia de prensa y les indica que él se va a encargar del juez, eso significa que es como consecuencia de una resolución, y se supone que las autoridades máximas son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y lo que se pretendía era que al ponerles en conocimiento -a los magistrado- los problemas que se estaban dando, ellos se tenían que haber pronunciado, pero lamentablemente no lo hicieron, o sea ellos adujeron que lo que yo necesitaba era más seguridad, pero el fondo de lo que se pretendía era un pronunciamiento de ellos con relación a que se estaba restringiendo, se estaba limitando el ejercicio constitucional del Organismo Judicial y de la independencia que le corresponde a un juez”.

¿Cómo ve la carencia de pronunciamiento o la falta de tomar una postura de parte de la CSJ?

“Eso da la pauta a -ver- cómo están las instituciones y el problema es ese precisamente, el que no haya un pronunciamiento, pero el problema que se da es que lamentablemente se pierde más la confianza y la credibilidad que le tenemos que dar a un organismo que se encarga de administrar justicia, entonces allí es donde se da no solo el irrespeto a la población, sino que a los mismos sujetos procesal, porque se dan cuenta que pueden amenazar, que pueden gritar, que pueden ofender y eso se va replicando y hace perder el fundamento de un estado de derecho”.

“Se deja en riesgo a toda la comunidad que está esperanzada en que haya jueces imparciales, que haya jueces probos, entonces ese es el problema. Lo que está pasando es que se está perdiendo la credibilidad y la confianza del OJ”.

Debido a su cargo está expuesto a denuncias y presiones, ¿cree que estas han parado?

“Como jueces estamos conscientes de que no quedamos bien con todas las partes. Amenazas siempre han surgido, es más, hasta la libertad de expresión que se manifieste eso no es problema, el problema es que a esas manifestaciones cuando se les va encontrando sentido que no solo es una institución, sino que son varias eso ya preocupa. Si lo que dijo el personaje ese pues está en su derecho y no hay problema, pero cuando miramos que las instituciones se están acoplando a esos intereses como el Ministerio Público y el Organismo Judicial, entonces ahí es donde ya es preocupante, porque uno se da cuenta que los niveles de reconfiguración son muy altos, el caso, por ejemplo, decir ´ya saqué a Juan Francisco, ya saqué a Thelma, ya saqué a Erika, ahora me queda…´, eso es lo que uno va entendiendo que sí lleva una secuencia”.

¿Podría ser algo más estructurado y pensar que el siguiente es el juez Gálvez?

“Claro. Es más, si buscan en las redes -sociales-, ellos ponían unos cartoncitos como que fueran de lotería y ponían las fotos de varias personas y allí están; por ejemplo, Juan Francisco -Sandoval- tiene una X, Thelma -Aldana- tiene otra X, Pablo -Xitumul- tiene otra X , ya casi llenaron con X el cartoncito, Erika -Aifán- es la última y si ustedes miran después voy yo y luego va Jazmín -Barrios- ahí se llena el cartoncito y eso es lo que se está anunciado, lo que quieren es poner otra X para quedarse solo con la última persona, esa es la tendencia.

“Esas son las personas que nos encontramos más vulnerables, ahora me pregunto ¿cuántos periodistas van a seguir?, ¿cuántos defensores de Derechos Humanos van a seguir? y así sucesivamente, eso quiere decir que las poblaciones, que las comunidades, que los periodistas, que los reporteros o los columnistas independientes que hagan una crítica sobre cómo se está desarrollando el Gobierno va a significar que se vuelvan enemigos”.

¿Ante esta situación piensa seguir adelante?

“La profesión de abogado para mí es algo apasionado, los procesos son un libro más, considero que la justicia es sagrada, es una bendición y cómo no quisieras seguir haciendo lo que tengo ya casi 23 años de estarlo haciendo, entonces me quiero quedar, pues soy guatemalteco y quisiera ver un país en condiciones completamente diferentes”.

¿Ha pensado salir de Guatemala?

“De momento no. Considero que este es mi país y aquí es donde tengo que desarrollarme y que desenvolverme”.

¿Va a influir mucho este contexto en su trabajo?

“Por supuesto. Cada día los niveles son muy altos y soy consciente y se asume la responsabilidad, pero considero que no es justo y que no se vale, consideró que las mismas instituciones tiene que reparar en que si no se hace nada nos vamos a meter en problema en el que va a ser difícil que salgamos. Lo que tenemos que hacer con la sociedad civil y con toda la gente es dar pasos para consolidar un estado de derecho”.

“Por qué razón se me está limitando ese ejercicio a la independencia judicial, porque lo que quieren es decirme que es lo que tengo, se puede imaginar cómo se va a impartir justicia atendiendo a esos requerimientos, porque si hubiera dictado una resolución que le hubiera gustado a este personaje hubiera sido diferente. Entonces eso es lo que les perjudica, eso es lo que les daña, esa independencia que no se le puede decir al juez qué es lo que tiene que hacer, como me da la impresión de que hay algunos otros -jueces- que si les dicen que lo que tiene que hacer”.

¿Cómo ve el surgimiento de grupos en su apoyo?

“Esto es natural con todos los acontecimientos que están pasando y la mayoría de estas manifestaciones, el caso de los 48 cantones, el caso del tema de la canasta básica, la gasolina y toda la cuestión es una forma de expresarse, la inconformidad es algo normal y por supuesto que tienen que existir manifestaciones, ahora el problema delicado, y yo de este tema desconozco qué fue lo que pasó, pero se supone que el día martes atentaron en contra de una persona, independientemente de quién era o qué andaba haciendo consideró que el elemento fuerte es que se haga una investigación y que se establezca qué fue lo que pasó porque no se vale el atentar contra la vida de nadie, mucho menos de una persona que se estaba desenvolviendo en cierto ámbito”.

¿Ese crimen le causa alguna preocupación tomando en cuenta que la personas era parte de un movimiento que lo apoya?

“Por supuesto, sería mentirle y tampoco lo van a creer, pero en las condiciones que está el país es lógico que cualquier persona inmediatamente relacione una cosa con la otra y por eso las autoridades están en la obligación de esclarecer qué fue lo que pasó para evitar esas formulaciones, yo soy ajeno completamente a ese tema, pero tengo entendido que llevaba algunos stickers y que estaba entregando a diversos grupos esa papelería, pero eso a mí no me consta e indistintamente qué haya pasado, el Estado tiene la obligación de esclarecer el asesinato.

“Yo sigo trabajando, un poco preocupado, pero indistintamente quiero seguir y voy a seguir trabajando”.

Posturas

Ante los señalamientos del juez Gálvez sobre la falta de pronunciamiento de las autoridades, la CSJ informó que “en relación al memorial presentado por el Juez Gálvez, fue conocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y se instruyó a la Dirección de Seguridad Institucional del Organismo Judicial se realice un análisis de riesgo de manera urgente del esquema de seguridad. Asimismo, se ofició al ministro de Gobernación que se cumpla con las medidas de protección, considerando que el juzgador tiene medidas otorgadas por la CIDH”.

Al respecto el Ministerio Público Refirió que se “ha actuado siempre con objetividad, imparcialidad y apegado a su mandato legal y constitucional”.

Agrega que el MP “tiene la obligación de investigar todas las denuncias que se presentan, pues nadie es superior a la ley y esta es su función, según lo establece la Constitución Política de la República, y es a través de la investigación que se determina si existe la comisión de un hecho ilícito o no.

Referente al caso de los Jueces, la Fiscalía señala que “ellos gozan del derecho de antejuicio, por lo que se debe agotar todo el procedimiento y si el órgano competente resuelve levantar la inmunidad, el Ministerio Público inicia con la investigación”.

Agregó que “la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas se apersonó al juzgado, previa coordinación telefónica con el juez para tomar la denuncia; sin embargo, manifestó que él iba a presentar la denuncia en el transcurso de esta semana. Ayer -jueves- se presentó nuevamente personal de la Fiscalía e indicó de nuevo que él la estaría presentando”.

Agrega que “por los hechos que manifiesta, la Fiscalía considera que es un delito de acción pública dependiente de instancia particular, por lo que es necesario contar con la colaboración de la parte denunciante. En ese sentido, el personal de la Fiscalía se ha apersonado varias veces al juzgado para que realice su denuncia; sin embargo, el juez ha manifestado que lo hará posteriormente.

Albio Sires, representante de Nueva Jersey en el Congreso de EE. UU., mostró preocupación por las amenazas que ha sufrido el juez Miguel Ángel Gálvez e instó al Gobierno de Guatemala que garantice su protección para que pueda continuar con su labor.

“El juez Miguel Ángel Gálvez busca justicia para las víctimas de tortura, desaparición y ejecución extrajudicial. Pido al gobierno guatemalteco que lo proteja para asegurar que pueda seguir con este trabajo crucial a la luz de las amenazas contra su vida”, escribió el congresista Sires en su cuenta de Twitter.

El mensaje del congresista fue acompañado de una nota de prensa en la que se describe el hostigamiento del cual ha sido víctima el juzgador, quien ha tenido a su cargo varios casos de alto impacto.

El juez Gálvez fue víctima de amenazas tras su decisión la semana pasada de enviar a juicio a nueve militares y policías en condición de retiro por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Las amenazas en contra de Gálvez fueron confirmadas el lunes pasado por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien visitó al juez para manifestarle su “solidaridad”.

Además, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó los ataques y amenazas sufridas por Gálvez. “Estos ataques atentan de manera directa en contra de la independencia judicial”, puntualizó la entidad mediante un comunicado de prensa.

Tanto la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad como Rodas recordaron que el juez Gálvez cuenta con medidas adicionales de protección a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Gálvez dijo el lunes, en declaraciones divulgadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, que “son momentos difíciles” los que vive “y la situación en Guatemala está bastante sensible”.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad manifestó además su “preocupación” por “las implicaciones que estos ataques tienen en el Estado de Derecho”.

Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a nueve militares y policías retirados por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

Dicho enfrentamiento armado, uno de los más sangrientos de Latinoamérica, dejó más de 250 mil personas asesinadas o desaparecidas, más del 90 por ciento a manos del Estado, según informes de organismos internacionales.

Los crímenes documentados en el Caso “Diario Militar”, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

Al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales anticorrupción y jueces, se encuentran actualmente exiliados debido a que han denunciado ser víctimas de una persecución judicial por parte del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras.

La fiscal general fue sancionada en septiembre de 2021 con la remoción de su visa por parte de Estados Unidos, que la acusó de “obstruir” la justicia en caso de alto impacto en Guatemala.

https://twitter.com/RepSires/status/1525152976607772672?s=20&t=IBXRwDurKyMSu–Q6DN_uA

Con información de EFE

“Fueron 15 excusas las que se enviaron y por seguridad a todos nos sacaron del país”, explicó Santizo.

Explicó que la ausencia “fue debido al protocolo de seguridad” que se implementaron cuando el Gobierno guatemalteco decidió dar por terminado el acuerdo de creación de la comisión, lo cual fue rechazado por la ONU y suspendido por la Corte de Constitucionalidad.

En la sala también se encontraban observadores de Naciones Unidas y la PDH.

Según la investigación, el militar Erick Melgar Padilla gestionó una investigación pralela sobre el asesinato de su padre y condicionó el curso de la misma ante el Ministerio Público para involucrar como autores del hecho a personas determinadas.

Entre los señalados está el exfiscal Rony López, cuya defensa presentó un incidente de falta de acción con relación a la participación de la Cicig y argumentó que se debe porque a partir del 7 de enero se dio por terminado el acuerdo del mandato del ente internacional.

La fiscal del @MPguatemala solicita al Juez Gálvez que sea declarado sin lugar el incidente planteado por Rony López, indicando que desde el 9 de enero existe un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad y que es de conocimiento público. pic.twitter.com/74Id29ahU8

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) February 13, 2019

“La Cicig perdió credibilidad y su representación legal”, señaló.

Ante esta acción, el Ministerio Público solicitó al juez Miguel Ángel Gálvez que se declare sin lugar, ya que desde el 9 de enero existe un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad.

“Hay una Cicig antes y después del acuerdo 2-2019, la misma Corte Suprema de Justicia les ha limitado el trabajo. No estoy defendiendo a la comisión, estoy sujeto a la Constitución”, señaló el juzgador.

Agregó que se debe respetar el mandato constitucional y de esta forma confirmó la continuidad de la comisión en el caso.

#ManipulaciónDeJusticia | El sindicado Ronny Elías López Jerez pide que fije un monto de Q2 millones a Leily Santizo, de la @CICIGgt, como medida cautelar para responder, en su momento, ante posibles daños derivado del proceso penal.
El @MPguatemala pide que sea rechazado. pic.twitter.com/mA2tWdeZxj

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 13, 2019

Por Javier Lainfiesta

En su intento por separar al juez Miguel Ángel Gálvez del proceso en su contra por defraudación aduanera, Baldetti consiguió detener todo el caso, que actualmente está en la fase de ofrecimiento de prueba, previo a que inicie el juicio en un tribunal de Sentencia.

Este lunes se celebró audiencia para conocer el recurso de recusación contra el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, promovido por la exfuncionaria, bajo el argumento existía una “enemistad” entre ambos.

A pesar de que Gálvez rechazó los señalamientos de Baldetti, se le dio trámite la recusación, que ahora deberá resolver una sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, algo que según el juez puede tardar nueve meses.

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La audiencia

Durante la diligencia, Baldetti reiteró que ciertas acciones e interpretaciones que ha hecho el togado demuestran que son enemigos y por tanto Gálvez no debería seguir conociendo la causa penal en su contra.

“Imagínese que toda la barra acusadora estuvo desacuerdo con lo que yo pedí y usted era el que quería seguir la audiencia. Ahí nos podemos dar cuenta que la razón de eso era dejarme a mí en completa indefensión”, comentó Baldetti.

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“Yo entiendo sus presiones, señor juez, presiones mediáticas. Mire todos los medios que tiene aquí, no sé si los mandó a llamar o vinieron solos, pero no se deje presionar. Usted es él que decide en este órgano jurisdiccional”, le dijo a  Gálvez.

Durante la resolución del recurso, Gálvez señaló que la exfuncionaria parecía darle un tinte político al proceso que se sigue en su contra.

“El proceso no es político, es investigado por el Ministerio Público. No he sentido ni recibido ninguna presión, mediática, social o de algún organismo internacional durante este caso”, comentó el juez.

“Yo no la considero ni mi enemiga ni mi amiga, yo la conocí en este proceso y siempre ha existido respeto hacia su persona. Mi interés es que el caso avance”, le dijo a Baldetti el togado, y añadió, “¿A ustedes les parece justicia que las personas pasen hasta cinco años en prisión preventiva sin ser sentenciados?, eso no es justo para la señora Baldetti ni para ningún sindicado, por eso quiero que el proceso avance”.

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Gálvez dio trámite al recurso de recusación, aunque rechazó el fundamento que planteaba Baldetti, y ordenó que fuera enviado a la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo para que lo resuelva.

El togado explicó que dicho recurso podría suspender el proceso hasta por nueve meses, tomando como referencia el tiempo que tardó la sala de apelaciones en resolver un recurso similar en el mismo proceso planteado por el expresidente Otto Pérez Molina.

Esta práctica de recusación a jueces coincide con el esquema de laberintos que enfrenta la justicia, publicado por Prensa Libre la semana pasada, donde se detallan las estrategias de abogados defensores y circunstancias procesales que hacen que la justicia sea tardada.

Amparo

La semana pasada, la abogada defensora de Baldetti, Graciela Herrera, quien fue designada por parte del Instituto de la Defensa Público Penal, solicitó al titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que le diera más tiempo para conocer el caso.

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Gálvez rechazó la solicitud aduciendo que ya se le habían otorgado cinco días a la exvicepresidenta para prepararse, pues la audiencia anterior se presentó sin abogado defensor y por ese motivo había sido suspendida la audiencia.

Baldetti tomó la palabra y pidió al juez Gálvez que se inhibiera de seguir conociendo el caso. “A partir de este día, señor juez, yo tengo una enemistad con su persona y por esa razón presentaré un recurso de recusación”, dijo.

El titular del juzgado, en aquella ocasión, señaló que la exfuncionaria “se burla del sistema judicial” al realizar ese tipo de declaraciones. “¿Cómo es posible que ella (Baldetti) decrete que tiene una enemistad con mi persona?, eso no lo puede decir ella, no hay fundamento para la recusación, eso lo debe resolver la sala de Apelaciones”, comentó Gálvez.

En la continuación de la audiencia del caso de corrupción “La Línea”, Roxana Baldetti asegura que hay una enemistad entre ella y el juez Miguel Ángel Gálvez, porque él no le permite defenderse, y por ello pide que el Juez Miguel Ángel Gálvez se inhiba del caso.

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“A partir de ahora yo creo que usted es mi enemigo”, dijo la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, al pedir la palabra al juez Miguel Ángel Gálvez en audiencia de ofrecimiento de pruebas.

Roxana Baldetti declara de enemigo al Juez Miguel Ángel Gálvez y le pide que se inhiba de conocer el caso, está ofendida porque el juez Gálvez señalo trato preferencial hacia Baldetti. pic.twitter.com/cuXHRz05qg

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) July 9, 2018

Esto se da luego de que el Juez Gálvez no le otorgará el plazo que solicitó la Defensa Pública para que conozca el expediente de Roxana Baldetti por la falta de igualdad de la abogada Graciela Cardona Herrera, quien también defiende a otra procesada, algo que para Gálvez esto parece una burla el intento por suspender la audiencia

“Es mi enemigo”

Ante las declaraciones de Baldetti el titular del juzgado asegura que eso es “una burla al sistema de justicia”.

Juez Gálvez explica que la solicitud de Baldetti no puede solicitar su recusación en esta audiencia y que él no es enemigo de nadie y menos de Roxana Baldetti. pic.twitter.com/aKiEOJxWjY

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) July 9, 2018

“No tengo un centavo para pagar un abogado”

Baldetti señaló en la audiencia que no tiene “un centavo” para contratar un abogado, por lo que no pudo llegar a un acuerdo con su defensor y será representada un abogado de la defensa pública penal.

Además, el juez Gálvez pide al Instituto de la Defensa Público Penal (IDPP) que haga un estudio socioeconómico a Roxana Baldetti para corroborar si no puede pagar abogado defensor. Si se corrobora que si puede pagar, que el IDPP le cobre los honorarios.

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Logra suspender el proceso

Luego de todo ello Roxana Baldetti logró suspender otra vez la audiencia. El juez Miguel Ángel Gálvez señala que es una estrategia de la defensa para dilatar y retrasar el proceso.

#CasoLaLínea | Roxana Baldetti logra suspender otra vez la audiencia. El juez Miguel Ángel Gálvez señala que es una estrategia de la defensa para dilatar y retrasar el proceso. pic.twitter.com/MV9QJkVDcf

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) July 9, 2018

El juez Miguel Ángel Gálvez reprogramó la audiencia para el Lunes 16 de julio, para darle tiempo a la abogada del IDPP, que representa a Baldetti de conocer el caso.