La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones otorgó amparo definitivo al diputado Samuel Pérez Álvarez, quien ahora podrá tener acceso al expediente del caso Corrupción Semilla, cuya investigación está a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP).

El caso contra Semilla se desarrolla en el Juzgado Séptimo Penal a cargo del juez Fredy Orellana.

Con este amparo se le ordena al juez Orellana explicar las razones del por qué no se ha dado acceso al expediente de investigación que se lleva contra el partido Movimiento Semilla, que llevó a la Presidencia a Bernardo Arévalo.

El documento ordena al juzgado que, en un plazo de cinco días desde la recepción de la ejecutoria, emita una nueva resolución.

Este amparo es en definitiva y el juzgado deberá remitir una copia certificada a la Corte de Constitucionalidad (CC).

El caso

A principios de diciembre de 2023, la Feci, durante una conferencia de prensa dio detalles sobre una investigación que lleva esa fiscalía contra Semilla por supuestas irregularidades en la constitución del partido.

El caso fue denominado Corrupción Semilla. José Alejandro Rueda Lone, quien fue empleado del Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos del TSE, es la primera persona condenada en este caso por los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.

Para el 9 de enero pasado se tenía programada una audiencia de primera declaración ante el juez Fredy Orellana, pero esta se suspendió por la incomparecencia de una de las cuatro sindicadas y se reprogramó para el próximo 29 de enero.

En esa oportunidad, Andrea Reyes, diputada por el Partido Semilla, acudió al juzgado para intentar ingresar a las audiencias; sin embargo, se le indicó que no podía participar debido a que esta era únicamente para sindicar a las personas citadas.

El pasado miércoles 23 de enero se conoció que el partido FCN-Nación, Samantha Figueroa, representante legal del partido Cambio, y Roberto Hernández, excandidato a diputado por el partido Unión Republicana, solicitaron al juzgado a cargo de Orellana ser querellantes en el caso.

La audiencia de primera declaración de cuatro personas vinculadas al caso Corrupción Semilla fue suspendida y reprogramada por el juez Fredy Orellana, quien fijó la nueva diligencia para el 22 de enero.

La mencionada audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal A, dentro del proceso conocido como caso Corrupción Semilla, en donde cuatro personas son sindicadas del delito de incumplimiento de deberes.

Las sindicadas son Luz Elena de León Carreto, Jennyfer Mireya Estrada Escobar, Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quezada Villatoro.

Según se informó, la audiencia se suspendió por la incomparecencia de Alma Beatriz Posadas Beltetón, quien presentó un memorial indicando que padece dengue clásico, por lo que el juez Orellana aceptó el documento y reprogramó la audiencia.

Según la información, Jennyfer Mireya Estrada Escobar laboraba en el Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de padrones, en la sección control de formularios.

Alma Beatriz Posadas ostentaba el cargo de Oficinista I del Departamento de  inscripción de ciudadanos y elaboración de padrones, en 2018.

En el caso de Luz Elena de León Carreto, era asistente del Departamento de Servicios Generales de la dirección administrativa.

Katherine Jhoana Quezada Villatoro, era de la Dirección Administrativa en la sección de Diseño Infraestructura de Servicios Generales, de la dirección administrativa.

En la audiencia se hizo presente la agente fiscal Leonor Eugenia Morales, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), quien acudió para darle detalles de la investigación al juez Orellana.

Andrea Reyes, diputada electa por el partido Movimiento Semilla, acudió al juzgado para ingresar a la audiencia; sin embargo, se le negó el acceso y se le indicó que la audiencia era únicamente para sindicar a las personas citadas.

Al consultarle a Reyes sobre la situación jurídica del partido, indicó que aún existen pendientes de resolver en forma definitiva algunas acciones en la Corte de Constitucionalidad, lo que no afectaría al partido y los candidatos electos para que tomen posesión de cargos.

Esto en referencia a la solicitud hecha por el juez Fredy Orellana al Tribunal Supremo Electoral y al Congreso sobre la suspensión del partido.

En diciembre, José Alejandro Rueda, un extrabajador del TSE fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión conmutables por los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.

El caso Corrupción Semilla, se dio a conocer, después que el Ministerio Público diera trámite a una denuncia realizada en julio de 2022 en la Fiscalía de Delitos Electorales, cuando una persona denunció haber sido adherido ilegalmente al partido Movimiento Semilla.

El Parlamento Europeo presentó este 13 de diciembre de 2023 una propuesta de resolución común sobre el intento de golpe de Estado en Guatemala en la que pide al Consejo que adopte inmediatamente medidas restrictivas específicas, incluidas la inmovilización de activos y la prohibición de viajar, contra funcionarios del Ministerio Público (MP) y un juez.

La propuesta de resolución contiene 10 puntos y en el número 5 se destaca la importancia de exigir responsabilidades a quienes obstaculizan la democracia en Guatemala.

En eses sentido, pide al Consejo, “que adopte inmediatamente medidas restrictivas específicas, incluidas la inmovilización de activos y la prohibición de viajar”, contra la fiscal general María Consuelo Porras Argueta;  el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), José Rafael Curruchiche Cucul; el juez Fredy Raúl Orellana Letona; la fiscal de la Feci, Leonor Eugenia Morales Lazo y el secretario general del MP Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre otros.

La resolución señala que estas personas “están socavando el proceso electoral de 2023 en Guatemala e instrumentalizan sistemáticamente el poder judicial para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a figuras de la oposición”.

En el punto 8 pide al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Estados miembros y a la Delegación de la Unión que sigan supervisando la situación en Guatemala, en particular las decisiones del MP, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, “hasta que haya garantías claras y serias de que se respeta la voluntad de los votantes expresada en las elecciones generales del 25 de junio de 2023 y en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de agosto de 2023.

También expresa su apoyo a los trabajos en curso de la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ayudar con la transición presidencial, de conformidad con el mandato del Consejo Permanente de la OEA.

La resolución también exhorta a las autoridades guatemaltecas competentes a que “apliquen las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en particular las que abordan las deficiencias constatadas en el Estado de Derecho, la separación de poderes y la promoción de los derechos humanos y políticos”.

Además, el Parlamento Europeo encarga a su presidenta que transmita esta resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la OEA, a las Naciones Unidas, a las autoridades de Guatemala y al Parlacen.

Condena intento de golpe de Estado

En la propuesta, en el numeral 1, el Parlamento condena lo que califica como intento de golpe de Estado en Guatemala y “los continuos esfuerzos del Ministerio Público por invalidar los resultados de las elecciones generales y presidenciales en Guatemala sobre la base de acusaciones infundadas de fraude”, y pide que se ponga fin de inmediato a estas acciones.
También rechaza “todas las acciones por motivos políticos de algunas autoridades que conculcan manifiestamente la Constitución guatemalteca, el Estado de Derecho, la integridad del proceso electoral y los principios más fundamentales de la democracia, incluido el principio fundamental de la separación de poderes”.

Apoyo al presidente electo

En el numeral 3 de la resolución, el Parlamento da su apoyo al presidente electo, Bernardo Arévalo, y pide una transición ordenada que conduzca a su investidura como el 52 presidente de Guatemala el 14 de enero de 2024.

Petición a Giammattei y otras instituciones

La mencionada resulición también solicita a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso y el presidente Alejandro Giammattei, “que tomen medidas para preservar el orden constitucional y el Estado de Derecho, que rechacen los intentos inaceptables de invalidar los resultados electorales, que garanticen el respeto de la voluntad expresada por los ciudadanos guatemaltecos con sus votos y que velen por el respeto de sus derechos civiles y políticos, su integridad y su seguridad, incluido el derecho de los cargos electos a asumir debidamente sus funciones, de conformidad con las normas internacionales y las leyes guatemaltecas”.

En otro punto, la resolución menciona que la independencia del poder judicial, del pluralismo político y de la libertad de expresión de todo el pueblo guatemalteco son derechos fundamentales y pilares básicos de la democracia y el Estado de Derecho y además expresa “su profunda preocupación ante el continuo deterioro del Estado de Derecho en Guatemala”.

Persecución penal

La resolución también expresa la preocupación por la detención “arbitraria” de fiscales, jueces, antiguos funcionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y periodistas independientes, entre otros José Rubén Zamora.

Pide la “liberación inmediata e incondicional” de todas las personas detenidas arbitrariamente, “así como la desestimación de todas las acusaciones penales infundadas contra ellas; pide a las autoridades guatemaltecas, en particular al Ministerio Público, que se abstengan de todo intento de obstaculizar la labor de los defensores de los derechos humanos, los operadores de justicia y los periodistas que han investigado y puesto de manifiesto la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y el abuso de poder”.

MP responde

El Ministerio Público (MP), a través de su jefe de Prensa, Moisés Ortiz, respondió a los señalamientos que el Parlamento Europeo.

En un video publicado en redes sociales del MP, Ortiz, menciona que, tal y como se ha manifestado en múltiples oportunidades, es una falacia señalar que el Ministerio Público quiera alterar los resultados electorales o que se haya vulnerado la voluntad popular.

Señala que, por el contrario, el MP únicamente ha cumplido con su mandato legal de investigar las denuncias ciudadanas, y señala que, de no hacerlo, sería denegarles justicia a las víctimas de delitos.

“El Ministerio Público rechaza toda narrativa falsa y maliciosa, y lamenta que los miembros del Parlamento Europeo desconozcan el sistema legal de Guatemala y hayan obviado informarse por la vía oficial”.

“De igual forma, el Ministerio Público es categórico al señalar que únicamente responde a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes vigentes del país, y no a instancias que carecen de mandato legal en Guatemala, por lo que actualmente se están analizando las acciones jurídicas en el ámbito del derecho internacional público, ya que, aparentemente, se busca obstaculizar la justicia”, refirió Ortiz.

El jefe de Prensa del MP dijo que la institución reafirma su compromiso con la población guatemalteca, de continuar con sus investigaciones con el fin de averiguar la verdad.

El partido Movimiento Semilla presentó el miércoles 13 de septiembre un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de las acciones que el Ministerio Público (MP) efectuó en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (Cope), ubicado en el Parque de la Industria.

Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, informó aquel día que habían efectuado varias acciones, entre ellas denunciar en los órganos competentes a funcionarios del MP y el juez séptimo penal Fredy Orellana ante “los delitos que están siendo cometidos”.

Añadió que el amparo que plantearon ante la CC es por la acción “absolutamente ilegal” de la sustracción de las cajas con votos, ya que la custodia les corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Arévalo resaltó que es ilegal afectar la custodia del voto, porque hay alteración del orden constitucional y es “una violación grosera a las leyes y una clara evidencia de la instrumentalización de las instituciones públicas que están siendo hechas por las personas que denunciamos”.

El Movimiento Semilla presenta amparo en la CC para que quede sin efecto resolución de juez que permite cateos del MP en el Cope. https://t.co/SmdZaETeng

— Guatevisión (@Guatevision_tv) September 13, 2023

La unidad de información estratégica de la CC informó que respecto del expediente 5592-2023, esa Corte resolvió admitir para su trámite el amparo que promovió Arévalo contra la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras; el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche y el juez “A” séptimo pluripersonal de primera instancia penal, Fredy Orellana.

La resolución de la CC que por razón de competencia remitieron “copia certificada del escrito inicial de la solicitud del amparo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), constituida en Tribunal de Amparo, para que continúe con el trámite correspondiente.

El amparo que planteó Semilla en la CC es contra la resolución del juez Orellana, que permitió a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) allanar, secuestrar y registrar documentos electorales, específicamente de las cajas con material electoral y de las bolsas con las papeletas de votos.

También presentaron un oficio para adherirse al amparo que presentó el 13 de septiembre el TSE en la CC sobre una cuestión de competencia  en busca de determinar si un juez penal tiene competencia de suspender un partido político como ocurrió con Semilla después de que su binomio pasara a la segunda vuelta electoral.

Semilla cree que las acciones de ellos y el TSE van en el mismo sentido.

El 13 de septiembre el pleno de la CC también resolvió de la misma forma un amparo que presentó Acción Ciudadana, por medio de su director jurídico, Eddy Cux, en contra de Porras y Orellana.

Lo envió, por razón de competencia, a la CSJ, para que “continúe con el trámite correspondiente a la fiscal general y contra el juez “A” del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia.

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Líderes comunitarios, autoridades ancestrales y ciudadanos realizan protestas frente a las sedes del Ministerio Público (MP) de distintos puntos del país, para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, a quienes señalan de desestabilizar la democracia del país, por la persecución judicial contra el Movimiento Semilla.

En la cabecera departamental de Totonicapán, los 48 de Totonicapán, en compañía de varios ciudadanos llegaron a la sede del MP de ese lugar para manifestar su rechazo a las acciones que encabeza Porras.

Los manifestantes iniciaron la protesta cantando el himno nacional de Guatemala y luego quemaron cohetillos.

Agentes de la Policía Nacional Civil tienen rodeado el edificio del MP, pero los manifestantes insistieron en que la protesta era pacífica y no habría ninguna agresión.

Los ciudadanos colocaron pancartas en las rejas del edificio así como caricaturas de la fiscal Porras.

En el sistema de sonido se escuchaba que los dirigentes pedían a los manifestantes que se impidiera el ingreso de trabajadores del MP al edificio y que si alguno ya hubiera entrado, que se verificara que no saliera de allí.

Los 48 Cantones también informaron que habían protestas similares en Chichicastenango, Quiché; Nebaj, Quiché; cabecera departamental de Jalapa y San Cristóbal Totonicapán.

Exigencias

Los manifestantes exigían la renuncia de Porras y Curruchiche, pero también la del juez Fredy Orellana, quien ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de Semilla, lo que según ellos desencadenó la crisis política que hay en el país.

Personas dijeron que estas acciones judiciales más la persecución penal que encabeza el MP contra Semilla buscan evitar que el presidente electo, Bernardo Arévalo, tomo posesión del cargo el 14 de enero próximo.

Los manifestantes señalan que esto es un atentado a la democracia del país y que lo que buscan Porras, Curruchiche y Orellana es defender a los corruptos, que se sienten amenazados por el nuevo gobierno.

Los manifestantes señalan que Porras, Curruchiche y Orellana incumplen con el juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala y que perdieron el principio de objetividad en el ejercicio de sus funciones.

Los manifestantes señalaron que lo que quieren estos funcionarios, manipulados por grupos de corruptos, es desestabilizar la democracia, evitar la alternabilidad en el poder, anular la voluntad popular que eligió a Bernardo Arévalo como presidente y a Karin Herrera como vicepresidenta.

Afirman que toda esta persecución penal tiene como fin romper el orden constitucional.

Mantas en la capital

En la capital, fueron colocadas mantas en distintos puntos para rechazar la dictadura en Guatemala.

Las mantas estaban en pasarelas de la calzada Roosevetl, calle Martí, ruta al Atlántico y a El Salvador.

En estas mantas se lee: No a la Dictadura”.

El juez Décimo Penal, Víctor Cruz, se inhibió de conocer la solicitud del retiro del derecho de antejuicio contra el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, acción promovida por el partido Movimiento Semilla.

El 13 de julio recién pasado, el partido Semilla informó que su equipo legal llegó a Torre de Tribunales para presentar una querella contra el juez Orellana por supuesto incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, resoluciones violatorias de la constitución y prevaricato.

La solicitud del retiro de inmunidad se registró luego de que el juez Orellana a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) resolvió suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla por supuestas irregularidades en la adhesión de afiliados.

El 12 de julio, Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, informó en un video que fue publicado en las redes sociales del MP que “en un nuevo caso de corrupción e impunidad denominado Corrupción Semilla a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla”.

Agregó que el caso es a consecuencia de que “en mayo de 2022, un ciudadano denunció haber sido adherido ilegalmente al movimiento semilla, por lo que, al realizarse la prueba científica por el Inacif se concluyó que la firma y letra fueron falsificados”.

El juez Orellana ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla; sin embargo, no es la primera vez que esta judicatura emite una resolución que ha estado en el ojo de la polémica.

Orellana, quien fungió como presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, fue quien avaló la captura del periodista y fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, quien el 14 de junio fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero.

También procesó a la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Samari Gómez, quien finalmente fue absuelta del delito de revelación de información confidencial o reservada; aunque el MP apeló la resolución.

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Las últimas resoluciones en torno al proceso electoral 2023 han llevado a que ciudadanos salgan a las calles a manifestar para exigir que se respete la decisión del pueblo en las urnas el 25 de junio.

Luego de la oficialización de los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral, en la segunda vuelta del 20 de agosto competirán por la presidencia Bernardo Arévalo de Semilla y Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Contra el Juez Fredy Orellana por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, resoluciones violatorias de la constitución y prevaricato.

— Movimiento Semilla (@msemillagt) July 14, 2023

La junta directiva del Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán publicó este 22 de julio un comunicado en el que exige la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, y el juez Séptimo Penal Fredy Orellana.

En el comunicado, los 48 Cantones de Totonicapán manifiesta su profunda preocupación por lo que califica como constantes violaciones a las disposiciones de la Constitución Política de la República, por parte del MP y el Juzgado Séptimo del ramo penal.

Expresan que el juez Fredy Orellana, Porras y Curruchiche “buscan violar el derecho fundamental de los guatemaltecos de elegir y ser electos, proteger a los funcionarios del régimen de corrupción e impunidad que ha imperado en Guatemala en los últimos gobiernos, quienes desesperadamente buscan aferrarse al poder para continuar saqueando y apropiándose del dinero del pueblo”.

Además, condenan el acoso y hostigamiento hacia el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la criminalización y persecución de algunos de sus funcionarios, “quienes de forma responsable han cumplido sus funciones, apegados a la ley, ya que ningún funcionario está obligado a cumplir órdenes ilegales, especialmente si provienen de funcionarios corruptos vinculados al crimen organizado y a sectores violadores de los derechos humanos”.

Exigencia a la CC

Los 48 Cantones también exigen a la Corte de Constitucionalidad que garantice el cumplimiento de Ley Electoral y de Partidos Políticos y que brinde amparo legal al Tribunal Supremo Electoral y garantice la segunda vuelta electoral.

Las autoridades indígenas responsabilizan Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y al juez de Fredy Orellana “por la crisis que están provocando y que buscan mantener la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el abuso del poder público, por parte de las élites políticas, militares y del crimen organizado que han penetrado el gobierno de Guatemala”.

También respaldan el trabajo realizado por las misiones de observación electoral internacional y piden elevar las denuncias respectivas ante la Corte Interamericana de derechos Humanos en contra del Estado guatemalteco, por la violación de los derechos humanos.

Piden renuncias

“La Junta Directiva del Concejo de Alcaldes Comunales 48 Cantones de Totonicapán Solicitamos la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del fiscal de la Feci, Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana por sus acciones espurias, ilegales y abiertamente antidemocráticas”, se lee en uno de los puntos del comunicado.

También se solidarizan con el TSE  y respaldan sus acciones por la defensa del voto ciudadano, por la alternancia del poder y por el respeto a su mandato constitucional como garante de la voluntad popular en las urnas electorales.

Hicieron un llamado a los pueblos indígenas, a la población en general y a las organizaciones sociales a manifestarse y sumarse a la lucha por el respeto a la democracia y a la voluntad popular manifestada en las urnas.

Los 48 Cantones se declaran en asamblea permanente y afirmaron que estarán “prestos a tomar las medidas que sean necesarias por la defensa de la democracia, de la voluntad popular y un futuro de dignidad para nuestras familias y nuestro país”.

Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE, y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, continuaron este jueves 20 de julio con los acercamientos con sectores de la sociedad civil en busca da ganar votos de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales 2023 del próximo 20 de agosto.

Torres se reunió este jueves 20 de julio con representantes de organizaciones de personas con capacidades diferentes, a quienes les ofreció impulsar una política pública para promover el desarrollo de ese sector de la población.

Fue un conversatorio en un hotel de la zona 4 capitalina en el que Torres presentó sus propuestas gubernamentales relacionadas con las personas con capacidades diferentes.

El conversatorio fue organizado por la Asociación de Sordos de Guatemala, la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala y la Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad.

Durante el evento, la presidenciable de la UNE también firmó un documento en el que se comprometió a impulsar, si gana la Presidencia, dicha política pública.

Entre las principales propuestas de Torres en beneficio de las personas con capacidades diferentes están abrir becas para los hijos de personas con algún tipo de discapacidad, crear unidades especializadas en los 14 ministerios para contratar a personas con capacidades diferentes, forjar alianzas con Intecap para lanzar programas de formación laboral para ese sector de la población e implementar un sello de inclusión con incentivos fiscales para empresas que contraten a personas con discapacidad.

Torres dijo que el objetivo de encuentro de este jueves fue “conocer y acordar con ellos la política de discapacidad que hemos apoyado siempre. Desde que estuve como primera dama siempre he apoyado a los discapacitados (…) es un diálogo, un conversatorio sobre estas políticas, sobre el apoyo que ellos necesitan”.

Torres también dijo que su objetivo es “lograr que el Estado tenga presencia en todo el país para atender a la población con algún tipo de discapacidad”.

Agregó que muchas de esas personas no pueden trabajar debido a su condición, por lo que se gestionará ayuda por medio de entrega de alimentos.

Arévalo en Coatepeque

El binomio del Movimiento Semilla visitó este jueves Coatepeque, Quetzaltenango, donde se reunió con representantes de varios sectores sociales de ese lugar, donde resaltaron la importancia de que la juventud participe en los eventos electorales, como el que se aproxima para el balotaje del 20 de agosto.

Arévalo en un mitin dijo que se celebra que “el pueblo dio un paso adelante, que el pueblo despertó, que el pueblo le dijo no a los corruptos y que levanta la bandera de la dignidad”.

“Llegamos para decirle a los corruptos que no, que el plan no les había funcionado, que el pueblo digno había dicho que ya se había cansado, que recuperó la ilusión, la confianza, que se acordó que si es posible vivir en un país digno con autoridades que están entregadas al servicio del pueblo y que sirven para el desarrollo de la nación”, dijo Arévalo.

Por su parte, Karin Herrera, candidata a vicepresidenta, dijo que es necesario trabajar en beneficio de la juventud, para evitar que muchos guatemaltecos en edad productivas tengan que irse hacia otros países en busca de oportunidades.

Respecto al anuncio de su gabinete de gobierno, el binomio de Semilla dijo que ya se analizan los perfiles y que darán detalles cuando sea oportuno.

También ofrecieron educación de calidad y mejor acceso a la educación superior; además, dijo que trabajarán en beneficio de los artistas del país.

Respecto a la seguridad, Arévalo dijo que recobrarán las áreas que están en poder de las pandillas y del narcotráfico.

Luego de que el Ministerio Público (MP) allanara oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y solicitara una orden de captura contra Eleonora Castillo, quien dirige de forma interina el Registro de Ciudadanos, por supuestamente haber incumplido una orden del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, la autoridad electoral rechazó esas acciones y las calificó de no ser “coherentes ni congruentes”.

Ante las acciones del MP, el TSE exige que se respete a la autoridad electoral, pues consideran que estas “provocan un ambiente adverso a la legalidad”.

Castillo es acusada del supuesto delito de “obstrucción a la justicia” por no haber cumplido con la orden del juez Orellana que pretendía cancelar al partido Movimiento Semilla, que competirá en el balotaje por la Presidencia el próximo 20 de agosto, según informó la vocería del Ministerio Público.

Castillo, quien asumió interinamente el mando del Registro de Ciudadanos el 18 de julio, había informado a la Fiscalía que se mantenía en firme la decisión de negar la cancelación del partido que postula a Bernardo Arévalo de León a la Presidencia.

Este jueves 20 de agosto, las fuerzas de seguridad realizan un allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de “secuestrar documentación”, según explicó la Fiscalía.

Hasta el momento, la captura de Castillo no se ha hecho efectiva, según las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la secretaría del tribunal electoral, Castillo goza de inmunidad por haber sido acreditada en el cargo de registradora de ciudadanos, tras la salida a vacaciones del titular, Ramiro Muñoz.

La salida de Muñoz tuvo lugar el pasado 18 de agosto, cinco días después de haber negado la solicitud del juzgado, señalando que la ley prohíbe cancelar un partido político en plena contienda.

“Nuevamente la máxima institución electoral de la República está siendo objeto de diligencias practicadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público en las dependencias de Recursos Humanos y otras acciones en contra de la Licenciada Eleonora Noemí Castillo Pinzón, Encargada del Despacho de la Dirección General del Registro de Ciudadanos, mismas que no son coherentes ni congruentes, por el contrario, provocan un ambiente adverso a la legalidad”, refiere el TSE en su comunicado.

El documento agrega que “demandamos el respeto al Tribunal Supremo Electoral y garantizar los principios fundamentales del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, además, del estricto cumplimiento de las leyes y el respeto a las jerarquías de la Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

También dice que “es fundamental fortalecer la institucionalidad de la máxima autoridad en materia electoral de Guatemala y por supuesto la integridad y la seguridad de las personas”.

El TSE añade en su comunicado que “es importante recordar que nuestro país es una República cuyo sistema democrático privilegia las urnas como fuente de legitimidad de gobernantes y representantes electos, así como la alternabilidad en el poder político por medio del voto ciudadano en ejercicio de la soberanía popular”.

“La democracia es base del Estado del Derecho y condición indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. No es exclusiva de ningún país o región del mundo”, dice la misiva.

El TSE añadió que “todas las personas tienen derecho a la democracia y los Estados tienen la obligación de promoverla y defenderla”.

“La democracia contribuye al pleno disfrute de todos los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) y a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres para participar en la vida política y pública”, concluye el comunicado del TSE.

Bernardo Arévalo cuestiona

Respecto a los allanamientos y la orden de captura en contra de la registradora civil en funciones, Bernardo Arévalo  dijo que se violan los principios del estado de derecho.

“Lo que estamos viendo es cómo la justicia es abusada y vulnerada desde el mismo aparato de justicia. La registrado en funciones tiene derecho de antejuicio y parece que no existiera, una orden de captura de ese tipo viola todos los principios del debido proceso que existen, se utilizan los allanamientos con intención intimidatoria, pero sobre todo se viola cada vez más el ordenamiento (…) estamos en la mira de la comunidad internacional y el informe de la Misión de Observación ha sido sumamente duro y condenatorio de este proceso, el informe evidencia la utilización abusiva y la persecución política que se ha construido a través del abuso de las instituciones de justicia”, dijo en conferencia de prensa Arévalo.

“Muchos de los ataques han sido contra nosotros (…) es contra el Movimiento Semilla, es contra las elecciones, es contra el estado de derecho y es contra la democracia y le corresponde al pueblo de Guatemala defender su democracia”, agregó Arévalo.

De parte de la Unidad Nacional de la Esperanza de Sandra Torres, prefirieron no pronunciarse al respecto.

MOE UE se pronuncia

Por su parte la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) mostró su preocupación por el “acoso” y “hostigamiento” al que se somete de parte de Ministerio Público y el juez Séptimo de Primera Instancia Penal, fedy Orellana.

“La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) condena enérgicamente el acoso y hostigamiento que vienen sufriendo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Movimiento Semilla por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que se han saldado en las últimas horas con la emisión de órdenes de captura contra la subdirectora de Registro de Ciudadanos y una militante del citado movimiento por el juez séptimo de primera instancia penal”, dice en un comunicado la MOE UE.

Además, la MOE UE considera que “estas órdenes, así como los allanamientos de las oficinas del TSE efectuados por la FECI constituyen una actuación impropia de un Estado democrático y de Derecho tendentes a subvertir la voluntad popular expresada en las elecciones del 25 de junio y oficializada por el propio TSE el pasado 12 de julio y que, en el caso de Semilla, atenta contra los derechos de participación política que el Estado guatemalteco está obligado a proteger, especialmente en campaña electoral”.

“La MOE UE recuerda que el TSE es máxima autoridad electoral, cuya independencia y no supeditación a organismo alguno del Estado está consagrada en la ley, por lo que es imperativo que el TSE pueda ejercer su autoridad y funciones sin cortapisas ni intimidaciones de ningún tipo por parte de instituciones públicas cuyo fin constitucional es velar por el estricto cumplimiento de las leyes de Guatemala”, finaliza el comunicado.

Caso contra Semilla

El fiscal Rafael Curruchiche acusó el pasado 12 de julio al Movimiento Semilla de supuestamente haber incorporado firmas falsas en su proceso de inscripción en 2018 y el juez Orellana ordenó su cancelación.

La Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, y los magistrados electorales, ampararon a Semilla evitando su cancelación y dando paso al proceso electoral rumbo a la segunda vuelta electoral del próximo 20 de agosto.

Arévalo De León obtuvo sorpresivamente el segundo lugar en la primera vuelta se medirá ante la ganadora, Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La situación electoral en Guatemala ha generado fuertes críticas, incluida una de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que calificó el actuar de la Fiscalía como “un intento por desconocer la voluntad electoral”.

El juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, rechazó la recusación que había presentado en su contra Bernardo Arévalo, presidenciable del Movimiento Semilla, porque menciona que el candidato no es parte del proceso que se sigue y que busca la cancelación de la personalidad jurídica de sea organización política.

Según informó Semilla, en la recusación que dio el juez Orellana se menciona que no la acepta porque Bernardo Arévalo no es sujeto procesal del caso, es decir que a él no lo persigue el Ministerio Público, pues por el momento solo hay persecución penal a personas individuales.

De momento solo hay orden de captura contra Chintya Rojas y Jaime Gudiel Arias, vinculados a las supuestas anomalías en la afiliación de personas para el Movimiento Semilla.

Añaden que Fredy Orellana rechazó la recusación y no la elevó a donde correspondía, porque dice que el partido Semilla no es parte del proceso.

Además, que el recurso de reposición interpuesto por el partido Semilla fue rechazado por no existir fundamento para revocar y fue por ese por el que pusieron el amparo el pasado 19 de julio pasado.

Señalaron que existe otra reposición que interpuso el diputado de Semilla Samuel Pérez, pero que no fue aceptada.

También explicaron que el miércoles pasado la Corte Suprema de Justicia determinó que es procedente seguir conociendo el amparo que el 13 de julio dio provisionalmente la Corte de Constitucional. Sobre este amparo,  Semilla pidió la debida ejecutoria porque sigue la insistencia de cancelar al partido político.

El equipo legal de Semilla también comentó que en la reposición contra la suspensión del partido, sí apersonaron al Movimiento Semilla, porque la acción sí afectaba a la organización política como tal.

La resolución del juez está en la carpeta judicial 01079-2023-00231 (Ref. MP001-2022-33864). -Registro 950- Asistente cuatro UC.

En ella el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala el 19  de julio dio por recibido el memorial de 18 de julio de 2023 presentado por César Bernardo Arévalo de León en calidad de secretario general del partido político Movimiento Semilla.

Ese memorial se menciona que se promueve recusación en contra del Juez “A” de esta judicatura, pero que no se admite para su trámite “toda vez que, no es sujeto procesal en el proceso penal subyacente”.