“Se prohíbe a los acusados continuar implementando o ampliando los ‘Protocolos de Protección al Migrante’”, escribió en su decisión el juez federal Richard Seeborg, de San Francisco.

La decisión, que entra en vigor el viernes en todo el país y puede ser apelada, pone fin, al menos temporalmente, a los “Protocolos de Protección al Migrante” (MPP, del inglés), diseñados para solicitantes de asilo no mexicanos que entren por esa frontera con Estados Unidos.

La política, bautizada por el propio Trump como “Quédate en México”(Remain in Mexico), buscaba detener los grandes flujos de inmigrantes a las fronteras, que se encuentran en los niveles más altos en una década.

“Un juez del 9no circuito acaba de decidir que México es muy peligroso para los migrantes. Muy injusto para EEUU. FUERA DE CONTROL!”, tuiteó el mandatario en respuesta a la decisión.

Varios cientos de personas que solicitaron asilo fueron devueltas a México para esperar el resultado de su solicitud en virtud de la política que se aplicó por primera vez en enero en el puerto fronterizo de San Ysidro, en California, y posteriormente se extendió a otros puntos de la extensa frontera.

La demanda, interpuesta por grupos pro-inmigrantes, representa a 11 centroamericanos devueltos a México al solicitar asilo.

En su fallo de 27 páginas, Seeborg dijo que la cuestión no era si el MPP era “una política sabia, inteligente o humana”, sino si exponía a los extranjeros a “circunstancias indebidamente peligrosas”.

La decisión se anunció igualmente apenas un día después de que la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, renunció a su cargo en momentos en que Trump busca endurecer la política de inmigración.

“Por mucho que lo intente, el gobierno de Trump no puede simplemente ignorar nuestras leyes para lograr su objetivo de evitar que la gente busque asilo en los Estados Unidos”, indicó Judy Rabinovitz, abogada de ACLU que litigó el caso.

“Seguiremos luchando”

La medida se suma al hilo de fallos judiciales contra las radicales políticas migratorias de Trump, como la prohibición de solicitud de asilo a quienes entraron de forma ilegal al país o la revocación del DACA, el programa que regulariza a indocumentados traídos al país cuando eran menores de edad.

Seeborg señaló que los demandantes en el caso no estaban impugnando el “sistema” de deportación acelerada.

“Los demandantes están argumentando que, debido a que están sujetos a una expulsión acelerada, deberían, como mínimo, tener las protecciones que disfrutarían bajo ese régimen (…) y/o tener protecciones procesales adicionales contra ser enviados a lugares en los que no estarían a salvo”.

Las leyes estadounidenses limitan el tiempo en que niños pueden ser detenidos en cárceles migratorias, por lo que muchas familias solicitantes de asilo quedan en libertad a la espera de que se analice su caso, un proceso que puede llevar años.

Y el gobierno asegura que la mayoría de los solicitantes nunca comparece a sus audiencias en cortes migratorias.

De allí los protocolos para que los solicitantes esperen en México la fecha para presentarse en una corte migratoria.

“Por demasiado tiempo, nuestro sistema migratorio ha sido explotado por contrabandistas, traficantes y aquellos que no tienen derecho a permanecer en Estados Unidos”, había dicho Nielsen en enero.

El magistrado ordenó igualmente que los 11 centroamericanos regresen a Estados Unidos. Dejó a discreción de las autoridades arrestarlos o dejarlos en libertad condicional, mientras se deciden sus casos.

Los demandantes -provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala- fueron de los primeros devueltos por esta política en el puerto fronterizo de San Yisidro, en California, que conecta con la ciudad mexicana de Tijuana.

Allí llegaron la mayoría de los migrantes en las masivas caravanas provenientes de Centroamérica, muy criticadas por Trump.

La demanda la interpusieron, en nombre de los 11 inmigrantes, organizaciones como ACLU, el Innnovation Law Lab y el Southern Poverty Law Center.

“La decisión evitará que individuos increíblemente vulnerables queden atrapados en condiciones peligrosas en México, pero éste fue sólo un paso en una lucha mucho más grande”, indicó por su parte Melissa Crow, abogada principal del Southern Poverty Law Center. “Seguiremos luchando”.